Estados Unidos lanza campaña para “desmantelar” la CPI

Imagen: Eric Lee/REUTERS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes (13.07.2026) el lanzamiento de una campaña diplomática para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI), estamento central del sistema de justicia mundial, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.

"La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos", afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar "una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional".

Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.

"Paso a paso, si es necesario"

La nueva campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas. También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que "disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos", para que rechacen abiertamente las iniciativas de la CPI.

La Administración de Trump llamará a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar "los abusos de la CPI" e instarles a retirarse del organismo. Habrá además, por parte de Washington, un "mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos".

El secretario de Estado denunció en un comunicado que la CPI busca convertirse en "un árbitro global sin rendición de cuentas". En una columna de opinión publicada este mismo lunes en el diario The Wall Street Journal, dijo que con la ayuda de sus aliados, Estados Unidos desmantelará la CPI, "paso a paso, si es necesario”.

Condenada por malversación la derechista Marine Le Pen.

Marine Le Pen tras ser notificada de la decisión judicial.
Imagen: Dimitar Dilkoff/AFP

El Tribunal de Apelación de París condenó este martes (07.07.2026) a la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo que la reduce a 15 meses firmes y técnicamente podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen fue condenada también a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, de forma que tendrá que estar un año firme con brazalete electrónico en condiciones que fijará el juez de aplicación de penas. Además deberá pagar una multa de 100.000 euros. La presidenta del tribunal subrayó que un responsable político tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

La candidatura presidencial de Le Pen es incierta, debido a que la política de 57 años había advertido la semana pasada que sólo se presentaría si podía hacer campaña "libremente", sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse por el país, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría.

Culpable de malversación

Le Pen debería dar más pistas sobre esa candidatura o si será sustituida en esa labor por su delfín, Jordan Bardella, en una entrevista que tiene programada la tarde de esta misma jornada en la cadena de televisión privada TF1. "Hemos anticipado todos los escenarios", aseguró el lunes Bardella, declarándose "tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias" de la decisión judicial.

Los jueces consideraron a Le Pen, así como a los otros once encausados y a su partido, la Agrupación Nacional (RN), culpables de la malversación de más de 2,8 millones de euros que el Parlamento Europeo asignó para pagar a asistentes parlamentarios y que en realidad se utilizaron para empleados que trabajaban para la formación política.

Le Pen no podía presentarse a las elecciones por una condena en marzo de 2025 a dos años de prisión firme y cinco años de inhabilitación inmediata por esa malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada. Pero recurrió y la decisión del tribunal de apelación de París se anunciaba crucial a diez meses de la presidencial, cuya primera vuelta tendrá lugar en abril de 2027.

Juezas de CPI demandan a Trump por "sanciones draconianas"

Al sancionar a funcionarios de las cortes internacionales se busca presionar a la justicia para que no interfiera con ciertos intereses. 

 (Imagen de archivo 15.07.2025)

Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas por Estados Unidos presentaron una demanda este miércoles (24.06.2026) contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno, alegando que las medidas en su contra "no tienen precedentes".

En una corte de Nueva York, las juezas Kimberly Prost de Canadá, Solomy Balungi Bossa de Uganda y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou de Benín aseguraron que las sanciones buscan "ejercer presión extrajudicial". Demandan que se levanten las sanciones en su contra.

"La imposición de tales sanciones draconianas contra jueces internacionales no tiene precedentes", dice el documento judicial de 66 páginas.

La administración Trump ha impuesto sanciones a por lo menos 11 funcionarios de la CPI, incluido su fiscal jefe, que consisten en prohibiciones para viajar y congelación de activos.

Muchas de las sanciones han sido en represalia por investigaciones de la CPI contra Israel, aliado clave de Estados Unidos. En 2024, la corte emitió una orden de captura contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra.

La demanda del miércoles asegura que las sanciones contra las juezas buscan "castigarlas por decisiones judiciales previas y obligarlas a dar prioridad a sus intereses privados por encima de decidir los casos sobre la base de la ley y los hechos".

La demanda incluye a otros altos cargos

Agrega que las medidas son "equivalentes a la pena de muerte financiera". Las juristas no pueden utilizar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios ni usar plataformas como Amazon y Google.

Junto con Trump, la demanda incluye a Marco Rubio (secretario de Estado), Scott Bessent (secretario del Tesoro), Todd Blanche (fiscal general encargado) y Bradley Smith (director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros).

Estados Unidos, Israel y Rusia están entre los países que no reconocen a la CPI, respaldada por casi todas las democracias occidentales.

La corte fue instaurada en 2002 como una instancia de último recurso cuando los países no cuentan con sistemas legales adecuados para asegurar la responsabilidad.

