Por Marvin
Díaz, Krissia Girón, Clanci Rosa y Mario Beltrán / Revista
Gatoencerrado
El
embarazo de Guadalupe* fue de alto riesgo y las recomendaciones
médicas eran que no podía pasar mucho tiempo sentada ni parada
porque el feto estaba en mala posición. A sus cuatro meses de
embarazo, y en espera de su tercer hijo, le comunicó su situación
al supervisor de una maquila ubicada en Santa Ana, al occidente
salvadoreño donde trabajaba. Su jefe inmediato no creía nunca sus
quejas y se molestaba por las constantes citas a las que Guadalupe
debía acudir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Guadalupe
callaba y debía trabajar poco más de 10 horas diarias sentada,
cosiendo en promedio 100 piezas de ropa por hora para llevar el
sustento a su casa; el cual asciende a 125 dólares por quincena.
Aunque gana el salario mínimo de 300 dólares, se le descuentan
seguridad y previsión social.
—Era
bien difícil el estar cosiendo allí sentada y con los dolores que
tenía. Eran mucho los riesgos de perder a mi bebé, e incluso de
perder hasta mi propia vida por estar en el trabajo en esas
condiciones—, relata.
El
artículo 29 de Ley de Zona Francas (LEZOFIC) indica que las empresas
que se acogen a esta norma deben de cumplir obligaciones laborales
para tener derechos a las exenciones de impuesto, entre ellas están:
derechos a asociación y sindicalización de los trabajadores; el
respeto al salario mínimo, horas laborales, salud y seguridad
ocupacional; pago de indemnización, vacaciones y aguinaldo, entre
otras.
La
Red Centroamericana de Justicia Fiscal estimó que los incentivos
fiscales en El Salvador equivalen al 5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), es decir que el país deja de percibir 1,200
millones de dólares al año.
Ese
porcentaje equivale al doble del presupuesto de Salud que es de 2.1
por ciento del PIB, y es casi equivalente a todo el presupuesto del
Órgano Judicial salvadoreño que es del 6 por ciento del PIB según
lo ordena la Constitución salvadoreña.
La
organización Iniciativa Social para la Democracia en su estudio
denominado: “Análisis sobre la evasión y elusión fiscal en El
Salvador” expone que, en 2016, las importaciones definitivas hechas
al amparo de la LEZOFIC costaron a la Hacienda pública más de 158
millones de dólares en concepto de Derechos arancelarios a la
importación, y un total de 299 millones de dólares en concepto de
exención al pago de IVA, esto último, es poco más que todo el
presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas utilizará este año,
que asciende a 277 millones de dólares.
La
industria textil en El Salvador ha sido denunciada y criticada por
organizaciones y sindicatos que aseguran la existencia de violaciones
de derechos humanos y laborales dentro de las empresas.
A
nivel nacional, las maquilas forman parte de una diversidad de
usuarios de las zonas francas que consisten en espacios industriales
que facilitan trabajo administrativo y de producción de las
empresas. El Ministerio de Economía (MINEC) de El Salvador
contabiliza 17 zonas francas en todo el país.
Las
Zonas Francas, y por ende las maquilas, cuentan con leyes como la
LEZOFIC que benefician a sus dueños con el objetivo de incentivar la
inversión y la creación de empleos.
La
LEZOFIC en El Salvador se aprobó en el mandato del expresidente
Armando Calderón Sol en 1998. La ley les permite a los usuarios de
Zonas Francas obtener incentivos fiscales como la exención de
impuesto sobre los Derechos Arancelarios a la Importación, impuesto
de importación, impuesto municipal, e impuesto sobre la renta (ISR).
Además,
se les beneficia con exoneración de impuestos por importación o
transferencia de bienes muebles y bienes raíces; exoneración total
de impuestos municipales sobre activo y patrimonio de la empresa; y
exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los
impuestos ISR e IVA representan el 82 por ciento de los ingresos
tributarios que obtiene anualmente El Salvador.
En
perspectiva y como ejemplo: cualquier negocio formalmente establecido
en San Salvador, capital salvadoreña, debe pagar como impuesto 900
dólares por licencia de tres años para colocar y tener un rótulo
con fines comerciales. En cambio, según cifras del Banco Central de
Reserva (BCR) y reveladas por la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) en diciembre del
2017, estas fábricas no pagan impuestos a las municipalidades, pese
a que de enero a octubre de ese año han tenido un incremento en sus
ingresos de 55.5 millones de dólares en comparación al 2016.
