El Reino Unido ha dejado de formar parte de la Unión Europea (UE) desde la medianoche del viernes y ya de forma oficial desde este sábado 1 de febrero, un cambio que altera profundamente el escenario político y económico del país pero que, en la práctica, los ciudadanos y las empresas apenas percibirán hasta 2021.
Londres
continuará cumpliendo las regulaciones de la UE y contribuyendo al presupuesto
comunitario durante los próximos once meses, un
periodo de transición durante el cual debe forjar una nueva relación tanto con
el bloque comunitario como con el resto del mundo.
Desde este
sábado ya no hay eurodiputados británicos en
el Parlamento Europeo ni asiento para el jefe de Gobierno del Reino Unido, el
conservador Boris Johnson, en las
reuniones de líderes. Los británicos abandonarán asimismo las agencias técnicas
y las magistraturas reservadas para ellos en el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE).
En clave
nacional, Johnson abolirá el Ministerio del Brexit,
un gesto con el que quiere recalcar que ha cumplido su objetivo de materializar
la salida de la UE, aunque las complejas negociaciones con Bruselas sobre la
futura relación bilateral todavía están por comenzar -previsiblemente a
principios de marzo-.
De ese diálogo
depende el incierto escenario que se abrirá el 1 de
enero de 2021, la fecha en la que el Reino Unido comenzará a
ejercer realmente como un país independiente de la UE.
Hasta entonces,
las cuatro libertades de circulación del mercado único
-de mercancías, personas, servicios y capitales- seguirán vigentes en
suelo británico.
Cambios para los europeos en el Reino
Unido
Los cerca de 3,8
millones de europeos que residen en el Reino Unido, así como aquellos que
lleguen al país durante este año, pueden solicitar el estatus de
"asentado" o "preasentado", que protegerá
tras el brexit sus derechos adquiridos.
A partir de
2021, cuando termine la libre circulación de personas entre el Reino Unido y la
UE, los comunitarios que quieran viajar o residir en el país deberán cumplir
las normas migratorias que establezca el Gobierno
británico.
El Gobierno aún
no ha hecho públicos los detalles de su futura ley de inmigración,
aunque el informe de un comité asesor en materia migratoria ofrece pistas sobre
sus posibles planes.
Ese documento
prevé dos vías para solicitar el permiso de residencia en
el Reino Unido. Aquellos que lleguen con una oferta de trabajo deberían tener
asegurado un salario mínimo -actualmente los extracomunitarios necesitan cobrar
más de 30.000 libras anuales (35.400 euros) para obtener el visado-.
Quienes tengan
intención de viajar al Reino Unido para buscar trabajo, en cambio, deberían
someterse a un sistema de puntos similar al
de Australia, la legislación que sirve de
referencia a Johnson.
Bajo ese régimen,
los inmigrantes deben superar un umbral determinado de puntos,
que se otorgan en función de criterios como nivel educativo, nivel de renta,
dominio del idioma, edad y otros factores.
Cambios para los británicos en la UE
Los cerca
de 1,3 británicos que viven en otros países de la UE
tampoco percibirán grandes cambios hasta el próximo diciembre.
Una de las pocas
transformaciones tangibles para ellos será que el Gobierno recuperará este año
el color azul de los pasaportes británicos, en lugar
del burdeos de la UE, una medida meramente simbólica, pero muy celebrada por
los partidarios del brexit.
Los 27 socios de
la Unión se han comprometido a mantener los derechos adquiridos de
los británicos que ya viven en esos países tras el brexit,
si bien cada Estado debe regular de forma independiente su nuevo estatus legal.
Esos arreglos
nacionales complicarán que los británicos
residentes en un país comunitario puedan cambiar su residencia de
forma automática a otro, por ejemplo entre Francia y Alemania.
Los jubilados
británicos que ya están retirados en países de la UE
tienen asegurada una pensión actualizada de por vida. Sin embargo, la
retribución de aquellos que lleguen a su país de destino después de diciembre
de 2020 dependerá de los arreglos a los que llegue el Reino Unido con los
respectivos Estados.
Cambios para las empresas
Las importaciones
y exportaciones de mercancías a través del canal de la
Mancha, así como el acceso recíproco de las firmas de servicios, continuarán
sin fricciones al menos durante los próximos once meses.
Londres quiere
pactar con Bruselas un acuerdo de libre comercio que
asegure los intercambios sin aranceles a partir del 1 de enero de 2021, pero al
mismo tiempo mantiene su intención de divergir paulatinamente de las
regulaciones de la UE, lo que puede envenenar las negociaciones.
La UE ha
advertido de que es "imposible" alcanzar un acuerdo comercial
completo en el plazo previsto, pero el primer ministro
británico ha recalcado que no tiene intención de solicitar una prórroga.
El objetivo de
Johnson de comerciar con cero tarifas pero
divergiendo de la normativa comunitaria implica que podrían establecerse nuevos
trámites y controles en las aduanas, lo que podría perjudicar especialmente a
las empresas que mantienen cadenas de producción a ambos lados del canal de la
Mancha.
En el sector
financiero, Bruselas debe estudiar si acepta un régimen
de equivalencia para que los bancos, las aseguradoras y el
resto de firmas de la City de Londres puedan continuar accediendo a sus
clientes continentales.
En la
negociación con la UE, el Reino Unido tratará de hacer valer el preciado acceso a
sus aguas pesqueras y a su mercado laboral como palanca
para favorecer sus intereses.
