Por Marvin
Díaz, Krissia Girón, Clanci Rosa y Mario Beltrán / Revista
Gatoencerrado
El
embarazo de Guadalupe* fue de alto riesgo y las recomendaciones
médicas eran que no podía pasar mucho tiempo sentada ni parada
porque el feto estaba en mala posición. A sus cuatro meses de
embarazo, y en espera de su tercer hijo, le comunicó su situación
al supervisor de una maquila ubicada en Santa Ana, al occidente
salvadoreño donde trabajaba. Su jefe inmediato no creía nunca sus
quejas y se molestaba por las constantes citas a las que Guadalupe
debía acudir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
—Era
bien difícil el estar cosiendo allí sentada y con los dolores que
tenía. Eran mucho los riesgos de perder a mi bebé, e incluso de
perder hasta mi propia vida por estar en el trabajo en esas
condiciones—, relata.
El
artículo 29 de Ley de Zona Francas (LEZOFIC) indica que las empresas
que se acogen a esta norma deben de cumplir obligaciones laborales
para tener derechos a las exenciones de impuesto, entre ellas están:
derechos a asociación y sindicalización de los trabajadores; el
respeto al salario mínimo, horas laborales, salud y seguridad
ocupacional; pago de indemnización, vacaciones y aguinaldo, entre
otras.
La
Red Centroamericana de Justicia Fiscal estimó que los incentivos
fiscales en El Salvador equivalen al 5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), es decir que el país deja de percibir 1,200
millones de dólares al año.
Ese
porcentaje equivale al doble del presupuesto de Salud que es de 2.1
por ciento del PIB, y es casi equivalente a todo el presupuesto del
Órgano Judicial salvadoreño que es del 6 por ciento del PIB según
lo ordena la Constitución salvadoreña.
La
organización Iniciativa Social para la Democracia en su estudio
denominado: “Análisis sobre la evasión y elusión fiscal en El
Salvador” expone que, en 2016, las importaciones definitivas hechas
al amparo de la LEZOFIC costaron a la Hacienda pública más de 158
millones de dólares en concepto de Derechos arancelarios a la
importación, y un total de 299 millones de dólares en concepto de
exención al pago de IVA, esto último, es poco más que todo el
presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas utilizará este año,
que asciende a 277 millones de dólares.
La
industria textil en El Salvador ha sido denunciada y criticada por
organizaciones y sindicatos que aseguran la existencia de violaciones
de derechos humanos y laborales dentro de las empresas.
A
nivel nacional, las maquilas forman parte de una diversidad de
usuarios de las zonas francas que consisten en espacios industriales
que facilitan trabajo administrativo y de producción de las
empresas. El Ministerio de Economía (MINEC) de El Salvador
contabiliza 17 zonas francas en todo el país.
Las
Zonas Francas, y por ende las maquilas, cuentan con leyes como la
LEZOFIC que benefician a sus dueños con el objetivo de incentivar la
inversión y la creación de empleos.
La
LEZOFIC en El Salvador se aprobó en el mandato del expresidente
Armando Calderón Sol en 1998. La ley les permite a los usuarios de
Zonas Francas obtener incentivos fiscales como la exención de
impuesto sobre los Derechos Arancelarios a la Importación, impuesto
de importación, impuesto municipal, e impuesto sobre la renta (ISR).
Además,
se les beneficia con exoneración de impuestos por importación o
transferencia de bienes muebles y bienes raíces; exoneración total
de impuestos municipales sobre activo y patrimonio de la empresa; y
exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los
impuestos ISR e IVA representan el 82 por ciento de los ingresos
tributarios que obtiene anualmente El Salvador.
En
perspectiva y como ejemplo: cualquier negocio formalmente establecido
en San Salvador, capital salvadoreña, debe pagar como impuesto 900
dólares por licencia de tres años para colocar y tener un rótulo
con fines comerciales. En cambio, según cifras del Banco Central de
Reserva (BCR) y reveladas por la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) en diciembre del
2017, estas fábricas no pagan impuestos a las municipalidades, pese
a que de enero a octubre de ese año han tenido un incremento en sus
ingresos de 55.5 millones de dólares en comparación al 2016.
Un centenar de maquilas beneficiadas
Para
esta investigación se solicitó vía acceso a la información
pública conocer el listado de maquilas que han recibido los
beneficios fiscales entre 2015 hasta noviembre de 2017.