Durante el primer periodo presidencial de Trump, Estados Unidos también llevó a cabo acciones contra el fiscal jefe de la CPI para bloquear, con éxito, una investigación sobre posibles crímenes durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

La administración del expresidente Joe Biden levantó esas sanciones.

Texas demanda a Netflix por recopilación de datos

Se presentaron cinco cargos contra Netflix, todos ellos en torno a
la noción de prácticas engañosas. (Imagen de archivo 19.07.2023)
Imagen: Mario Tama/Getty Images

El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, demandó este lunes (11.05.2026) a Netflix ante un tribunal civil bajo cargos de recolección indebida de datos de sus usuarios, y por lo que señala como carácter adictivo de la plataforma.

Según Paxton, el servicio de vídeo en línea sostuvo públicamente que había restringido la recopilación de información de sus usuarios, cuando en realidad "registra y monetiza miles de millones" de datos.

Esa información se utiliza especialmente para orientar la pauta publicitaria, pero también se vende a empresas de mercadeo o de análisis de solvencia, de acuerdo con el escrito de la demanda.

Aunque Netflix no recoge datos de menores, sí lo hace de los jóvenes usuarios, señaló Paxton.

El fiscal presentó la demanda ante un tribunal de las afueras de Dallas, Texas.

Según argumentó, Netflix obliga a "mantener a los texanos y a sus hijos pegados a una pantalla para extraer todos los datos posibles".

"Para ello", agregó el fiscal, diseñó su plataforma de tal manera "que fuera adictiva".

El fiscal mencionó en particular la reproducción automática de un video apenas termina otro.

Se han presentado cinco cargos, todos ellos en torno a la noción de prácticas engañosas.

"Esta acción judicial carece de fundamento y se basa en informaciones inexactas y distorsionadas", dijo Netflix en un comunicado a la AFP.

Netfix asegura que respeta la ley

"Netflix se toma en serio la protección de datos de nuestros miembros y actúa conforme a las leyes de protección de datos en todos los lugares donde operamos", añadió.

Según el fiscal general de Texas, cada infracción probada de la ley del estado relacionada con estas prácticas puede acarrear una multa de 10.000 dólares.

El carácter adictivo de la plataforma que alega Paxton se inscribe en la misma línea del juicio contra Meta y Google que se celebró en Los Ángeles a principios de año.

Al término de las deliberaciones, un jurado declaró a ambos grupos tecnológicos responsables del carácter adictivo de sus plataformas, Instagram (Meta) y YouTube (Google).

Rusia condena a 19 años de prisión a soldado colombiano

Imagen referencial. Combatiente colombiano en Ucrania.
Imagen: Carolina Chimoy/DW

El Tribunal Supremo de Donetsk, condenó este miércoles (24.12.2025) a un colombiano a 19 años de prisión, tras haber sido acusado de luchar en las filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos y ser hallado culpable de participar "como mercenario en un conflicto armado”.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Rusia, el hombre de 42 años, identificado como Óscar Mauricio Blanco López, firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en la "lucha contra las fuerzas armadas rusas", y fue capturado en la región de Donetsk en diciembre de 2024. Ahora cumplirá su pena en una cárcel de alta seguridad, según la agencia de noticias rusa TASS.

Blanco López, según fuentes rusas, admitió plenamente su culpa y aseguró que decidió convertirse en mercenario debido a dificultades financieras que experimentaba en Colombia. La semana pasada, otro tribunal de Donetsk condenó a 13 años de cárcel al británico Hayden William Davis por "mercenarismo", y antes ha condenado también a checos, estadounidenses y británicos.

"Secuestrados" en Ucrania

Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten con el ejército ucraniano como "mercenarios", un delito penado por su legislación. Ya en junio, la Justicia rusa había condenado a 28 años de cárcel al colombiano Pablo Puentes Borges por combatir junto a las fuerzas de Ucrania que habían sido desplegados en la región rusa de Kursk.

A comienzos de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los servicios de inteligencia de su país contactar al Gobierno de Ucrania para obtener la "libertad” de hombres colombianos supuestamente "secuestrados” en Ucrania. "Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados”, dijo Petro, quien ordenó contactar al presidente de Ucrania y "pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”.

Estados Unidos considera a la Corte Penal Internacional como "una amenaza para (su) la seguridad nacional"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en un comunicado que la Corte Penal Internacional es una amenaza para la seguridad nacional porque actúa como herramienta judicial en contra de Estados Unidos y su aliado cercano, Israel.

"Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos de los cuales obtuvieron su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses, a resistir las pretensiones de esta institución en bancarrota", agregó Rubio.

A los sancionados se les congelarán cuentas bancarias y bienes que tengan en Estados Unidos y no podrán volver a entrar a suelo estadounidense. Cabe mencionar que ni Estados Unidos ni Israel son parte de la CPI, pero el tribunal sostiene que puede emitir órdenes de arresto contra ciudadanos de dichos países porque los lugares en los que supuestamente ocurrieron los crímenes sí son parte del tribunal.

