viernes, febrero 14, 2020

Producir alimentos sin agrotóxicos

 biodiversidadla - Por Fernando Frank  


¿Se puede producir alimentos y dar de comer al mundo sin agrotóxicos? Está probado que sí. La ONU demostró que no son los agronegocios los que más producen.
En el marco del debate por los agrotóxicos (manejo de envases, insumos, plaguicidas etc.) surge una pregunta: ¿Se puede producir alimentos sin usar agrotóxicos? Claro que sí. Y se hace: en producciones ganaderas de pastizales naturales, en Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, en los campos de las muchísimas familias horticultoras, en empresas de producción orgánica, y en muchísimas más que lo hacen de forma más o menos silenciosa.
Esto lleva a una segunda pregunta: produciendo sin agrotóxicos, ¿se puede alimentar al mundo? Claro que sí. Es lo que se hizo desde los orígenes de la agricultura, hace más de 10.000 años. Solo en las últimas décadas en que los tóxicos fueron inventados y difundidos, se produjo, en parte, dependiendo de venenos. ¿Había hambre? Sí, lamentablemente. Las hambrunas históricas, como las de hoy, sin embargo no fueron causadas por la falta de producción sino por la pobreza, las guerras y las catástrofes.
La FAO estima que hoy, que se produce en exceso, son 842 millones las personas que sufren hambre crónica. Como se dice desde los movimientos sociales: el hambre es un crimen.
En el vínculo entre alimentación y salud, además del hambre, están todas las formas de malnutrición (carencias, excesos y desequilibrios). Las enfermedades vinculadas con la mala alimentación (diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.) crecen en todos los países. Y crecen tanto que la OMS declaró a la malnutrición como pandemia.
Los agronegocios:
Desde finales del siglo XX se intensificaron los esfuerzos de las corporaciones transnacionales por apropiarse de los sistemas alimentarios mediante la absorción de las producciones locales y nacionales. La avanzada ganó intensidad luego de la crisis de 2008. Dos frentes de disputa son las leyes de semillas (resistidas en cada país de América del Sur) y el acaparamiento de tierras y aguas.
En el informe «Tecno-fusiones comestibles: Mapa del poder corporativo en la cadena alimentaria» del grupo independiente de investigación ETC, podemos ver que estamos ante un problema global: las empresas de insumos, procesamiento y comercio se concentran monopólicamente y articulan cada vez más entre sí.
La agricultura industrial argentina se ha concentrado en la producción de granos transgénicos, principalmente soja y maíz que, en una gran proporción, no llegan a las mesas de los argentinos. Entre los usos no alimentarios están las exportaciones de granos y subproductos, la producción de biocombustibles, los biomateriales y la producción de alimentos para mascotas. Lo que sí va a alimentos, va a formas poco eficientes y problemáticas con el ambiente y la salud: comestibles ultraprocesados (responsables de la pandemia de obesidad y malnutrición) y ganadería industrial. Pese a la propaganda, muchas de estas producciones son muy ineficientes en el uso de recursos, se transportan a enormes distancias y son funcionales a la concentración. Más que alimentos producen desigualdad, pobreza y enfermedades.
La otra cara:
Lean con atención la resolución A/RES/72/239 del 19 de enero de 2018 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se aprobó la Declaración del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 y se afirma que «las explotaciones agrícolas familiares producen, en cuanto a su valor, más del 80 por ciento de los alimentos del mundo». En síntesis: los agronegocios que desforestan, contaminan, concentran la economía generando desigualdad solo producen el 20 por ciento de los alimentos a nivel mundial.
Desde hace mucho se sabe que el hambre no está causada por la falta de producción. Dos ejemplos cercanos: en Argentina, en 2002 y en 2019 hubo hambre récord en años de cosecha récord.
Volviendo al debate de los agrotóxicos, a propósito de lo que hoy sucede en La Pampa (Argentina), hoy podemos avanzar en disminuir el consumo de herbicidas recuperando la ganadería pastoril de la pampa húmeda y de otros territorios volcados al monocultivo transgénico. Es muy importante recuperar las históricas producciones mixtas con granos, y está la cultura productiva para hacerlo.
Capacitación:
También tienen un impacto muy positivo las medidas que se tomen para alejar la exposición de las poblaciones a los agrotóxicos. En este marco están las distancias de aplicación, los controles en habilitaciones (de trabajadores, profesionales, maquinarias), los avances en el debate por la regulación en las aprobaciones comerciales y el control al extremo de residuos de agrotóxicos en alimentos y fuentes de agua. También podemos ver, en todo el país, lo positivo y multiplicador del apoyo público a las producciones locales de alimentos, que ya producen sin venenos.
En cuanto a los debates académicos y técnicos son importantes los avances en la formación. Ejemplo: el INTA capacitando masivamente de forma gratuita y virtual en agroecología (https://mooc.inta.gob.ar/).
Debatir y avanzar:
Es necesario el debate por el manejo de bidones, empaques, insumos, abonos y plaguicidas.
Entendemos que con el debate amplio se puede priorizar los derechos de las mayorías. No puede seguir pasando que las empresas se autocontrolen. Ya lo hicieron durante mucho tiempo y generaron innumerables violaciones a derechos.
Como está sucediendo con las luchas por los páramos y en defensa del agua, entusiasma ver el crecimiento del debate y  cómo se pueden lograr los consensos. Debatamos y avancemos.
Fuente: La Arena

