Con la mentalidad "civilizadora" culturas ajenas a esta parte del mundo llegaron, invadieron, dominaron, masacraron y lograron reproducir la concepción aquella de que al "indígena" se le debía transformar, "civilizar".
En lo social, lo cultural, lo económico, la mayoría de las personas que habitan el continente que está conectado de polo a polo, luchan para identificar su propia ruta.
Los saberes ancestrales están enredados y mezclados con los conocimientos invasores. Igual Se mantiene la confusión y la permanente búsqueda de quienes sin negar la existencia de los "otros" desean avanzar en el redescubrimiento de su propio "yo".
En el norte como en el sur, se hacen visibles las historias de horror y sometimiento.
Mientras en Canadá se encuentran evidencias del proceso de exterminio y conversión, en Colombia se denuncia el abuso sexual al que son sometidas comunidades aborígenes. También en el sur, las comunidades luchan por su existencia.
La historia oscura de los internados indígenas en Canadá donde abusaron de miles de niños.
En total, unos 150.000 menores pasaron por 'escuelas' donde les forzaban a olvidar sus lenguas, culturas e incluso familias.
Una red de internados plagados de violencia
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| El internado indígena de Kamloops, Columbia Británica, Canadá, cerca de 1930. Wikimedia Commons |
El internado indígena de Kamloops no fue el único, pero sí la mayor de las 'escuelas' de ese tipo establecidas en el país a finales del siglo XIX.
El sistema tenía como objetivo asimilar a los indígenas y hacer que perdieran su cultura nativa. Según el historiador canadiense John S. Milloy, los fines del programa eran similares a las del estadounidense Richard Henry Platt, organizador de la escuela Carlisle Indian Industrial School en Pensilvania: "Matar al indio para salvar al hombre". Como resultado, los funcionarios de las 'escuelas' forzaban a los discípulos a olvidar su cultura, lengua e incluso familia, recoge el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación canadiense.
Una vez en las escuelas, los hermanos y hermanas se mantuvieron separados, y el Gobierno y las iglesias incluso concertaron matrimonios para los estudiantes después de que terminaron su educación. […] Los funcionarios gubernamentales también insistieron en que se desanimara, y a menudo se prohibiera, a los niños hablar sus propios idiomas.
El programa fue apoyado por varias congregaciones cristianas, entre ellas la Iglesia católica, la anglicana, la unida de Canadá, y la presbiteriana, que en 1930-1931 manejaban 44, 21, 13 y 2 internados, respectivamente. "El acuerdo de las iglesias dio un fuerte respaldo moral a esta postura decidida", indica Milloy.
Hallan 171 posibles tumbas de niños en una escuela de asimilación forzada para indígenas en Canadá
Entre 1897 y 1972, fueron internados en ese centro más de 6.100 menores de comunidades aborígenes.
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| La antigua Escuela Residencial Indígena St. Mary en Kenora, Canadá. Shingwauk Residential Schools Centre Algoma Unversity |
Un grupo indígena de Canadá ha encontrado más de 170 posibles tumbas sin identificar en el territorio de una antigua escuela residencial donde fueron internados miles de niños aborígenes, informa la prensa local.
La Nación Wauzhushk Onigum comunicó este martes que con la ayuda de un radar de penetración en el suelo localizaron 171 "anomalías" en los terrenos del cementerio propiedad de la Escuela Residencial Indígena St. Mary, en la localidad de Kenora, provincia de Ontario.
Esas "anomalías" se corresponderían con entierros no documentados de niños aborígenes. "Con la excepción de cinco lápidas, el resto no está marcado por ninguna lápida", señaló el grupo indígena.
Política gubernamental de asimilación forzada
En la Escuela Residencial Indígena St. Mary, que funcionó entre 1897 y 1972, fueron internados un total de 6.114 menores indígenas. Según registros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación canadiense, al menos 36 niños murieron en esa institución, si bien la cifra real podría ser mayor.
El ministro de Desarrollo del Norte y Asuntos Indígenas de Ontario, Greg Rickford, ofreció sus condolencias al grupo indígena y aseguró que apoyará tanto las investigaciones como "la curación de los sobrevivientes, sus familias y los miembros de la comunidad que sufren problemas de salud mental y adicciones, debido al trauma intergeneracional y los daños infligidos" por dicho sistema escolar.
