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Amplio y completo informe de Amnistía Internacional sobre la violencia Israelí contra la población de Cisjordania ocupada.

Devastadora intensificación del uso de fuerza letal ilegítima por fuerzas israelíes contra la población palestina en la Cisjordania ocupada.


www.amnesty.org.- “Con los ojos del mundo puestos en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado en los últimos cuatro meses una oleada de violencia brutal contra la población palestina en la Cisjordania ocupada en la que han cometido homicidios ilegítimos —incluso usando fuerza letal sin necesidad o de forma desproporcionada durante protestas— y operaciones de detención, y negando asistencia médica a las personas heridas”, ha declarado Amnistía Internacional.

La organización ha investigado cuatro casos representativos en los que las fuerzas israelíes usaron fuerza letal ilegítima —tres en octubre y uno en noviembre— que causaron el homicidio injustificable de 20 personas palestinas, 7 de ellas menores de edad. El equipo de investigación entrevistó a distancia a 12 personas, 10 de ellas testigos presenciales entre los que había personal de primera intervención, y residentes locales. En el examen de estos 4 incidentes, el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización verificó 19 vídeos y 4 fotografías.

La investigación de Amnistía Internacional también halló que las fuerzas israelíes habían obstaculizado la prestación de asistencia médica a personas que tenían heridas potencialmente mortales y atacado a quienes trataban de atender a personas palestinas heridas y también a personal paramédico incluido.

En los últimos meses, Israel ha redoblado los ataques mortales en Cisjordania y las tensiones se han disparado. En un incidente reciente, las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque haciéndose pasar por personal médico. En Cisjordania han muerto violentamente al menos 507 personas palestinas —de las que 81, como mínimo, eran menores— en 2023, en el que ha sido el año más mortal para la población palestina desde que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) comenzó a registrar el número de víctimas en 2005.

“So pretexto del implacable bombardeo y los crímenes atroces en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado una fuerza letal ilegítima contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, cometiendo homicidios injustificados y exhibiendo un desprecio escalofriante por las vidas palestinas. Estos homicidios ilegítimos constituyen una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos y se están cometiendo con impunidad en el contexto del mantenimiento del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina”, declaró Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política Globales de Amnistía Internacional.

“Estos casos ofrecen pruebas estremecedoras de las consecuencias mortales del uso ilegítimo de la fuerza que hace Israel contra la población palestina en Cisjordania. Las autoridades israelíes, incluido el sistema judicial israelí, vienen demostrando una vergonzosa falta de voluntad de garantizar justicia para las víctimas palestinas. En este clima de impunidad casi total, debe intervenir un sistema de justicia internacional que se precie. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe investigar estos homicidios y lesiones como posibles crímenes de guerra de homicidio intencional y causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves. La situación de Palestina e Israel es una prueba decisiva para la legitimidad y reputación de la Corte que no puede permitirse el lujo de fallar.

Desde el 7 de octubre, en toda Cisjordania, el uso de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad israelíes durante operaciones de aplicación de la ley es implacable y siembra el miedo y la intimidación en comunidades enteras; también se usa para dispersar concentraciones y protestas que se celebran en solidaridad con Gaza y para exigir la libertad de las personas palestinas presas y detenidas.

Entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, han muerto violentamente 299 personas palestinas, lo que representa un aumento del 50% en comparación con los primeros 9 meses del año. Al menos otras 61, 13 menores entre ellas, han perdido la vida hasta ahora en 2024, a fecha 29 de enero, según la OCAH.

So pretexto del implacable bombardeo y los crímenes atroces en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado una fuerza letal ilegítima contra la población palestina en la Cisjordania ocupada…
Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional envió peticiones de información sobre los cuatro casos investigados a la unidad de portavoces del ejército israelí y al comandante de distrito de Jerusalén el 26 de noviembre. En el momento de la publicación no había recibido respuesta. Amnistía Internacional sigue investigando otros casos de uso excesivo de la fuerza durante operaciones de aplicación de la ley, como los reiterados asaltos y ataques en Yenín y Tulkarem, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Israel tiene un historial bien documentado de uso de fuerza excesiva y a menudo letal para sofocar la disidencia y aplicar su sistema de apartheid contra la población palestina que conduce a una constante histórica de homicidios ilegítimos cometidos con impunidad.

“Dispararon tres balas sin piedad”: El asalto de octubre a Nour Shams

Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han intensificado los asaltos, que llevan a cabo casi a diario, en toda la Cisjordania ocupada en lo que denomina operaciones de registro y detención.

Según la OCAH, más del 54% de las 4.382 personas palestinas heridas en Cisjordania lo fueron durante este tipo de operaciones.

En un caso ilustrativo investigado por Amnistía Internacional, fuerzas militares y de la Policía de Fronteras israelíes usaron fuerza excesiva durante un asalto de 30 horas contra el campo para personas refugiadas de Nour Shams, en Tulkarem, iniciado el 19 de octubre.

Durante la operación, las fuerzas israelíes mataron a 13 personas palestinas, 6 de ellas menores —de las que 4 tenían menos de 16 años— y detuvieron a 15. Según fuentes militares israelíes citadas por los medios de comunicación, un policía de fronteras israelí murió y nueve resultaron heridos después de que personas palestinas les lanzaran un artefacto explosivo improvisado.

