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Cancelan el pasaporte a Flávio Bolsonaro, que podría haber huido

Flávio Bolsonaro, al dirigirse a sus seguidores tras conocerse el resultado electoral el pasado domingo.
Imagen: Agustin Marcarian /REUTERS
La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones presidenciales, al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación, informó este martes (27.10.2026) la agencia pública de noticias del país.

La anulación de sus pasaportes -incluido el diplomático- se produce en medio de las especulaciones sobre una posible fuga del hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro a través de Argentina, según la prensa brasileña. Sin embargo, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que Flávio Bolsonaro, "no ha pedido asilo" en este país.

Confirmaciones y desmentidos

Dos fuentes cercanas a Bolsonaro han confirmado a Reuters que el candidato presidencial derrotado va camino de Estados Unidos. No está claro si podría entrar al país con los pasaportes cancelados. La prensa brasileña también cita a familiares del senador que confirman el viaje, aunque el propio hermano de Flávio Bolsonaro, que vive en Estados Unidos y recientemente había dicho que debería trasladarse al país en caso de perder las elecciones, lo ha negado.

Eduardo Bolsonaro dijo al portal UOL que eran "mentira" los rumores sobre una supuesta huida de su hermano: "Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra", afirmó por mensaje en Whatsapp. Hace un mes, había dicho al podcaster Steven Crowder que "si mi hermano no gana, estoy a favor de que se vaya del país". El coordinador general de la campaña de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, dijo al portal de noticias Metrópoles recogidas por Globo que no había salido del país.

El influencer derechista Paulo Figueiredo, quien actúa como una especie de portavoz no oficial de la familia Bolsonaro, se negó a responder preguntas sobre el paradero de Bolsonaro. "Tras meses de intenso trabajo que han sido injustamente frustrados, no tengo ánimo para hablar con la prensa", señaló en un mensaje. "Si tengo algún comentario que hacer sobre cualquier asunto, me pondré en contacto".

Prohibición de abandonar el país

Flávio Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país. La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la Agencia Brasil. Flávio es investigado en el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial. Hoy mismo se ha anunciado una nueva investigación judicial, relacionada con una posible financiación exterior de su campaña.

Florida emite una orden de arresto contra Raúl Castro

Raúl Castro exlíder del gobierno cubano, en La Habana (01.05.2004)
Imagen: Ramon Espinosa /AP Photo /picture  alliance
La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes (19.10.2026) que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

"Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado", dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, en el que viajaba su líder José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

Gobierno federal apoya la iniciativa estatal contra el exministro cubano

La acusación de conspiración para cometer asesinato en primer grado se basa en gran medida en una acusación formal federal anunciada en mayo que incluía cargos por asesinato y destrucción de una aeronave.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el gobierno federal "está con Florida en la búsqueda de justicia para los cuatro estadounidenses asesinados en el derribo" de las avionetas.

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero.
Por otro lado, se espera el desarrollo de las demandas contra el gobierno estadounidense por el asesinato de varias personas en medio del Caribe y del Pacífico.

Se vence el plazo para que EE.UU. justifique los bombardeos en el Caribe y el Pacífico

Captura de pantalla- X @DeptofWar
Faltan pocas horas para que culmine el plazo dado por un tribunal estadounidense al Gobierno de Donald Trump para que justifique legalmente el operativo militar y bombardeos contra pequeñas embarcaciones que comenzó en septiembre de 2025 en las aguas del Caribe y del Pacífico.
El pasado 30 de septiembre, el juez federal Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fijó un lapso de 14 días para que la Administración de Trump explique las razones del uso de la fuerza letal en sus operaciones en la región latinoamericana.

Así, la Justicia estadounidense exige que el propio Gobierno analice la autoridad del presidente para ordenar acciones militares de este tipo.

Bombas sin pruebas

El pasado 2 de septiembre de 2025 comenzaron las operaciones contra embarcaciones artesanales, catalogadas de 'narcolanchas' por las autoridades estadounidenses. Washington defiende estos ataques como parte de su lucha contra el "terrorismo" y narcotráfico, aunque, hasta el momento, no ha presentado pruebas fehacientes que respalden ese tipo de actuaciones que han causado la muerte de más de 200 personas.

Ante la ausencia de evidencia legal sobre las supuestas actividades ilícitas de las víctimas, los familiares acusan a la Casa Blanca de matar a personas inocentes. Además, sus muertes han sido calificadas como violación de los derechos humanos por organismos internacionales como Naciones Unidas.

Del mismo modo, otras voces de peso internacional, como el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, han tachado estos ataques de "ejecuciones extrajudiciales" contra personas de origen humilde sin que hubiera el debido proceso conforme al derecho internacional, los acuerdos entre países y las leyes locales. Asimismo, mostraron su rechazo Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de México y Brasil.