La CPI rechaza enérgicamente nuevas sanciones de EE.UU. contra jueces y fiscales adjuntos

La Corte Penal Internacional deplora el anuncio de nuevas sanciones por parte de la administración estadounidense contra los jueces de la CPI Kimberly Prost (Canadá), el juez Nicolas Guillou (Francia), la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang (Senegal). Estas nuevas sanciones se suman a las impuestas previamente a otros cuatro jueces y al fiscal de la CPI.

Estas sanciones constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones. Constituyen también una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en normas y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo.

Como ya lo han declarado el Presidente y el Poder Judicial de la CPI , así como la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, la Corte respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables. La CPI seguirá cumpliendo su mandato, sin inmutarse, en estricta conformidad con el marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin importar ninguna restricción, presión o amenaza.

La Corte insta a los Estados Partes y a todos aquellos que comparten los valores de la humanidad y el estado de derecho a que brinden un apoyo firme y constante a la Corte y a su labor realizada en el único interés de las víctimas de crímenes internacionales.

Tribunal anula sentencia en defensa del clima y favorece intereses de Shell

Una primera sentencia, emitida en 2021, ordenó al grupo anglo-neerlandés
Shell reducir sus emisiones netas de CO2 en al menos un 45 por ciento
hasta 2030 respecto a sus niveles de 2019.

El proceso judicial, abierto bajo el nombre "el pueblo contra Shell", fue iniciado en abril de 2019 por varias oenegés, entre ellas, Milieudefensie y Greenpeace. Más de 17.000 ciudadanos neerlandeses se presentaron como parte civil.

La primera sentencia, emitida en 2021, ordenó al grupo anglo-neerlandés reducir sus emisiones netas de CO2 en al menos un 45 por ciento hasta 2030 respecto a sus niveles de 2019, estimando que contribuían al calentamiento climático y a sus consecuencias devastadoras.

Donald Pols, director de la ONG Milieudefensie, celebra eufórico la
primera sentencia de 2021 que resultó favorable a sus pretensiones.
Imagen: Piroschka van de Wouw/REUTERS

El veredicto fue celebrado como algo histórico por los militantes ecologistas, afirmando que, por primera vez, la justicia obligaba a una multinacional a ajustarse a los Acuerdos de París de 2015 sobre el clima.

En aquel momento, Shell presentó un recurso, al entender que no existía base legal para las reivindicaciones presentadas y que el proceso representaba una decisión política a nivel gubernamental.

Juicio inicial anulado

El martes (12.11.2024) el tribunal de apelaciones de La Haya estimó que "los recursos de Milieudefensie no pueden ser aceptados" y "anula en consecuencia el juicio inicial", anunció la juez Carla Joustra.

"Estamos satisfechos de la decisión del tribunal, que nos parece buena para la transición energética mundial, para Países Bajos y para nuestra empresa", declaró Wael Sawan, director ejecutivo de Shell.

"Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa energética de emisiones netas nulas de ahora a 2050 se mantiene en el núcleo de la estrategia de Shell y transforma nuestra actividad", agregó.

"Esto incluye continuar con nuestros esfuerzos para reducir a la mitad las emisiones de nuestras operaciones de ahora a 2030", afirmó.

Última posibilidad de recurrir

La revocación de la sentencia "duele", reconoció, por su parte, en un comunicado la oenegé Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra. "Al mismo tiempo, constatamos que este caso ha permitido garantizar que los grandes contaminantes no estén a salvo y alimentar el debate sobre su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático".

Ambas partes disponen de una última posibilidad de recurrir a un tribunal de casación, aunque este se centraría en los aspectos procedimentales y no en el fondo de la cuestión.

Valkiria II: Perú lanza megaoperación contra la red corrupta de Patricia Benavides

La fiscal general de la Nación de Perú, Patricia Benavides, actualmente suspendida
de su cargo por seis meses. Jhonel Rodriguez / Peruvian Presidency

 El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) desplegó la madrugada de este martes en Lima un operativo, denominado Valkiria II, en el marco de la presunta red criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El operativo, dirigido por la fiscal superior Marita Barrero con la participación de al menos 23 fiscales y más de 100 agentes de Policía, según informa La República, se inició a las 3:40 de la madrugada a iniciativa del juez Raúl Wensislao Justiniano Romero.

Hasta el momento fueron allanados 21 inmuebles y se detuvo a siete personas: Miguel Ángel Girao Isidro, exasesor de Benavides; Abel Hurtado, también exasesor de la fiscal investigada; el abogado José Luis Castillo Alva; Giancarlo Valer Enciso, conocido por liderar una presunta banda criminal llamada 'Los ingeniosos del Sur'; Jorge Luis Palomino Quesada, colaborador de Benavides; la empresaria Mirtha Cristina Gonzales Yep; y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, capitán de la Policía Nacional.