Residentes del lugar dijeron a Amnistía Internacional que, durante la operación, los soldados israelíes asaltaron más de 40 viviendas donde destruyeron pertenencias personales e hicieron agujeros en las paredes para usarlos de puestos de francotirador. Además, cortaron el agua y la electricidad del campo, y los soldados usaron excavadoras para destruir caminos públicos, tendidos eléctricos e infraestructura de agua.

Una de las personas que murieron fue Taha Mahamid, de 15 años, a quien las fuerzas israelíes mataron a tiros delante de su casa cuando salió a ver si las fuerzas israelíes se habían marchado. Según testimonios de testigos y vídeos que ha examinado Amnistía Internacional, Taha iba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los soldados en el momento en que le dispararon. En un vídeo filmado por una de sus hermanas y verificado por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía se ve a Taha caminando por la calle, asomándose para comprobar la presencia de soldados y luego cayendo en la calle, delante de la casa, después de que se oyera el sonido de tres disparos.

Taha Mahamid, de 15 años, a quien las fuerzas israelíes
mataron  a tiros delante de su casa.
Fatima, hermana de Taha, contó a Amnistía Internacional: “No le dieron ni una oportunidad. En un instante, mi hermano fue eliminado. Dispararon tres balas sin piedad. La primera le alcanzó en la pierna. La segunda, en el estómago. La tercera, en el ojo. No había enfrentamientos… no había conflicto”.

Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional que cuando Ibrahim Mahamid, el padre de Taha, intentó poner a salvo a su hijo herido, las fuerzas israelíes le dispararonen la espalda. Un vídeo verificado filmado por una de las hermanas de Taha inmediatamente después de los disparos muestra al padre de Taha en el suelo, junto a Taha, antes de alejarse cojeando. Fatima Mahamid añadió: “[Mi padre, Ibrahim] levantó las manos, mostrándoles [a los soldados] que no llevaba nada. Sólo quería llevarse a su hijo. Le dispararon una sola bala y mi padre cayó al lado de Taha”.

Ibrahim Mahamid sufrió daños graves en los órganos internos y tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos.

Ni Taha ni Ibrahim Mahamid representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad ni para ninguna persona cuando dispararon contra ellos. Este uso innecesario de fuerza letal debe investigarse como posible crímenes de guerra de homicidio intencional y causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.

"No le dieron ni una oportunidad. En un instante, mi hermano fue eliminado."
Fatima, hermana de Taha, de 15 años, a quien las fuerzas israelíes mataron a tiros delante de su casa

Aproximadamente 12 horas después del homicidio de Taha Mahamid, el ejército israelí irrumpió en la vivienda de su familia y tuvo unas 10 horas encerrados a sus familiares, tres menores de corta edad entre ellos, en una habitación bajo la supervisión de un soldado. También hicieron agujeros en la pared de dos habitaciones para situar a francotiradores con vistas a la vecindad. Un testigo dijo que los soldados registraron la casa, golpearon a un miembro de la familia y que vio a un soldado orinando en la puerta.

En vídeos verificados por Amnistía Internacional se ven excavadoras militares israelíes causando daños en las estrechas calles del campo de personas refugiadas de Nour Shams. Además, un vídeo publicado por la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja (SPMLR) y verificado por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía muestra los enormes daños sufridos por un camino dentro del campo para personas refugiadas de Nour Shams, que dificultaron la evacuación médica de personas heridas durante el asalto.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes palestinos

Desde el 7 de octubre, se han celebrado con frecuencia en toda la Cisjordania ocupada protestas en solidaridad con la población palestina de Gaza. Estas manifestaciones han sido en su mayor parte pacíficas, aunque se ha visto a algunas personas lanzando piedras como reacción a la presencia o la intervención contundente de las fuerzas israelíes.

El uso por las fuerzas israelíes de fuerza letal en respuesta al lanzamiento de piedras por parte de jóvenes es contrario al derecho a la vida consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y en las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza en la labor policial. La fuerza letal en la aplicación de la ley sólo puede emplearse cuando hay una amenaza inminente para la vida; su uso no es una respuesta proporcional al lanzamiento de piedras.

Dos testigos contaron a Amnistía Internacional un caso atroz ocurrido el 13 de octubre en Tulkarem, cuando las fuerzas israelíes situadas en una torre de vigilancia militar en una de las entradas principales de la población y las que estaban en el tejado de una vivienda próxima abrieron fuego contra una multitud de al menos 80 personas palestinas desarmadas que se manifestaban pacíficamente en solidaridad con Gaza.

Dos periodistas que estaban en el lugar contaron a Amnistía Internacional por separado que habían visto a las fuerzas israelíes disparando dos botes de gas lacrimógeno contra la multitud y, poco después, abriendo fuego con munición real contra ésta sin que mediaran disparos de advertencia. Los dos periodistas vieron a cuatro personas caer heridas por los disparos cuando trataban de huir del tiroteo. Unos minutos después, las fuerzas israelíes también abrieron fuego en la dirección donde estaban los periodistas a pesar de que ambos llevaban chalecos claramente marcados Press (prensa). Los periodistas se escondieron detrás de un muro junto con tres niños y tuvieron que quedarse allí unas dos horas, mientras continuaba la operación.

