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Por obrar 'con ilegalidad y mala fe' empresa petrolera debe pagar a Ecuador millones de dólares.

Ecuador recibió más de seis millones de dólares de la empresa estadounidense WorleyParsons, tras ganar la demanda que interpuso la compañía y que pretendía que el país andino le pagase 198 millones de dólares por un conflicto petrolero.

 En concreto, la compañía estadounidense tuvo que pagar 6.048.471,01 dólares. "Este es el monto que el tribunal arbitral ordenó a la compañía reembolsar a Ecuador por los honorarios y costos causados en el arbitraje internacional seguido por Worley Parsons al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador", explicó en un comunicado la Procuraduría General del Estado de Ecuador.

Asimismo, detalló que los fondos serán acreditados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
WorleyParsons demandó en 2019 a Ecuador por supuestos montos impagados relacionados con contratos suscritos por esta empresa con la estatal petrolera Petroecuador y con la compañía Refinería del Pacífico para cuatro proyectos: rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto y la planta de gas licuado de Petróleo de Monteverde.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Internacional emitió su laudo final y resolvió desestimar las pretensiones de Worley, entre otras cosas, por la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión.

El Tribunal señaló que los reclamos de Worley Parsons no tenían cabida por "la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe", aceptó los argumentos de Ecuador y desestimó en su totalidad las pretensiones de WorleyParsons.

Declaran inconstitucional la reforma laboral contenida en el DNU de Milei

Un manifestante posa frente a una imagen crítica con el Gobierno
de Javier Milei. Buenos Aires, 24 de enero de 2024.
atacha Pisarenko / AP
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina falló a favor del recurso interpuesto por la sindical Confederación General del Trabajo (CGT) y declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral presentada por el presidente Javier Milei, en su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En un reporte de TN se precisa que el dictamen firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera alcanza los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU.

Ámbito explica que al avalar el reclamo de la CGT, la Cámara rechazó la apelación interpuesta por el Gobierno, al tiempo que destacó que el documento donde se expusieron los fundamentos de la sentencia, contiene más de 30 páginas.
Entre otros argumentos, se destacó que "no se evidencia objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas", y se deja claro que aunque eventualmente ello pudiera justificarse, seguiría sin demostrarse la "urgencia" que esgrime la Casa Rosada para prescindir de la intervención del Legislativo en materias que son de su competencia.

Asimismo, los jueces estimaron que "no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU".

Sentencia definitiva

Si bien la Cámara de Apelaciones resolvió sobre la cuestión de fondo y la sentencia puede considerarse definitiva, no significa que la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo se haya hundido sin remedio.

Los togados aclararon que esta "gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas cámaras [del Congreso] dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso", aunque en caso contrario, "su vigencia cesará".

Pese a ello, la noticia fue celebrada en X por el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, Héctor Daer, quien calificó la resolución como "una victoria" y recalcó el carácter definitivo de la sentencia.

Se trata de otro revés judicial que recibe la Administración de Milei esta semana. La víspera, un tribunal federal admitió un recurso de amparo para evitar la derogación de la Ley de Tierras vigente desde 2011 que, entre otros asuntos, limita la cantidad de predios que pueden poseer los extranjeros.

Primer medida de la Corte Internacional protege al pueblo Palestino

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tomó este viernes la primera decisión sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Patrick Post / AP
La demanda presentada por Sudáfrica se basa en al menos seis puntos: genocidio, conspiración con el fin de cometer genocidio, incitación directa y pública al genocidio, intento de genocidio, complicidad en genocidio e imposibilidad de prevenir un genocidio.

En su veredicto, la Corte ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Además, dictaminó que el país hebreo debe prevenir y castigar casos de incitación directa al genocidio en el enclave palestino.

Al mismo tiempo, el tribunal exigió que Israel permita la llegada de la ayuda humanitaria a la región.

Dentro de un mes, Israel debe informar a la Corte sobre las acciones que está siguiendo para cumplir la decisión judicial, declaró la presidenta de la Corte, Joan Donoghue.


La jueza declaró que Sudáfrica tiene derecho a presentar la demanda. De acuerdo con sus palabras, algunas acusaciones contra Israel están comprendidas en las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La jueza destacó que el operativo militar de Israel provocó un gran número de víctimas, destrucciones masivas y el desplazamiento forzado de una gran parte de la población de la Franja de Gaza. "La Corte es muy consciente del alcance de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupada por la pérdida continua de vidas y el sufrimiento humano", declaró.

