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Amnistía Internacional: en El Salvador, violencia oficial desplaza y va superando a la de las pandillas.

El Salvador está experimentando una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar su nuevo informe, Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador.
© Camilo Freedman/NurPhoto via Getty Images

 Basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas, el informe documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública; la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales; y el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico.

 Bajo el derecho internacional de derechos humanos, la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos y del principio de legalidad nunca pueden ser suspendidos, incluso en una situación excepcional.

La organización también verificó la prevalencia de factores que incrementan la situación de indefensión de las personas, como el debilitamiento de la independencia del poder judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de información pública y la ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas e investigación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.

La otra cara del régimen de excepción

En el marco de la aplicación de una medida de naturaleza extraordinaria y temporal, Amnistía Internacional ha verificado cómo las autoridades salvadoreñas, durante 21 meses consecutivos, han restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura.
 Las medidas del régimen de excepción han dado pie a la ejecución de patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento, cuyas principales manifestaciones han sido las detenciones arbitrarias masivas; las desapariciones forzadas, el cometimiento de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros de detención; y las muertes de personas bajo la custodia del Estado – algunas resultantes de tortura u otros malos tratos.
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El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante.
 La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno. 
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En este contexto, Amnistía Internacional ha identificado tres características alarmantes:
 1) la masividad con la que se están produciendo las violaciones de derechos humanos;
 2) el alto grado de coordinación estatal en el diseño e implementación de esta medida; y
 3) una respuesta estatal que tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos.

Por otro lado, los casos documentados dan cuenta de personas detenidas arbitrariamente, proyectos de vida truncados por acusaciones falsas, la promoción de un clima de venganza y desconfianza entre las personas de una misma comunidad, y un sector de la población – la más vulnerable – que vive bajo temor de ser víctima de las arbitrariedades y abusos infligidas por las autoridades.

De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.
A la luz de estos hechos, la organización alerta sobre una gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal, cuyas principales víctimas siguen siendo individuos de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechadas por la criminalidad.

“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza,” dijo Ana Piquer.
El informe hace hincapié sobre el peligro que representa las reformas legales de carácter permanente que se han aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementación del régimen de excepción, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso.

Soldados custodian comercios en áreas controladas por "maras"
en Soyapango, El Salvador
Imagen: Salvador Melendez/AP Photo/picture alliance
Los principales cambios introducidos incluyen: el ocultamiento de la identidad de los jueces; la aplicación automática de la detención preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin análisis individual sobre la necesidad de esta medida para – por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave o el riesgo de fuga –; y la eliminación de límites de tiempo de la prisión preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales.
 Esto último habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable.

Según declaraciones públicas de funcionarios estatales, más de 7,000 personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a estructuras pandilleriles y procesadas bajo estas reformas, han sido “liberadas” mediante medidas alternativas a la detención provisional.
 Muchas de ellas permanecieron encarceladas por más de un año, y han sido reconocidas públicamente como parte de un margen de error.
 En este sentido, Amnistía Internacional advierte que, aunque la Asamblea Legislativa decida no prolongar el régimen de excepción, el riesgo de la profundización de la crisis de derechos humanos y la situación de indefensión de las personas persistirá si no se revierten las reformas que socavan las garantías al debido proceso.

Finalmente, a partir de análisis de las declaraciones públicas que han brindado las más altas autoridades estatales, informes de sociedad civil, así como de los testimonios y la documentación recabada, el reporte concluye que, respecto a la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones de los centros de detención, el Estado salvadoreño ha adoptado una política de tortura sistemática hacia todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción con la sospecha de ser miembros de pandillas.
 Entre las consecuencias más graves de la aplicación de esta política destacan las muertes bajo custodia del Estado, algunas con evidentes signos de violencia, y muchas otras como resultado de las condiciones inhumanas de reclusión o la negación de atención en salud y la privación de medicamentos. 

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Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza. 
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

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͍Hasta octubre de 2023, movimientos de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales registraban más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad – lo que coloca a El Salvador como el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial – una situación de hacinamiento carcelario del 236% aproximadamente, y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.

El espacio cívico bajo ataque

La organización también verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública.

Entre las principales tácticas que las autoridades han utilizado para estos fines están:
  1) un discurso mediático gubernamental, orientado a la estigmatización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y la transparencia;
 2) el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica;
 3) el ocultamiento y manipulación de información pública;
 4) el uso de tipologías penales vagas que podrían poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas;
 5) la exhortación, por parte de instituciones estatales, de razones de orden público o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de derechos humanos; y
 6) la instrumentalización de las facultades de algunos ministerios, y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.

Los principales blancos de estas tácticas han sido personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han mostrado independencia y apego a los principios de legalidad y respeto al Estado de Derecho.
 Los incidentes más alarmantes en un contexto de suspensión de derechos han involucrado el uso del régimen de excepción para criminalizar voces críticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario.

Todos estos elementos han generado un entorno que favorece un incremento de la desinformación y de un discurso institucional que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia como respuestas a la mera crítica y a la disidencia. Además, está aumentando la adopción de patrones de autocensura y autoexilio de quienes, al ser víctimas de violaciones a sus derechos, no encuentran en las instituciones estatales una respuesta para garantizar su protección.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales.

