El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en un comunicado que la Corte Penal Internacional es una amenaza para la seguridad nacional porque actúa como herramienta judicial en contra de Estados Unidos y su aliado cercano, Israel.
"Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos de los cuales obtuvieron su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses, a resistir las pretensiones de esta institución en bancarrota", agregó Rubio.
A los sancionados se les congelarán cuentas bancarias y bienes que tengan en Estados Unidos y no podrán volver a entrar a suelo estadounidense. Cabe mencionar que ni Estados Unidos ni Israel son parte de la CPI, pero el tribunal sostiene que puede emitir órdenes de arresto contra ciudadanos de dichos países porque los lugares en los que supuestamente ocurrieron los crímenes sí son parte del tribunal.
La CPI rechaza enérgicamente nuevas sanciones de EE.UU. contra jueces y fiscales adjuntos
La Corte Penal Internacional deplora el anuncio de nuevas sanciones por parte de la administración estadounidense contra los jueces de la CPI Kimberly Prost (Canadá), el juez Nicolas Guillou (Francia), la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang (Senegal). Estas nuevas sanciones se suman a las impuestas previamente a otros cuatro jueces y al fiscal de la CPI.
Estas sanciones constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones. Constituyen también una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en normas y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo.
Como ya lo han declarado el Presidente y el Poder Judicial de la CPI , así como la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, la Corte respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables. La CPI seguirá cumpliendo su mandato, sin inmutarse, en estricta conformidad con el marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin importar ninguna restricción, presión o amenaza.
La Corte insta a los Estados Partes y a todos aquellos que comparten los valores de la humanidad y el estado de derecho a que brinden un apoyo firme y constante a la Corte y a su labor realizada en el único interés de las víctimas de crímenes internacionales.
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