Los hechos más polémicos

Entre los sucesos más polémicos se encuentra la desaparición de, por lo menos, ocho pescadores mexicanos en febrero de 2026. Mientras que las fuerzas estadounidenses afirmaron haber neutralizado 11 supuestos narcoterroristas, familiares y organizaciones locales denunciaron que las víctimas eran trabajadores civiles.

En medio de estas acciones militares hostiles, en enero de 2026, dos familias de Trinidad y Tobago demandaron a EE.UU. por la muerte de dos personas el pasado 14 de octubre de 2025

Meses antes, los allegados de un pescador colombiano asesinado en otro bombardeo también decidieron presentar una denuncia formal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el bombardeo de la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina, desaparecido desde el 15 de septiembre de 2025.

Al respecto, el abogado defensor de este caso, Dan Kovalik, afirmó: "Yo lo describiría como un asesinato a sangre fría. Es decir, en un momento dado, Pete Hegseth [secretario de Guerra] incluso admitió que no conocían la identidad de las personas a las que estaban asesinando".

Por otra parte, EE.UU. tampoco ha dado su versión tras el ataque al menos a tres embarcaciones de Ecuador. Los supervivientes denunciaron tortura y secuestro por parte de hombres armados estadounidenses.

Posteriormente, Alexandra Bravo, la fiscal que investigaba las voladuras de las lanchas, fue asesinada a tiros en Manta a manos de un sicario.

La CPI rechaza enérgicamente las sanciones estadounidenses contra la institución.

Tomoko Akane.
Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se suma a una serie de designaciones contra trece jueces y fiscales independientes que velan por la causa de la justicia.

La CPI rechaza las sanciones estadounidenses contra la institución.

Esta medida atenta contra una institución judicial independiente, creada por tratado y encomendada por 125 Estados Partes para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Constituye un intento de obstaculizar la justicia e impedir que la Corte cumpla con su cometido. Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.

Esta designación tiene como objetivo perturbar las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella. La Corte, por su parte, no se dejará amedrentar. «La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves», declaró la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.

Sede de la CPI en La Haya
Sin embargo, la Corte no puede sostenerse sola. Su destino ahora también está en manos de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes. Esa promesa solo es tan fuerte como la determinación de quienes la formularon.

Si bien pueden surgir dificultades, la Corte, junto con sus Estados Partes, ha realizado considerables esfuerzos para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus actividades. La Corte insta a los Estados a seguir adoptando medidas concretas, entre ellas, asegurar que la Corte continúe contando con los medios necesarios para proseguir su labor. No se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el estado de derecho.

Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia
. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión.

EE.UU. impone sanciones contra la Corte Penal Internacional

EE.UU. impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional, informó este 9 de octubre el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.
"El presidente [de EE.UU., Donald] Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, privándole de recursos y mermando su capacidad para funcionar", afirmó, calificando a la entidad de "falsa".

Según Rubio, ambos partidos, el Republicano y el Demócrata, están de acuerdo con Trump en imponer sanciones contra la CPI.
"O bien la CPI pone fin a sus amenazas, o bien acabaremos con la CPI. Y esperamos que nuestros aliados —muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa— pongan freno a este tribunal deshonesto", añadió.
Además, Washington concedió a los países miembros de la Corte un plazo de 180 días para "demostrar avances significativos en las soluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de EE.UU. en relación con la CPI".

Por su parte, el Departamento de Tesoro de EE.UU. ha autorizado que se realicen algunas operaciones financieras con la CPI, que buscan mantener o suspender las actividades del tribunal hasta el 7 de abril. Asimismo, emitió una serie de licencias generales para no dañar los intereses estadounidenses, que autorizan ciertas transacciones y actividades. Así, se permite mantener las operaciones de la Corte durante 180 días, prestar servicios informáticos, gestionar el fondo de pensiones y llevar a cabo las operaciones relacionadas con los detenidos y reclusos. El mismo día, el Comité Noruego del Nobel concedió el Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza la Corte Penal Internacional, Navanethem 'Navi' Pillay.

Relaciones rotas

Las relaciones entre Washington y la CPI se rompieron después de que el tribunal emitiera en el 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país, Yoav Galant, que fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra en la Franja de Gaza.

En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva ofensiva en la lucha de la Administración del presidente Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) y declaró el inicio de una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal global.

Un nuevo recrudecimiento de las tensiones se produjo en agosto, cuando Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y a un fiscal vinculado a la investigación de presuntos crímenes cometidos por Israel durante la guerra en Gaza, Abdoulaye Seye.

Brasil: Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción

El hijo de Jair Bolsonaro está involucrado en una de los mayores casos de corrupción de Brasil.
Imagen: Raul Spinassé
El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en torno a la producción de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación contra el primogénito del líder ultraderechista fue abierta en julio pasado, pero solo trascendió este viernes (11.09.2026), luego de que el magistrado André Mendonça, instructor del proceso en la Corte Suprema, levantara el sigilo del sumario sobre todo el proceso relacionado con el millonario fraude del Banco Master.