 La organización recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida tomada en situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad del Estado debe estar estrictamente limitada a las necesidades de la situación y respetar el principio de no discriminación. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad y seguridad personal son inalienables y nunca pueden ser suspendidos.

También se recomienda garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Amnistía Internacional recuerda al Estado la necesidad de garantizar que las instituciones judiciales operen con plena independencia y autonomía, asegurar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y cesar cualquier forma de restricción, estigmatización o criminalización de voces críticas y disidentes.

Además, la organización llama a la comunidad internacional a mantener una posición firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se están registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.

"Pablo es Cuba": los cubanos lloran, cantan y celebran a Pablo Milanés

DW.- En redes sociales, desde dentro y fuera de la isla, los cubanos llevaban ya una semana homenajeando a Pablo, su vida y sus canciones, desmintiendo rumores tempranos sobre su muerte, pidiendo por su recuperación en la clínica de Madrid en la que luchaba por su vida.
Pablo Milanés, durante un concierto en Miami, en 2011.
Uno de sus últimos conciertos fue en La Habana, en junio pasado.
Desde la madrugada de este martes 22 de noviembre, una Cuba transnacional lo llora y lo celebra, porque #PabloesCuba, escriben en el lenguaje de etiquetas de las ágoras virtuales, y en eso están de acuerdo muchos cubanos de muchas orillas geográficas y políticas.

"Duelo nacional, mundial, cósmico. La Cuba mejor es la de tus canciones, y la de tu voz. Gracias por todo", escribe en Facebook la productora de cine independiente cubano Claudia Calviño, redicada en Barcelona. "En una plaza ausente estamos ahora todos reunidos, cantando, habitando como fantasmas el país que no fue", resume el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, vetado por el Gobierno -como otros muchos cubanos- para regresar a la isla, desde Nueva York.

"Cantemos a Pablo"

"Si hay una voz que siempre me ha devuelto Cuba en cualquier lugar del mundo y me ha devuelto a mí a Cuba, mi corazón, ha sido la de Pablo. Pablo es la voz que me dice que todo fue un sueño, pero el sueño fue hermoso, aunque fuera un engaño. Para muchos el sueño fue real. Alguna vez. Con Pablo yo siento la pérdida de ese sueño que nunca hemos cumplido. Ese sueño eterno. Y me siento dichosa por haberlo tenido. Sobre todo, por tener la capacidad de inventarme otro", escribe su colega Mónica Baró, exiliada también, primero en Madrid y hoy en Nueva York.
"Mi hijo me acaba de dar la triste noticia (de) que ha fallecido Pablo Milanés. Mi hermano menor querido. Qué dolor tan grade para mí", escribe en La Habana otra leyenda de la música cubana, Omara Portuondo, internacionalmente conocida como parte del Buena Vista Social Club: "Me lo presentó Aida Diestro, directora del cuarteto D'Aida y desde entonces fuimos amigos y hermanos Pablucho, como te decía. Estarás en el corazón de cada cubano por siempre, en el corazón mío y de mi familia."

#CantemosaPablo convocan algunos en La Habana, para las 3 de esta misma tarde en el parque de H y 21, en el barrio de El Vedado, en una jornada que, en algunos calendarios, marca el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos y poetas.

"No ha sido fácil tener una opinión"

Mientras, en Miami, plaza por excelencia del exilio cubano, algunos aún rechazan al que fuera por décadas un cantor "de la Revolución" cubana, pese a sus posturas críticas de décadas más recientes. Pero tampoco allí faltan quienes convocan a una vigilia cantora para manana miércoles 23 de noviembre, en el malecón de la Ermita de la Caridad del Cobre, a las cinco de la tarde.

Cada quien lo evoca con otra canción de sus "más de 40 discos en solitario, atravesados por los temas del amor, la vejez, la patria, la lucha, la desesperanza, la felicidad, y las muchas formas de la agonía propias de un Unamuno", como ha escrito el historiador cubano Julio César Guanche.

Porque Pablo desafió, incluso, "la 'hombría' cubana, esa cosa tan patética a la que adscribe el propio Estado cubano, con canciones que aseguran 'la prefiero compartida', o 'no somos Dios, no nos equivoquemos otra vez', en respeto a la opción por el mismo sexo", recordaba Guanche.

"No ha sido fácil tener una opinión / que haga valer mi vocación / mi libertad para escoger...", lo canta en Twitter, desde Matanzas, la historiadora Alina Bárbara López: "Gracias Pablito, por ser la compañía y la voz poética y cívica de tantas generaciones. Te quedas con nosotros. Vuela alto."

"Hablaste con sinceridad cuando casi nadie de tu altura hablaba con sinceridad. Pagaste por eso. Lo padeciste sin queja. Nos enseñaste qué cosa es ser íntegro y digno", coincide la periodista Mónica Baró.

Y así lo recuerda también El País, de España, con un amplio dossier sobre esa "gran voz de la música iberoamericana". Pablo Milanés encabeza la portada de uno de los principales diarios del país que lo acogió en sus últimas horas; un país que ha acogido también a tantos cubanos y donde Pablo "residía desde hace años para recibir tratamiento médico por un cáncer".