Durante este tiempo, vieron cómo un soldado israelí disparó e hirió a un palestino que pasó junto a ellos en bicicleta. Una de los periodistas vio también cómo disparaban a otro manifestante en la cabeza y contó que la víctima recibió un disparo repentino y cayó al suelo. Murió más tarde de sus heridas.

En otro incidente ocurrido el 27 de noviembre en Beitunia, cerca de Ramala, las fuerzas israelíes usaron fuerza excesiva contra una multitud de personas palestinas que se habían congregado para dar la bienvenida a los presos excarcelados de la prisión de Ofer como parte del acuerdo entre Israel y Hamás durante la pausa humanitaria temporal en Gaza.

Los testigos contaron a Amnistía Internacional que el ejército israelí había disparado munición real y balas recubiertas de caucho contra la multitud y usado drones para lanzar botes de gas lacrimógeno. También dijeron que las fuerzas israelíes emplearon una excavadora militar y condujeron vehículos todoterreno militares contra las personas reunidas.

Un testigo vio cómo dispararon al pecho al residente Yassine al Asmar cuando estaba de pie entre la multitud y que las ambulancias no pudieron llegar hasta él porque las fuerzas israelíes seguían disparando. En su lugar, sus amigos lograron sacarlo de allí y llevarlo a un hospital de Ramala, donde fue declarado muerto poco después.

Vídeos verificados por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional muestran a algunos manifestantes lanzando piedras y quemando neumáticos en la zona, así como al menos una persona lanzando un cóctel molotov contra una excavadora.

Según el derecho internacional, lanzar piedras o quemar neumáticos no justifica una respuesta de aplicación de la ley que implique el uso de armas de fuego. El derecho internacional prohíbe el uso de fuerza letal contra personas que no suponen una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

Estos disparos deben investigarse como posibles crímenes de guerra de homicidio intencional y causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves.

Uno de los testigos dijo: “Tratan de estropear nuestra celebración de la libertad de los presos y hacer valer su dominio”.

“Vi […] cómo disparaban a la ambulancia”: Obstrucción de la asistencia médica

La obstrucción de la asistencia médica por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en los Territorios Palestinos Ocupados es una práctica habitual que Amnistía Internacional viene documentando desde hace años y forma parte del sistema israelí de apartheid. Según el derecho internacional, las fuerzas israelíes tienen la obligación de asegurarse de que toda persona herida por sus fuerzas puede acceder a tratamiento médico.

Amnistía Internacional ha investigado cinco casos en las que las fuerzas israelíes dificultaron o impidieron que personas heridas de gravedad en manifestaciones y asaltos recibieran asistencia médica crítica. También dispararon contra personas palestinas que trataban de ayudar, e incluso contra personal médico que atendía a los heridos.

El 10 de octubre, en Ein al Lozeh, barrio de Silwan de la Jerusalén Oriental ocupada, una unidad de la patrulla de la Policía de Fronteras israelí mató ilegítimamente a Ali Abbasi, que iba desarmado y trataba de poner a salvo a Abd Al Rahman Faraj, a quien la misma unidad que patrullaba en la zona acababa de disparar.

Habían estallado enfrentamientos entre la población palestina y la Policía de Fronteras israelí en el barrio. La población usaba cohetes pirotécnicos y las fuerzas israelíes, munición real. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía verificó tres vídeos grabados desde ángulos diferentes en los que veía que los cohetes pirotécnicos alcanzaban la parte trasera y los laterales de un coche de la policía.

Durante estos enfrentamientos, Abd Al Rahman Faraj fue alcanzado por un disparo. Poco después, Ali Abbasi intentó poner a Faraj a salvo. Un testigo presencial, que habló con la condición de mantener el anonimato por razones de seguridad, dijo a Amnistía Internacional que vio a las fuerzas israelíes disparando a Ali Abbasi en la cabeza cuando trataba de sacar a Faraj del lugar.

El testigo afirmó que las fuerzas israelíes amenazaron después con disparar a quien tratara de ayudar a los dos hombres y obstaculizó el paso de una ambulancia que trataba de llegar hasta las víctimas, dejando a éstas sangrando en el suelo más de una hora. Los hombres fueron recogidos más tarde por una ambulancia militar israelí y todavía no se han devuelto sus cuerpos a sus familias.

De forma similar, durante la represión de la manifestación de Tulkarem del 13 de octubre, testigos presenciales de los disparos efectuados por las fuerzas israelíes contra el hombre palestino que iba en bicicleta dijeron a Amnistía Internacional que los soldados israelíes dispararon también al paramédico que trató de rescatar a la víctima cuando se acercaba a ésta. Una de los dos periodistas que presenciaron el incidente dijo a Amnistía Internacional que vio que disparaban al hombre de la bicicleta en una pierna antes de que cayera:

“Gritaba. Y entonces, uno de los tipos de la ambulancia trató de moverlo y salvarle la vida, pero el francotirador israelí siguió disparando. Vi con mis propios ojos a los francotiradores israelíes disparando al personal médico y a la ambulancia”.

En un tercer ejemplo, durante el asalto a Nour Shams del 19 de octubre, tres testigos, uno de los cualesera un paramédico que estaba en el lugar, vieron que detenían a dos ambulancias en la entrada del campo y que les impedían llegar hasta los heridos. Los testigos dijeron que obligaron a residentes a transportar a las personas heridas a un hospital en coches particulares.