Lavado de dinero y evasión de divisas

El senador es investigado por los posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por supuestamente haber intermediado en la financiación ilegal de 'Dark Horse', un filme que aún no se ha estrenado sobre la vida de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Según mensajes descubiertos en el teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master y actualmente encarcelado como responsable por el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, Flávio Bolsonaro le pidió donaciones para financiar la película y lo urgió a agilizar los pagos para saldar una serie de deudas de los productores del filme.

Según el portal Intercept Brasil, que tuvo acceso a esos mensajes, Vorcaro habría desembolsado al menos 61 millones de reales (12 millones de dólares) en 2025 para financiar la película, pero los recursos fueron depositados en cuentas en Estados Unidos de personas próximas a la familia Bolsonaro, por lo que se investiga el destino real de las transferencias.

Flávio Bolsonaro aparece en las encuestas de intención de voto como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, de cara a las presidenciales de octubre. En los últimos sondeos, ambos están técnicamente empatados con miras a una eventual segunda vuelta.

La inclusión del aspirante por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en el proceso como investigado fue autorizada por Mendonça tras una petición hecha por la Policía Federal y el aval de la Fiscalía. La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro recibió parte del dinero donado por Vorcaro para la película.

Países Bajos: condena perpetua a ruandés por participar en genocidio

Cráneos humanos conservados de personas masacradas en Ruanda en 1994
Imagen: SIMON MAINA/AFP
Un tribunal neerlandés condenó este viernes (28.08.2026) a prisión de por vida a Eugène N. por haber participado en la masacre de 3.000 tutsis durante el genocidio de 1994 en Ruanda.

El hombre de 60 años tenía una orden de arresto internacional emitida por el país africano en 2014, indicaron las autoridades neerlandesas. Como obtuvo la nacionalidad de Países Bajos, donde reside desde 1998, no podía ser extraditado a Ruanda.

Durante los episodios violentos de abril de 1994, unas 3.000 víctimas que habían intentado refugiarse en un estadio de fútbol de Mabazi, en el sur del país africano, fueron masacradas. Según la ONU, más de 800.000 personas fueron asesinadas en el genocidio, principalmente miembros de la minoría tutsi.

Justicia europea vuelve a castigar a responsables de crímenes internacionales

"Las infracciones cometidas por el acusado trastornaron profundamente a la sociedad. Se trata de una violación considerable del orden jurídico en Ruanda y en todo el mundo", declaró un juez del tribunal de distrito de La Haya. "Solo una pena de prisión perpetua está justificada", agregó.

Además de haber participado en la masacre, el procesado fue declarado culpable de estar involucrado en una "olea de saqueos y destrucciones". En cambio, fue absuelto de incitación al genocidio por falta de pruebas concluyentes.

Países europeos han juzgado y condenado a decenas de personas implicadas en el genocidio de Ruanda, de acuerdo con el principio de justicia universal, que les permite juzgar los crímenes más graves aunque se hayan cometido en el extranjero.

Turquía ordena arresto internacional de Netanyahu por Gaza, a su vez Netanyahu acusa a Erdogan de ser "un dictador antisemita"

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
Imagen: Paulina Patimer/JNA Press/Sipa USA/picture alliance
Turquía emitió una orden de arresto internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otro ciudadano israelí, anunció el viernes (21.08.2026) en X el ministro turco de Justicia, Akin Gurlek, en el marco de una investigación sobre la detención de activistas que viajaban en la "Flotilla para Gaza".

"En el marco del procedimiento judicial relativo al ataque en aguas internacionales contra los activistas de la Flotilla (...) y de conformidad con las órdenes de arresto emitidas el 14 de julio de 2026 contra Benjamin Netanyahu y Afek Moskovitch por 'genocidio', el ministerio de Justicia solicitó al ministerio del Interior que emita alertas rojas con vistas a su arresto internacional", afirmó el ministerio turco.

Recordó que la citada corte juzga en rebeldía a Netanyahu y a otros 34 acusados -entre ellos el militar Afek Moskovitch- por presuntos delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y torturas, derivados del abordaje en aguas internacionales de la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Los cerca de 430 tripulantes de los aproximadamente 50 barcos abordados en mayo por el ejército israelí en el Mediterráneo fueron llevados por la fuerza a Israel y posteriormente detenidos en la prisión de Ktziot, antes de ser expulsados.

Los activistas de la "Global Sumud Flotilla" partieron de Turquía con el objetivo de llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra, y buscaban también romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel.