"Eternamente, Pablo"

Mientras, la prensa oficialista cubana lo despide, por el momento, con notas necrológicas que destacan el mensaje enviado, desde Rusia, por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

El gobernante reconoció a Pablo en Twitter como "uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación", y envió sus condolencias "a su viuda e hijos, a Cuba." Y lo mismo hicieron otros funcionarios e instituciones estatales.

"El mundo de la música cubana, latinoamericana y mundial está de luto", escribió la cadena Telesur, la única internacional que se transmite en la isla, mientras destacaba también las condolencias oficiales cubanas.
#EternamentePablo, se despiden en redes, a diestra y siniestra, cubanos de varias generaciones, y algunas instituciones culturales, recordando uno de sus himnos "Yolanda".

El cantautor cubano, fundador y artífice del sonido de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y otros músicos de su generación, murió esta madrugada en Madrid a los 79 años. había sido hospitalizado el 12 de noviembre por "los efectos de una serie de infecciones recurrentes" que en los últimos tres meses habían venido afectando su estado de salud, según informó entonces su oficina artística.

Una de sus últimas actuaciones en directo fue en junio pasado en La Habana, en un concierto trasladado a última hora a las amplias instalaciones de la Ciudad Deportiva, tras protestas de muchos cubanos que se habían quedado sin las inicialmente escasas entradas ofrecidas para un escenario menor.

Protestas en Panamá: Acordaron la baja del precio de los combustibles y se despejaron las rutas

Telam.- Panamá anunció el domingo a la noche un compromiso para que organizaciones sindicales y populares liberen completamente las rutas que mantienen bloqueadas desde hace 15 días, tras alcanzar un acuerdo a la baja de los precios de los combustibles.


El Gobierno y los dirigentes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) "logran el acuerdo del precio del combustible a 3,25 dólares por galón y el levantamiento de los cierres a nivel nacional", dijo la presidencia.

"Estos acuerdos son el resultado del consenso y la buena disposición de las partes para mantener la paz social", agregó el reporte oficial, recogido por la agencia de noticias AFP.

"Muchos panameños y panameñas han sufrido con estas paralizaciones", dijo el vicepresidente José Gabriel Carrizo, tras la firma del acuerdo. "Este es un enorme esfuerzo del Gobierno", agregó.

El compromiso firmado por ambas partes rige desde
este lunes y establece el precio fijo del combustible para
las gasolinas de 91 y 95 octanos y del diésel. Foto: AFP
El compromiso fue suscripto en Santiago de Veraguas, una ciudad ubicada 250 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, epicentro de las negociaciones. En esta localidad se mantenían los cierres más fuertes, con centenares de camiones bloqueando la carretera Panamericana, que une al país con el continente.

"Todo abierto. El tránsito de carros y equipo pesado en Veraguas está libre", dijo a la AFP vía telefónica Eduardo Cortés, quien participó de las manifestaciones.

La propuesta de 3,25 dólares por galón (3,78 litros) resultó mejor que los 3,30 ofrecidos por separado, en otra mesa de negociación aparte, a la comunidad indígena de la Comarca Ngäbe-Buglé, en la provincia de Chiriquí, en el extremo oeste del país.

En Chiriquí se producen la mayoría de los alimentos frescos del país, por lo que el bloqueo en esa zona complicaba el abastecimiento de todo Panamá.

El acuerdo también contempla seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas.

Sin embargo, algunas organizaciones sindicales rechazaron el compromiso y anunciaron protestas para hoy en todo el país.

Las manifestaciones ocurrieron en un escenario de creciente inflación, un aumento en el precio del combustible, que llegó a ser de 47%, y una tasa de desempleo en torno del 10%.

El gobierno había ofrecido inicialmente una rebaja a 3,95 dólares por galón (desde 5,20 dólares), pero se rechazó.

Las protestas generaron desabastecimiento de gasolina y alimentos, además de pérdidas millonarias, según los gremios empresariales.

Panamá, con 4,2 millones de habitantes, experimenta una de las mayores crisis sociales desde la invasión estadounidense en 1989.

Por más de dos semanas el país fue escenario de manifestaciones y cortes de rutas para exigir al gobierno de Laurentino Cortizo que baje los precios y tome medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos.

Las autoridades panameñas informaron que debido a los cierres de calles también se vio afectado el traslado de migrantes que, tras llegar a Panamá a través de la selva del Darién, buscan la frontera con Costa Rica, en su ruta hacia Estados Unidos.

El manual del sinvergüenza

Reseña: El manual del sinvergüenza (Obra Filosófica)


por Monte Ávila Editores Latinomericana.- ¿Cómo lograr ser un sinvergüenza? Por simple que parezca, el método a seguir encierra sus complejidades.

El asunto no parece tener nada que ver con ser apuesto o adinerado. Si atendemos al sabio Juan Verdaguer, este personaje debería tener inteligencia a cambio le sobra astucia y un ejercicio permanente en la sinvergüenzura.

Este Manual recoge las estrategias del Marqués de Radomín, profesor universitario, poco beneficiado por los cincelazos con los que se funda la belleza masculina. Dedicado en alma y cuerpo al oficio de conquistador, amante fugaz y «demagogo».