La presidenta del órgano judicial reiteró que los palestinos tienen el derecho a la protección contra actos de genocidio.

El primer fallo del panel compuesto por 17 jueces no aborda la cuestión principal de si el país hebreo está cometiendo genocidio, sino que examina posibles medidas de emergencia, entendidas como una especie de orden de restricción, mientras estudia el caso en su totalidad, lo que normalmente podría llevar años.

La demanda

El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con los actos "de carácter genocida" cometidos en la Franja de Gaza y buscar la suspensión urgente de la campaña militar israelí.

Palestinos buscan sus pertenencias bajo los escombros en
el campo de refugiados de Bureij, Gaza, el 18 de enero de 2024.
Ashraf Amra / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
La decisión de Sudáfrica de demandar al país hebreo fue apoyada por la Organización de Países Islámicos, formada por 57 Estados, así como por Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia, Venezuela, Maldivas, Namibia, Pakistán y más de 900 organismos y grupos sociales.

Tel Aviv rechazó las acusaciones durante las audiencias y manifestó que es la ONU quien debería someterse a juicio. "Es la ONU la que debería ser juzgada en La Haya por hacer la vista gorda y, por tanto, actuar como cómplice en la excavación de túneles terroristas en Gaza, en el uso de ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes, y en la educación del odio y el asesinato", aseveró Gilad Erdan, representante permanente israelí ante el organismo internacional.

Manifestantes cerca de la sede de la Corte Internacional de
Justicia, La Haya, los Países Bajos, el 26 de enero de 2024
Patrick Post / AP
Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, declaró que Berlín se opone a la "instrumentalización política" de la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio e insiste en que "Israel se defiende contra el ataque inhumano de Hamás". Añadió que las acusaciones de Sudáfrica contra Tel Aviv "no tienen fundamento", por lo cual Berlín tiene la intención de intervenir como una tercera parte durante la audiencia principal.

Dos aliados de Trump se entregan a la justicia de Georgia

Dos de los 18 aliados del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) imputados junto a él por sus intentos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020 en Georgia se entregaron este martes (22.08.2023) a la Justicia en el estado.


Scott Hall, acusado de conspirar para acceder de manera ilegal a la información de votantes y las máquinas de conteo de votos, se entregó en la cárcel del condado de Fulton, según aparece en la página web de la prisión.

El aliado del expresidente se enfrenta a siete cargos criminales, incluyendo uno por violación de la ley RICO (por sus siglas en inglés), utilizada habitualmente contra capos de la mafia.

La Justicia fijó su fianza en 10.000 dólares (uno 9.211 euros), según informan los registros de la cárcel.

Poco después se entregó el abogado John Eastman, considerado el cerebro de la estrategia legal que Trump y sus aliados trataron de poner en práctica en su intento por revertir el resultado electoral.

Eastman fue puesto en libertad poco más de una hora después de ser procesado. Su fianza se fijó en 100.000 dólares.

Mientras, otros de los imputados junto al exmandatario buscaron que su juicio se traspase a los juzgados federales, como Jeffrey Clarke, un exfuncionario del Departamento de Justicia, o David Shafer, el exlíder del Partido Republicano de Georgia.

Ambos siguen la estrategia del exasesor de Trump Mark Meadows, que la semana pasada pidió transferir su caso a una corte federal escudándose en que los cargos que se le imputan están relacionados con su trabajo como funcionario gubernamental, por lo que se encuentran fuera de la jurisdicción del condado de Fulton.

Tanto Meadows como Clarke han presentado solicitudes de emergencia para que se paralice su arresto mientras tratan de transferir su caso a los juzgados federales.

Fraude electoral en Georgia

Todos los acusados en el caso por fraude electoral en Georgia tienen hasta el viernes al mediodía para entregarse de manera voluntaria a las autoridades, tal y como determinó la fiscal especial encargada, Fani Willis.

Trump confirmó este lunes en las redes sociales que se presentará en Fulton el jueves. Deberá pagar una fianza de 200.000 dólares para evitar la cárcel.

El exmandatario republicano fue imputado formalmente la semana pasada de 13 cargos por un gran jurado de Georgia por haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado, donde el actual mandatario, el demócrata Joe Biden, ganó por un estrecho margen.

Esta es la cuarta imputación penal de Donald Trump. Hace dos semanas fue imputado en Washington D.C. de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en EE.UU. de 2020 y de alentar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Además, en Nueva York ha sido acusado de 34 cargos por supuestos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un "affaire" en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016.