Las investigaciones, impulsadas por los propios indígenas de todo el país, han encontrado desde mayo de 2021 evidencias de al menos 1.800 posibles tumbas sin identificar que contendrían los restos de menores indígenas. En total, unos 150.000 niños pertenecientes a minorías étnicas fueron matriculados en esos internados en todo Canadá desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, en el marco de una política gubernamental de asimilación forzada.
La mayoría de esos establecimientos eran operados por la Iglesia católica. Los menores pasaron meses o años aislados de sus familias, idioma y cultura, y muchos fueron víctimas de abuso físico y sexual por parte de directores y maestros.
Según datos oficiales que aún se consideran incompletos, unos 6.000 niños acogidos en las escuelas residenciales murieron, en su mayoría por desnutrición, enfermedades o negligencia, lo que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación calificó de "genocidio cultural".
Violaciones y prostitución de menores: Otro embate para el último pueblo indígena nómada de Colombia
Las autoridades han abierto varias investigaciones para determinar si los soldados colombianos han cometido abusos sexuales contra niñas y adolescentes.
La vieja herida del abuso sexual contra las indígenas colombianas se ha reabierto en Colombia con las denuncias de violaciones contra niñas y adolescentes de dos comunidades étnicas en Guaviare, uno de los departamentos donde el conflicto armado ha dejado huellas imborrables.
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| El pueblo Nukak en El Retorno, cerca de San José de Guaviare, Colombia, el 7 de noviembre de 2021Raul Arboleda / AFP |
Frente a esta acusación, que involucra a miembros del Ejército colombiano y a un soldado estadounidense, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el pasado viernes que se abriera una investigación de inmediato. Hasta ahora han respondido la Procuraduría General y el Ministerio Público.
Por su parte, John Rhatigan, agregado de prensa y portavoz de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, dijo a W Radio que no tenían conocimiento de alguna investigación.
Los abusos sexuales han sido principalmente contra menores de edad y mujeres de la comunidades indígenas de Nukak y Jiw, ubicadas en el Amazonas colombiano. Sin embargo, este no es un tema nuevo porque desde hace por lo menos cinco años las víctimas han alertado sobre las violaciones y prostitución forzada que sufren en sus territorios por parte de soldados, organizaciones armadas y "colonos".
Las investigaciones
Tras este exhorto presidencial, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó en un video institucional que hay 378 casos de abuso sexual –recogidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)–, contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare entre 2018 y 2020. Indicó que corresponde ahora cotejar si cada uno fue enviado a la Fiscalía y establecer si hubo omisión o vacío, lo que implicaría el inicio de procesos penales contra los responsables.
Barbosa negó que algún militar estadounidense estuviera vinculado al abuso de una menor, a la que habrían ofrecido alimento para después violarla en 2019, según la denuncia que aparece en el reportaje del periodista Gerardo Reyes para Univision, cuya difusión causó conmoción y el inicio de estas investigaciones.
El titular de la Fiscalía indicó que se fortalecerán en San José del Guaviare "los actos urgentes con fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos".
Por su parte, la Procuraduría Regional del Guaviare anunció en un comunicado de prensa que abrió una "investigación disciplinaria" contra el director regional del ICBF en esa entidad, Joaquín Mendieta Silguero, porque "al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y pese a ello, no habría desplegado las medidas de protección necesarias".
Esta decisión se tomó luego de que se difundieran las declaraciones del jefe departamental del ICBF en un reportaje de Univision. En el registro, Mendieta Silguero dice tener conocimiento de los casos de abuso sexual, pero afirma que "en este momento no son tan preocupantes".
¡Insólito e inaudito! Funcionario del Bienestar Familiar aseguró que los casos de abuso sexual contra niñas indígenas “no son tan preocupantes”. Joaquín Mendieta, director regional del ICBF en el Guaviare, tampoco conocía las estadísticas de violencia sexual en el departamento. pic.twitter.com/isd7NXWdbE
— Última Hora Col (@ultimahorapp) January 13, 2023
Una herida abierta
Los Nukak son una etnia nómada que apenas tuvo contacto con los pueblos no indígenas en 1988, refiere un video hecho por la Comisión de la Verdad. En ese entonces, sus integrantes, que han sido diezmados en un 60 %, según la ONU, no sabían que en su país había un conflicto armado de larga data. Pasarían pocos años para que también se encontraran entre sus víctimas.