miércoles, febrero 12, 2020

Siendo un país rico, España vive en la pobreza generalizada, asegura experto de la ONU

Bassam Khawaja - Cañada Real, un barrio pobre de Madrid.

 
España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea, dijo el relator* especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Los grandes beneficiados son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión.
Philip Alston llegó a esa conclusión tras concluir este viernes su visita oficial al país, que comenzó el 27 de enero, y tras la cual le queda claro que hay dos Españas muy diferentes: una la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso, próspero… y otra la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país con “un porcentaje inusual de población que vive al límite y tienen dificultades para sobrevivir”.
© Bassam Khawaja
El relator especial de la ONU sobre pobreza
extrema visita una ciudad de trabajadores migrantes
en la ciudad española de Huelva,en Andalucía. 
Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes.
Puesto en cifras: En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años.
Para el experto en derechos humanos, “los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”.
Al mismo tiempo, el Estado español “optó por recaudar un 5% menos de impuestos que el cualquier otro Gobierno europeo y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social”.
"A pesar de que España está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando apuros", dijo Alston.
El experto en derechos humanos añadió que "la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron".

España debería mirarse de cerca en el espejo

Una de las cuestiones que ha sorprendido al relator es la ignorancia de los españoles acerca de la situación en su país.
Los derechos sociales rara vez se toman en serio.
"España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de los españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenían planeado”, explica antes de enumerar los problemas:
  • una pobreza generalizada
  • un alto nivel de desempleo
  • una crisis de vivienda de proporciones inquietantes
  • un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza
  • un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico
  • un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres
  • una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes de la administración que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas
El experto independiente ha observado que "los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio”.
Bassam Khawaja -El relator especial sobre la pobreza extrema
y los derechos humanos, Philip Alston,
durante su visita a la ciudad española
de Badajoz, en Extremadura.
La asistencia social se quiebra mientras las empresas pagan menos
Las familias acaudaladas se beneficien más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.
La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está quebrado, es imposible de navegar y hace que las familias acaudaladas se beneficien más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.
Mientras tanto, las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios.
"He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país", dijo Alston.
Entre esos lugares, el experto visitó barrios pobres “con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación”.
También ha observado vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal.

Abandonados y discriminados

Bassam Khawaja -Un complejo residencial en Mérida,
en la comunidad autónoma de Extremadura
.
"La palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es 'abandonados'", dijo el experto.
Alston señaló haber conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis y, ahora, tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Además, afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible.
Y todo ello pese a que casi todas las personas a las que conoció “buscaban ávidamente un trabajo decente".
Además, ciertos grupos están particularmente olvidados por los encargados de formular las políticas, sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan tasas de pobreza desproporcionadamente altas.
“España tiene una de las comunidades de gitanos más grandes de la UE, casi la mitad de los cuales viven en la extrema pobreza. Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza", desgrana Alston.