Aunque sea intransferible, la experiencia del Marqués enseña con su dramático ejemplo. Sus aventuras, siempre interrumpidas por sus cortas historias, se expresan del mismo modo fragmentario, disperso, antinovelesco, hasta bosquejar el espejeante cuadro de un donjuán contemporáneo (valenciano, hablador, egocéntrico, impertinente, pícaro), que ya veremos es de lo más común y se parece a alguien de nuestro alrededor, por más que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. ´

Siempre que topemos con alguien «exitoso» en la conquista (o en el «levante») hallaremos rasgos de este «burlador de Valencia» del Marqués de Radomín. Allí radica su carácter universal.

Seguro que este Manual atraerá la atención de quienes persiguen ambiciosos proyectos amorosos.

Por curioso que parezca, sus primeros lectores profetizan que muchas de las personas que irán a hacer la fila por un ejemplar firmado son las mujeres: el objeto de su principal interés.

El lenguaje de este tratado filosófico es llano. Sintoniza su estructura con la simplicidad temática. Su clave es de humor. Se lee con la facilidad con que se pasan las páginas de una revista de vanidades, con fotos y todo.

Deben estar advertidos sus futuros lectores de algunos lugares comunes: al Marqués de Radomín o se le ama o se le detesta, pero a nadie podrá resultarle indiferente: ¿el sinvergüenza nace o se hace? ¿Es una obra filosófica o una novela?, ¿retrata la conquista o la derrota de un personaje?

Por estos y otros asuntos, algunos críticos juegan posición adelantada para pronosticar que será un best-seller y que la mayor fama del autor la alcanzará cuando sus lectores salgan a protestar por las redes sociales y surja también su legión de defensores y defensoras.



por Monte Ávila Editores Latinomericana .- Nació en Valencia en 1972. Docente universitario. Licenciado en Educación y magister en Lectura y Escritura de la Universidad de Carabobo (UC).

 En narrativa ha publicado Pre-textos (1996), Alba para dos ciegos y otras maniobras [1997], Relatos [2004], Retablos (2006), Olímpicos e integrados (2014), El águila de dos cabezas (2014). Y en ensayo: Notas y digresiones (2000), Compás mayor de la literatura venezolana (2009).

 Ha recibido los premios Salvador Garmendia de la Casa de las Letras Andrés Bello 2013, la Bienal de Literatura Rafael Zárraga 2011; el Concurso de Literatura Infantil Miguel Vicente Pata Caliente 2010 de la UC y el Concurso de Cuentos Salvador Garmendia 2003.

Sentencian a periodista que aspiraba a la presidencia en Nicaragua

Un juez afín al régimen de Daniel Ortega llevó a cabo el juicio contra Miguel Mora desde las celdas policiales. La fiscalía solicitó 15 años de prisión.

El exaspirante a la presidencia Miguel Mora fue encontrado culpable el viernes (04.02.2022) por atentar contra la "integridad nacional" en Nicaragua, en uno de los juicios contra una cuarentena de opositores al gobierno de Daniel Ortega presos desde el año pasado, informó su abogado.

Mora, periodista y propietario del expropiado canal de televisión 100% Noticias, "fue declarado culpable por el delito de menoscabo a la integridad (nacional). La fiscalía pidió que le apliquen la pena de 15 años", afirmó a la prensa su abogado Gerardo González, al finalizar el juicio a puertas cerradas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua.

Con él suman seis los opositores, considerados presos políticos por la oposición, detenidos desde el año pasado que han sido sentenciados por el régimen desde que iniciaron los juicios este mes, sin que se conozcan sus penas.

Denunció la represión

Mora, de 53 años, fue precandidato a la presidencia del Partido de Restauración Democrática (PRD), una de las tres agrupaciones opositoras que fueron anuladas por el tribunal electoral previo a las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega se reeligió con los principales oponentes encarcelados.

Desde la televisora 100% Noticias, Mora denunció y documentó la represión a las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018. Su canal fue confiscado en diciembre del 2018, fecha en que Mora fue detenido por primera vez hasta junio del 2019.

También este viernes se realizó el juicio contra María Fernanda Flores, esposa del expresidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002) y que cumple arresto domiciliario desde junio pasado. Un vocero de la opositora Alianza Cívica dijo que Flores también fue declarada culpable de "conspiración” y que la Fiscalía pidió una pena de ocho años de cárcel y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
jc (afp, ap, La Prensa)

Desafios y apuestas de Xiomara Castro virtual ganadora de las elecciones en Honduras.

Castro celebra con sus partidarios tras las elecciones, Tegucigalpa, Honduras, 28 de noviembre de 2021
Moises Castillo - AP

Edgar Romero G.- Xiomara Castro de Zelaya, del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), se ha convertido virtualmente en la presidenta electa de Honduras, en los comicios celebrados el domingo 28 de noviembre.

De acuerdo con los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 61,83 % de las actas transmitidas, Castro obtiene 51,88 % de los votos y saca una ventaja de más de 16 puntos sobre su contendiente más cercano, el candidato oficialista Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional de Honduras (PNH), que ha conseguido el 35,22 %.

Aunque la victoria aún no es definitiva ni ha sido declarada por el CNE, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya ha reconocido el triunfo de Castro, mediante un mensaje a la nación.

"Quiero felicitarla por su triunfo electoral", dijo el mandatario, que también señaló que seguía en pie su compromiso "por lograr una transición pacífica y democrática".