Su otra causa penal es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente de la Casa Blanca y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados.

Ayunaron hasta morir para ver a Jesús

El autoproclamado pastor Paul Nthenge Mackenzie (C), que fundó la Iglesia Internacional de la Buena Nueva en 2003 y está acusado de incitar a los seguidores de la secta a morir de hambre "para encontrarse con Jesús".

GETTY IMAGES- Al menos 37 sospechosos han sido detenidos hasta el momento por
estos hechos, que han conmocionado al país.


 
Según la inspectora de la Policía de Kenia para la costa del país, Rhoda Onyancha, las excavaciones -reanudadas este lunes después de varias semanas paralizadas- aún no han terminado, por lo que el número de muertos puede seguir aumentando durante las próximas semanas.

Así, las autoridades kenianas siguen abriendo las fosas comunes y tumbas halladas en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi.

Casi todos los cadáveres de la llamada "masacre de Shakahola" han sido exhumados en ese bosque, de más de 320 hectáreas, mientras sólo unos pocos murieron en un hospital después de ser rescatados por la gravedad de su estado.

El pasado 27 de junio, el patólogo jefe del Gobierno, Johansen Oduor, indicó que, de los 338 cuerpos examinados hasta esa fecha, 117 eran de menores y 201 de adultos, mientras que 20 se encontraban en un estado de descomposición demasiado avanzado para determinar la edad.

Estrangulamiento y asfixia

Las autopsias también evidenciaron que, si bien todos los cuerpos mostraban signos de inanición, algunos de ellos, sobre todo de niños, además tenían rastros de estrangulamiento y asfixia.

GETTY IMAGES- El número de miembros de una secta
cristiana del sur de 
Kenia que ayunaron hasta morir
para encontrarse con Jesucristo ascendió de 360 a
372 este miércoles, después de que las autoridades
encontrasen nuevos cadáveres enterrados en un
bosque, informó la Policía.
En este sentido, las primeras investigaciones de la Policía apuntan a que los fieles eran forzados a seguir con el ayuno aunque quisieran abandonarlo. Agujeros excavados tras la exhumación de cadáveres en la fosa común de Shakahola, a las afueras de la ciudad costera de Malindi.

El ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, culpó ayer las fuerzas de seguridad y la justicia kenianas de negligencia, al no tomar las medidas adecuadas frente a las denuncias presentadas en el pasado contra el presunto líder de la secta, el pastor Paul Mackenzie.

Mackenzie, bajo custodia policial desde el pasado 14 de abril, lidera la Good News International Church (Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas) y trabajó como taxista en el pasado.

Trump se entregó a la justicia















Trump se entregó a la justicia después de ser imputado por un gran jurado en Nueva York este jueves, convirtiéndose en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos penales. La imputación se relaciona con el pago de US$130.000 durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz pornográfica Stormy Daniels para presuntamente silenciarla por una supuesta relación con el entonces presidente.

Daniels reconoció más tarde que aceptó el dinero como "pago secreto" del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, a cambio de su silencio, un mes antes de las elecciones presidenciales de 2016. El exmandatario ha negado las acusaciones y considera que es víctima de una "persecución política".

Trump también está siendo investigado por otros casos, como su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, por su intento de evitar su derrota electoral en el estado de Georgia en las elecciones de 2020 y por su manejo de información clasificada una vez que dejó la Casa Blanca.

Ex-abogado de Trump, Michael Cohen
La imputación de Trump no solo es importante para él y el Partido Republicano, sino también para los Estados Unidos. Es la primera vez que un expresidente enfrenta un cargo penal en el país, y esto ha afectado a la autoestima de la nación y a su confianza en sí misma.

¿ Qué ha pasado hasta ahora?

- Donald Trump se presentó voluntariamente ante el Tribunal Criminal de Manhattan.

- Quedó bajo custodia de la policía y compareció en la audiencia de lectura de cargos.
- La Fiscalía de Distrito de Manhattan lo acusa de delitos relacionados a un pago a la ex actriz pornográfica Stormy Daniels.

- A través de su defensa, Trump se declaró "no culpable" de los 34 cargos presentados en su contra.

- El juez Juan Manuel Merchán, de origen colombiano, estuvo a cargo de la audiencia inicial.

- Después de unos 40 minutos de procedimientos, Trump abandonó el tribunal.