Esperanza en el nuevo Gobierno

El único aspecto positivo en la situación de la pobreza y los derechos humanos que ha encontrado el experto “es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social”.
No obstante, señala que los desafíos son grandes.
"Ahora España necesita un liderazgo innovador a escala nacional, respaldado con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance”, explica Alston, quien aplaude el mensaje del nuevo Gobierno, aunque resalta que “es necesario que sus acciones estén a la altura de esa retórica".
"La pobreza es en última instancia una decisión política, y los Gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla", insistió

Visita por todo el país

El experto de la ONU visitó Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios del Gobierno del ámbito municipal, autonómico y central, así como activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal para trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro de trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.
El relator especial presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020.
*Philip Alston (Australia) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en junio de 2014. Como Relator Especial, forma parte de lo que se conoce como el sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general que reciben los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que evalúan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en cualquier parte del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben un sueldo por desempeñar su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y ejercen su mandato a título individual.

lunes, febrero 10, 2020

La Antártida registra una temperatura récord de 18,3ºC

ONU-Eskinder Debebe - Vista aérea de glaciares derritiéndose en la Isla Rey Jorge, Antártida.
 La Organización Meteorológica Mundial destacó que la comprobación de este registro en la Antártida es importante ya que ayuda a construir un escenario del tiempo y el clima “en una de las últimas fronteras de la Tierra" y que, al igual que el Ártico, está escasamente estudiada en cuanto a observaciones y pronósticos meteorológicos, “pese a que ambos juegan un papel importante en el control de las pautas climáticas y oceánicas y en el aumento del nivel del mar”.
Sin embargo, especificó que “el récord de la región antártica, es decir, en toda el área al sur de los 60 grados de latitud sur, es de 19,8ºC y se tomó en la Isla Signy en enero de 1982”.
Durante los últimos 50 años, la península Antártica (el extremo noroeste cerca de Sudamérica) es una de las regiones del planeta que se está calentando más rápido, con un aumento de casi 3°C, provocando que la cantidad de hielo derretida se multiplicara por seis entre 1979 y 2017.
La OMM explicó que la Antártida cuenta con una extensión de 14 millones de km2 (aproximadamente el doble del tamaño de Australia), es fría, ventosa y seca. Su temperatura media anual oscila entre los -10°C en la costa antártica y -60°C en las partes más elevadas del interior. Su inmensa capa de hielo tiene hasta 4,8 km de espesor y contiene el 90% del agua dulce del mundo, suficiente para elevar el nivel del mar unos 60 metros si se derritiera.

El grave impacto en los glaciares

Del mismo modo, alertó que durante el pasado medio siglo cerca del 87% de los glaciares de la costa oeste de la península Antártica han retrocedido, la mayoría de ellos mediante un proceso acelerado en los últimos 12 años.
A modo de ejemplo, destacó que las imágenes satelitales demuestran que las dos grietas del glaciar Isla Pine, vistas por primera vez a principios de 2019, han crecido rápidamente en los últimos días hasta alcanzar aproximadamente una extensión de 20 km de longitud.
Este glaciar está considerado como una de las principales arterias de hielo de la Antártida Occidental.

La Oficina de Derechos Humanos denuncia ataques contra los pueblos indígenas en Nicaragua

UNICEF-Jeremy Horner - En el centro de Managua, la capital de Nicaragua, una joven desplazada escribe en un cuaderno frente a un edificio anteriormente abandonado donde vive con su familia.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó gran preocupación este viernes por los ataques recurrentes a los pueblos indígenas en Nicaragua, así como por la falta de protección de sus derechos y la impunidad de la que gozan quienes cometen crímenes contra ellos.
En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la Oficina explicó que la mayor parte de los ataques son perpetrados por colonos que buscan obligar a las comunidades indígenas a abandonar sus hogares ancestrales para usar sus tierras y realizar actividades como la tala ilegal y el pastoreo de ganado.
“Según los datos del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, de 2015 a la fecha han sido asesinados unos 40 indígenas, 47 más han sido heridos, 44 secuestrados y cuatro desaparecidos en casos relacionados con invasiones de tierras”, dijo Marta Hurtado.
La Oficina de la Alta Comisionada urgió a las autoridades nicaragüenses a investigar a fondo y de manera independiente e imparcial todos los atropellos reportados contra las comunidades indígenas y a procesar judicialmente a los responsables.
“También llamamos a las autoridades a otorgar justicia, verdad y reparación a las víctimas y a sus familias, y a asistir a quienes han sido desplazados forzadamente, incluyendo a quienes han regresado a sus comunidades”, agregó la portavoz.
Subrayó además la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar que haya más violencia y para que proteja las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas.