De
acuerdo con esa información oficial entregada por el MINEC, en 2015,
110 empresas maquilas recibieron beneficios fiscales; en 2016 fueron
105 empresas las beneficiadas y hasta noviembre de 2017 fueron 101
empresas con exenciones fiscales, con lo que el país deja de
percibir unos 1,200 millones de dólares al año.
El
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) entidad verificadora
de los cumplimientos de los derechos laborales en El Salvador, no
niega que dentro de la industria textil se cometen violaciones de
derechos laborales de las trabajadoras.
Según
Jorge Bolaños, director de inspectoría del MTPS, las faltas más
denunciadas cometidas dentro de las maquilas son el no pago de hora
extra, descuentos ilegales; la no aplicación del incremento al
salario mínimo; metas excesivas; el no pago de prestaciones de ley,
y el incumplimiento a la ley general de riesgo en los lugares de
trabajo.
El
informe anual del MTPS indicó que, de enero a diciembre de 2016,
hubo 2,288 accidentes laborales dentro de la industria manufacturera,
en donde 815 se dieron con producto textiles, prenda de vestir y
cuero. El informe también reportó que se atendieron a 129,340
personas trabajadoras de maquilas.
Bolaños
asegura que las sanciones y multas impuestas por el MTPS a las
empresas violadoras de derechos laborales, no garantiza que les sean
quitados los beneficios fiscales de los que gozan.
“Algunas
veces damos aviso al Ministerio de Economía (MINEC) cuando se
finaliza el procedimiento en el MTPS, esto, siempre y cuando la
empresa no acuda a la Sala de lo Contencioso para apelar la decisión
del Ministerio de Trabajo”, explica Bolaños.
Afirmó
que el trabajo de inspectoría del MTPS está siendo controlado por
las Salas de lo Contencioso y Constitucional. “Por ejemplo, la Sala
de lo Contencioso nos mandó a que corrigiéramos y devolver la multa
que se le impuso a una empresa. Hay muchas veces que la Sala ha dicho
que el inspector ha omitido algún procedimiento”, indicó.
Jorge
Bolaños expresó que “no es vinculante” que el MTPS de aviso al
MINEC, porque dentro de economía se llevan otros procesos. “Nosotros
hemos informado al MINEC, pero hasta la fecha no se han quitado esos
privilegios, porque quizás se está llevando otro proceso”.
Manifestó
que las empresas pueden apelar a la decisión del MTPS cuando se
imponen multas, y estas pueden pedir revisión de casos cuando no
desean pagar.
Este
medio buscó conocer los criterios de las Salas de lo Contencioso y
Constitucional, pero al cierre de este reportaje, sus equipos de
prensa no respondieron a las peticiones y diligenciaron las
entrevistas argumentando “agenda llena”. Se buscó también al
titular del MINEC pero tampoco hubo respuesta a la solicitud de
entrevista.
Jorge
Bolaños dijo que el MTPS cuenta con 110 inspectores a nivel nacional
para que atiendan las denuncias laborales dentro de las empresas en
general, pero que por momentos se vuelven insuficientes para la
demanda de inspecciones
“El
procedimiento para atender denuncia es: el inspector solicita la
documentación (planillas de pago, contrato y otros); luego se
entrevista a una muestra representativa de 20 personas, para
posteriormente hacer su informe”, detalló.
No
obstante, mujeres como Guadalupe señalan que los inspectores llegan
a las maquilas, se reúnen en los salones de aire acondicionados con
gerentes, jefes de recursos humanos y empleados adoctrinados, hacen
sus informes de aprobación y se van, sin conocer a profundidad la
realidad de los trabajadores.
Esa
realidad fue confirmada por el viceministro de Trabajo de El
Salvador, Óscar Armando Morales.
“Esas
fallas puede ser que todavía existan porque las encontramos cuando
nosotros asumimos. Puedo decirle que las mayores multas que se
imponen son al rubro de vigilancia privada y las maquilas. No voy a
defender en su totalidad, puede ser que aún se nos hayan quedado
algunos inspectores con esas situaciones. Eso lo hemos visto muy
claramente y es preocupante lo que está pasando en las maquilas”,
dijo el viceministro Morales a este medio.