"Esto es una mafia judicial": Cristina Fernández se pronuncia tras el fallo de 6 años de cárcel en su contra

La Justicia también la inhabilitó a ejercer cargos públicos.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este martes que el objetivo de los jueces que dictaron el fallo en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita tenían "el objetivo" de condenarla, tal como ocurrió.

La exmandataria, de profesión abogada, analizó el manejo de la causa y expuso una serie de arbitrariedades mediante las cuales, consideró fue sentenciada.


"Esto no es ni 'lawfare' (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales", dijo.

Y añadió: "Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio", señaló en referencia al Grupo Clarín.

Días atrás, el hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida connivencia entre jueces, políticos y empresarios mediáticos, lo que, por su trascendencia institucional, representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano.

"Hay otro aspecto que es fundamental en el 'lawfare', que es el periodismo. Para hacer estas condenas, sí o sí, se necesita de la complicidad de los medios", afirmó la exmandataria mientras exponía un chat entre jueces, fiscales y empresarios de medios en donde coordinaban acciones judiciales con las noticias que debían salir en los diarios Clarín y La Nación.

"Que me metan presa"

Al cierre de su declaración, Cristina Fernández anunció que no será candidata "a nada" en las próximas elecciones de 2023.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral por una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, por administración fraudulenta. ¿A mí administración fraudulenta? ¿Y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares (de deuda) con el Fondo Monetario Internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín?", cuestionó.

"Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Héctor Magnetto (director ejecutivo del diario Clarín). ¿Sabe por qué? porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de (Tribunal de) Casación y la Corte Suprema de que me metan presa. Que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás. No voy a ser candidata a nada", reiteró.

El Tribunal Oral Federal número 2 conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En este juicio, la también expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedían una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.

Antes del pronunciamiento de la vicepresidenta, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, sugirió que los jueces que dictaron la sentencia podrían ser denunciados por prevaricato, una figura que castiga a los jueces cuando emiten una sentencia arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.


"Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena a los jueces que la dictaren será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Esto recién empieza. Escuchen hoy a Cristina Fernández de Kirchner y tranquilos", escribió Dalbón desde su cuenta de Twitter.

La dos veces presidenta de Argentina no cumplirá la pena dictada al menos mientras tenga fueros por su cargo en el Poder Ejecutivo, salvo que sea sometida a un juicio político. Además, el fallo, que será apelado por su defensa, debe ser ratificado en otras instancias judiciales.

Desarticulan una red de trata sexual que operaba en Colombia, España y Francia y liberan a 11 mujeres

Las víctimas eran captadas en países suramericanos bajo engaño y promesas de trabajo en Europa.

Captura de pantallaTwitter @policia

Un total de 12 personas pertenecientes a una red de trata y explotación sexual fueron detenidas en una operación policial conjunta entre Colombia, España y Francia, donde fueron liberadas 11 mujeres que habían sido reclutadas bajo engaño por esa organización criminal.

Las víctimas, que fueron liberadas en París donde eran prostituidas, eran mujeres vulnerables de origen suramericano y fueron captadas en sus países de origen a través de ardides y promesas de trabajo, recoge una nota de prensa de la Policía de España.

La investigación se inició en Francia tras conocer que varias mujeres eran forzadas a prostituirse en hoteles y apartamentos parisinos.

En un video compartido en la cuenta de Twitter de la Policía española, se observa el momento en el que las autoridades de los tres países ingresan a una vivienda y se llevan detenida a una mujer.

Hasta ahora, hay tres detenidos en Madrid y tres en la provincia española de Málaga; cuatro en Francia y dos en Colombia.

Los delitos que se les imputan son trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

¿Cómo operaba la organización?

Esta organización creó en España un centro de atención telefónica donde se recibían las llamadas provenientes de Francia y se gestionaban los encuentros sexuales de las mujeres con personas del país vecino.

Además, se difundían anuncios de ofrecimiento de servicios sexuales en internet, que eran creados en España.

En este operativo, donde también participa la Europol, realizaron 25 registros domiciliarios. En los tres realizados en España se incautaron 17.000 euros en efectivo, 33 teléfonos celulares y numerosos documentos.

El anonimato en internet es importante

No, Facebook no debe poder decidir si la gente publica con su nombre real. Ese fue el mensaje central que enviaron los jueces del Tribunal Federal alemán al gigante de las redes sociales.
El jueves (28.01.2022), esa corte dictaminó que Facebook no tenía derecho a bloquear la cuenta de dos usuarios residentes en Alemania en 2018 porque no utilizaban sus nombres reales.