Un presunto traslado de tropas turcas a Siria ha desatado un enfrentamiento entre el presidente de Turquía, Recep Tayyid Erdogan (izq), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der).
Imagen: JOHANNSSEN/REUTERS/Magana/AP/picture alliance
Responde Netanyhu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyhu, respondió este viernes (21.08.2026) a la solicitud de Turquía a Interpol para que emita una orden de arresto contra él, y aseguró que se trata de un "intento patético de intimidar a los líderes y soldados de Israel".

"Erdogan es un dictador antisemita que ha masacrado a los kurdos, da cobijo a terroristas de Hamás, ocupa la mitad de Chipre y encarcela a un número récord de periodistas y políticos que se le oponen". "Ahora pretende extender su agresión contra Israel a Siria. Israel no lo tolerará", continúa el texto del mandatario.

Netanyahu alude a un presunto intento de Turquía de trasladar tropas a un aeropuerto militar en Idlib (noroeste de Siria), por el cual Israel bombardeó el aeropuerto en la madrugada del 19 de agosto. Tanto Turquía como Siria niegan que dicho despliegue fuera a producirse.
Solicitud presentada a Interpol

El Ministerio de Justicia de Turquía solicitó formalmente a la Interpol una orden de arresto internacional contra Netanyahu, y otros altos cargos de su Gobierno, informó el titular de la cartera, Akin Gürlek. La medida tiene el objetivo de lograr las detenciones a nivel internacional de los máximos responsables de la política israelí y da continuidad a las órdenes de arresto turcas emitidas el pasado 14 de julio por el 11º Tribunal Penal Superior de Estambul, precisó Gürlek en un comunicado publicado en redes sociales.

Recordó que la citada corte juzga en rebeldía a Netanyahu y a otros 34 acusados -entre ellos el militar Afek Moskovitch- por presuntos delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y torturas, derivados del abordaje en aguas internacionales de la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.




China: cadena perpetua para fundador del gigante Evergrande

Xu Jiayin (archivo).Imagen: Bei Piao/HPIC/picture alliance/dpa
Un tribunal chino condenó este jueves (20.08.2026) al fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin, a cadena perpetua por una serie de delitos que incluyen "fraude financiero" y multó al grupo con más de 2.000 millones de dólares.
Antes la principal empresa de bienes raíces del país asiático, Evergrande se ha convertido en símbolo de la crisis inmobiliaria que sigue afectando a la economía china, luego de décadas de rápida urbanización y el aumento de las condiciones de vida.

Su acceso al crédito se redujo drásticamente cuando el gobierno introdujo restricciones al endeudamiento excesivo y a la especulación. Finalmente, se declaró en quiebra en 2021 después de años de lucha por hacer frente a una enorme deuda.

Este jueves, un tribunal de la ciudad sureña de Shenzhen impuso al Grupo Evergrande y a su división inmobiliaria sanciones por un total de 15.820 millones de yuanes (unos 2.400 millones de dólares).

Estados Unidos lanza campaña para “desmantelar” la CPI

Imagen: Eric Lee/REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes (13.07.2026) el lanzamiento de una campaña diplomática para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI), estamento central del sistema de justicia mundial, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.

"La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos", afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar "una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional".

Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.

"Paso a paso, si es necesario"

La nueva campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas. También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que "disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos", para que rechacen abiertamente las iniciativas de la CPI.

La Administración de Trump llamará a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar "los abusos de la CPI" e instarles a retirarse del organismo. Habrá además, por parte de Washington, un "mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos".

El secretario de Estado denunció en un comunicado que la CPI busca convertirse en "un árbitro global sin rendición de cuentas". En una columna de opinión publicada este mismo lunes en el diario The Wall Street Journal, dijo que con la ayuda de sus aliados, Estados Unidos desmantelará la CPI, "paso a paso, si es necesario”.

Condenada por malversación la derechista Marine Le Pen.

Marine Le Pen tras ser notificada de la decisión judicial.
Imagen: Dimitar Dilkoff/AFP

El Tribunal de Apelación de París condenó este martes (07.07.2026) a la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo que la reduce a 15 meses firmes y técnicamente podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen fue condenada también a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, de forma que tendrá que estar un año firme con brazalete electrónico en condiciones que fijará el juez de aplicación de penas. Además deberá pagar una multa de 100.000 euros. La presidenta del tribunal subrayó que un responsable político tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

La candidatura presidencial de Le Pen es incierta, debido a que la política de 57 años había advertido la semana pasada que sólo se presentaría si podía hacer campaña "libremente", sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse por el país, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría.

Culpable de malversación

Le Pen debería dar más pistas sobre esa candidatura o si será sustituida en esa labor por su delfín, Jordan Bardella, en una entrevista que tiene programada la tarde de esta misma jornada en la cadena de televisión privada TF1. "Hemos anticipado todos los escenarios", aseguró el lunes Bardella, declarándose "tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias" de la decisión judicial.