El
Estado debe ser vigilante de que empresas respeten los derechos
laborales. Solo en 2016 según datos del Ministerio de Trabajo vía
acceso a la información pública obtenidos por este medio, se
realizaron 1,314 inspecciones laborales a zonas francas. Para 2017 el
número de inspecciones incrementó a 1,803, totalizando en ambos
años 3,117 inspecciones laborales a este sector.
Según
datos de esta cartera de Estado, entre 2016 y 2017 hubo un total de
23 empresas multadas, en contraste del centenar que fueron
beneficiadas. No se tuvo acceso a los nombres de las empresas
sancionadas debido a que según la Ley de Acceso a la Información
Pública, dicha información es confidencial.
Con
base a la información oficial del MINEC, y a un estudio de la
Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) que
aglutina a varias ONG de mujeres, se logró determinar que las mismas
empresas beneficiarias, son las que están señaladas por esta ONG
como violadoras de derechos laborales.
Monserrat
Arévalo, directora de la organización “Mujeres Transformando”
dijo que entre los derechos más violados por las empresas son “los
permisos, que es una deuda bastante pendiente por parte de las
empresas; el derecho a sindicalizarse; los descuentos fuera de la
ley, en el caso de la maquila textil es muy común que una persona
que pide permiso un día, pero le descuenta el día séptimo”,
expresa Arévalo.
Entre enero del 2015 y septiembre del 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) detalló las causas de apertura de expediente en contra del sector maquila, siendo las más denunciantes mujeres trabajadoras. Por otro lado, el Instituto Salvadoreño del Seguros Social (ISSS) presentó en noviembre de 2016 el informe de las 100 empresas deudoras de las cotizaciones de sus trabajadores. En ese listado aparecen maquilas textiles quienes adeudan 192, 942 dólares en pago de cotizaciones.
La empresa Velásquez Soto S.A de C.V. adeuda al ISSS 2,630 dólares en concepto de cotizaciones de sus trabajadores. Esta empresa textilera cuenta con beneficios fiscales para operar en el país.
Este medio buscó a CAMTEX que aglutina a la mayoría de maquilas, para conocer su postura sobre los señalamientos que recaen en varios de sus socios.
“Hay una serie de cumplimiento y el MTPS tiene todas las facultades para auditar todas las empresas de nuestro sector. Hay que tener en cuenta que, dentro de todo el sector se ubican 115 empresas en la gremial. Nosotros exigimos las buenas prácticas de conductas, y por lógica todo ser humano es imperfecto, pero en lo que nos compete a nosotros y más aún al MTPS estamos haciendo los cumplimientos del caso”, dijo José Antonio Escobar, presidente de Camtex.
“Nosotros jamás apoyaríamos una violación. Desconocemos de las empresas que nos esta mencionando; también no hay ninguna queja hacia CAMTEX en relación que haya esta situación en ninguna de las empresas socias. Si esto se llegaría a dar, nosotros naturalmente hablaríamos con la empresa para ver que está sucediendo”, manifestó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de dicha gremial textil.
La calle es dura
Guadalupe despierta con el alba. Camina a su closet de madera con su ropa, elige la del día, y sale temprano porque entra a las siete de la mañana, aunque ella trata de llegar antes para cumplir con las elevadas metas que a diario le imponen. Se sienta, acomoda su silla, hace los ajustes necesarios a la máquina de coser y el habitual ruido de su motor le da los buenos días.
—Nosotros trabajamos un bulto de 25 piezas, de eso, dependiendo del valor cupón en que trabajamos, así tenemos que sacar. Al día tenemos que sacar entre 5 y 10 bultos de 25 piezas; aproximadamente 100 piezas en una hora. La meta diaria que debemos cumplir es de 25 a 30 cajas con cuatro a cinco docenas y media—, señala.
Muchas veces se acercaban al gerente de producción para decirle que las metas que les ponían eran muy altas y esperaban que hiciera algo, pero lo que recibían eran amenazas de amonestaciones diciéndoles: “hágalo es su trabajo porque la calle está dura”.
—Por el momento se está trabajando una ropa para bebé que es bastante delicada; a las compañeras les ha dicho el gerente de producción que no pueden portar en sus carteras o utilizar toallas femeninas durante sus períodos menstruales porque las prendas de bebé son bastantes delicadas—, señala Guadalupe.