Amenazas previas

El incidente más reciente sucedió el 29 de enero pasado, cuando decenas de hombres armados embistieron la comunidad de Mayangna, localizada en la reserva de la biosfera de Bosawás, una zona remota protegida en la región autónoma del norte del Caribe, a unos 300 kilómetros de Managua. En esa ocasión, cuatro integrantes de la comunidad Alal en el territorio Sauni As fueron abatidos y dos más resultaron heridos, además de que fueron incendiadas 16 casas y cientos de personas tuvieron que huir. La policía llegó al lugar hasta el día siguiente. 
Los Mayangna reportaron en noviembre pasado que habían recibido amenazas de muerte de los colonos, pero no recibieron la protección adecuada.
Por otra parte, el 4 de enero, el líder indígena de los Miskitu, Mark Rivas, fue encontrado muerto a tiros en Bilwi, en la misma región. Rivas había denunciado amenazas de muerte contra él después de que había acusado al partido en el poder de crear divisiones entre los pueblos indígenas.

Derechos de los pueblos indígenas

La Oficina de la Alta Comisionada recordó que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que esas comunidades tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos y que no deben ser desalojados por la fuerza. 
“El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas y de sus tierras, aun cuando se trate de terceros actores”, recalcó la Hurtado.
Actualmente el 31% del territorio de Nicaragua es hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes, y aunque el Estado les ha dado los derechos legales sobre sus tierras, siguen sufriendo invasión recurrente por parte de colonos.
Un cálculo conjunto del Gobierno Territorial Mayangna y una ONG danesa indica que de 1999 a 2015 se desforestaron 600 hectáreas anuales de la reserva de la biosfera Bosawás a un ritmo que se duplicó de 2010 a 2015. En la misma zona se elevó al doble también el número de hogares de no indígenas entre 2009 y 2015.

jueves, febrero 06, 2020

América Latina es la región del mundo con la mayor proporción de indígenas en la pobreza extrema

OIT-R. Lord. – Mujeres indígenas en una calle de La Paz, Bolivia



 En América Latina y el Caribe los pueblos originarios constituyen más del 8,5% de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen a la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento publicado sobre la Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 169 de la OIT afirma que los datos de nueve países latinoamericanos indican que los pueblos indígenas comprenden a cerca del 30% de las personas viven en pobreza extrema. El promedio mundial de poblaciones indígenas en esa situación es de 19%.
Comparativamente, esa cifra significa que los pueblos autóctonos de América Latina son tres veces más proclives a padecer ese flagelo que otros grupos de población.
Las mujeres indígenas padecen más
El estudio señala también que en la región, la pobreza extrema está asociada al género y a la población originaria y que, como resultado, el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de 1,90 dólares diarios ($6.420 Pesos Col). De acuerdo con la OIT, las mujeres indígenas dependen desproporcionadamente de un empleo informal y que más del 85% de ellas sólo consigue trabajo en la economía informal.
Además, los pueblos indígenas tienen pocas oportunidades de conseguir un empleo de calidad y tienen un 31,5% más de probabilidades de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas, lo que supone la mayor brecha de informalidad en todas las regiones.
El documento destaca que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31% por debajo del de otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo.
El informe sostiene que uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es la desigualdad que enfrentan en materia de educación, con casi el 32% de los adultos que trabajan sin ningún tipo de estudios, un número que contrasta con el 13% de adultos no indígenas que no tienen formación alguna.
Pocos avances en 30 años
La OIT deplora que 30 años después de adoptado el Convenio Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, éstos sigan siendo más proclives a la pobreza y a afrontar obstáculos en la esfera laboral, y advierte de la imperiosa necesidad de solucionar el gran flagelo que sufren esos colectivos. Sin embargo aclara que sólo el 15% de esas poblaciones vive en países cubiertos por ese pacto.
“Muy poco se ha avanzado en la mejora de la vida de los pueblos indígenas”, dijo Martin Oelz, especialista de la Organización y coautor del informe. “Sería conveniente lograr más ratificaciones del Convenio número 169, y adoptar medidas de cara a su aplicación efectiva. Para que las políticas públicas atiendan a las necesidades de los pueblos indígenas y reflejen sus aspiraciones, es imprescindible resolver la ausencia generalizada de marcos institucionales y jurídicos que propicien su participación en la adopción de decisiones.”
Contradicciones
La población indígena mundial es de más de 476 millones de personas y, al contrario de lo que sus condiciones harían pensar, el 80% de ellas vive en países de renta media.
El estudio subraya que en la actualidad la subsistencia y actividades económicas de muchos pueblos indígenas se han transformado y que alrededor del 45% de los trabajadores indígenas están fuera del sector agrícola.
Otra conclusión es que, pese a su predominancia entre los pobres, a nivel mundial, los pueblos indígenas tienen una tasa de participación laboral superior a la de sus contrapartes no indígenas (el 63,3%, frente al 59,1%). Sin embargo, estos números muestran diferencias sustanciales en cuanto a la calidad del trabajo. A menudo, los pueblos indígenas sufren malas condiciones de empleo y discriminación.
En comparación con el 66% de los pueblos no indígenas, más del 86% de los pueblos originarios trabaja en la economía informal, lo cual suele asociarse con malas condiciones y falta de protección social.
Para avanzar y revertir esta realidad es fundamental que se ratifique y aplique el Convenio de la OIT 169, sobre todo para establecer y mejorar las instituciones y los marcos jurídicos de manera que favorezcan tanto la celebración de consultas como la participación de los pueblos indígenas, concluye el informe.

