Brasil aprueba reducir la semana laboral de seis a cinco días

Imagen de Agência Brasil. Fotografía usada con autorización.

El Senado de Brasil aprobó por 75 votos a favor y uno en contra una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y establecer una semana laboral de cinco días.

El texto aprobado es el mismo que recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo de 2026. Por tanto, la enmienda será promulgada por las mesas directivas de ambas cámaras y no necesitará la sanción presidencial. La promulgación está prevista para el martes 20 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual la reforma entrará en vigor.

Tema de campaña

La reforma constitucional reduce la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas en dos fases. Dos meses después de la publicación de la enmienda, el límite bajará a 42 horas.

Un año más tarde, es decir, 14 meses después de su promulgación, se reducirá a 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe cualquier reducción salarial, tanto nominal como proporcional, incluidos los salarios mínimos establecidos para cada categoría profesional.

La reforma es uno de los principales temas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cuenta también con el apoyo de su rival, Flávio Bolsonaro. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre.

Se vence el plazo para que EE.UU. justifique los bombardeos en el Caribe y el Pacífico

Captura de pantalla- X @DeptofWar

Faltan pocas horas para que culmine el plazo dado por un tribunal estadounidense al Gobierno de Donald Trump para que justifique legalmente el operativo militar y bombardeos contra pequeñas embarcaciones que comenzó en septiembre de 2025 en las aguas del Caribe y del Pacífico.

El pasado 30 de septiembre, el juez federal Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fijó un lapso de 14 días para que la Administración de Trump explique las razones del uso de la fuerza letal en sus operaciones en la región latinoamericana.

Así, la Justicia estadounidense exige que el propio Gobierno analice la autoridad del presidente para ordenar acciones militares de este tipo.

Bombas sin pruebas

El pasado 2 de septiembre de 2025 comenzaron las operaciones contra embarcaciones artesanales, catalogadas de 'narcolanchas' por las autoridades estadounidenses. Washington defiende estos ataques como parte de su lucha contra el "terrorismo" y narcotráfico, aunque, hasta el momento, no ha presentado pruebas fehacientes que respalden ese tipo de actuaciones que han causado la muerte de más de 200 personas.

Ante la ausencia de evidencia legal sobre las supuestas actividades ilícitas de las víctimas, los familiares acusan a la Casa Blanca de matar a personas inocentes. Además, sus muertes han sido calificadas como violación de los derechos humanos por organismos internacionales como Naciones Unidas.

Del mismo modo, otras voces de peso internacional, como el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, han tachado estos ataques de "ejecuciones extrajudiciales" contra personas de origen humilde sin que hubiera el debido proceso conforme al derecho internacional, los acuerdos entre países y las leyes locales. Asimismo, mostraron su rechazo Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de México y Brasil.

Los hechos más polémicos

Entre los sucesos más polémicos se encuentra la desaparición de, por lo menos, ocho pescadores mexicanos en febrero de 2026. Mientras que las fuerzas estadounidenses afirmaron haber neutralizado 11 supuestos narcoterroristas, familiares y organizaciones locales denunciaron que las víctimas eran trabajadores civiles.

En medio de estas acciones militares hostiles, en enero de 2026, dos familias de Trinidad y Tobago demandaron a EE.UU. por la muerte de dos personas el pasado 14 de octubre de 2025

Meses antes, los allegados de un pescador colombiano asesinado en otro bombardeo también decidieron presentar una denuncia formal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el bombardeo de la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina, desaparecido desde el 15 de septiembre de 2025.

Al respecto, el abogado defensor de este caso, Dan Kovalik, afirmó: "Yo lo describiría como un asesinato a sangre fría. Es decir, en un momento dado, Pete Hegseth [secretario de Guerra] incluso admitió que no conocían la identidad de las personas a las que estaban asesinando".

Por otra parte, EE.UU. tampoco ha dado su versión tras el ataque al menos a tres embarcaciones de Ecuador. Los supervivientes denunciaron tortura y secuestro por parte de hombres armados estadounidenses.

Posteriormente, Alexandra Bravo, la fiscal que investigaba las voladuras de las lanchas, fue asesinada a tiros en Manta a manos de un sicario.

Arabia Saudita bombardea depósito de combustible en Saná

Los rebeldes hutíes (en la foto) amenazaron con volver a atacar a Arabia Saudita si llegaban a bombardear Saná.

Imagen: Osamah Abdulrahman/ AP Photo /dpa/ picture alliance

La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que interviene en Yemen desde 2015, bombardeó este martes (13.10.2026) el principal depósito de combustible en Saná, la capital yemení en manos de los rebeldes hutíes desde 2014, después que la alianza emitiera una advertencia de que golpearía la instalación.