Un
centenar de maquilas beneficiadas
Para
esta investigación se solicitó vía acceso a la información
pública conocer el listado de maquilas que han recibido los
beneficios fiscales entre 2015 hasta noviembre de 2017.
De
acuerdo con esa información oficial entregada por el MINEC, en 2015,
110 empresas maquilas recibieron beneficios fiscales; en 2016 fueron
105 empresas las beneficiadas y hasta noviembre de 2017 fueron 101
empresas con exenciones fiscales, con lo que el país deja de
percibir unos 1,200 millones de dólares al año.
El
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) entidad verificadora
de los cumplimientos de los derechos laborales en El Salvador, no
niega que dentro de la industria textil se cometen violaciones de
derechos laborales de las trabajadoras.
Según
Jorge Bolaños, director de inspectoría del MTPS, las faltas más
denunciadas cometidas dentro de las maquilas son el no pago de hora
extra, descuentos ilegales; la no aplicación del incremento al
salario mínimo; metas excesivas; el no pago de prestaciones de ley,
y el incumplimiento a la ley general de riesgo en los lugares de
trabajo.
El
informe anual del MTPS indicó que, de enero a diciembre de 2016,
hubo 2,288 accidentes laborales dentro de la industria manufacturera,
en donde 815 se dieron con producto textiles, prenda de vestir y
cuero. El informe también reportó que se atendieron a 129,340
personas trabajadoras de maquilas.
Bolaños
asegura que las sanciones y multas impuestas por el MTPS a las
empresas violadoras de derechos laborales, no garantiza que les sean
quitados los beneficios fiscales de los que gozan.
“Algunas
veces damos aviso al Ministerio de Economía (MINEC) cuando se
finaliza el procedimiento en el MTPS, esto, siempre y cuando la
empresa no acuda a la Sala de lo Contencioso para apelar la decisión
del Ministerio de Trabajo”, explica Bolaños.
Afirmó
que el trabajo de inspectoría del MTPS está siendo controlado por
las Salas de lo Contencioso y Constitucional. “Por ejemplo, la Sala
de lo Contencioso nos mandó a que corrigiéramos y devolver la multa
que se le impuso a una empresa. Hay muchas veces que la Sala ha dicho
que el inspector ha omitido algún procedimiento”, indicó.
Jorge
Bolaños expresó que “no es vinculante” que el MTPS de aviso al
MINEC, porque dentro de economía se llevan otros procesos. “Nosotros
hemos informado al MINEC, pero hasta la fecha no se han quitado esos
privilegios, porque quizás se está llevando otro proceso”.
Manifestó
que las empresas pueden apelar a la decisión del MTPS cuando se
imponen multas, y estas pueden pedir revisión de casos cuando no
desean pagar.
Este
medio buscó conocer los criterios de las Salas de lo Contencioso y
Constitucional, pero al cierre de este reportaje, sus equipos de
prensa no respondieron a las peticiones y diligenciaron las
entrevistas argumentando “agenda llena”. Se buscó también al
titular del MINEC pero tampoco hubo respuesta a la solicitud de
entrevista.
Jorge
Bolaños dijo que el MTPS cuenta con 110 inspectores a nivel nacional
para que atiendan las denuncias laborales dentro de las empresas en
general, pero que por momentos se vuelven insuficientes para la
demanda de inspecciones
“El
procedimiento para atender denuncia es: el inspector solicita la
documentación (planillas de pago, contrato y otros); luego se
entrevista a una muestra representativa de 20 personas, para
posteriormente hacer su informe”, detalló.
No
obstante, mujeres como Guadalupe señalan que los inspectores llegan
a las maquilas, se reúnen en los salones de aire acondicionados con
gerentes, jefes de recursos humanos y empleados adoctrinados, hacen
sus informes de aprobación y se van, sin conocer a profundidad la
realidad de los trabajadores.
Esa
realidad fue confirmada por el viceministro de Trabajo de El
Salvador, Óscar Armando Morales.