Según investigación, el abogado Oscar Nieves Vela -a quien de le atribuyó ser asesor en ma sombra de Dina Boluarte- habría pagado a Jaime Villaneva y Miguel girao para que se archive un caso de lavado de activos
Su vivienda también se allanamiento@Politica_ECpe #ValkiriaXI pic.twitter.com/t8icyHBTpz

— Karem Barboza (@karembq) April 23, 2024

Igualmente, Eficcop allanó las viviendas de Oscar Nieves, abogado considerado parte del círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte, y del periodista Juan Carlos Tafur, quien lo consideró una "venganza" de Barreto por la publicación de unas notas sobre temas fiscales en su portal web, Sudaca.

¿Qué se investiga?

Se investiga una presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides, actualmente suspendida durante seis meses de su cargo de fiscal de la Nación.

La tesis de los investigadores es que habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para lucrarse sirviéndose de actividades corruptas.

#ATENCION Documento policial sobre la operación Valkiria II con 7 detenidos de manera preliminar en investigación a ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides:
Miguel Girao, Abel Hurtado, Mirtha González, José Castillo, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y Jorge Rodríguez pic.twitter.com/oZFlKeC9UT

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 23, 2024

Así, se cree que la trama llevó a cabo acciones para evitar ser procesada y sancionada, a través de los los exasesores de Benavides, que habrían influido ilegalmente en las decisiones de congresistas para que promovieran la destitución de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, una potencial rival.

Asimismo, también habrían influido en la designación del defensor del Pueblo y para instar a la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el objetivo de impedir la remoción de Benavides.

La investigación también apunta a que habrían promovido el archivo de indagaciones en el caso 'Cuellos blancos del puerto' a cambio de más de 60.000 dólares, así como que habrían recibido mordidas por contrataciones de obras públicas.

Además, se cree que se captó e infiltró al fiscal adjunto provincial del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Guillermo Vicente Silva, para conocer información privilegiada relacionada con la corrupción en el poder con la que negociar con funcionarios con poder político y económico.

El futuro de Benavides se decidirá en los próximos días, cuando la Junta Nacional de Justicia tome una decisión sobre el informe final, que recomienda su destitución de todo cargo por dos faltas graves cometidas en 2022.

Si la decisión de la JNJ es contraria a sus intereses, Benavides no podría retomar su cargo el próximo 7 de junio, cuando se cumple el plazo de seis meses de su destitución temporal como fiscal de la Nación, relacionada con presuntos tratos de favor a su hermana, Emma Benavides.

¿Qué dice Benavides?

En un video, difundido por su abogado Jorge del Castillo, Benavides rechazó la "burda maniobra evidentemente concertada" entre fiscales y policías.

Benavides los acusó de montar un "psicosocial" para "impresionar" tanto a las autoridades como a la opinión pública y así procurar su "injusta destitución".

Dra. Patricia Benavides rechaza psicosocial que pretende forzar su injusta destitución.
El equipo de defensa legal ofrecerá una Conferencia de Prensa hoy martes 23 a las 12 hrs en Av. Javier Prado Este 175 Torre Tekton Auditorio. pic.twitter.com/GvC1ApZbqX

— Jorge del Castillo (@JorgeDCG) April 23, 2024

Asimismo, indicó que al mediodía de este martes su defensa legal dará una conferencia de prensa en un auditorio situado en la avenida Javier Prado, en la provincia de Lima, para aclarar la situación.

EE.UU. demanda a Apple

Imagen ilustrativaCFOTO / Gettyimages.ru

 El Departamento de Justicia de EE.UU. y 16 fiscales generales estatales demandaron a Apple este jueves ante un tribunal federal de Nueva Jersey por crear un monopolio y obstaculizar a los competidores. La demanda se dirige contra el producto más popular y lucrativo de la empresa, el iPhone.

En el documento se afirma que Apple impuso "una serie de normas y restricciones cambiantes" para "extraer tarifas más altas, frustrar la innovación, ofrecer una experiencia de usuario menos segura o degradada y estrangular las alternativas competitivas".

Debido a esta conducta, el Gobierno y los estados alegan en la demanda que Apple "construyó y reforzó un 'foso' alrededor de su monopolio de teléfonos inteligentes".

"Si no se cuestiona, Apple seguirá utilizando y reforzando su monopolio de los teléfonos inteligentes para dictar cómo las empresas pueden crear y distribuir aplicaciones en el futuro, de modo que no puedan amenazar los monopolios de los teléfonos inteligentes de Apple", señala el documento.

El portavoz de Apple, Fred Sainz, ha declarado en un comunicado que "esta demanda es errónea desde el punto de vista de los hechos y de la ley". Según él, la demanda "amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos".