Familiares de Ibrahim Mahamid que presenciaron cómo le disparaban cuando trataba de poner a salvo a su hijo herido Taha dijeron a Amnistía Internacional que, durante más de una hora, no habían permitido que recibiera asistencia médica. La organización también habló con un paramédico que estaba en el lugar y que confirmó que había estado más de una hora intentando llegar hasta Ibrahim Mahamid, pero que las fuerzas israelíes detuvieron la ambulancia en la entrada del campo y dejaron que Ibrahim se desangrase durante todo ese tiempo.

Durante el asalto que tuvo lugar en Yenín el 9 de noviembre, el ejército israelí atacó a personal médico que trataba de atender a una persona que tenía una herida de bala dentro del campo de personas refugiadas de Yenín. La OCAH informó de que las fuerzas israelíes habían matado a 13 personas palestinas durante esta operación que duró 12 horas y en la que hubo tanto enfrentamientos armados como ataques aéreos.

Según un testigo, las fuerzas israelíes dispararon en la región lumbar a Sabreen Obeidi, paramédica de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, cuando estaba dentro de una ambulancia de la Sociedad estacionada en el campo para personas refugiadas de Yenín.

Las fuerzas israelíes dispararon en la región lumbar a Sabreen Obeidi,
paramédica de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, cuando
estaba dentro de una ambulancia de la Sociedad estacionada en el
campo para personas refugiadas de Yenín.
Durante ese asalto del 9 de noviembre, las fuerzas israelíes también dispararon contra otras dos ambulancias de la SPMLR que habían entrado en el campo a recoger a personas heridas. Imágenes de vídeo de una cámara instalada dentro de una ambulancia de la SPMLR enviadas a Amnistía Internacional y verificadas por el Laboratorio de Pruebas de la organización muestran cómo un cartucho alcanza la carretera a unos dos metros de la ambulancia. El incidente que se ve en el vídeo fue narrado también a Amnistía Internacional por un paramédico que estaba dentro de la ambulancia, que dijo que también había visto a otros dos paramédicos contra quienes había disparado un francotirador situado en un edificio al otro lado de la calle.

El derecho internacional exige que se respete y proteja a las personas enfermas y heridas, y al personal médico. Obstaculizar el acceso a atención médica viola el derecho a la salud y los derechos a la seguridad de la persona, u a no ser objeto de tortura y trato o pena cruel, inhumano o degradante, y puede dar pie a violaciones del derecho a la vida.

“Amnistía Internacional lleva tiempo documentando homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas israelíes y cómo estos actos entran dentro del sistema de apartheid en el que está encerrado la población palestina. Ya es hora de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue estos homicidios y el crimen de apartheid en su investigación sobre la situación de Palestina”, concluyó Erika Guevara Rosas.

Información general sobre las normas legales internacionales

En la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, Israel es la potencia ocupante y sus acciones están sujetas, además de al IV Convenio de Ginebra y al derecho sobre la ocupación, a sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

En la labor policial en manifestaciones y en el desempeño de otras funciones de aplicación de la ley en Cisjordania, incluidas las denominadas operaciones de registro y detención, las fuerzas israelíes deben respetar los derechos humanos, incluidos los relativos a la vida y la seguridad de la persona, y los relativos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como las normas internacionales que desarrollan la forma en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han de respetar los derechos humanos, como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU.

Estas normas prohíben el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley salvo que sea estrictamente necesario y en la medida exigida para el cumplimiento de su deber. Asimismo, estipulan que las armas de fuego sólo deberán emplearse como último recurso, es decir, cuando sea estrictamente necesario para que el personal militar o policial se proteja a sí mismo o a otras personas frente a una amenaza inminente de muerte o lesión grave. El uso deliberado de armas de fuego letales sólo es permisible cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. El homicidio intencional de personas protegidas y causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves a personas protegidas son infracciones graves del IV Convenio de Ginebra y constituyen crímenes de guerra.

Argentina. Brutalidad y violencia en Congreso: represión a la protesta contra la Ley Ómnibus

Fotos: Nicolas Solo (i)

por Indymedia Trabajadoras/es.-Nuevo show represivo, con doble objetivo: distraer la atención del interminable bochorno que ocurre dentro del recinto -donde ya se acumulan horas de debate sin dictamen- y tratar de aterrorizar a la población para que no proteste.

El prólogo lo protagonizaron los efectivos de la Policía de la Ciudad cuando cargaron, de la nada, contra el grupo que se encolumnaba bajo la bandera del MST en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia. Estaban sobre la vereda, que supuestamente los vuelve “inocentes” en la lógica ficticia del famoso protocolo anti-piquetes. Allí agredieron los policías y se llevaron dos trofeos para mostrar a sus jefes: un puñado de banderas del partido de izquierda y un “demorado”.

Luego la cosa pareció calmarse. No eran aún las 18 horas.

Fueron llegando más manifestantes que se sumaron a la convocatoria de las organizaciones de izquierda y movimientos sociales – Partido Obrero, PTS, el citado MST, Libres del Sur, entre otras- y las columnas de asambleas barriales, que como el miércoles fueron concentrando sobre Rivadavia.