Los jueces consideraron a Le Pen, así como a los otros once encausados y a su partido, la Agrupación Nacional (RN), culpables de la malversación de más de 2,8 millones de euros que el Parlamento Europeo asignó para pagar a asistentes parlamentarios y que en realidad se utilizaron para empleados que trabajaban para la formación política.

Le Pen no podía presentarse a las elecciones por una condena en marzo de 2025 a dos años de prisión firme y cinco años de inhabilitación inmediata por esa malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada. Pero recurrió y la decisión del tribunal de apelación de París se anunciaba crucial a diez meses de la presidencial, cuya primera vuelta tendrá lugar en abril de 2027.

Juezas de CPI demandan a Trump por "sanciones draconianas"

Al sancionar a funcionarios de las cortes internacionales se busca presionar a la justicia para que no interfiera con ciertos intereses. 
 (Imagen de archivo 15.07.2025)
Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas por Estados Unidos presentaron una demanda este miércoles (24.06.2026) contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno, alegando que las medidas en su contra "no tienen precedentes".

En una corte de Nueva York, las juezas Kimberly Prost de Canadá, Solomy Balungi Bossa de Uganda y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou de Benín aseguraron que las sanciones buscan "ejercer presión extrajudicial". Demandan que se levanten las sanciones en su contra.

"La imposición de tales sanciones draconianas contra jueces internacionales no tiene precedentes", dice el documento judicial de 66 páginas.

La administración Trump ha impuesto sanciones a por lo menos 11 funcionarios de la CPI, incluido su fiscal jefe, que consisten en prohibiciones para viajar y congelación de activos.

Muchas de las sanciones han sido en represalia por investigaciones de la CPI contra Israel, aliado clave de Estados Unidos. En 2024, la corte emitió una orden de captura contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra.

La demanda del miércoles asegura que las sanciones contra las juezas buscan "castigarlas por decisiones judiciales previas y obligarlas a dar prioridad a sus intereses privados por encima de decidir los casos sobre la base de la ley y los hechos".

La demanda incluye a otros altos cargos

Agrega que las medidas son "equivalentes a la pena de muerte financiera". Las juristas no pueden utilizar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios ni usar plataformas como Amazon y Google.

Junto con Trump, la demanda incluye a Marco Rubio (secretario de Estado), Scott Bessent (secretario del Tesoro), Todd Blanche (fiscal general encargado) y Bradley Smith (director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros).

Estados Unidos, Israel y Rusia están entre los países que no reconocen a la CPI, respaldada por casi todas las democracias occidentales.

La corte fue instaurada en 2002 como una instancia de último recurso cuando los países no cuentan con sistemas legales adecuados para asegurar la responsabilidad.

Durante el primer periodo presidencial de Trump, Estados Unidos también llevó a cabo acciones contra el fiscal jefe de la CPI para bloquear, con éxito, una investigación sobre posibles crímenes durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

La administración del expresidente Joe Biden levantó esas sanciones.

Texas demanda a Netflix por recopilación de datos

Se presentaron cinco cargos contra Netflix, todos ellos en torno a
la noción de prácticas engañosas. (Imagen de archivo 19.07.2023)
Imagen: Mario Tama/Getty Images
El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, demandó este lunes (11.05.2026) a Netflix ante un tribunal civil bajo cargos de recolección indebida de datos de sus usuarios, y por lo que señala como carácter adictivo de la plataforma.

Según Paxton, el servicio de vídeo en línea sostuvo públicamente que había restringido la recopilación de información de sus usuarios, cuando en realidad "registra y monetiza miles de millones" de datos.

Esa información se utiliza especialmente para orientar la pauta publicitaria, pero también se vende a empresas de mercadeo o de análisis de solvencia, de acuerdo con el escrito de la demanda.

Aunque Netflix no recoge datos de menores, sí lo hace de los jóvenes usuarios, señaló Paxton.

El fiscal presentó la demanda ante un tribunal de las afueras de Dallas, Texas.

Según argumentó, Netflix obliga a "mantener a los texanos y a sus hijos pegados a una pantalla para extraer todos los datos posibles".

"Para ello", agregó el fiscal, diseñó su plataforma de tal manera "que fuera adictiva".

El fiscal mencionó en particular la reproducción automática de un video apenas termina otro.

Se han presentado cinco cargos, todos ellos en torno a la noción de prácticas engañosas.

"Esta acción judicial carece de fundamento y se basa en informaciones inexactas y distorsionadas", dijo Netflix en un comunicado a la AFP.

Netfix asegura que respeta la ley

"Netflix se toma en serio la protección de datos de nuestros miembros y actúa conforme a las leyes de protección de datos en todos los lugares donde operamos", añadió.

Según el fiscal general de Texas, cada infracción probada de la ley del estado relacionada con estas prácticas puede acarrear una multa de 10.000 dólares.

El carácter adictivo de la plataforma que alega Paxton se inscribe en la misma línea del juicio contra Meta y Google que se celebró en Los Ángeles a principios de año.