¿Se imagina que una mujer no pueda entrar toallas femeninas a su trabajo? Preguntaron al gerente porqué se prohibía si eran cosas personales, —entonces dijo el gerente que “viéramos como hacíamos para no usar las toallas sanitarias” porque podíamos manchar la ropa, infectarla o contagiarla de bacterias. Ni tan siquiera pasta de dientes nos dejan entrar por esa ropa de bebé—.
¿Libertinaje fiscal?
Oscar Campos, técnico de transparencia y anticorrupción de la ISD, una ONG que con base a estudios propios, busca que la Asamblea Legislativa haga reformas a la LEZOFIC, consideró que durante los últimos 20 años las empresas usuarias de Zonas Francas han transgredido sus obligaciones laborales, sin tener una institución del Estado que verifique y sancione los incumplimientos.
“Hay una situación de libertinaje legal, ya que las empresas amparadas en la Ley de Zonas Francas les permiten evadir legalmente impuesto sin cumplir los compromisos adquiridos al suscribirse a estos regímenes de incentivos fiscales”, dijo Campos.
La ISD determinó que los incentivos fiscales en El Salvador son eternos para las empresas usuarias de Zonas Francas porque el Ministerio de Economía (MINEC) y el Ministerio de Hacienda no verifican el cumplimiento de la ley.
“La administración estatal no verifica la caducidad de los incentivos fiscales y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Además, se han venido dando prórrogas desde la entrada en vigencia de la ley, haciendo que los incentivos fiscales para las zonas francas sea casi que permanentes”, explicó Oscar Campos.
El investigador dijo que es al MINEC y al Ministerio de Hacienda a quienes les compete estar vigilantes y hacer las evaluaciones pertinentes, verificando si los incentivos fiscales están generando los beneficios para los cuales fueron diseñados o estar permitiendo más daño a las arcas del Estado.
En cuanto a impuestos internos como las exenciones municipales y sobre la renta, el Estado carece de estimaciones sobre el costo tributario de tales incentivos, lo que impide conocer si los privilegios fiscales a las maquilas, compensan el costo a la economía del país.
Guadalupe sentada, operando por horas su máquina de coser; sus manos han absorbido la mota de la tela y el cansancio es evidente en sus ojos negros al caer la tarde, esperando la hora de salida para regresar a casa a ver a sus hijos al cuidado de su madre, y rogando al cielo que no pase ninguna emergencia de la que no se pueda enterar pues ni siquiera tiene permitido ver su teléfono celular, y mucho menos contestarlo.
Esta investigación logró determinar que la empresa donde trabaja Guadalupe aparece en el listado de quienes reciben beneficios fiscales, aún y cuando incumple varios requisitos de ley para ser beneficiaria de este privilegio.
—Un día mi hijo se había enfermado y llamé para notificar mi inasistencia, no me contestaron en Recursos Humanos. Al siguiente día me dijeron que iba suspendida sin goce de sueldo ni séptimo, y lo cumplieron—.
Otro de los señalamientos de Guadalupe es que les regañan por ir al baño argumentando que “pierden el tiempo”. Ella sufrió en su embarazo pues ese estado obliga a la necesidad de orinar constantemente.
Además, la empresa le da únicamente 35 minutos para almorzar pero ella, al igual que muchas, por el afán de llegar a la meta en su trabajo se tardan de10 a 15 minutos para comer y luego se regresan.
Guadalupe es madre soltera, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana, espera el transporte colectivo y llega temprano a su jornada para ganar 62.50 dólares semanalmente, salario mínimo base, y si logran la meta les pagan 2.50 dólares semanales.
—La verdad que es poquito el bono a comparación de las grandes metas que nos exigen, porque dicen ellos (empresa) que no pueden elevarse en los bonos porque el aumento del salario mínimo es increíble y no pueden pagar más bonos—, reclama.
Situación de las trabajadoras a domicilio en El Salvador
Sale a diario a trabajar, pues su principal motivación son sus tres hijos. Con la voz entrecortada, enhebra los sueños de verlos realizados en sus estudios y siendo útiles a una sociedad que raya en la injusticia.
*Guadalupe
es un nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente
Reportaje
realizado por la Revista Gatoencerrado en el marco de la Iniciativa
para el Periodismo de Investigación en las Américas, del
International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