Repentinamente, apenas pasadas las 19 horas, se reactivó el circo represivo de Patricia Bullrich: una enorme columna de vehículos de Gendarmería, con hidrantes incluidos, hizo su aparición por Avenida Entre Ríos, desembarcando cientos de efectivos que cortaron efectivamente el tránsito.

Y no es que la circulación de automóviles por una calle y no por otra resulte demasiado importante en este contexto en que se está destruyendo el país y demoliendo derechos constitucionales fundamentales. Es que en la narrativa del gobierno nacional presuntamente sí lo es.

Al despliegue de Gendarmería se sumaron en minutos grandes columnas de efectivos de guardia de infantería de Policía Federal y luego, Prefectura. Finalmente, hicieron su aparición las motos de la Federal, el GOMF. Se trata del mismo grupo que tuviera una destacada actuación en la cacería de manifestantes en la represión a las protestas contra la Reforma Previsional de 2017, donde por ejemplo pisaron sádicamente con un vehículo a un cartonero y luego intentaron encubrirlo.

A partir de ahí todo se deterioró rápidamente. Gendarmería avanzó sobre la cabecera de asambleas, repetidamente, repartiendo bastonazos y gases. Luego, la Federal empezó a tirarle las motos encima a periodistas, a gasear jubilados, a disparar balas de goma a todas y todos los presentes con especial énfasis en las vecinas y vecinos de las asambleas barriales.

El protocolo anti-piquetes debe incluir la instrucción de subir con las motos a las plazas y disparar sobre los peatones, porque es lo que efectivamente terminaron haciendo.

Tan brutal e indiscriminada fue la violencia que terminaron baléandose incluso entre ellos.

Diputados Nacionales también

Cuando las noticias del salvajismo llegaron al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, legisladores de la oposición reclamaron que se suspenda la sesión por la represión.

Un grupo de legisladores de los bloques del FITU y Unión por la Patria salieron del edificio buscando reunirse con manifestantes reprimidos.

Pero no pudieron hacerlo: un grupo de gendarmes quizás pensó que estaban incumpliendo con el protocolo de Bullrich cruzando la calle no por la esquina; porque decidió agredirlos.

Suena perfectamente lógico.

Mario “Paco” Manrique, el diputado nacional de extracción sindical -es adjunto del SMATA- fue uno de los golpeados.

Pasadas las 20 horas la violencia represiva amainó, aunque tuvo algunos rebrotes focalizados en los alrededores del Congreso contra manifestantes autoconvocados que siguieron llegando hasta que a las 00:40 la sesión entró en cuarto intermedio.

Ataque a la libertad de expresión: más de 25 trabajadores de prensa heridos

Un recuento provisorio realizado en la noche del jueves por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires da cuenta de al menos 25 trabajadoras y trabajadores de prensa agredidos por las fuerzas represivas.

Hubo “ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a trabajadores y trabajadoras de prensa que sufrieron heridas por hacer su trabajo”, incluyendo desde medios populares y de la izquierda hasta el muy macrista La Nación+.

La ministra Patricia Bullrich, de zigzagueante carrera política, pareciera tener la misma indecisión respecto a la implementación de su política operativa: monta un circo represivo pero luego agrede a quienes lo registran.

Primer medida de la Corte Internacional protege al pueblo Palestino

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tomó este viernes la primera decisión sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Patrick Post / AP
La demanda presentada por Sudáfrica se basa en al menos seis puntos: genocidio, conspiración con el fin de cometer genocidio, incitación directa y pública al genocidio, intento de genocidio, complicidad en genocidio e imposibilidad de prevenir un genocidio.

En su veredicto, la Corte ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Además, dictaminó que el país hebreo debe prevenir y castigar casos de incitación directa al genocidio en el enclave palestino.

Al mismo tiempo, el tribunal exigió que Israel permita la llegada de la ayuda humanitaria a la región.

Dentro de un mes, Israel debe informar a la Corte sobre las acciones que está siguiendo para cumplir la decisión judicial, declaró la presidenta de la Corte, Joan Donoghue.


La jueza declaró que Sudáfrica tiene derecho a presentar la demanda. De acuerdo con sus palabras, algunas acusaciones contra Israel están comprendidas en las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La jueza destacó que el operativo militar de Israel provocó un gran número de víctimas, destrucciones masivas y el desplazamiento forzado de una gran parte de la población de la Franja de Gaza. "La Corte es muy consciente del alcance de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupada por la pérdida continua de vidas y el sufrimiento humano", declaró.

La presidenta del órgano judicial reiteró que los palestinos tienen el derecho a la protección contra actos de genocidio.

El primer fallo del panel compuesto por 17 jueces no aborda la cuestión principal de si el país hebreo está cometiendo genocidio, sino que examina posibles medidas de emergencia, entendidas como una especie de orden de restricción, mientras estudia el caso en su totalidad, lo que normalmente podría llevar años.

La demanda

El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con los actos "de carácter genocida" cometidos en la Franja de Gaza y buscar la suspensión urgente de la campaña militar israelí.