Anosch Delcker-DW.- Fue una decisión sabia y envía una señal potente: el problema de los mensajes de odio que circulan por internet es real, pero forzar a los usuarios a usar sus nombres completos no lo resolverá. Peor aún: tales obligaciones pueden terminar perjudicando a los miembros más vulnerables de la sociedad.

Daños colaterales

El debate en torno a si los usuarios deben dar a conocer sus nombres reales en la red es tan viejo como internet. Quienes así lo piden, argumentan que eso induce a la gente a hacerse más responsable de lo que dice. Pero si eso es verdad o no, sigue siendo materia de discusión.

Y aún cuando semejante política de obligar a usar nombres reales disuadiera a algunos usuarios de publicar contenidos de odio e ilegales, el daño sería mayor que el beneficio.

En regímenes autoritarios, investigadores, activistas y escritores con frecuencia utilizan seudónimos para proteger su trabajo, su propia integridad o a sus familias.

E incluso en democracias estables, como la de Alemania, la gente encuentra refugio en el anonimato de internet, ya sea que se trate de víctimas de abuso que buscan ayuda, personas que sufren una adicción e intentan encontrar apoyo o adolescentes queer (identidad de género que trasciende lo usual) que quieren contactarse con personas afines.

Forzar a la gente a revelar sus nombres reales les haría imposible esas actividades en las redes sociales.
Lo que realmente se necesita

Para dejarlo claro: durante demasiado tiempo, los responsables políticos y los guardianes de la ley han hecho demasiado poco para combatir el odio en internet. Y eso tiene que cambiar. Pero es un error creer que el anonimato es la causa del problema.

Por esa razón, para ser efectivos, los esfuerzos para acabar con los mensajes de odio deben realizarse en otro terreno. La gente tiene que entender que todo lo que diga en la red puede tener las mismas consecuencias que en el mundo analógico.

Las fuerzas de seguridad deben monitorear mejor las plataformas en línea. Y no solo a los gigantes de las redes sociales como Facebook, sino también a plataformas más pequeñas, como Telegram.

Tal como los automóviles policiales patrullan las calles, se requiere que policías calificados patrullen grupos relevantes en internet. El anuncio hecho esta semana por la Policía alemana de que un equipo especial investigará contenidos ilegales en Telegram parece ser un paso en la dirección correcta.

Las autoridades deben asegurarse de que esos contenidos ilegales e incendiarios sean investigados y llevados ante la Justicia. Esa es la manera de resguardar el imperio de la ley en internet, no forzar a la gente a revelar su identidad.

Los jueces alemanes parecen haberlo comprendido. Hay que reconocer que el impacto legal de su dictamen es limitado. Solo se aplica a casos previos a 2018, cuando la nueva normativa europea de protección de datos entró en vigor. Pero la señal emitida es clara: el anonimato en internet es importante.

La muerte misteriosa de John McAfee 

 
John McAfee, empresario británico-estadounidense de 75 años y fundador de la compañía de antivirus que lleva su nombre, fue encontrado sin vida este miércoles en una prisión española, poco después de que la Audiencia Nacional de España aprobara su extradición a EE.UU.

Su misteriosa muerte ha renovado el interés en su controvertida vida, que abarcó la huida de una investigación de asesinato en Belice, el envenenamiento de sus perros, el juego a la ruleta rusa y dos campañas presidenciales, entre otros polémicos episodios.

Una vida turbulenta

McAfee
McAfee, uno de los pioneros más conocidos de Silicon Valley y una fuerza impulsora detrás de la tecnología antivirus ahora omnipresente, nació en una base militar estadounidense en Reino Unido en 1945, de madre británica y padre estadounidense, y se mudó a EE.UU. cuando era niño. Cuando tenía 15 años, su padre —a quien en su momento describió cómo alcohólico que lo golpeaba "sin piedad"— usó la escopeta del adolescente para suicidarse.

Tras graduarse en matemáticas y trabajar para la NASA y varias empresas privadas, se hizo famoso a finales de los 80 con la empresa de software McAfee Associates, a la que renunció en 1994. El software antivirus que lleva su nombre todavía tiene 500 millones de usuarios en todo el mundo, aunque el propio magnate lo calificaba del "peor software del planeta" y presumía de no utilizar antivirus en general.