Las explosiones se escucharon en toda la capital yemení, mientras que la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes, informó que aviones de combate sauditas bombardearon la Estación Central de Al Sabaha, perteneciente a la Yemen Petroleum Company.

Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños contra esta importante instalación de almacenamiento de combustible, que la coalición liderada por Riad ordenó evacuar por primera vez para lanzar una operación "selectiva" contra los hutíes, que por su parte amenazaron con responder con dureza si Arabia Saudita cumplía con su advertencia.

Sin embargo, la Yemen Petroleum Company indicó en un comunicado que había tomado "todas las medidas preventivas necesarias para hacer frente a cualquier emergencia", con el objetivo de garantizar el suministro de combustible y satisfacer así las necesidades energéticas de la población de Saná.

Se espera una violenta respuesta

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, apuntó en un breve mensaje en la red social X que el movimiento insurgente hizo frente a "las formaciones de combate del enemigo saudita" que atacaron Saná, sin dar más detalles.

Se espera que, próximamente, los hutíes lancen una operación a gran escala contra la sede de la petrolera estatal saudita Aramco en Dammam, en el noreste de Arabia Saudita, y contra una refinería de la misma empresa en la capital de la monarquía árabe, Riad.

Además, Sarea advirtió previamente de que, en caso de que Arabia Saudita bombardeara Saná, los hutíes también atacarían el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que ha sido objetivo de múltiples bombardeos de los insurgentes en los últimos días y que han dejado decenas de muertos y heridos.

La CPI rechaza enérgicamente las sanciones estadounidenses contra la institución.

Tomoko Akane.

Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se suma a una serie de designaciones contra trece jueces y fiscales independientes que velan por la causa de la justicia.

La CPI rechaza las sanciones estadounidenses contra la institución.

Esta medida atenta contra una institución judicial independiente, creada por tratado y encomendada por 125 Estados Partes para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Constituye un intento de obstaculizar la justicia e impedir que la Corte cumpla con su cometido. Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.

Esta designación tiene como objetivo perturbar las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella. La Corte, por su parte, no se dejará amedrentar. «La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves», declaró la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.

Sede de la CPI en La Haya

Sin embargo, la Corte no puede sostenerse sola. Su destino ahora también está en manos de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes. Esa promesa solo es tan fuerte como la determinación de quienes la formularon.

Si bien pueden surgir dificultades, la Corte, junto con sus Estados Partes, ha realizado considerables esfuerzos para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus actividades. La Corte insta a los Estados a seguir adoptando medidas concretas, entre ellas, asegurar que la Corte continúe contando con los medios necesarios para proseguir su labor. No se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el estado de derecho.

Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia

. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión.

EE.UU. impone sanciones contra la Corte Penal Internacional

EE.UU. impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional, informó este 9 de octubre el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.

"El presidente [de EE.UU., Donald] Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, privándole de recursos y mermando su capacidad para funcionar", afirmó, calificando a la entidad de "falsa".

Según Rubio, ambos partidos, el Republicano y el Demócrata, están de acuerdo con Trump en imponer sanciones contra la CPI.

"O bien la CPI pone fin a sus amenazas, o bien acabaremos con la CPI. Y esperamos que nuestros aliados —muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa— pongan freno a este tribunal deshonesto", añadió.

Además, Washington concedió a los países miembros de la Corte un plazo de 180 días para "demostrar avances significativos en las soluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de EE.UU. en relación con la CPI".

Por su parte, el Departamento de Tesoro de EE.UU. ha autorizado que se realicen algunas operaciones financieras con la CPI, que buscan mantener o suspender las actividades del tribunal hasta el 7 de abril. Asimismo, emitió una serie de licencias generales para no dañar los intereses estadounidenses, que autorizan ciertas transacciones y actividades. Así, se permite mantener las operaciones de la Corte durante 180 días, prestar servicios informáticos, gestionar el fondo de pensiones y llevar a cabo las operaciones relacionadas con los detenidos y reclusos. El mismo día, el Comité Noruego del Nobel concedió el Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza la Corte Penal Internacional, Navanethem 'Navi' Pillay.

Relaciones rotas

Las relaciones entre Washington y la CPI se rompieron después de que el tribunal emitiera en el 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país, Yoav Galant, que fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra en la Franja de Gaza.

En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva ofensiva en la lucha de la Administración del presidente Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) y declaró el inicio de una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal global.

Un nuevo recrudecimiento de las tensiones se produjo en agosto, cuando Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y a un fiscal vinculado a la investigación de presuntos crímenes cometidos por Israel durante la guerra en Gaza, Abdoulaye Seye.