sábado, febrero 01, 2020

Se activa el brexit: desde este 1 de febrero, Reino Unido deja de ser miembro de la UE, ¿qué ocurre a partir de hoy?


 El Reino Unido ha dejado de formar parte de la Unión Europea (UE) desde la medianoche del viernes y ya de forma oficial desde este sábado 1 de febrero, un cambio que altera profundamente el escenario político y económico del país pero que, en la práctica, los ciudadanos y las empresas apenas percibirán hasta 2021.
Londres continuará cumpliendo las regulaciones de la UE y contribuyendo al presupuesto comunitario durante los próximos once meses, un periodo de transición durante el cual debe forjar una nueva relación tanto con el bloque comunitario como con el resto del mundo.
Desde este sábado ya no hay eurodiputados británicos en el Parlamento Europeo ni asiento para el jefe de Gobierno del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, en las reuniones de líderes. Los británicos abandonarán asimismo las agencias técnicas y las magistraturas reservadas para ellos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En clave nacional, Johnson abolirá el Ministerio del Brexit, un gesto con el que quiere recalcar que ha cumplido su objetivo de materializar la salida de la UE, aunque las complejas negociaciones con Bruselas sobre la futura relación bilateral todavía están por comenzar -previsiblemente a principios de marzo-.
De ese diálogo depende el incierto escenario que se abrirá el 1 de enero de 2021, la fecha en la que el Reino Unido comenzará a ejercer realmente como un país independiente de la UE.
Hasta entonces, las cuatro libertades de circulación del mercado único -de mercancías, personas, servicios y capitales- seguirán vigentes en suelo británico.

Cambios para los europeos en el Reino Unido

Los cerca de 3,8 millones de europeos que residen en el Reino Unido, así como aquellos que lleguen al país durante este año, pueden solicitar el estatus de "asentado" o "preasentado", que protegerá tras el brexit sus derechos adquiridos.
A partir de 2021, cuando termine la libre circulación de personas entre el Reino Unido y la UE, los comunitarios que quieran viajar o residir en el país deberán cumplir las normas migratorias que establezca el Gobierno británico.
El Gobierno aún no ha hecho públicos los detalles de su futura ley de inmigración, aunque el informe de un comité asesor en materia migratoria ofrece pistas sobre sus posibles planes.
Ese documento prevé dos vías para solicitar el permiso de residencia en el Reino Unido. Aquellos que lleguen con una oferta de trabajo deberían tener asegurado un salario mínimo -actualmente los extracomunitarios necesitan cobrar más de 30.000 libras anuales (35.400 euros) para obtener el visado-.
Quienes tengan intención de viajar al Reino Unido para buscar trabajo, en cambio, deberían someterse a un sistema de puntos similar al de Australia, la legislación que sirve de referencia a Johnson.
Bajo ese régimen, los inmigrantes deben superar un umbral determinado de puntos, que se otorgan en función de criterios como nivel educativo, nivel de renta, dominio del idioma, edad y otros factores.

