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| Unsplash/ David Everett Strickler La Casa Blanca en Washington D.C. |
Expertos de las Naciones Unidas exigieron este martes a Estados Unidos que ponga fin a lo que calificaron como asesinatos en el mar, después de que al menos 223 personas murieran en el último año en ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico.
Según los expertos, desde el 2 de septiembre de 2025, el Ejército estadounidense ha atacado al menos 68 embarcaciones en aguas internacionales. En la mayoría de los casos, todas las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que en otros se reportaron desaparecidos.
Washington ha justificado las operaciones alegando que las embarcaciones transportaban drogas en nombre de organizaciones consideradas terroristas por la legislación estadounidense. Sin embargo, los expertos rechazaron los argumentos jurídicos presentados por el Gobierno de Estados Unidos.
“Estas muertes sistemáticas vulneran gravemente la obligación fundamental de respetar el derecho a la vida”, afirmaron.
Llamarlo guerra no lo convierte en una guerra
Los expertos subrayaron que el derecho internacional no permite a los gobiernos matar a presuntos delincuentes simplemente por encontrarse en el mar, del mismo modo que la policía no puede ejecutar sumariamente a personas en las calles dentro del territorio estadounidense.
También rechazaron que Estados Unidos pueda invocar el derecho a la legítima defensa previsto en el artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas.
Según los expertos, los cárteles de la droga y las bandas criminales no están llevando a cabo ataques armados contra Estados Unidos y, por lo tanto, la lucha contra el narcotráfico debe considerarse una cuestión de aplicación de la ley y no un conflicto armado.
“Llamarlo guerra no lo convierte en una guerra”, señalaron.
Los expertos sostuvieron además que no existe un conflicto armado en virtud del derecho internacional humanitario, ya que no hay enfrentamientos militares entre dos partes. A su juicio, Estados Unidos está matando unilateralmente a personas sin base jurídica ni un proceso legal.
Los presuntos narcotraficantes, añadieron, no son combatientes y las muertes registradas deben considerarse ejecuciones extrajudiciales e ilegales.
El
derecho internacional de los
derechos humanos, que
también se aplica en el mar, establece que la fuerza letal solo puede utilizarse en defensa propia o de otras personas y únicamente cuando sea estrictamente necesaria y proporcional para impedir una amenaza inminente contra la vida.
Los expertos señalaron que Estados Unidos no ha alegado la existencia de una amenaza de este tipo y que las propias autoridades estadounidenses han indicado que podrían haber interceptado las embarcaciones, pero optaron por no hacerlo.
Además, recordaron que el derecho a la vida obliga a los Estados a adoptar medidas rápidas para buscar, rescatar y proporcionar asistencia médica a las personas que hayan quedado en peligro tras este tipo de operaciones.
Las víctimas y sus familias tienen derecho a la reparación
El derecho internacional marítimo también exige, según los expertos, una respuesta basada en la aplicación de la ley y no en el uso de medios militares.
Advirtieron además de que los ataques podrían constituir delitos contra la seguridad marítima, lo que permitiría a otros países investigar y procesar a los responsables. También señalaron que varias embarcaciones adicionales han desaparecido en circunstancias sospechosas.
Por ello, exigieron investigaciones rápidas, independientes, imparciales y transparentes sobre todas las presuntas violaciones del derecho a la vida, así como la rendición de cuentas de los responsables, incluidos los mandos militares y civiles.
Las víctimas y sus familias, afirmaron, tienen derecho a una reparación integral, incluida una compensación y garantías de que estos hechos no se repetirán.
Los expertos también pidieron a otros Estados que no colaboren en posibles violaciones del derecho a la vida, por ejemplo, compartiendo información de inteligencia o poniendo recursos militares a disposición de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, reconocieron que la violencia organizada vinculada al narcotráfico supone una amenaza para la seguridad y el derecho a la vida, pero insistieron en que la respuesta debe respetar plenamente el derecho internacional.
Fortalecer la cooperación judicial y policial, controlar las armas y prevenir el crimen organizado y el consumo de drogas mediante políticas de salud pública, educación y desarrollo son, a su juicio, algunas de las alternativas para combatir eficazmente el narcotráfico.
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