La victoria también fue reconocida por Asfura. "La felicito por su triunfo y como presidenta electa deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su Administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños", dijo el candidato oficialista en un video, en el que comentó que ya dio el mensaje personalmente a su contendiente.

Xiomara Castro es felicitada por Nasry Asfura, candidato
presidencial  del gobernante Partido Nacional
Comite de Campana Partido Libre -Reuters

Con su triunfo, Castro, que además de Libre se presentó por la alianza de este partido con la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), se convierte en la primera presidenta del país centroamericano.

Activismo tras el golpe de Estado

Castro, de 62 años, es esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado mediante un golpe de Estado en 2009, con quien está casada desde 1976. La pareja tiene cuatro hijos: Zoe, Héctor Manuel, Hortensia Xiomara y José Manuel; y cinco nietos.

Esta mujer es licenciada en administración de empresas y, en el ámbito privado, estuvo al frente de los negocios de empresas agrícolas y ganaderas familiares.

Después del golpe de Estado, Castro encabezó las manifestaciones por la restitución del orden constitucional en Honduras. Aunque no se consiguió la vuelta de Zelaya a la Presidencia, ese movimiento de protesta se transformó en el partido Libertad y Refundación (Libre) en 2011, que preside su esposo desde su fundación.

Xiomara Castro y Manuel Zelaya saludan a sus
partidarios, Tegucigalpa,
Honduras 27 de agosto de 2016
Jorge Cabrera- Reuters
Libre, desde entonces y consiguiéndolo ahora, buscó romper con el bipartidismo que impera en Honduras desde hace más de 100 años, con el PNH y el Partido Liberal (PLH), que gobiernan el país desde fines del siglo XIX

En 2013, Castro participó por primera vez como candidata presidencial, en representación de Libre, pero perdió contra el ahora saliente mandatario.

En los comicios de 2017, aunque ganó las elecciones internas para ser la candidata de la izquierda, cedió su lugar al conformarse la Alianza de Oposición contra la Dictadura entre Libre y el Partido Innovación y Unidad, que escogió como aspirante a la Presidencia a Salvador Nasralla. No obstante, este perdió ante Hernández, quien fue reelecto.

Principales retos

Pobreza, desigualdad, empleos informales, corrupción, violencia y el covid-19 son algunas de las crisis que afectan a los hondureños, que se ven obligados a abandonar el país, en una migración forzada, en busca de oportunidades.

Las caravanas de migrantes hacia EE.UU. no cesan. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ​ (CBP por sus siglas en inglés) al cierre del año fiscal 2021, en septiembre pasado, se informó que fueron detenidos 308.931 hondureños, que intentaron cruzar la frontera sur del país norteamericano en los últimos 12 meses.
En 2019 Honduras registró una tasa de pobreza de 59,3 %, que aumentó en 2020 a 70 % y que al cierre de este año podría llegar a 75 %.
De acuerdo a datos del Banco Mundial, Honduras experimentó entre 2017 y 2019 la segunda tasa de crecimiento económico más alta de Centroamérica, superada solo por la de Panamá; con 4,8 % de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, 3,7% en 2018 y 2,7% en 2019.

Sin embargo, en 2020, al igual que casi todos los países del mundo, debido a la pandemia del covid-19, la economía hondureña se contrajo, alcanzando -9 %, según un boletín del Banco Central de Honduras.

Pese al aumento sostenido los años previos a la pandemia, el país enfrenta niveles altos de pobreza y desigualdad. De acuerdo con un boletín de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en 2019 Honduras registró una tasa de pobreza de 59,3 %, que aumentó en 2020 a 70 % y que al cierre de este año podría llegar a 75 %.

 
Además de esto, cerca de la totalidad de la población ocupada, el 81,4 %, tiene empleo informal, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La violencia es otro de los flagelos que afecta a los hondureños. De acuerdo al Boletín 56 del Observatorio de la Violencia la Universidad Autónoma de Honduras, publicado en junio de 2021, en todo 2019 se registraron:

4.099 homicidios en el país, 365 más que el año anterior.

Un promedio de 11 homicidios diarios.

La tasa nacional fue de 44,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Todas estas situaciones son causa de la migración forzada que viven los hondureños. El Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Autónoma de Honduras, en un texto de 2018, señala que esto también se debe a un "déficits de democracia, de desarrollo" y "es resultado de la exclusión y la corrupción".

En el documento indican que en la últimas cuatro décadas, quienes han gobernado "vendieron bienes del Estado, unos subvaluados y otros llevados a la quiebra de forma intencionada para favorecer a diferentes grupos de poder" y "privatizaron o desaparecieron empresas del Estado [...] todas dedicadas al desarrollo incluyente". Asimismo, mencionan las concesiones a empresas privadas de "aeropuertos, puertos, carreteras"; compañías a las cuales se les aprobó un régimen de "exoneraciones" de impuestos.

En relación con el covid-19, según las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, hasta el 17 de noviembre pasado se registraron en este país centroamericano 377.293 casos positivos de coronavirus y hasta entonces habían fallecido por esta causa 10.373 personas.

Hasta la misma fecha, en este país, de casi 10 millones de habitantes, se habían aplicado 7.743.055 dosis de fármacos contra el coronavirus, pero solo 3.212.890 personas tenían el esquema completo de las dos vacunas.

