Amanda Coulson-Drasner-DW.- Los Ángeles se ha convertido en la ciudad más grande de Estados Unidos en prohibir la extracción de petróleo.
"Las comunidades en primera línea llevan más de una década exigiendo a la administración de la ciudad una solución a este problema", señala Wendy Miranda, quien ha hecho campaña durante años con STAND-LA, grupos comunitarios que trabajan para poner fin a la extracción de petróleo en la vecindad.
La ordenanza, aprobada por el Consejo Municipal de Los Ángeles el 28 de octubre, pone fin de inmediato a la extracción de petróleo dentro de los límites de la ciudad en el transcurso de los próximos 20 años.
Rock Zierman, director ejecutivo de la Asociación Independiente de Petróleo de California (CIPA, por sus siglas en inglés), comenta a DW que "la CIPA considera que esta ordenanza constituye una expropiación ilegal de la propiedad privada".
¿Por qué hicieron campaña contra la extracción de petróleo?
La industria petrolera de California se expandió rápidamente a principios del siglo XX, donde se producía casi una cuarta parte del petróleo mundial. Una gran cantidad se encontraba en los alrededores de Los Ángeles. A medida que la ciudad crecía, se construyeron viviendas, escuelas y negocios en torno a la infraestructura petrolera existente.
En la actualidad hay pozos en algunos de los barrios más poblados de la ciudad, habitados en su mayoría por la clase trabajadora. Algunos han sido sellados o taponados para siempre, y otros permanecen activos o inactivos (sin producción a partir de dos años).
Los vecinos cerca de los pozos denuncian el hedor, la mala calidad del aire y se quejan de sufrir dolores de cabeza, náuseas y dificultades respiratorias. Dichos pozos pueden liberar contaminantes tóxicos. Diversas investigaciones vinculan la proximidad de la extracción de petróleo con tasas más elevadas de enfermedades respiratorias y menor capacidad pulmonar.
"Las comunidades que se encuentran en primera línea llevan décadas viviendo cerca de estos lugares tóxicos y pagando las consecuencias con su salud", afirma Miranda, directora de políticas de Esperanza Community Housing, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer vivienda asequible.
La infraestructura petrolera opera a muy poca distancia de los vecindarios de Los Ángeles.
Imagen: Nils Hünerfürst/DW
Intentos previos de prohibir la producción de petróleo
En 2022, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una ordenanza para eliminar poco a poco la extracción de petróleo. Sin embargo, las compañías petroleras impugnaron y ganaron.
Más tarde, el gobierno de California promulgó una ley que otorga a los gobiernos locales mayores facultades para regular y restringir las operaciones de petróleo y gas. Rock Zeriman, de CIPA, afirma al respecto que las empresas energéticas están preparadas para impugnar la nueva ordenanza. Según el director ejecutivo, los residentes de la ciudad dependerán más del petróleo extranjero cuando ya están "lidiando" con los elevados precios de la gasolina, y "los californianos serán quienes paguen la factura".
Pero, según la Comisión de Energía de California, el petróleo se comercializa a escala global, y la población en Estados Unidos están expuesta a las mismas fluctuaciones de precios que el resto del mundo, independientemente de la cantidad de combustible fósil que se produzca a nivel nacional.
La industria petrolera de California, así como el volumen de petróleo que produce, han experimentado un declive constante desde la década de 1980. En la Cuenca de Los Ángeles (LA Basin), la producción es un 43 por ciento inferior a la de hace ocho años, y el volumen de petróleo extraído ha disminuido a un ritmo más rápido que el número de pozos en activo.
¿Quién pagará los gastos de la limpieza?
Cuando los pozos dejan de producir, corresponde a los operadores petroleros retirar el equipo y sellarlos. La agencia estatal que regula el sector de petróleo y gas, CalGEM, junto con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, supervisan las operaciones de sellado.
Sin embargo y en la práctica, muchos aún no han sido sellados: alrededor del 80 por ciento de los pozos inactivos en Los Ángeles llevan más de ocho años sin funcionar, y cerca de un tercio, más de un siglo.
Además, el coste de taponar un pozo varía entre cientos de miles y millones de dólares. La ley de California exige a los operadores presentar planes de sellado; de lo contrario, se enfrentan a multas anuales que aumentan en función del tiempo que el pozo haya permanecido inactivo. Pero estas multas no siempre se pagan.
Miranda comenta a DW que el siguiente paso para los activistas comunitarios es reducir el plazo de 20 años y lograr que el sector petrolero "pague por esta limpieza". Por ahora, afirma que tanto ella como su madre, quien padece asma, mantienen la esperanza de que las futuras generaciones "puedan gozar de una mejor salud y respirar un aire más limpio".