En la pieza audiovisual, una voz femenina afirma que las mujeres han sido violadas y prostituidas por causa del abandono estatal y la falta de oportunidades, característicos de las zonas rurales colombianas.
En los lugares más apartados del país, las comunidades étnicas han quedado al merced de los grupos armados, de las organizaciones criminales y de las empresas que explotan los recursos naturales, lo que ha causado su desplazamiento, merma, reclutamiento forzado y utilización en actividades ilícitas.
Como parte de esa deuda histórica, el pueblo Nunak, compuesto por 'Los últimos nómadas verdes' fue incorporado al capítulo étnico del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
Denuncia e informe sobre violaciones
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| El pueblo Nukak descansa en su campamento en El Retorno, cerca de San José de Guaviare, Colombia, el 7 de noviembre de 2021 aul Arboleda / AFP |
Tras este inicio, se comenzó a sistematizar cada experiencia y, luego de dos años de trabajo, se le entregó un informe a la Comisión de la Verdad, en San José del Guaviare.
En el documento hay más de 20 testimonios que reflejan la violencia sistemática que ha existido contra las niñas y adolescentes, como una forma de despojo territorial.
"Nos violentan casi diariamente. Soldados, guerrilleros, paramilitares, policías y 'colonos': todos lo han hecho alguna vez. Muchas no encontramos salida de esa situación y pensamos, incluso, en quitarnos la vida", dice una de las mujeres que declaró ante la Comisión de la Verdad.
Para la comisionada Patricia Tobón Yagarí, las mujeres de este grupo indígena "han sido despojadas hasta de sus propios cuerpos y de su autonomía", en medio de la dinámica de violencia del conflicto armado.
Prostitución para sobrevivir
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cataloga a los Nukak como "los más vulnerables" del mundo, ante la rápida extinción de su población en apenas tres décadas.
En el texto 'Tiempos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia', elaborado por el Centro de Memoria Histórica, se habla de la prostitución forzada de algunas mujeres de ese grupo étnico "presionadas por la necesidad de sobrevivir".
"Nos amenazaron los mismos tipos que se enamoran de una porque querían tener relaciones sexuales obligadas", cuenta 'Rocío', una mujer Nukak que fue abusada a los 11 años, publicó Pacifista.
En 2021 se registraron 2.106 casos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. El 44,5 % se relacionó con violencia física; el 30,3 % con violencia sexual; el 18,9 % con negligencia y abandono; y el 6,3 % con violencia psicológica, según el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (Sivige).
Por su parte, el DANE apunta que en ese mismo año las mayores víctimas de violencia sexual fueron las niñas y adolescentes indígenas de entre 6 y 17 años, por lo que pareciera la vieja herida abierta en Colombia está lejos de cerrarse.
El conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno
En paralelo a esta conflictividad el trabajo de los y las representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional lograron que el Estado sea plurinacional y que se establezcan autonomías territoriales indígenas.
La violencia actual se inició en 1997 con la quema de tres camiones forestales en Lumaco, Región de La Araucanía. Desde entonces, han pasado cinco gobiernos y ninguno logró reducir la conflictividad porque no logran comprender la lógica de los movimientos autonomistas. Aquí identificamos tres claves.
Para comprender el momento actual, hay que recordar que hace siglos que el pueblo mapuche ha luchado por mantener su autonomía frente el establecimiento y expansión de los asentamientos europeos y chilenos en sus territorios ancestrales. La Corona Española no logró conquistar a la nación mapuche, sino que negoció un periodo de paz en el Parlamento de Quilín de 1641, estableciendo el Río Biobío como frontera entre los dos pueblos. No obstante, en el siglo XIX, ignorando las relaciones establecidas con la Corona Española, el Estado chileno inició un proceso bélico de despojo, colonización y empobrecimiento conocido por éste como la pacificación de la Araucanía y como la ocupación por parte de los mapuches.