"Construcción del Estado socialista democrático"

La llegada de Castro al poder, además de romper con el bipartidismo, pone fin a la era Hernández, un presidente que es señalado en cortes de EE.UU. de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Castro también ha dicho que con su triunfo revertirán "12 años de lágrimas y de dolor", que son contados a partir del golpe de Estado de 2009.
"Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país, un gobierno de paz y justicia, vamos a iniciar un proceso con toda Honduras para garantizar una democracia participativa"
La noche del domingo anunció el inicio de una era de "prosperidad" y "solidaridad", por medio del "diálogo con todos los sectores, sin discriminación y sin sectarismo".

"Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país, un gobierno de paz y justicia, vamos a iniciar un proceso con toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa, porque vamos a las consultas populares. Eso será una norma para gobernar", manifestó.

En su plan de gobierno, presentado para estos comicios, Castro propone la "construcción del Estado socialista democrático".

Aunque en el documento se habla sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en entrevista con RT, el exmandatario Zelaya dijo esta "no es una propuesta que esté vigente", puesto que cuando hicieron alianzas, con movimientos "de centro derecha y derecha", se indicó que en ese momento no había condiciones para desarrollar dicha asamblea.

Castro celebra con sus partidarios, en Tegucigalpa, Honduras,
28 de noviembre de 2021
Délmer Membreño - www.globallookpress.com

Entre otras cosas, en el plan de gobierno también plantea derogar leyes como las que facilitaron la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), al considerar que dan amparo a corruptos y narcotraficantes.

"Las leyes con que opera la dictadura tienen que derogarse, y restaurarse los derechos civiles perdidos, propósito que otros podrían compartir", dice el documento.

Asimismo, propone la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de las Naciones Unidas.

"Para combatir la corrupción, hay que cambiar el sistema que la reproduce, refundar las funciones básicas del Estado, de la justicia y las instituciones republicanas, con cuyo rompimiento y descalabro en 2009 comenzó esta deriva", menciona en el texto.

Entre otras promesas está la creación de un modelo económico alternativo que se fundamente en fortalecer y hacer crecer el rol del estado en la Economía, especialmente en las áreas estratégicas y de servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los diferentes tipos de empresas y de propiedad. En esta misma materia trabajará por "no más monopolios ni oligopolios, ni exenciones fiscales o exoneraciones que constituyen privilegios innecesarios para el desarrollo".

También plantea el rescate y fortalecimiento del sistema sanitario público, aumentando sustancialmente el presupuesto a salud, y asegurando la vacunación contra el coronavirus, accediendo a otros proveedores como China continental y Cuba; transformar el sistema educativo, orientándolo hacia un desarrollo social sostenible, además de garantizar educación gratuita y universal; en materia laboral, un salario justo, digno y remunerador para todos; y en cuanto a seguridad, resolver las causas socioeconómicas estructurales de la delincuencia y la violencia, asegurando las oportunidades de estudio a los jóvenes y de empleo a todos.

Cuba aprueba otras dos vacunas anticovid

La nación es autora de los únicos tres inoculantes de Latinoamérica, Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus.
Cuba autorizó este viernes (20.08.2021) el uso de emergencia de sus vacunas anticovid Soberana 2 y Soberana Plus, con lo que suman tres inmunizantes cubanos, los primeros desarrollados en América Latina, cuando la isla enfrenta un alto índice de contagios generados por la cepa “Delta”

Tras un "riguroso proceso de evaluación de los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus, cuyo titular es el Instituto Finlay de Vacunas, el CECMED decidió otorgarles el Autorizo de Uso en Emergencias (AUE)", señaló en un comunicado este organismo.

El CECMED, autoridad reguladora de medicamentos cubana, dio también en julio pasado la autorización de emergencia a Abdala, otro inmunizante cubano con el 92,28 por ciento de efectividad, que se convirtió en la primera vacuna concebida y desarrollada en la isla.

"Esto ha sido posible después de todo un riguroso proceso de evaluación" en las últimas semanas, en las que se han "evaluado todos los resultados relacionados con la efectividad y la eficacia de la vacuna", indicó el viernes Olga Lidia Jacobo, directora del CECMED.

La funcionaria explicó que se aprobó además una "formulación de Soberana 02 y Soberana Plus que no contienen Tiomersal", destinada a las personas alérgicas a esta sustancia.


Soberana 02 + Soberana Plus ya son vacunas #Cuba https://t.co/a2FptmNrVh— Periódico Granma (@Granma_Digital) August 20, 2021


Soberana, con una efectividad de 91,2 por ciento frente a casos sintomáticos, es parte de un esquema de vacunación que combina dos dosis de Soberana 02 y una tercera con Soberana Plus.

Bajo un severo embargo estadounidense desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas en la década de 1980. Actualmente, el 80 por ciento de las vacunas incluidas en su programa de inmunización se fabrican en la isla.

Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas
en la década de 1980.
Y desde hace 15 meses, la comunidad científica ha trabajado en el desarrollo de cinco candidatos a vacuna contra el coronavirus. Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas, que produce la línea de Soberana, señaló que este centro de investigación está cerca de obtener la vacuna pediátrica.

