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| Milton Romani Gerner* |
Sesiones con varias voces
Entre
el 12 y el 21 de marzo pasados tuvo lugar en Viena el 57º período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes de
Naciones Unidas, donde representantes de todo el mundo debatieron el
control de las drogas. Uruguay, país que ha estado en el centro de la atención
por su innovadora política en la materia, tuvo una participación
importante.
El
balance sobre esta participación es claramente positivo. La delegación de
Uruguay actuó de manera firme, con dignidad y vocación de enseñanza, tanto en
el Segmento de Alto Nivel como en la Comisión de Estupefacientes, en las 26 comisiones
bilaterales y en los dos eventos paralelos a las sesiones.
El
evento paralelo “Monitoreo y evaluación de la nueva ley de regulación del
cannabis en Uruguay”, que convocamos junto con los estados norteamericanos de
Washington y Colorado, el International Drug Policy Consortium (IDPC) y el
Transnational Institute (TNI), fue un éxito de concurrencia e interés por parte
de la audiencia.
Las delegaciones de México, Colombia,
Guatemala, Ecuador, Argentina y República Checa criticaron el actual modelo de
lucha contra la drogas y reclamaron abrir el debate a este respecto. Singapur y
Suiza, así como Países Bajos y Noruega, dijeron lo mismo aunque con menor
intensidad.
Por otra parte, Estados Unidos mostró
cierto giro hacia la flexibilidad, e incluso en las conversaciones bilaterales
dejó en claro que no va en contra de las políticas de Uruguay y que siguen la
línea que el presidente Obama expuso en Cartagena, al asegurar que estaba
dispuesto a debatir el tema aunque de entrada se declare en
desacuerdo.
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| Diego Cánepa Baccino, Prosecretario de Presidencia del gobierno de Uruguay. Foto: OEA - OAS |
Es innegable que la posición de Estados
Unidos sigue siendo fundamental en esta materia. Hoy, este país tiene 18
estados con dispensación de marihuana para uso médico, que es una de las
coartadas para su uso, así como dos estados con venta libre, aunque regulada,
de la yerba.
Hace dos semanas el gobierno federal
estadounidense destrabó las limitaciones de los bancos para abrir líneas de
crédito destinadas a productores de cannabis, y es de esperar que en
pocos años aumente la flexibilidad ante una situación que existirá no solo en
unos estados sino en todo el país.
Por otra parte, para Estados Unidos va a
ser difícil sostener un clima de guerra en la frontera mientras la marihuana
pasa a ser de libre flujo dentro de su territorio, lo cual hará aun más
evidente la ambigüedad de controlar las drogas en el sur mientras mantiene un
mercado libre para las armas de fuego en su propio territorio.
La innovación uruguaya
En estas sesiones Uruguay explicó
detalladamente las características de la ley aprobada por el parlamento que
regula la producción y consumo de marihuana, para romper con los prejuicios y
con los titulares sesgados.
La intervención del jefe de la
delegación, Diego Cánepa, en el Segmento de Alto Nivel tuvo un gran impacto al
explicar el modelo soberano, pero sin pretensiones de “exportación", de
Uruguay, lo cual apeló y convocó al espíritu de las Convenciones de la ONU
sobre fiscalización de drogas, a la interpretación de las mismas y su adecuación
con los instrumentos de derechos humanos.
Además de nuestras intervenciones en el
pleno, mantuvimos 26 reuniones bilaterales y dos eventos paralelos. En estos
escenarios pudimos ver a algunos países muy interesados en nuestras propuestas,
y recibimos el apoyo de varios otros; pero en general el sentimiento fue de
respeto a nuestra decisión soberana y de aceptación sobre la flexibilidad de
las convenciones sobre este tema.
Nuestra delegación explicó que no
pretendemos exportar el modelo de regulación del cannabis, y que este es
particular de nuestro país por sus tradiciones, institucionalidad, etc.
También quisimos explicar que nuestro
modelo no es de liberalización ni de libre mercado ya que en él el Estado fija
el precio y no hay marcas ni publicidad.