En 1883, la Araucanía fue incorporada al territorio chileno.
Durante el siglo pasado, el pueblo mapuche siguió distintas estrategias, incluyendo la colaboración con algunos partidos políticos y logrando recuperar algunos de sus territorios durante la Reforma Agraria. Sin embargo, afrontó retrocesos durante la dictadura y especialmente con la implantación del modelo neoliberal, que abrió sus territorios a la inversión extranjera. Desde entonces, los mapuches siguen resistiéndose al uso y usufructo de la tierra por parte del sector privado, cuyas actividades degradan el suelo y los ríos. Perciben que el Estado chileno protege a las grandes empresas frente a las comunidades indígenas.
Promesas incumplidas en democracia
Desde el fin de la dictadura, los dirigentes de los pueblos indígenas han buscado el reconocimiento como pueblos existentes antes del establecimiento del Estado chileno. En diciembre de 1989, firmaron el Acuerdo de Nuevo Imperial con el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, que se comprometió a avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos colectivos. No obstante, no hubo cambios significativos tras casi 30 años de políticas multiculturales. De hecho, el mantenimiento de las políticas neoliberales, el no reconocimiento de sus demandas históricas, la criminalización de la demanda de autodeterminación del movimiento mapuche y la presencia militar han agudizado la desconfianza y las diferencias.
De esta forma, los pueblos originarios han formulado diversas estrategias de resistencia política y jurídica frente a los ataques contra su derecho a la libre determinación. Además, ha aumentado el cuestionamiento de la neutralidad del Estado chileno, en especial después del caso emblemático de la muerte del joven Matías Catrileo por parte de un carabinero el 3 de enero de 2008. Se esperaba que la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en 2008 podía contribuir a mejorar la relación mapuche-chilena, pero no se ha suavizado la discriminación hacia las personas indígenas ni tampoco se ha rebajado la conflictividad. Hoy en día, las y los convencionales indígenas han estado trabajando para que la nueva Constitución garantice sus derechos individuales y colectivos, pero los movimientos autonomistas prefieran recuperar sus territorios por encima de las luchas institucionales (Llaitul, 2016).
La sensación de impunidad
El uso del término de violencia rural para describir acciones de recuperación territorial genera la sensación de inseguridad e impunidad, ignora el reconocimiento internacional de los derechos de pueblos indígenas y mantiene la idea de Chile como una comunidad política nacional, pero no plurinacional. Frente a estos actos violentos, se exige que el Estado garantice su seguridad y el Estado de derecho.
La cobertura mediática refuerza esta interpretación, invisibilizando las voces mapuche e insistiendo en la inseguridad y la violencia. Así, a lo largo de más de 20 años se ha ido construyendo un imaginario de que los agresores son algunos mapuches. De hecho, en el Informe de Derechos Humanos de 2017 se infiere que "más de la mitad de la población sitúa a los indígenas como responsables, total o parcialmente, de las situaciones violentas que experimentan, percepción que se agudiza en los segmentos socioeconómicos altos y medios, así como en las zonas norte y sur del país" (página 29).
La construcción mediática también consolida la percepción de su culpabilidad antes de iniciar el juicio y genera una sensación de impunidad cuando no hay suficiente evidencia contra las personas acusadas. Es llamativo que ignoren la condena internacional de aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista contra los miembros del pueblo mapuche del 'caso Norin Catriman y otros vs Chile'.
El camino es la autonomía
Desde la perspectiva de los movimientos mapuche, el conflicto proviene de la acción de castigo, allanamiento, control y vigilancia de las comunidades por parte del Estado desde hace casi 25 años. Se minimiza su uso de la violencia porque estarían ejerciendo su soberanía sobre su propio territorio usurpado y resistiendo la violencia estatal. Ya no reconocen la legitimidad de la ley chilena por ser "racista, discriminadora y xenófoba hacia los mapuche". Como no se confía en el Estado, no se busca negociación ni mesas de diálogo, sino que exigen a éste que reconozca su autonomía. Se sienten seguros de que su lucha por el territorio los vincula a las generaciones anteriores y del futuro. En este contexto, seguir caracterizando la lucha por la autonomía como delincuencia común profundizará seguramente la conflictividad.