Palestinos buscan sus pertenencias bajo los escombros en
el campo de refugiados de Bureij, Gaza, el 18 de enero de 2024.
Ashraf Amra / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
La decisión de Sudáfrica de demandar al país hebreo fue apoyada por la Organización de Países Islámicos, formada por 57 Estados, así como por Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia, Venezuela, Maldivas, Namibia, Pakistán y más de 900 organismos y grupos sociales.

Tel Aviv rechazó las acusaciones durante las audiencias y manifestó que es la ONU quien debería someterse a juicio. "Es la ONU la que debería ser juzgada en La Haya por hacer la vista gorda y, por tanto, actuar como cómplice en la excavación de túneles terroristas en Gaza, en el uso de ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes, y en la educación del odio y el asesinato", aseveró Gilad Erdan, representante permanente israelí ante el organismo internacional.

Manifestantes cerca de la sede de la Corte Internacional de
Justicia, La Haya, los Países Bajos, el 26 de enero de 2024
Patrick Post / AP
Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, declaró que Berlín se opone a la "instrumentalización política" de la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio e insiste en que "Israel se defiende contra el ataque inhumano de Hamás". Añadió que las acusaciones de Sudáfrica contra Tel Aviv "no tienen fundamento", por lo cual Berlín tiene la intención de intervenir como una tercera parte durante la audiencia principal.

La respuesta de Houthis a la indiscriminada actitud de Israel complica el comercio mundial.

Los buques de carga están evitando el Mar Rojo después de que los Houthis empezaran a atacar a los buques comerciales frente a las costas de Yemen. Desde mediados de noviembre, los Houthis han atacado buques en protesta por la indiscriminada agresión de Israel contra los civiles Palestinos en la Franja de Gaza. Los ataques amenazan con interrumpir las cadenas de suministro, ya que el Mar Rojo es una ruta marítima crítica que conduce al Canal de Suez. Los buques que evitan el Mar Rojo deben ahora rodear el Cabo de Buena Esperanza, en África.

¿Cómo afecta al transporte marítimo evitar el Mar Rojo?

El Canal de Suez conecta Europa con Asia y la India creando una vía navegable que une el Mediterráneo y el Mar Rojo a lo largo de la costa de Egipto. Esto permite a los barcos evitar navegar alrededor de África para viajar de Europa a Asia, que es un trayecto mucho más largo y caro.

En Yemen se ubican los Houthis
Al evitar atravesar el Mar Rojo/Canal de Suez, los buques pueden añadir entre 1 y 2 semanas adicionales de tiempo de viaje, aumentando así el coste global del transporte de mercancías. La desviación alrededor del Cabo de Buena Esperanza puede reducir la capacidad efectiva de un viaje en un 25%. Aunque los precios del petróleo sólo han subido ligeramente, una interrupción prolongada de la ruta marítima podría provocar un aumento de los costes, ya que el 12% del comercio mundial pasa por el canal. Unos 10.000 millones de dólares de comercio diario se vieron afectados en 2021 cuando un portacontenedores bloqueó el canal durante seis días.

El tema del Trigo

Se estima que anualmente se envían alrededor de 76 millones de toneladas métricas de cereales, semillas oleaginosas y productos de semillas oleaginosas desde la Unión Europea, la Federación de Rusia y Ucrania a Asia y África oriental, lo que representa el 17% del comercio mundial de esos productos básicos.

 En diciembre de 2023, alrededor del 8% de los envíos de trigo procedentes de la UE, la Federación de Rusia y Ucrania a determinados países asiáticos y África oriental se entregaron a través de rutas distintas al Canal de Suez. Esto se compara con un promedio del 3% antes de diciembre. Durante la primera quincena de enero, se estima que la proporción de envíos que utilizaron rutas alternativas aumentó al 42%.

 Los envíos de trigo desde la UE a través de rutas distintas al Canal de Suez totalizaron 330.000 toneladas métricas desde principios de diciembre hasta mediados de enero (en comparación con 50.000 toneladas métricas durante el mismo período del año pasado). Alrededor de 190.000 toneladas métricas de trigo se han desviado a través de rutas alternativas desde la Federación de Rusia durante el mismo período (en comparación con cero hace un año). Sin embargo, todos los envíos de Ucrania a los países de Asia y África Oriental citados anteriormente continuaron transitando por el Canal de Suez durante diciembre y enero. 

Los nuevos datos también indican una cierta desaceleración de las importaciones mundiales de trigo por vía marítima en los últimos meses en comparación con el año anterior, con un volumen acumulado a mediados de enero marginalmente menor en comparación con el año anterior. Esto se compara con un aumento interanual del 17% a finales de agosto de 2023 y un aumento del 6% a finales de octubre.

 En general, el comercio mundial de trigo ha demostrado ser resiliente frente a las recientes crisis del mercado, incluidas la pandemia de COVID-19 y las hostilidades en el Mar Negro, y no se observaron perturbaciones importantes en los envíos a granel por vía marítima.

 El Wheat Dashboard es una herramienta de información desarrollada por la OMC y el Consejo Internacional de Cereales, lanzada en mayo de 2023 como parte de la respuesta internacional a las crecientes preocupaciones globales sobre la seguridad alimentaria. El panel proporciona actualizaciones quincenales completas sobre el comercio marítimo internacional de trigo, que constituye más del 80 por ciento del volumen total comercializado.

 Se puede acceder al Panel de trigo aquí.