"Estamos muy avanzados en los estudios pediátricos, con resultados muy satisfactorios" y se espera que también próximamente se pida a la CECMED la autorización de emergencia. Para estar "todos mucho más tranquilos con la reapertura de las escuelas", añadió Vérez.

Tanto este esquema de Soberana 2 y Plus, como el de Abdala, también de tres dosis, se empezaron a aplicar en La Habana y otras provincias desde mayo pasado dentro de un estudio de intervención sanitario.

Los ganadores del 'negocio' de la ayuda humanitaria para Haití (que no son precisamente sus habitantes)

Cinco veces las reservas internacionales de Ecuador. Ese fue el monto de ayuda internacional que se estima que recibió Haití en 2010, luego del devastador terremoto que asoló la isla.Un hombre camina sobre un edificio derrumbado en Saint-Louis-du-Sud, Haití. 16 de agosto de 2021
Matias Delacroix -AP

Pero, ¿cómo es posible que después de haber recibido unos 13.000 millones de dólares, la situación en el país antillano sea comparada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con Sudán del Sur y la República Centroafricana? La respuesta parece residir en el irregular manejo de esos fondos por parte de las ONG's, la corrupción institucional y la línea asistencialista de esas ayudas, que no han permitido el desarrollo del país más pobre de América Latina.

El fin de semana, un nuevo sismo se sintió en Haití, pero no ha sido el único. El país se mantiene bajo los escombros de una interminable crisis política, institucional, social y humanitaria, que se agravó con el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. En ese contexto, cabe preguntarse qué tan eficiente puede ser el nuevo llamado a enviar ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional, en una nación que ha demostrado, hasta la saciedad, el fracaso de esa política ante la catástrofe.

La ayuda que no llegó

Analistas internacionales han acuñado el término "Estado de ayuda" para Haití, tomando en cuenta que el país tiene la mayor cantidad de ONG's por habitante en el mundo. Según algunas estimaciones, se dice que hay unas 10.000 en un país de 11 millones de habitantes.

La cifra, sin embargo, no se ha traducido necesariamente en mayores ayudas. La misma población haitiana tiene más de una década denunciando que la asistencia que reciben de esas organizaciones no contribuye al desarrollo de las comunidades sino que, por el contrario, alimenta el ciclo de la dependencia.

El personal de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas en Haití.  30 de marzo de 2010
Jorge Saenz -AP

El argumento de las ONG's para defender su manejo discrecional de los fondos es que el Gobierno es corrupto, lo cual no deja de ser cierto si se toman en cuenta los índices que miden la corrupción en el país y las protestas que, en su momento, se produjeron en contra del desvío de recursos por parte de las administraciones de Michell Martelly o el asesinado Moïse.

No obstante, la falta de transparencia del Gobierno que denuncian las oenegés es la misma que esas organizaciones aplican para no rendir cuentas de los sustanciosos recursos que han recibido, y que casi igualan el Producto Interno Bruto (PIB) de Haití.

Los ejemplos de cómo esas organizaciones han malversado los recursos a lo largo de una década sobra. Basta nombrar, por ejemplo, el escándalo por los 500 millones de dólares que la Cruz Roja administró para construir casas en Haití, de las cuales solo edificó 6, o el juicio en España contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco por el desvío de 4 millones de euros de fondos públicos para proyectos de oenegés, entre ellos, la construcción de un hospital en el país caribeño.

Las marcas de la invasión

Pero más allá del tema económico, la presencia de las organizaciones internacionales en territorio haitiano también ha tenido consecuencias terribles para la propia población.

Después del sismo de 2010, por ejemplo, un informe reveló que miembros de la misión de los cascos azules abusaron de mujeres y niñas durante su estancia en el país, lo que ocasionó más de 356 nacimientos de niños en situación de mayor vulnerabilidad. Los efectivos implicados en los casos no fueron castigados sino enviados a sus países de origen, sin rendir cuenta alguna ante las autoridades haitianas.

Un documento de la ONU también reconoció que la negligencia de su personal en Haití produjo el primer gran brote de cólera tras el sismo de 2010, que dejó 9.145 muertos y que, años más tarde, produjo otro repunte de casos que ocasionó 18 % más de víctimas fatales.

Los haitianos protestan para exigir a la MINUSTAH que pague
por el brote de cólera. 15 de febrero de 2017
Andrés Martínez Casares - Reuters

Lo más controvertido es que los cascos azules estaban en Haití desde 2004, cuando EE.UU. desplegó una intervención militar en la isla después de propiciar el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide, que había sido electo dos años antes con el 91,69 % de los votos. El argumento de Washington para meter a sus soldados era la supuesta garantía de estabilidad democrática.

Los años siguientes, no obstante, demostraron que la presencia estadounidense tuvo nulo efecto en la estabilidad de Haití.

La trampa de las 'ayudas'

Sobre Haití hay un punto en común y es que la mayor parte de los recursos que llegan tienen cuatro destinatarios directos: las cúpulas políticas, las élites empresariales, las ONG y las organizaciones internacionales que están asentadas en ese territorio.

El grueso de la población, mientras tanto, sigue sumida en la absoluta pauperización. De hecho, el 80 % de los haitianos es pobre y la mitad de ellos padece "hambre pura", según reconoció recientemente el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches.