En febrero, se informó que la Unión Europea multaría a Apple con 500 millones de euros (539 millones de dólares) por favorecer su propio servicio de música en 'streaming' frente a rivales como Spotify,

Por obrar 'con ilegalidad y mala fe' empresa petrolera debe pagar a Ecuador millones de dólares.

Ecuador recibió más de seis millones de dólares de la empresa estadounidense WorleyParsons, tras ganar la demanda que interpuso la compañía y que pretendía que el país andino le pagase 198 millones de dólares por un conflicto petrolero.

 En concreto, la compañía estadounidense tuvo que pagar 6.048.471,01 dólares. "Este es el monto que el tribunal arbitral ordenó a la compañía reembolsar a Ecuador por los honorarios y costos causados en el arbitraje internacional seguido por Worley Parsons al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador", explicó en un comunicado la Procuraduría General del Estado de Ecuador.

Asimismo, detalló que los fondos serán acreditados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

#Importante: La Procuraduría General del Estado 🇪🇨 informa que #Ecuador recibió el pago de USD 6'048.471,01 de la empresa estadounidense #WorleyParsons.

La información completa ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/4Q9P4UZovE

— Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) February 26, 2024

WorleyParsons demandó en 2019 a Ecuador por supuestos montos impagados relacionados con contratos suscritos por esta empresa con la estatal petrolera Petroecuador y con la compañía Refinería del Pacífico para cuatro proyectos: rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto y la planta de gas licuado de Petróleo de Monteverde.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Internacional emitió su laudo final y resolvió desestimar las pretensiones de Worley, entre otras cosas, por la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión.

El Tribunal señaló que los reclamos de Worley Parsons no tenían cabida por "la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe", aceptó los argumentos de Ecuador y desestimó en su totalidad las pretensiones de WorleyParsons.

Declaran inconstitucional la reforma laboral contenida en el DNU de Milei

Un manifestante posa frente a una imagen crítica con el Gobierno
de Javier Milei. Buenos Aires, 24 de enero de 2024.
atacha Pisarenko / AP

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina falló a favor del recurso interpuesto por la sindical Confederación General del Trabajo (CGT) y declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral presentada por el presidente Javier Milei, en su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En un reporte de TN se precisa que el dictamen firmado por los jueces Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera alcanza los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU.

Ámbito explica que al avalar el reclamo de la CGT, la Cámara rechazó la apelación interpuesta por el Gobierno, al tiempo que destacó que el documento donde se expusieron los fundamentos de la sentencia, contiene más de 30 páginas.

La Cámara del Trabajo declaró inconstitucional la reforma laboral del DNU. Un revés más para el Gobierno de Milei. Más que nunca, es necesario marchar y movilizar mañana miércoles para enfrentar y derrotar todo el plan de ajuste. pic.twitter.com/USaPuYWnhZ

— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) January 30, 2024

Entre otros argumentos, se destacó que "no se evidencia objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas", y se deja claro que aunque eventualmente ello pudiera justificarse, seguiría sin demostrarse la "urgencia" que esgrime la Casa Rosada para prescindir de la intervención del Legislativo en materias que son de su competencia.

Asimismo, los jueces estimaron que "no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU".

Sentencia definitiva

Si bien la Cámara de Apelaciones resolvió sobre la cuestión de fondo y la sentencia puede considerarse definitiva, no significa que la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo se haya hundido sin remedio.

Los togados aclararon que esta "gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas cámaras [del Congreso] dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso", aunque en caso contrario, "su vigencia cesará".

Pese a ello, la noticia fue celebrada en X por el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, Héctor Daer, quien calificó la resolución como "una victoria" y recalcó el carácter definitivo de la sentencia.

La justicia nos dio la razón. La cámara laboral declaró inconstitucional todo el capítulo 4 del DNU. Acompañó el fallo con la sentencia definitiva. #NoAlDNUyLeyOmnibus pic.twitter.com/REmFHNerDa

— Héctor Daer (@hectordaer) January 30, 2024

Se trata de otro revés judicial que recibe la Administración de Milei esta semana. La víspera, un tribunal federal admitió un recurso de amparo para evitar la derogación de la Ley de Tierras vigente desde 2011 que, entre otros asuntos, limita la cantidad de predios que pueden poseer los extranjeros.

Primer medida de la Corte Internacional protege al pueblo Palestino

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tomó este viernes la primera decisión sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Patrick Post / AP

La demanda presentada por Sudáfrica se basa en al menos seis puntos: genocidio, conspiración con el fin de cometer genocidio, incitación directa y pública al genocidio, intento de genocidio, complicidad en genocidio e imposibilidad de prevenir un genocidio.

En su veredicto, la Corte ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Además, dictaminó que el país hebreo debe prevenir y castigar casos de incitación directa al genocidio en el enclave palestino.