"Dolor e ira por lo que está ocurriendo en Gaza": Belén cancela las celebraciones de Navidad

Belén, Cisjordania, 24 de diciembre de 2023.Maja Hitij / Gettyimages.ru

La víspera de Navidad, la ciudad de Belén (Cisjordania), donde según la Biblia nació Jesús, parece un pueblo fantasma, sin luces festivas ni decoraciones típicas en la plaza del Pesebre. El alcalde Hanna Hanania explicó que decidieron cancelar las celebraciones navideñas este año por considerarlas inapropiadas en un momento en que Israel continúa con sus ataques contra la Franja de Gaza.

"El nacimiento de Jesús es un mensaje de esperanza para todos los niños del mundo, y no podemos celebrarlo cuando miles de niños están siendo asesinados en la Franja de Gaza", explicó Hanania a Berliner Zeitung.

En este sentido, agregó que los cristianos que viven en Belén se ven profundamente afectados por la escalada de la situación, especialmente en Navidad. "Somos parte integrante de la comunidad palestina y sufrimos los mismos problemas que nuestros hermanos y hermanas musulmanes de la Franja de Gaza. Musulmanes y cristianos hemos vivido codo con codo durante muchas décadas bajo la agresión de la ocupación, y juntos hacemos frente a nuestra vida cotidiana", afirmó.

Según el alcalde, la situación de unos 1.000 cristianos de la Franja de Gaza es la misma que la de la población civil musulmana: "Están siendo brutalmente bombardeados y asesinados. Por ejemplo, innumerables cristianos y musulmanes murieron en el ataque israelí contra la iglesia de San Porfirio".

Un agente de Policía palestino en Belén, Cisjordania,
 24 de diciembre de 2023.Maja Hitij / Gettyimages.ru
Esta Navidad en Belén tampoco se ven las muchedumbres de turistas extranjeros que suelen llegar a la urbe por las fiestas, solamente decenas de agentes de seguridad palestinos patrullando la plaza vacía. "Este año, sin el árbol de Navidad y sin luces, solo hay oscuridad", comentó a AP el fraile John Vinh, un monje franciscano de Vietnam que vive en Jerusalén desde hace seis años.

"No podemos justificar sacar un árbol y celebrar con normalidad, cuando algunas personas [en Gaza] ni siquiera tienen casas a las que ir", dijo a la agencia Ala'a Salameh, uno de los propietarios del restaurante Afteem, situado cerca de la plaza del Pesebre.

Belén, Cisjordania, 24 de diciembre de 2023.Maja Hitij
/ Gettyimages.ru
La cancelación de los festejos navideños supuso un duro golpe para la economía local: el turismo constituye en torno al 70 % de los ingresos de Belén, y recae principalmente en esa época. Muchas aerolíneas han cancelado los vuelos a Israel y hay pocos extranjeros de visita. Las autoridades locales indicaron que unos 70 hoteles de la urbe se han visto obligados a cerrar, dejando a miles de palestinos sin trabajo.

"Nuestro mensaje cada año en Navidad es uno de paz y amor, pero este año es un mensaje de tristeza, dolor e ira ante la comunidad internacional por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza", dijo el alcalde en un mensaje a la multitud.

Amnistía Internacional: en El Salvador, violencia oficial desplaza y va superando a la de las pandillas.

El Salvador está experimentando una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar su nuevo informe, Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador.
© Camilo Freedman/NurPhoto via Getty Images

 Basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas, el informe documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública; la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales; y el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico.

 Bajo el derecho internacional de derechos humanos, la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos y del principio de legalidad nunca pueden ser suspendidos, incluso en una situación excepcional.

La organización también verificó la prevalencia de factores que incrementan la situación de indefensión de las personas, como el debilitamiento de la independencia del poder judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de información pública y la ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas e investigación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.

La otra cara del régimen de excepción

En el marco de la aplicación de una medida de naturaleza extraordinaria y temporal, Amnistía Internacional ha verificado cómo las autoridades salvadoreñas, durante 21 meses consecutivos, han restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura.
 Las medidas del régimen de excepción han dado pie a la ejecución de patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento, cuyas principales manifestaciones han sido las detenciones arbitrarias masivas; las desapariciones forzadas, el cometimiento de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros de detención; y las muertes de personas bajo la custodia del Estado – algunas resultantes de tortura u otros malos tratos.
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El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante.
 La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno. 
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En este contexto, Amnistía Internacional ha identificado tres características alarmantes:
 1) la masividad con la que se están produciendo las violaciones de derechos humanos;
 2) el alto grado de coordinación estatal en el diseño e implementación de esta medida; y
 3) una respuesta estatal que tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos.

Por otro lado, los casos documentados dan cuenta de personas detenidas arbitrariamente, proyectos de vida truncados por acusaciones falsas, la promoción de un clima de venganza y desconfianza entre las personas de una misma comunidad, y un sector de la población – la más vulnerable – que vive bajo temor de ser víctima de las arbitrariedades y abusos infligidas por las autoridades.

De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.
A la luz de estos hechos, la organización alerta sobre una gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal, cuyas principales víctimas siguen siendo individuos de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechadas por la criminalidad.

“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza,” dijo Ana Piquer.
El informe hace hincapié sobre el peligro que representa las reformas legales de carácter permanente que se han aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementación del régimen de excepción, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso.