La crisis alimentaria se ha agudizado aún más debido a la pandemia de covid-19 y el pronóstico en medio de la inestabilidad política tras el magnicidio de Moïse no es más alentador. Los informes de la Oxfam dan cuenta de lo evidente: que Haití está en una crisis de pobreza, alimentada por la desigualdad.

Según esa organización (cuyos altos cargos en Haití también estuvieron implicados en un escándalo por abusos sexuales a mujeres y violación a menores de edad), "desde la independencia en 1804, el Estado haitiano ha mantenido los privilegios de una pequeña élite a expensas de la mayoría".

Pero el poder económico de las ONG tampoco ayuda. Su presencia y manejo discrecional en el país ha contribuido aún más al debilitamiento institucional de Haití y a ahondar la sensación de un Estado frágil que no es capaz de llevar las riendas de su propio destino, una imagen que ha sido alentada –desde hace más de dos siglos– por las potencias colonialistas contra la primera república negra e independiente de América Latina.

El intervencionismo de EE.UU.

Basta un repaso por los dos siglos de historia de Haití para entender cómo las potencias occidentales han sido directamente responsables de la pobreza, el atraso y las dificultades que aún hoy sufre ese país.

Desde el abusivo monto que Francia le hizo pagar a Haití por haber obtenido su independencia, hasta la forma en que países como EE.UU. y Alemania hicieron préstamos impagables a la nación para que le resultara imposible zafarse de sus acreedores, la presión económica ha sido la espada usada contra una nación que hace más de dos siglos tuvo la 'osadía' de emanciparse.

En la actualidad, el mecanismo persiste aunque con estrategias menos evidentes. En 1995, Washington obligó a Haití a eliminar aranceles a varios productos alimenticios, lo que no solo inundó el mercado haitiano de rubros estadounidenses, sino que llevó a la quiebra a los productores de arroz del país caribeño, que anteriormente abastecían la demanda interna.

La estrategia del arroz tuvo como protagonista a Bill Clinton, el expresidente estadounidense que estuvo también implicado con la administración de fondos para la isla incluso después del terremoto de 2010, cuando se desempeñó como copresidente de la llamada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH).

Bill Clinton y Hillary Clinton posan con los trabajadores
en el Parque Industrial Caracol en Haití. 22 de octubre de 2012
Larry Downing- Reuters

Gracias a la CIRH, Clinton dio el impulso a dos grandes proyectos, que serían ejecutados por empresas estadounidenses: un hotel de lujo, cuyo dueño es cercano al entorno del expresidente, y el parque industrial Caracol, que fue abandonado años más tarde por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras reconocer que la agencia no tenía la experticia para llevar a cabo la construcción, no había factibilidad técnica y tampoco generaría los empleos que se habían prometido. En esa obra fallida se 'perdieron' al menos 70 millones de dólares.

Este tipo de 'negocios' en la reconstrucción de la isla provocaron que más del 80 % de los recursos que se destinaron al país (solo de 2010 a 2012) abultaran las cuentas de organizaciones no haitianas; y apenas 8,5 % cayera en las arcas del Gobierno. De ese monto, menos del 1 % fue administrado por actores haitianos, según datos de la Oficina del Enviado Especial para Haití.

Cifras recientes de la USAID, reveladas por The Guardian, dan cuenta de que la realidad se mantiene: de los 2.300 millones que se tenían previstos para ayudar a Haití hasta 2019, más de la mitad acabó de vuelta en EE.UU. Es más, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) asevera que solo 0,6 % de los fondos se destinaron a organizaciones haitianas y 0,9 % finalmente se entregó al Gobierno.

¿Y ahora qué?

El reciente sismo en Haití, que ya ha dejado más de un millar de muertes, se produce en condiciones aún peores a las de 2010, al menos en términos políticos, sociales y económicos.

"No hay condiciones para las elecciones":
La imparable crisis política y social
que sacude a Haití más allá del terremoto
El magnicidio de Moïse, la pandemia de covid-19, la crisis alimentaria y la casi inexistente economía, que depende cada vez más de importaciones por el escaso desarrollo de las actividades locales (y que tanto prometieron promover las inversiones y ayudas), dejan a la nación en una situación de mayor vulnerabilidad y a la espera de más asistencia.

Esta semana, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha prometido celeridad para atender a la ciudadanía. La comunidad internacional se ha comprometido a enviar más ayuda humanitaria y EE.UU. ha dicho que ofrecerá "una respuesta inmediata" a la situación en Haití. Su estrategia no tiene nada de novedosa, ya que la administración de Joe Biden envió a Samantha Power, administradora de la USAID, como funcionaria para "coordinar los esfuerzos".

"A través de USAID, estamos apoyando los esfuerzos para evaluar los daños y ayudar en la tarea de recuperar a los heridos y los que ahora deben reconstruir. EE.UU. sigue siendo un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití, y estaremos allí después de esta tragedia", concluyó la Casa Blanca en un comunicado.

Hasta ahora, la certeza de que Washington permanecerá en el territorio del país caribeño está asegurada, pero el precedente de una cooperación ineficaz hace dudar de la capacidad de EE.UU. para "reconstruir" la isla. Haití, por su parte, sigue bajo los escombros de una catástrofe aún peor: el expolio.
Nazareth Balbá

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