Al mismo tiempo, el tribunal exigió que Israel permita la llegada de la ayuda humanitaria a la región.

Dentro de un mes, Israel debe informar a la Corte sobre las acciones que está siguiendo para cumplir la decisión judicial, declaró la presidenta de la Corte, Joan Donoghue.

La jueza declaró que Sudáfrica tiene derecho a presentar la demanda. De acuerdo con sus palabras, algunas acusaciones contra Israel están comprendidas en las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La jueza destacó que el operativo militar de Israel provocó un gran número de víctimas, destrucciones masivas y el desplazamiento forzado de una gran parte de la población de la Franja de Gaza. "La Corte es muy consciente del alcance de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupada por la pérdida continua de vidas y el sufrimiento humano", declaró.

La presidenta del órgano judicial reiteró que los palestinos tienen el derecho a la protección contra actos de genocidio.

El primer fallo del panel compuesto por 17 jueces no aborda la cuestión principal de si el país hebreo está cometiendo genocidio, sino que examina posibles medidas de emergencia, entendidas como una especie de orden de restricción, mientras estudia el caso en su totalidad, lo que normalmente podría llevar años.

La demanda

El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con los actos "de carácter genocida" cometidos en la Franja de Gaza y buscar la suspensión urgente de la campaña militar israelí.

Palestinos buscan sus pertenencias bajo los escombros en
el campo de refugiados de Bureij, Gaza, el 18 de enero de 2024.
Ashraf Amra / Anadolu Agency / Gettyimages.ru

La decisión de Sudáfrica de demandar al país hebreo fue apoyada por la Organización de Países Islámicos, formada por 57 Estados, así como por Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia, Venezuela, Maldivas, Namibia, Pakistán y más de 900 organismos y grupos sociales.

Tel Aviv rechazó las acusaciones durante las audiencias y manifestó que es la ONU quien debería someterse a juicio. "Es la ONU la que debería ser juzgada en La Haya por hacer la vista gorda y, por tanto, actuar como cómplice en la excavación de túneles terroristas en Gaza, en el uso de ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes, y en la educación del odio y el asesinato", aseveró Gilad Erdan, representante permanente israelí ante el organismo internacional.

Manifestantes cerca de la sede de la Corte Internacional de
Justicia, La Haya, los Países Bajos, el 26 de enero de 2024
Patrick Post / AP

Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, declaró que Berlín se opone a la "instrumentalización política" de la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio e insiste en que "Israel se defiende contra el ataque inhumano de Hamás". Añadió que las acusaciones de Sudáfrica contra Tel Aviv "no tienen fundamento", por lo cual Berlín tiene la intención de intervenir como una tercera parte durante la audiencia principal.

Dos aliados de Trump se entregan a la justicia de Georgia

Dos de los 18 aliados del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) imputados junto a él por sus intentos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020 en Georgia se entregaron este martes (22.08.2023) a la Justicia en el estado.

Scott Hall, acusado de conspirar para acceder de manera ilegal a la información de votantes y las máquinas de conteo de votos, se entregó en la cárcel del condado de Fulton, según aparece en la página web de la prisión.

El aliado del expresidente se enfrenta a siete cargos criminales, incluyendo uno por violación de la ley RICO (por sus siglas en inglés), utilizada habitualmente contra capos de la mafia.

La Justicia fijó su fianza en 10.000 dólares (uno 9.211 euros), según informan los registros de la cárcel.

Poco después se entregó el abogado John Eastman, considerado el cerebro de la estrategia legal que Trump y sus aliados trataron de poner en práctica en su intento por revertir el resultado electoral.

Eastman fue puesto en libertad poco más de una hora después de ser procesado. Su fianza se fijó en 100.000 dólares.

Mientras, otros de los imputados junto al exmandatario buscaron que su juicio se traspase a los juzgados federales, como Jeffrey Clarke, un exfuncionario del Departamento de Justicia, o David Shafer, el exlíder del Partido Republicano de Georgia.

Ambos siguen la estrategia del exasesor de Trump Mark Meadows, que la semana pasada pidió transferir su caso a una corte federal escudándose en que los cargos que se le imputan están relacionados con su trabajo como funcionario gubernamental, por lo que se encuentran fuera de la jurisdicción del condado de Fulton.

Tanto Meadows como Clarke han presentado solicitudes de emergencia para que se paralice su arresto mientras tratan de transferir su caso a los juzgados federales.

Fraude electoral en Georgia

Todos los acusados en el caso por fraude electoral en Georgia tienen hasta el viernes al mediodía para entregarse de manera voluntaria a las autoridades, tal y como determinó la fiscal especial encargada, Fani Willis.

Trump confirmó este lunes en las redes sociales que se presentará en Fulton el jueves. Deberá pagar una fianza de 200.000 dólares para evitar la cárcel.