Soldados custodian comercios en áreas controladas por "maras"
en Soyapango, El Salvador
Imagen: Salvador Melendez/AP Photo/picture alliance
Los principales cambios introducidos incluyen: el ocultamiento de la identidad de los jueces; la aplicación automática de la detención preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin análisis individual sobre la necesidad de esta medida para – por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave o el riesgo de fuga –; y la eliminación de límites de tiempo de la prisión preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales.
 Esto último habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable.

Según declaraciones públicas de funcionarios estatales, más de 7,000 personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a estructuras pandilleriles y procesadas bajo estas reformas, han sido “liberadas” mediante medidas alternativas a la detención provisional.
 Muchas de ellas permanecieron encarceladas por más de un año, y han sido reconocidas públicamente como parte de un margen de error.
 En este sentido, Amnistía Internacional advierte que, aunque la Asamblea Legislativa decida no prolongar el régimen de excepción, el riesgo de la profundización de la crisis de derechos humanos y la situación de indefensión de las personas persistirá si no se revierten las reformas que socavan las garantías al debido proceso.

Finalmente, a partir de análisis de las declaraciones públicas que han brindado las más altas autoridades estatales, informes de sociedad civil, así como de los testimonios y la documentación recabada, el reporte concluye que, respecto a la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones de los centros de detención, el Estado salvadoreño ha adoptado una política de tortura sistemática hacia todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción con la sospecha de ser miembros de pandillas.
 Entre las consecuencias más graves de la aplicación de esta política destacan las muertes bajo custodia del Estado, algunas con evidentes signos de violencia, y muchas otras como resultado de las condiciones inhumanas de reclusión o la negación de atención en salud y la privación de medicamentos. 

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Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza. 
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

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͍Hasta octubre de 2023, movimientos de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales registraban más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad – lo que coloca a El Salvador como el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial – una situación de hacinamiento carcelario del 236% aproximadamente, y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.

El espacio cívico bajo ataque

La organización también verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública.

Entre las principales tácticas que las autoridades han utilizado para estos fines están:
  1) un discurso mediático gubernamental, orientado a la estigmatización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y la transparencia;
 2) el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica;
 3) el ocultamiento y manipulación de información pública;
 4) el uso de tipologías penales vagas que podrían poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas;
 5) la exhortación, por parte de instituciones estatales, de razones de orden público o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de derechos humanos; y
 6) la instrumentalización de las facultades de algunos ministerios, y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.

Los principales blancos de estas tácticas han sido personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han mostrado independencia y apego a los principios de legalidad y respeto al Estado de Derecho.
 Los incidentes más alarmantes en un contexto de suspensión de derechos han involucrado el uso del régimen de excepción para criminalizar voces críticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario.

Todos estos elementos han generado un entorno que favorece un incremento de la desinformación y de un discurso institucional que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia como respuestas a la mera crítica y a la disidencia. Además, está aumentando la adopción de patrones de autocensura y autoexilio de quienes, al ser víctimas de violaciones a sus derechos, no encuentran en las instituciones estatales una respuesta para garantizar su protección.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales.

 La organización recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida tomada en situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad del Estado debe estar estrictamente limitada a las necesidades de la situación y respetar el principio de no discriminación. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad y seguridad personal son inalienables y nunca pueden ser suspendidos.

También se recomienda garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Amnistía Internacional recuerda al Estado la necesidad de garantizar que las instituciones judiciales operen con plena independencia y autonomía, asegurar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y cesar cualquier forma de restricción, estigmatización o criminalización de voces críticas y disidentes.

Además, la organización llama a la comunidad internacional a mantener una posición firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se están registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.

ONU: "Si hoy existe un infierno en la tierra, se llama norte de Gaza"

El portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Jens Laerke, expresó el viernes su inquietud por la situación humanitaria creada por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, donde este viernes fueron bombardeados el hospital más grande de Gaza y otro con niños con soporte vital y en diálisis, reporta Reuters. "Si hoy existe un infierno en la tierra, se llama norte de Gaza", declaró el funcionario en una sesión informativa.

Abed Zagout / Anadolu / Gettyimages.ru

Mientras, la portavoz de la Organización Mundial de Salud, Margaret Harris, informó que hubo "problemas" para llevar ayuda a través del cruce de Rafa con Egipto, ya que fue "diseñado para peatones, no para camiones".

Mas de la mitad de las viviendas han quedado
 destruidas.
La Franja de Gaza, el 10 de noviembre de 2023.
Leo Correa / AP
Sólo 65 camiones con alimentos, medicinas, suministros de higiene y agua, y siete ambulancias, cruzaron desde Egipto a Gaza el pasado miércoles, explicó Laerke, añadiendo que toda esta ayuda no puede llegar al norte de Gaza, donde hay varios cientos de miles de personas.

En este contexto, Laerke instó a Israel a reabrir el cruce de Kerem Shalom para conseguir que llegue más ayuda a los civiles.

En medio de las pausas de combate iniciadas por Israel para permitir a los palestinos huir del peligro letal, surge el riesgo de hacinamiento, ya que decenas de miles de personas se desplazan hacia el sur, sostuvo Laerke.

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