En 2008, tras emprender una serie de proyectos y perder una gran parte de su fortuna en la crisis financiera, la atención de McAfee se desplazó de los virus informáticos a los virus reales. Se mudó al país centroamericano de Belice para crear antibióticos a base de hierbas. Su laboratorio fue allanado en 2012 por la Policía con el pretexto de que era un laboratorio de metanfetamina; su perro recibió un disparo y su pasaporte y armas fueron incautadas. Después de una breve detención, el propio empresario fue puesto en libertad sin cargos.

Un perro frente a la casa de John McAfee en San Pedro (Belice),
el 14 de noviembre de 2012. 
Henry Romero -Reuters
Más tarde ese mismo año, McAfee fue declarado "persona de interés" en el asesinato de su vecino Gregory Viant Faull, quien fue encontrado muerto con una bala en la cabeza. Faull había presentado anteriormente una queja ante las autoridades locales sobre el escandaloso estilo de vida y sobre los perros de McAfee, alegando que eran "agresivos" y atacaban a las personas. Cuatro de los canes fueron encontrados envenenados el día antes de que Faull fuera asesinado a tiros, aunque McAfee declaró más tarde a The Telegraph que no culpaba a su vecino por la muerte de sus mascotas y acusó a las autoridades de Belice de matarlos.

Aunque mantuvo su inocencia, McAfee se dio a la fuga, insistiendo en que estaba siendo rastreado por un escuadrón paramilitar y que las autoridades del país querían asesinarlo. Durante su huida, McAfee supuestamente jugó a la ruleta rusa, episodio descrito por Joshua Davis, un reportero de la revista Wired que pasó seis meses investigando la extraña vida del programador.

McAfee huyó de Belice a la vecina Guatemala, donde fue detenido por las autoridades, pero sufrió dos ataques cardíacos (fingidos, como reveló más tarde), por lo que en vez de enviarlo a Belice lo trasladaron de regreso a Miami en diciembre de 2012.

Su turbulenta vida por aquella época incluyó también drogas y relaciones con numerosas jóvenes prostitutas, una de las cuales le disparó, provocando que perdiera audición en un oído, y otra acabó siendo su mujer y actual viuda.

Paramédicos atienden a John McAfee en el hospital
de la Policía Nacional Civil en la Ciudad de Guatemala,
el 6 de diciembre de 2012.
Jorge Lopez -Reuters
En los años posteriores a su regreso a EE.UU., McAfee se convirtió en un destacado experto en tecnología, un defensor de las criptomonedas y un opositor vocal de los impuestos, además de postularse para la presidencia en 2016 y 2020.

Aunque nunca fue declarado formalmente sospechoso de la muerte de su vecino, en 2019, un tribunal de Florida le ordenó pagar 25 millones de dólares a los herederos de Faull, cosa que se negó a hacer. El mismo año, fue detenido en República Dominicana por sospecha de que él y otras cinco personas viajaban en un yate con armas de alto calibre, municiones y equipo de estilo militar. Luego, salió de EE.UU. y vivió en un megayate con cuatro perros y un equipo de seguridad.

En octubre de 2020, el magnate fue acusado en EE.UU. de evadir más de 4 millones de dólares en impuestos y de un caso de fraude de criptomonedas. McAfee afirmó que no había pagado impuestos por razones ideológicas.

Ese mismo mes McAfee fue detenido en el aeropuerto El Prat de Barcelona, cuando intentaba viajar hasta Turquía. Desde entonces se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Sant Esteve Sesrovires a la espera de la decisión definitiva sobre su extradición a EE.UU.

El propio magnate alegó ser un perseguido político de EE.UU. por sus denuncias contra la "corrupción" de la agencia tributaria de ese país. El 15 de junio, durante una vista judicial, señaló que en caso de ser extraditado era casi seguro que pasaría el resto de su vida en prisión, porque EE.UU. —agregó— quería usarlo como "un ejemplo".

Una muerte misteriosa

Tras el fallecimiento del empresario en la prisión catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), el Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña indicó a través de un comunicado que "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio".

Sin embargo, muchos de sus seguidores sacaron a relucir antiguos tuits del fundador de la compañía de antivirus sugiriendo algunas teorías de conspiración detrás de su muerte.

John McAfee abandona su yate en La Habana (Cuba),
el 4 de julio de 2019.
Alexandre Meneghini - Reuters
Así, los internautas han compartido un mensaje que el magnate tecnológico escribió el 15 de junio de 2020 en Twitter después de su arresto y encarcelamiento en Barcelona. "Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sepan que si me cuelgo, a la Epstein, no será culpa mía", reza el tuit.