El exmandatario republicano fue imputado formalmente la semana pasada de 13 cargos por un gran jurado de Georgia por haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado, donde el actual mandatario, el demócrata Joe Biden, ganó por un estrecho margen.

Esta es la cuarta imputación penal de Donald Trump. Hace dos semanas fue imputado en Washington D.C. de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en EE.UU. de 2020 y de alentar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Además, en Nueva York ha sido acusado de 34 cargos por supuestos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un "affaire" en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016.

Su otra causa penal es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente de la Casa Blanca y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados.

Ayunaron hasta morir para ver a Jesús

El autoproclamado pastor Paul Nthenge Mackenzie (C), que fundó la Iglesia Internacional de la Buena Nueva en 2003 y está acusado de incitar a los seguidores de la secta a morir de hambre "para encontrarse con Jesús".

GETTY IMAGES- Al menos 37 sospechosos han sido detenidos hasta el momento por
estos hechos, que han conmocionado al país.

 

Según la inspectora de la Policía de Kenia para la costa del país, Rhoda Onyancha, las excavaciones -reanudadas este lunes después de varias semanas paralizadas- aún no han terminado, por lo que el número de muertos puede seguir aumentando durante las próximas semanas.

Así, las autoridades kenianas siguen abriendo las fosas comunes y tumbas halladas en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi.

Casi todos los cadáveres de la llamada "masacre de Shakahola" han sido exhumados en ese bosque, de más de 320 hectáreas, mientras sólo unos pocos murieron en un hospital después de ser rescatados por la gravedad de su estado.

El pasado 27 de junio, el patólogo jefe del Gobierno, Johansen Oduor, indicó que, de los 338 cuerpos examinados hasta esa fecha, 117 eran de menores y 201 de adultos, mientras que 20 se encontraban en un estado de descomposición demasiado avanzado para determinar la edad.

Estrangulamiento y asfixia

Las autopsias también evidenciaron que, si bien todos los cuerpos mostraban signos de inanición, algunos de ellos, sobre todo de niños, además tenían rastros de estrangulamiento y asfixia.

GETTY IMAGES- El número de miembros de una secta
cristiana del sur de Kenia que ayunaron hasta morir
para encontrarse con Jesucristo ascendió de 360 a
372 este miércoles, después de que las autoridades
encontrasen nuevos cadáveres enterrados en un
bosque, informó la Policía.

En este sentido, las primeras investigaciones de la Policía apuntan a que los fieles eran forzados a seguir con el ayuno aunque quisieran abandonarlo. Agujeros excavados tras la exhumación de cadáveres en la fosa común de Shakahola, a las afueras de la ciudad costera de Malindi.

El ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, culpó ayer las fuerzas de seguridad y la justicia kenianas de negligencia, al no tomar las medidas adecuadas frente a las denuncias presentadas en el pasado contra el presunto líder de la secta, el pastor Paul Mackenzie.

Mackenzie, bajo custodia policial desde el pasado 14 de abril, lidera la Good News International Church (Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas) y trabajó como taxista en el pasado.

Trump se entregó a la justicia

Trump se entregó a la justicia después de ser imputado por un gran jurado en Nueva York este jueves, convirtiéndose en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos penales. La imputación se relaciona con el pago de US$130.000 durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz pornográfica Stormy Daniels para presuntamente silenciarla por una supuesta relación con el entonces presidente.

Daniels reconoció más tarde que aceptó el dinero como "pago secreto" del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, a cambio de su silencio, un mes antes de las elecciones presidenciales de 2016. El exmandatario ha negado las acusaciones y considera que es víctima de una "persecución política".

Trump también está siendo investigado por otros casos, como su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, por su intento de evitar su derrota electoral en el estado de Georgia en las elecciones de 2020 y por su manejo de información clasificada una vez que dejó la Casa Blanca.

Ex-abogado de Trump, Michael Cohen

La imputación de Trump no solo es importante para él y el Partido Republicano, sino también para los Estados Unidos. Es la primera vez que un expresidente enfrenta un cargo penal en el país, y esto ha afectado a la autoestima de la nación y a su confianza en sí misma.

¿ Qué ha pasado hasta ahora?

- Donald Trump se presentó voluntariamente ante el Tribunal Criminal de Manhattan.

- Quedó bajo custodia de la policía y compareció en la audiencia de lectura de cargos.

- La Fiscalía de Distrito de Manhattan lo acusa de delitos relacionados a un pago a la ex actriz pornográfica Stormy Daniels.

- A través de su defensa, Trump se declaró "no culpable" de los 34 cargos presentados en su contra.

- El juez Juan Manuel Merchán, de origen colombiano, estuvo a cargo de la audiencia inicial.

- Después de unos 40 minutos de procedimientos, Trump abandonó el tribunal.