Al término de las deliberaciones, un jurado declaró a ambos grupos tecnológicos responsables del carácter adictivo de sus plataformas, Instagram (Meta) y YouTube (Google).

Rusia condena a 19 años de prisión a soldado colombiano

Imagen referencial. Combatiente colombiano en Ucrania.
Imagen: Carolina Chimoy/DW
El Tribunal Supremo de Donetsk, condenó este miércoles (24.12.2025) a un colombiano a 19 años de prisión, tras haber sido acusado de luchar en las filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos y ser hallado culpable de participar "como mercenario en un conflicto armado”.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Rusia, el hombre de 42 años, identificado como Óscar Mauricio Blanco López, firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en la "lucha contra las fuerzas armadas rusas", y fue capturado en la región de Donetsk en diciembre de 2024. Ahora cumplirá su pena en una cárcel de alta seguridad, según la agencia de noticias rusa TASS.

Blanco López, según fuentes rusas, admitió plenamente su culpa y aseguró que decidió convertirse en mercenario debido a dificultades financieras que experimentaba en Colombia. La semana pasada, otro tribunal de Donetsk condenó a 13 años de cárcel al británico Hayden William Davis por "mercenarismo", y antes ha condenado también a checos, estadounidenses y británicos.

"Secuestrados" en Ucrania

Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten con el ejército ucraniano como "mercenarios", un delito penado por su legislación. Ya en junio, la Justicia rusa había condenado a 28 años de cárcel al colombiano Pablo Puentes Borges por combatir junto a las fuerzas de Ucrania que habían sido desplegados en la región rusa de Kursk.

A comienzos de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los servicios de inteligencia de su país contactar al Gobierno de Ucrania para obtener la "libertad” de hombres colombianos supuestamente "secuestrados” en Ucrania. "Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados”, dijo Petro, quien ordenó contactar al presidente de Ucrania y "pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”.

Estados Unidos considera a la Corte Penal Internacional como "una amenaza para (su) la seguridad nacional"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en un comunicado que la Corte Penal Internacional es una amenaza para la seguridad nacional porque actúa como herramienta judicial en contra de Estados Unidos y su aliado cercano, Israel.

"Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos de los cuales obtuvieron su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses, a resistir las pretensiones de esta institución en bancarrota", agregó Rubio.

A los sancionados se les congelarán cuentas bancarias y bienes que tengan en Estados Unidos y no podrán volver a entrar a suelo estadounidense. Cabe mencionar que ni Estados Unidos ni Israel son parte de la CPI, pero el tribunal sostiene que puede emitir órdenes de arresto contra ciudadanos de dichos países porque los lugares en los que supuestamente ocurrieron los crímenes sí son parte del tribunal.

La CPI rechaza enérgicamente nuevas sanciones de EE.UU. contra jueces y fiscales adjuntos

La Corte Penal Internacional deplora el anuncio de nuevas sanciones por parte de la administración estadounidense contra los jueces de la CPI Kimberly Prost (Canadá), el juez Nicolas Guillou (Francia), la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang (Senegal). Estas nuevas sanciones se suman a las impuestas previamente a otros cuatro jueces y al fiscal de la CPI.

Estas sanciones constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones. Constituyen también una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en normas y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo.

Como ya lo han declarado el Presidente y el Poder Judicial de la CPI , así como la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, la Corte respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables. La CPI seguirá cumpliendo su mandato, sin inmutarse, en estricta conformidad con el marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin importar ninguna restricción, presión o amenaza.
La Corte insta a los Estados Partes y a todos aquellos que comparten los valores de la humanidad y el estado de derecho a que brinden un apoyo firme y constante a la Corte y a su labor realizada en el único interés de las víctimas de crímenes internacionales.

Tribunal anula sentencia en defensa del clima y favorece intereses de Shell

Una primera sentencia, emitida en 2021, ordenó al grupo anglo-neerlandés
Shell reducir sus emisiones netas de CO2 en al menos un 45 por ciento
hasta 2030 respecto a sus niveles de 2019.
El proceso judicial, abierto bajo el nombre "el pueblo contra Shell", fue iniciado en abril de 2019 por varias oenegés, entre ellas, Milieudefensie y Greenpeace. Más de 17.000 ciudadanos neerlandeses se presentaron como parte civil.

La primera sentencia, emitida en 2021, ordenó al grupo anglo-neerlandés reducir sus emisiones netas de CO2 en al menos un 45 por ciento hasta 2030 respecto a sus niveles de 2019, estimando que contribuían al calentamiento climático y a sus consecuencias devastadoras.

Donald Pols, director de la ONG Milieudefensie, celebra eufórico la
primera sentencia de 2021 que resultó favorable a sus pretensiones.
Imagen: Piroschka van de Wouw/REUTERS
El veredicto fue celebrado como algo histórico por los militantes ecologistas, afirmando que, por primera vez, la justicia obligaba a una multinacional a ajustarse a los Acuerdos de París de 2015 sobre el clima.