Cambios para los británicos en la UE

Los cerca de 1,3 británicos que viven en otros países de la UE tampoco percibirán grandes cambios hasta el próximo diciembre.
Una de las pocas transformaciones tangibles para ellos será que el Gobierno recuperará este año el color azul de los pasaportes británicos, en lugar del burdeos de la UE, una medida meramente simbólica, pero muy celebrada por los partidarios del brexit.
Los 27 socios de la Unión se han comprometido a mantener los derechos adquiridos de los británicos que ya viven en esos países tras el brexit, si bien cada Estado debe regular de forma independiente su nuevo estatus legal.
Esos arreglos nacionales complicarán que los británicos residentes en un país comunitario puedan cambiar su residencia de forma automática a otro, por ejemplo entre Francia y Alemania.
Los jubilados británicos que ya están retirados en países de la UE tienen asegurada una pensión actualizada de por vida. Sin embargo, la retribución de aquellos que lleguen a su país de destino después de diciembre de 2020 dependerá de los arreglos a los que llegue el Reino Unido con los respectivos Estados.

Cambios para las empresas

Las importaciones y exportaciones de mercancías a través del canal de la Mancha, así como el acceso recíproco de las firmas de servicios, continuarán sin fricciones al menos durante los próximos once meses.
Londres quiere pactar con Bruselas un acuerdo de libre comercio que asegure los intercambios sin aranceles a partir del 1 de enero de 2021, pero al mismo tiempo mantiene su intención de divergir paulatinamente de las regulaciones de la UE, lo que puede envenenar las negociaciones.
La UE ha advertido de que es "imposible" alcanzar un acuerdo comercial completo en el plazo previsto, pero el primer ministro británico ha recalcado que no tiene intención de solicitar una prórroga.
El objetivo de Johnson de comerciar con cero tarifas pero divergiendo de la normativa comunitaria implica que podrían establecerse nuevos trámites y controles en las aduanas, lo que podría perjudicar especialmente a las empresas que mantienen cadenas de producción a ambos lados del canal de la Mancha.
En el sector financiero, Bruselas debe estudiar si acepta un régimen de equivalencia para que los bancos, las aseguradoras y el resto de firmas de la City de Londres puedan continuar accediendo a sus clientes continentales.
En la negociación con la UE, el Reino Unido tratará de hacer valer el preciado acceso a sus aguas pesqueras y a su mercado laboral como palanca para favorecer sus intereses.

viernes, enero 31, 2020

El mensaje de los sirios a la ONU: “Tenemos miedo. Por favor, ayúdennos”

Niños que huyen de la violencia en Idlib, Siria, se refugian en un campamento para desplazados en Atmeh, cerca de la frontera con Turquía. (mayo 2019)    
©UNICEF/Watad