"Esto es una mafia judicial": Cristina Fernández se pronuncia tras el fallo de 6 años de cárcel en su contra

La Justicia también la inhabilitó a ejercer cargos públicos.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este martes que el objetivo de los jueces que dictaron el fallo en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita tenían "el objetivo" de condenarla, tal como ocurrió.

La exmandataria, de profesión abogada, analizó el manejo de la causa y expuso una serie de arbitrariedades mediante las cuales, consideró fue sentenciada.

"Esto no es ni 'lawfare' (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales", dijo.

Y añadió: "Lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido (propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia) financiado supuestamente por un multimedio", señaló en referencia al Grupo Clarín.

Días atrás, el hackeo al teléfono de un funcionario argentino develó la indebida connivencia entre jueces, políticos y empresarios mediáticos, lo que, por su trascendencia institucional, representa uno de los escándalos más graves en la historia del país sudamericano.

"Hay otro aspecto que es fundamental en el 'lawfare', que es el periodismo. Para hacer estas condenas, sí o sí, se necesita de la complicidad de los medios", afirmó la exmandataria mientras exponía un chat entre jueces, fiscales y empresarios de medios en donde coordinaban acciones judiciales con las noticias que debían salir en los diarios Clarín y La Nación.

"Que me metan presa"

Al cierre de su declaración, Cristina Fernández anunció que no será candidata "a nada" en las próximas elecciones de 2023.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral por una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, por administración fraudulenta. ¿A mí administración fraudulenta? ¿Y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares (de deuda) con el Fondo Monetario Internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín?", cuestionó.

"Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Héctor Magnetto (director ejecutivo del diario Clarín). ¿Sabe por qué? porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de (Tribunal de) Casación y la Corte Suprema de que me metan presa. Que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás. No voy a ser candidata a nada", reiteró.

El Tribunal Oral Federal número 2 conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En este juicio, la también expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedían una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.

Antes del pronunciamiento de la vicepresidenta, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, sugirió que los jueces que dictaron la sentencia podrían ser denunciados por prevaricato, una figura que castiga a los jueces cuando emiten una sentencia arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

Prevaricato:…

Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena a los jueces que la dictaren será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Esto recién empieza. Escuchen hoy a @CFKArgentina y tranquilos. #TodosConElla

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) December 6, 2022

"Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena a los jueces que la dictaren será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Esto recién empieza. Escuchen hoy a Cristina Fernández de Kirchner y tranquilos", escribió Dalbón desde su cuenta de Twitter.

La dos veces presidenta de Argentina no cumplirá la pena dictada al menos mientras tenga fueros por su cargo en el Poder Ejecutivo, salvo que sea sometida a un juicio político. Además, el fallo, que será apelado por su defensa, debe ser ratificado en otras instancias judiciales.

Desarticulan una red de trata sexual que operaba en Colombia, España y Francia y liberan a 11 mujeres

Las víctimas eran captadas en países suramericanos bajo engaño y promesas de trabajo en Europa.

Captura de pantallaTwitter @policia

Un total de 12 personas pertenecientes a una red de trata y explotación sexual fueron detenidas en una operación policial conjunta entre Colombia, España y Francia, donde fueron liberadas 11 mujeres que habían sido reclutadas bajo engaño por esa organización criminal.

Las víctimas, que fueron liberadas en París donde eran prostituidas, eran mujeres vulnerables de origen suramericano y fueron captadas en sus países de origen a través de ardides y promesas de trabajo, recoge una nota de prensa de la Policía de España.

La investigación se inició en Francia tras conocer que varias mujeres eran forzadas a prostituirse en hoteles y apartamentos parisinos.

En un video compartido en la cuenta de Twitter de la Policía española, se observa el momento en el que las autoridades de los tres países ingresan a una vivienda y se llevan detenida a una mujer.

🚩Liberadas 11 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal que operaba en #España, #Francia y #Colombia

Operación conjunta con @PoliceNationale y @PoliciaColombia, con la colaboración de @europol

🔹12 detenidos, 6 en 🇪🇸, 4 en 🇫🇷 y 2 en 🇨🇴

🔹25 registros domiciliarios pic.twitter.com/Q4FxaTMeFJ

— Policía Nacional (@policia) December 2, 2022

Hasta ahora, hay tres detenidos en Madrid y tres en la provincia española de Málaga; cuatro en Francia y dos en Colombia.

Los delitos que se les imputan son trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

¿Cómo operaba la organización?

Esta organización creó en España un centro de atención telefónica donde se recibían las llamadas provenientes de Francia y se gestionaban los encuentros sexuales de las mujeres con personas del país vecino.

Además, se difundían anuncios de ofrecimiento de servicios sexuales en internet, que eran creados en España.

En este operativo, donde también participa la Europol, realizaron 25 registros domiciliarios. En los tres realizados en España se incautaron 17.000 euros en efectivo, 33 teléfonos celulares y numerosos documentos.