Nos propusimos dejar en claro que el Estado es quien
otorga las licencias de producción y las licencias a las farmacias, quien
regula el registro de consumidores e identifica al usuario (pero no a la
persona con las garantías del habeas data), que la ley solo aplica para
nacionales y residentes con más de un año en el país, y que es obviamente para
mayores de 18 años.
Los consumidores tienen derecho a 40 gramos de
marihuana mensuales a razón de 10 semanales, y es el Estado el que habilita a
los clubes sociales canábicos como asociaciones de entre 15 a 45 socios con un
máximo de 99 plantas conjuntas o con cultivo individual de hasta 6 plantas
(ningún usuario puede estar en varios clubes).
Todo esto con
la vigilancia y el concurso del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca, el Laboratorio Tecnológico de Uruguay, el
Instituto Nacional de Semillas y el Instituto de Regulación y Control del
Cannabis.
Adicionalmente,
en el país ha comenzado a funcionar un Comité Científico que está construyendo
una línea de base para hacer el seguimiento y posterior evaluación de este
proceso. Su primera etapa se
centrará en el cannabis de uso no médico, pero también trabajará para el uso
médico farmacéutico y cosmético.
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| Última marcha contra la marihuana ilegal en Montevideo, Uruguay en diciembre de 2013. Foto: Gonzalo G. Useta |
Las reacciones
del mundo
Podría pensarse que las otras delegaciones nos
esperaban con piedras, pero no fue así. Brasil y Argentina han sido claros al asegurar que no tienen problemas con
nuestra ley; que si nos va bien, también les servirá de mucho, y si no, esto
tampoco generaría problemas.
Algunos comentarios críticos vinieron de Japón, Paquistán e Israel; y la
posición de Suecia fue sincera y contundente: no estamos de acuerdo ni les
deseamos éxito en este
También hubo
algunas divergencias a propósito de la interpretación de las Convenciones, que
fue (que es) nuestro argumento fuerte. Uruguay sostiene que las convenciones sobre drogas se
pueden flexibilizar para adaptarse a las nuevas realidades (no necesariamente
reformarlas o cambiarlas), como también que es necesaria una adecuada
interpretación de los tratados de derechos humanos referidos a la fiscalización
de drogas.
Nuestro argumento añade que ha habido una
interpretación sesgada y forzada a privilegiar la reducción de la oferta por
medio de la intensificación de la guerra contra las drogas.
En ese sentido, en la sesión también hubo una
declaración la UE, Suiza y otros países (Uruguay incluido), instando a
suspender la pena de muerte por ofensas en drogas, que todavía se aplican en
muchos países.
Contraria a esta, hubo otra declaración impulsada por
Pakistán, Malasia, Tailandia y otros países, que justificaba estas condenas. Cuando fue leída no contó siquiera con un aplauso, todo lo contrario a la propuesta de
derogatoria de la pena de muerte, que fue casi ovacionada.
Buen balance
Creo que Uruguay salió fortalecido de este encuentro.
No fuimos solamente a defender nuestra ley, sino como voceros de la necesidad
de un debate franco, sin prejuicios y crítico sobre el actual modelo contra las
drogas. También pudimos construir un amplio marco de alianzas con diversas
instituciones y a diferentes niveles, que nos ubica dentro de un bloque
alternativo respetable.
En esta tarea ha servido mucho el informe de la
OEA, El problema de las drogas en las Américas, en el cual
participamos. Esto quedó bastante claro en el evento
paralelo convocado por la OEA, Guatemala, México, Colombia y Uruguay, que fue
un éxito dentro de las sesiones.
En 2016 tendrá lugar la Asamblea General de Naciones
Unidas sobre Drogas (UNGASS) en Nueva York, que analizará el estado actual del
plan de acción y la estrategia mundial sobre drogas.
Es evidente que hay una puja muy fuerte sobre quién lo
hace y cómo se construye la agenda para ese evento, que para muchos países es
la gran oportunidad para romper con el pensamiento único en drogas y plantear
un verdadero debate político abierto al respecto, que sea más que una pantomima
que le dé la bendición a todo lo hecho hasta ahora.
*Representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados
Americanos.