 El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios indicó este miércoles que durante los últimos días se han intensificado las hostilidades en la zona de Idleb, especialmente alrededor de Ma'arat alNuman, Saraqib y el oeste de Alepo.
"Los combates en estas zonas parecen ser más intensos que nada que hayamos visto en el último año", explicaba Mark Lowcock en su informe al Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en el país árabe.
Lowcock, al igual que hizo la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los civiles siguen siendo objeto de intensos bombardeos y enumeró los casos de más de 100 civiles fallecidos durante el mes de enero, principalmente a consecuencia de ataques aéreos y terrestres.
A esa cifra, hay que añadirle las más de 1500 muertes documentadas por la Oficina de la Alta Comisionada desde el inicio de la escalada de violencia a finales de abril.
Cientos de ataques en Idlib
Sin embargo, especificó que las informaciones "más alarmantes" proceden del sur de Idlib, donde se concentraron cientos de ataques aéreos del Gobierno de Siria y sus aliados.
Al mismo tiempo, añadió que "los grupos armados no estatales continúan bombardeando la ciudad de Alepo, matando o hiriendo a decenas de civiles".
Otro punto conflictivo es la ciudad de Saraqib. Las rutas al norte y al oeste de esta localidad están obstruidas por vehículos de gente que trata de huir de los bombardeos. Lowcock destacó que cientos de miles de civiles deciden huir ya que sus vidas se encuentran en peligro.
"La mayoría de las personas afectadas -más del 99% - se han estado desplazando desde el sur de Idlib a otros lugares en zonas no controladas por el Gobierno. Estimamos que al menos 20.000 personas se han desplazado en los últimos dos días. Unas 115.000 se han marchado en la última semana. Casi 390.000 han huido en los últimos dos meses", detalló.
Parar la matanza
Tras indicar de nuevo que es "imperativo que todas las partes acuerden un cese inmediato de las hostilidades en y alrededor de la zona de distensión de Idlib",  destacó que durante las últimas semanas las organizaciones humanitarias han proporcionado asistencia alimentaria a más de 1,4 millones de civiles y suministros sanitarios para tratar a casi 200.000 personas.
Al mismo tiempo, recordó que las operaciones humanitarias transfronterizas son la única manera de ayudar a los más de 2,8 millones de personas necesitadas y que "han evitado una catástrofe humanitaria masiva en el noroeste".
Pese a ello, resaltó que, en las condiciones actuales, el personal de respuesta humanitaria no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades con las que se encuentran.
Lowcock explicó que la semana pasada pudo hablar con sirios en Idlib y le contaron la dramática situación que sufren.
"La gente se siente cada vez más asediada a medida que los bombardeos los persiguen de un lugar a otro. Están traumatizados y se sienten totalmente abandonados por el mundo. No entienden por qué este Consejo es incapaz de detener la carnicería entre la población civil atrapada en una zona de guerra. Su mensaje es esencialmente el mismo que les transmití cuando les informé el 30 de julio: "Tenemos miedo. Por favor, ayúdennos. Hagan que se detenga"".
UNICEF - Un hospital materno-infantil en Idlib, Siria, gravemente dañado por los ataques aéreos que se produjeron en las primeras horas de la mañana.

El noreste también sangra
En relación con la situación humanitaria en el noreste señaló que 70.000 personas siguen desplazadas tras las operaciones militares del pasado mes de octubre, y que otras 90.000 personas viven en campamentos de desplazados, incluyendo a más de 66.000 en el campamento de Al Hol.
"Una media de 850.000 de personas necesitadas en el interior de Siria recibieron asistencia mensualmente en 2019, y ese número aumentó considerablemente durante el transcurso del año".
A pesar de este dato y con la eliminación del cruce de Al Yarubiyah, la Organización Mundial de la Salud prevé una reducción de los servicios médicos disponibles y un creciente déficit de suministros médicos.
"Unos 400.000 artículos médicos cuya entrega está prevista están atascados en camiones en Iraq y no pueden cruzar. El Secretario General ha pedido a los miembros de este Consejo su apoyo para lograr un acuerdo sobre la posibilidad de llevar estos artículos", resaltó.
La economía, por los suelos
Finalmente, Lowcock señaló que la libra siria continuó depreciándose durante el mes de enero en el mercado informal.
"Los sirios que salen a comprar alimentos encuentran menos artículos en sus mercados, incluso los que buscan productos básicos como arroz, aceite y azúcar. La mayoría de los artículos disponibles cuestan más que nunca. El precio del pan, por ejemplo, ha aumentado más del 50% en algunas zonas en los últimos meses", detalló.
El Comité Constitucional, de vuelta
Por su parte, la enviada especial adjunta para Siria, Khawla Matar, indicó horas más tarde que el enviado especial, Geir O. Pedersen, se encuentra en estos momentos en Damasco tratando de distender la situación en el noroeste.
Matar señaló que Pedersen espera poder convocar de nuevo y en breve al Comité Constitucional y que sus sesiones continúen a un ritmo constante durante los próximos meses. Para ello, apuntó que es necesario crear un clima "de confianza y seguridad, lo que puede contribuir a abrir la puerta a un proceso político más amplio".
Asimismo, anunció que el grupo de trabajo sobre la liberación de detenidos-secuestrados, la devolución de cuerpos y la identificación de personas desaparecidas que incluye a Irán, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas se reunirá en Ginebra a finales de febrero, como parte de una rotación continua.