En otro tuit de McAfee, publicado el 30 de noviembre de 2019, advertía que estaba recibiendo "mensajes sutiles" de funcionarios del Gobierno de EE.UU. de que iban a asesinarlo. "Si me suicido, no lo hice", escribió junto a una fotografía de un tatuaje que se hizo en el brazo.

Aunque las autoridades adelantan que podría ser un suicidio, una comitiva judicial se ha desplazado a la prisión e investiga las causas del deceso.

Exjefe de una empresa estatal china, ejecutado por cargos de sobornos y malversación

Lai XiaominSecond Intermediate People's Court of Tianjin - AFP



Lai Xiaomin, exdirector de China Huarong Asset Management Co., la empresa estatal de gestión de activos financieros, y una de las más grandes del país, fue ejecutado este viernes por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito, tras apropiarse de más de 260 millones de dólares, informa AP.

La sentencia fue ejecutada por el Segundo Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Tianjin, que anteriormente condenó al exfuncionario a la pena de muerte, dado que había aceptado sobornos "asombrosamente enormes", poniendo en peligro la seguridad y estabilidad financiera nacional. El Tribunal falló que el daño financiero al Estado fue de 260 millones de dólares. También fue condenado por tener una segunda familia, a pesar de estar casado.

La investigación en contra de Lai Xiaomin, realizada por el organismo de control anticorrupción del gobernante Partido Comunista, empezó en el 2018. Posteriormente fue expulsado de la agrupación política y acusado de malgastar el dinero público y aceptar sobornos. Los investigadores incautaron decenas de millones de dólares en efectivo en sus propiedades.
La mayoría de las condenas a muerte, impuestas por los tribunales chinos, suelen ser suspendidas durante dos años y, por lo general, se conmutan por cadena perpetua, por lo que el caso de Lai Xiaomin ha sido excepcional.

Detienen a casi 180 personas en operativo mundial contra la "darknet"

 En la operación se incautaron más de 6,5 millones de dólares en efectivo y en monedas virtuales y unos 500 kg de drogas. Los sospechosos fueron arrestados en EE.UU., Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria y Suecia.

Un vasto operativo dirigido contra delincuentes de la "darknet", una zona oculta de internet, condujo a la detención de 179 presuntos vendedores ilícitos en Europa y Estados Unidos, anunció Europol, la agencia policial europea, este martes (22.09.2020).

La policía estadounidense detuvo a 121 personas, en tanto otros sospechosos fueron arrestados en Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria y Suecia, señaló Europol en un comunicado.

De acuerdo a la agencia con sede en La Haya, los sospechosos han participado en decenas de miles de ventas de productos ilícitos en la "darknet", repleta de actividades ilegales.

El operativo, en el que participaron varias agencias gubernamentales estadounidenses, incluido el FBI, desembocó en la incautación de más de 6,5 millones de dólares (5,5 millones de euros) en efectivo y en monedas virtuales.

La policía además confiscó unos 500 kg de drogas, entre ellos fentanilo, oxicodona y heroína, así como unas 60 armas de fuego, indicó Europol, que coordinó su trabajo con la unidad de Cooperación judicial europea, Eurojust.

rrr (afp/efe)

Escándalo en Italia: Descargas eléctricas y lavados de cerebro a niños para alejarlos de sus familias y lucrarse.

20MINUTOS- Era una red fraudulenta de casas de acogida para niños supuestamente maltratados por sus padres biológicos. El alcalde de Bibbiano (Italia) ha sido detenido junto a educadores, asistentes sociales, psicólogos y políticos.