En aquel momento, Shell presentó un recurso, al entender que no existía base legal para las reivindicaciones presentadas y que el proceso representaba una decisión política a nivel gubernamental.
Juicio inicial anulado

El martes (12.11.2024) el tribunal de apelaciones de La Haya estimó que "los recursos de Milieudefensie no pueden ser aceptados" y "anula en consecuencia el juicio inicial", anunció la juez Carla Joustra.

"Estamos satisfechos de la decisión del tribunal, que nos parece buena para la transición energética mundial, para Países Bajos y para nuestra empresa", declaró Wael Sawan, director ejecutivo de Shell.

"Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa energética de emisiones netas nulas de ahora a 2050 se mantiene en el núcleo de la estrategia de Shell y transforma nuestra actividad", agregó.

"Esto incluye continuar con nuestros esfuerzos para reducir a la mitad las emisiones de nuestras operaciones de ahora a 2030", afirmó.

Última posibilidad de recurrir

La revocación de la sentencia "duele", reconoció, por su parte, en un comunicado la oenegé Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra. "Al mismo tiempo, constatamos que este caso ha permitido garantizar que los grandes contaminantes no estén a salvo y alimentar el debate sobre su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático".

Ambas partes disponen de una última posibilidad de recurrir a un tribunal de casación, aunque este se centraría en los aspectos procedimentales y no en el fondo de la cuestión.

Valkiria II: Perú lanza megaoperación contra la red corrupta de Patricia Benavides

La fiscal general de la Nación de Perú, Patricia Benavides, actualmente suspendida
de su cargo por seis meses. Jhonel Rodriguez / Peruvian Presidency
 El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) desplegó la madrugada de este martes en Lima un operativo, denominado Valkiria II, en el marco de la presunta red criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El operativo, dirigido por la fiscal superior Marita Barrero con la participación de al menos 23 fiscales y más de 100 agentes de Policía, según informa La República, se inició a las 3:40 de la madrugada a iniciativa del juez Raúl Wensislao Justiniano Romero.

Hasta el momento fueron allanados 21 inmuebles y se detuvo a siete personas: Miguel Ángel Girao Isidro, exasesor de Benavides; Abel Hurtado, también exasesor de la fiscal investigada; el abogado José Luis Castillo Alva; Giancarlo Valer Enciso, conocido por liderar una presunta banda criminal llamada 'Los ingeniosos del Sur'; Jorge Luis Palomino Quesada, colaborador de Benavides; la empresaria Mirtha Cristina Gonzales Yep; y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, capitán de la Policía Nacional.


Igualmente, Eficcop allanó las viviendas de Oscar Nieves, abogado considerado parte del círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte, y del periodista Juan Carlos Tafur, quien lo consideró una "venganza" de Barreto por la publicación de unas notas sobre temas fiscales en su portal web, Sudaca.

¿Qué se investiga?

Se investiga una presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides, actualmente suspendida durante seis meses de su cargo de fiscal de la Nación.

La tesis de los investigadores es que habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para lucrarse sirviéndose de actividades corruptas.

Así, se cree que la trama llevó a cabo acciones para evitar ser procesada y sancionada, a través de los los exasesores de Benavides, que habrían influido ilegalmente en las decisiones de congresistas para que promovieran la destitución de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, una potencial rival.

Asimismo, también habrían influido en la designación del defensor del Pueblo y para instar a la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el objetivo de impedir la remoción de Benavides.

La investigación también apunta a que habrían promovido el archivo de indagaciones en el caso 'Cuellos blancos del puerto' a cambio de más de 60.000 dólares, así como que habrían recibido mordidas por contrataciones de obras públicas.

Además, se cree que se captó e infiltró al fiscal adjunto provincial del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Guillermo Vicente Silva, para conocer información privilegiada relacionada con la corrupción en el poder con la que negociar con funcionarios con poder político y económico.

El futuro de Benavides se decidirá en los próximos días, cuando la Junta Nacional de Justicia tome una decisión sobre el informe final, que recomienda su destitución de todo cargo por dos faltas graves cometidas en 2022.

Si la decisión de la JNJ es contraria a sus intereses, Benavides no podría retomar su cargo el próximo 7 de junio, cuando se cumple el plazo de seis meses de su destitución temporal como fiscal de la Nación, relacionada con presuntos tratos de favor a su hermana, Emma Benavides.

¿Qué dice Benavides?

En un video, difundido por su abogado Jorge del Castillo, Benavides rechazó la "burda maniobra evidentemente concertada" entre fiscales y policías.

Benavides los acusó de montar un "psicosocial" para "impresionar" tanto a las autoridades como a la opinión pública y así procurar su "injusta destitución".

