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Médicos ecuatorianos retiran renuncias simbólicas y dan por cerrado impasse por sanción a la mala práctica profesional

Foto: Presidencia
ULAN. El jueves pasado, el Gobierno y los representantes de los médicos llegaron a un entendimiento sobre el artículo del Código Penal que sanciona la mala práctica profesional. 

Quito, Andes.-  La confianza en la palabra del presidente Rafael Correa originó que 96 médicos que habían anunciado sus renuncias, de manera simbólica por su desacuerdo con un artículo del Código Penal que sanciona la mala práctica profesional, desistieran de sus intenciones.

Así lo anunció este martes el doctor Juan Barriga, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital público Pablo Arturo Suárez de Quito, quien ha actuado como vocero de los médicos durante el impasse por la normativa legal, aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada.

La divergencia se generó por la interpretación errónea del artículo 146 del Código Penal, que penaliza la mala práctica profesional, y que, según el Gobierno, fue tergiversado con fines políticos por la Federación Médica, organización que quedó excluida del dialogo que mantuvo el régimen con los médicos el jueves de la semana anterior.

En la reunión, el Gobierno se mantuvo firme en su postura de no retroceder en el contenido del artículo, en tanto, los médicos resolvieron acudir a la Corte Nacional de Justicia para que este organismo realice una aclaración a la normativa, lo que en términos concretos no modificará su contenido.
El artículo 146 establece tres condiciones concurrentes para juzgar la mala práctica profesional (acciones peligrosas, innecesarias e ilegítimas), las que solo pueden aplicarse una vez que se ha determinado la infracción al deber objetivo de cuidado.

Evo ratifica respeto a tribunal internacional pero dice que en arbitrajes ganan las privadas

La Paz, ABI.- El presidente Evo Morales ratificó el martes el respeto del Gobierno boliviano a las decisiones de tribunales internacionales, pero consideró que en temas de arbitrajes, ‘siempre gana la empresa privada y nunca el Estado’.
Morales se refirió al tema, luego que el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictó compensar a la británica Rurelec PLC, con 28,9 millones de dólares, más intereses, por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA, del 1 de mayo de 2010.
‘El tema de Guaracachi, un equipo jurídico a la cabeza del Procurador (Raúl Montero) está estudiando, nos dirá qué medida hay que tomar, respetamos las instituciones internacionales, aunque no comparto con arbitrajes, siempre gana la empresa privada y nunca el Estado’, manifestó en una conferencia de prensa en La Paz.
El 2 de febrero último, la Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró que el laudo del Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, establece compensar con 28,9 millones de dólares, más intereses, a Rurelec PLC, monto inferior a los 142,9 millones de dólares que demandaba inicialmente esa empresa británica.
El arbitraje en contra del Estado boliviano fue interpuesto el 24 de noviembre de 2010, por las compañías Rurelec PLC y su subsidiaria en Bolivia Guaracachi América Inc.

Ese procedimiento arbitral fue resuelto mediante el laudo del 23 de enero de este año.

Autoridad del Canal de Panamá rompe negociaciones con constructora española

La empresa española Sacyr, encargada de las obras de ampliación del Canal de Panamá anunció este miércoles que al no llegar a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, quedan suspendidas las negociaciones. 
Expiró plazo para suspender obras
de ampliación de Canal de Panamá.
 (Foto: EFE)
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) "sigue buscando una solución de financiamiento para terminar el proyecto y las obras en 2015, a pesar de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rompió las negociaciones", aseguró el grupo en un comunicado.
La empresa española considera que la ruptura de las negociaciones pone en riesgo hasta "diez mil puestos de trabajo".

Asimismo, afirman que de no haber una solución inmediata tanto Panamá como el grupo español "enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso".

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