 Decenas de niños han sido separados de sus padres durante la última década en el pueblo italiano de Bibbiano, víctimas de una red fraudulenta cuyo objetivo era ingresar dinero con consultas privadas, cursos de formación y casas de acogida.
 Este grupo, conformado por médicos, educadores, asistentes sociales y con la complicidad de algunos políticos, falsificaba los dibujos de los niños que acudían a terapia añadiéndoles detalles de carácter sexual con el fin de determinar delante de un juez que los menores sufrían abusos por parte de sus familias biológicas.
 La investigación que se dirige desde unos juzgados Reggio Emilia y de la que se ha hecho eco el diario 'LaStampa', ha recibido el nombre de 'Ángeles y Demonios'. En ella se detalla el "lavado de cerebro" que sufrían los niños durante horas interminables de psicoterapia, sesiones en las que los menores eran sugestionados recurriendo incluso a descargas eléctricas, a través de la llamada "maquinita de los recuerdos", un sistema que habría "alterado el estado de la memoria de los infantes de cara a las entrevistas judiciales".
 En la orquesta de este dramático teatro participaba el alcalde de Bibbiano, Andrea Carletti, que fue detenido este jueves 27 de junio, en el marco de una operación policial en la que se han puesto en marcha 18 medidas cautelares y por la que seis personas se encuentran en arresto domiciliario, entre ellas asistentes, educadores, psicólogos y coordinadores de servicios sociales. A otras ocho personas se les ha prohibido temporalmente el ejercicio de sus actividades profesionales. Además, una pareja de acogida, acusada de maltrato, no podrá acercarse a un menor que se les fue entregado.
 En el transcurso de las pesquisas, la policía italiana ha encontrado numerosos regalos y cartas llenas de mensajes de cariño que los padres naturales, durante muchos años, habían escrito a sus niños a los que no podían ver ni con los que se podían comunicar por teléfono. Este material nunca llegó a los pequeños, ya que permanecía escondido en un almacén por el personal de los servicios sociales. Estas maniobras, según los investigadores, se traducían en un "negocio ilegal de varios de cientos de miles de euros de los cuales se beneficiaban algunos de los sospechosos, mientras que otros se beneficiaban de diferentes formas de las actividades derivadas de la gestión de los menores a través de la financiación regional". Gracias a estos fondos se organizaban numerosos cursos de formación y contenidos alrededor de una organización sin ánimo de lucro (Onlus) según las disposiciones de la Autoridad Nacional Anticorrupción.
Los presuntos delitos van desde el fraude procesal hasta la mala dirección, el abuso de oficio, el maltrato infantil, falsificación de la escritura pública, la violencia privada y el intento de extorsión, entre otros.
 Hasta el día de hoy, algunos de ellos, hoy adolescentes, se muestran afectados por este caso y se encuentran en tratamiento por drogas y episodios de depresión.
 Las indagaciones comenzaron hace un año "después de la anómala escalada de denuncias al juez de parte de los servicios sociales envueltos en la red, por presuntos abusos sexuales, violencia y daños a menores por parte de sus padres naturales".
Miles de documentos falsificados han salido a la luz. En algunos de ellos se alegaba que los niños "sufrían una patología postraumática específica, condición por la cual los servicios sociales tenían la responsabilidad de asumir su papel y garantizar la seguridad de los niños".

Revés judicial al decreto de Bolsonaro sobre las tierras indígenas

El presidente de Brasil pretende facilitar su uso al agronegocio.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Brasilia, Brasil. 18 de junio de 2019. -Adriano Machado – Reuters
 El juez Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió un decreto del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para transferir la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Una polémica medida del mandatario que ha generado en estos últimos meses importantes protestas de los pueblos aborígenes.
Con esta decisión, la demarcación de tierras vuelve a ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) vinculada al Ministerio de Justicia. Sin embargo, la decisión del juez es provisional y deberá ser analizada ahora por el pleno del STF (Supremo Tribunal Federal). Barroso pidió que el caso se analice con urgencia. 

El polémico decreto

Una de las primeras medidas que tomó Bolsonaro al asumir su cargo a principios de año fue transferir los poderes de la FUNAI al Ministerio de Agricultura, dirigido por Tereza Cristina Dias, que fue líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados. El mandatario facilitaba así el uso de tierras indígenas al agronegocio.
La medida llegó a ser aprobada en el Congreso, pero el punto sobre la demarcación de tierras fue modificado atribuyendo de nuevo a la FUNAI sus funciones. En un pulso de fuerza, la semana pasada, Bolsonaro publicó un nuevo decreto en el que devolvía una vez más las competencias al Ministerio de Agricultura. Esta última medida es la que he sido tumbada por Barroso.
El pasado mes de mayo, a través de un manifiesto, ocho exministros de Medio Ambiente de Brasil denunciaron que Bolsonaro está "desmontando" las políticas medioambientales. Advirtieron del "riesgo real" que supone el aumento "descontrolado" de la deforestación en la Amazonía y una de las principales medidas que criticaron fue la transferencia de los poderes de la FUNAI al Ministerio de Agricultura.

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Importante.

Por obrar 'con ilegalidad y mala fe' empresa petrolera debe pagar a Ecuador millones de dólares.

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