Asimismo, indicó que al mediodía de este martes su defensa legal dará una conferencia de prensa en un auditorio situado en la avenida Javier Prado, en la provincia de Lima, para aclarar la situación.

EE.UU. demanda a Apple

Imagen ilustrativaCFOTO / Gettyimages.ru
 El Departamento de Justicia de EE.UU. y 16 fiscales generales estatales demandaron a Apple este jueves ante un tribunal federal de Nueva Jersey por crear un monopolio y obstaculizar a los competidores. La demanda se dirige contra el producto más popular y lucrativo de la empresa, el iPhone.

En el documento se afirma que Apple impuso "una serie de normas y restricciones cambiantes" para "extraer tarifas más altas, frustrar la innovación, ofrecer una experiencia de usuario menos segura o degradada y estrangular las alternativas competitivas".

Debido a esta conducta, el Gobierno y los estados alegan en la demanda que Apple "construyó y reforzó un 'foso' alrededor de su monopolio de teléfonos inteligentes".

"Si no se cuestiona, Apple seguirá utilizando y reforzando su monopolio de los teléfonos inteligentes para dictar cómo las empresas pueden crear y distribuir aplicaciones en el futuro, de modo que no puedan amenazar los monopolios de los teléfonos inteligentes de Apple", señala el documento.

El portavoz de Apple, Fred Sainz, ha declarado en un comunicado que "esta demanda es errónea desde el punto de vista de los hechos y de la ley". Según él, la demanda "amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos".

En febrero, se informó que la Unión Europea multaría a Apple con 500 millones de euros (539 millones de dólares) por favorecer su propio servicio de música en 'streaming' frente a rivales como Spotify,

Por obrar 'con ilegalidad y mala fe' empresa petrolera debe pagar a Ecuador millones de dólares.

Ecuador recibió más de seis millones de dólares de la empresa estadounidense WorleyParsons, tras ganar la demanda que interpuso la compañía y que pretendía que el país andino le pagase 198 millones de dólares por un conflicto petrolero.

 En concreto, la compañía estadounidense tuvo que pagar 6.048.471,01 dólares. "Este es el monto que el tribunal arbitral ordenó a la compañía reembolsar a Ecuador por los honorarios y costos causados en el arbitraje internacional seguido por Worley Parsons al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador", explicó en un comunicado la Procuraduría General del Estado de Ecuador.

Asimismo, detalló que los fondos serán acreditados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
WorleyParsons demandó en 2019 a Ecuador por supuestos montos impagados relacionados con contratos suscritos por esta empresa con la estatal petrolera Petroecuador y con la compañía Refinería del Pacífico para cuatro proyectos: rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto y la planta de gas licuado de Petróleo de Monteverde.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Internacional emitió su laudo final y resolvió desestimar las pretensiones de Worley, entre otras cosas, por la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión.

El Tribunal señaló que los reclamos de Worley Parsons no tenían cabida por "la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe", aceptó los argumentos de Ecuador y desestimó en su totalidad las pretensiones de WorleyParsons.

Declaran inconstitucional la reforma laboral contenida en el DNU de Milei

Un manifestante posa frente a una imagen crítica con el Gobierno
de Javier Milei. Buenos Aires, 24 de enero de 2024.
atacha Pisarenko / AP
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina falló a favor del recurso interpuesto por la sindical Confederación General del Trabajo (CGT) y declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral presentada por el presidente Javier Milei, en su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En un reporte de TN se precisa que el dictamen firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera alcanza los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU.

Ámbito explica que al avalar el reclamo de la CGT, la Cámara rechazó la apelación interpuesta por el Gobierno, al tiempo que destacó que el documento donde se expusieron los fundamentos de la sentencia, contiene más de 30 páginas.
Entre otros argumentos, se destacó que "no se evidencia objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas", y se deja claro que aunque eventualmente ello pudiera justificarse, seguiría sin demostrarse la "urgencia" que esgrime la Casa Rosada para prescindir de la intervención del Legislativo en materias que son de su competencia.

Asimismo, los jueces estimaron que "no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU".

Sentencia definitiva

Si bien la Cámara de Apelaciones resolvió sobre la cuestión de fondo y la sentencia puede considerarse definitiva, no significa que la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo se haya hundido sin remedio.

Los togados aclararon que esta "gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas cámaras [del Congreso] dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso", aunque en caso contrario, "su vigencia cesará".

Pese a ello, la noticia fue celebrada en X por el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, Héctor Daer, quien calificó la resolución como "una victoria" y recalcó el carácter definitivo de la sentencia.

Se trata de otro revés judicial que recibe la Administración de Milei esta semana. La víspera, un tribunal federal admitió un recurso de amparo para evitar la derogación de la Ley de Tierras vigente desde 2011 que, entre otros asuntos, limita la cantidad de predios que pueden poseer los extranjeros.

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