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Por obrar 'con ilegalidad y mala fe' empresa petrolera debe pagar a Ecuador millones de dólares.

Ecuador recibió más de seis millones de dólares de la empresa estadounidense WorleyParsons, tras ganar la demanda que interpuso la compañía y que pretendía que el país andino le pagase 198 millones de dólares por un conflicto petrolero.

 En concreto, la compañía estadounidense tuvo que pagar 6.048.471,01 dólares. "Este es el monto que el tribunal arbitral ordenó a la compañía reembolsar a Ecuador por los honorarios y costos causados en el arbitraje internacional seguido por Worley Parsons al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador", explicó en un comunicado la Procuraduría General del Estado de Ecuador.

Asimismo, detalló que los fondos serán acreditados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
WorleyParsons demandó en 2019 a Ecuador por supuestos montos impagados relacionados con contratos suscritos por esta empresa con la estatal petrolera Petroecuador y con la compañía Refinería del Pacífico para cuatro proyectos: rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto y la planta de gas licuado de Petróleo de Monteverde.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Internacional emitió su laudo final y resolvió desestimar las pretensiones de Worley, entre otras cosas, por la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión.

El Tribunal señaló que los reclamos de Worley Parsons no tenían cabida por "la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe", aceptó los argumentos de Ecuador y desestimó en su totalidad las pretensiones de WorleyParsons.

Tráfico en el Sahel: amordazar el comercio ilícito de armas





UNREC.- El Gobierno de Togo y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC) destruyeron 2000 armas incautadas y obsoletas y 10.000 cartuchos de munición para conmemorar el Día Internacional de la Paz.

En el Sahel*, donde viven 300 millones de personas, hay un mercado de compradores de armas. La insurgencia y el bandidaje asolan la región, arraigados, entre otras cosas, en tensiones intercomunales endémicas, enfrentamientos entre agricultores y pastores, una propagación del extremismo religioso violento y la competencia por recursos tan escasos como el agua y las tierras cultivables en medio de perturbaciones climáticas extremas.

"Los grupos no estatales luchan entre sí por la supremacía, empujando a los Estados al margen y causando una miseria indecible a millones de personas que han tenido que huir de sus comunidades en busca de seguridad", declaró el oficial encargado de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel, Giovanie Biha, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al presentar el informe del Secretario General sobre la región.

Compramos más fusiles

Detrás del caos y la miseria se esconde un próspero comercio ilícito de armas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muchos centros de tráfico de armas en el Sahel bordean fronteras o rutas de transporte donde tienen lugar múltiples actividades delictivas. Los mercados ilegales, a menudo ocultos a plena vista en ciudades y pueblos situados a lo largo de corredores estratégicos, no se ven obstaculizados por la presencia de las autoridades.

Todos los grupos implicados en los enfrentamientos trafican ahora con armas y munición, según un reciente informe de la Oficina sobre el tráfico de armas de fuego. A medida que se multiplica el número de miembros de los grupos, también lo hacen las oportunidades de negocio para los traficantes.

El informe hace un seguimiento de los casos con vistas a comprender mejor el fenómeno y sus impulsores. Cuando las autoridades nigerianas preguntaron a un sospechoso en qué había gastado su grupo los 100.000 dólares pagados por el rescate de las escolares secuestradas, respondió: "compramos más fusiles".

ONU Foto/Eskinder Debebe.- Huyendo de su aldea en el norte de Camerún después de que los insurgentes armados tomaran el control, Mamma Hamidou (centro) recibió financiación generadora de ingresos del PNUD y, con sus ganancias, construyó una pequeña casa y envía a sus hijos a la escuela. (Febrero de 2019).

Cascada de consecuencias

Una cascada de consecuencias se extendió por la región durante la pasada década, desestabilizando naciones y extendiendo una marea de armas traficadas a pueblos, aldeas y ciudades. En Nigeria, Boko Haram amplió su zona de control y se extendió a Camerún, Chad y Níger.

En el primero de los reportajes sobre Trata en el Sahel, describimos la intervención de la OTAN en Libia en 2011 como un momento crucial. Los soldados tuareg que servían en el ejército libio saquearon armas y regresaron a Malí, donde una serie de rebeliones crearon un peligroso y caótico vacío de seguridad.

MINUSMA/Marco Dormino.- Munición de armas ligeras en la fosa de artefactos explosivos
sin detonar del campamento del ejército maliense en Tombuctú (Malí).

Los grupos extremistas capturaron bases militares y policiales malienses, añadiendo nuevos depósitos de armas a sus arsenales en expansión. La zona transfronteriza Liptako-Gourma se convirtió en campo de batalla y de trueque para un floreciente comercio ilegal de armas.

La violencia crónica ha matado a miles de personas y desplazado a más de dos millones de sahelianos hasta diciembre de 2022.

© PMA/Mariama Ali Souley.- La huerta de Satara, en la región de Tillaberi (Níger), donde se registran algunos de los niveles más altos de inseguridad alimentaria crónica de Níger.

Terrorismo a la africana

Con este telón de fondo se sitúa la amenaza siempre presente del terrorismo, según la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un intento por atraer a las audiencias locales, los afiliados del Estado Islámico han intentado, desde 2017, "africanizar" las referencias y los idiomas, utilizando la literatura africana para justificar los puntos de vista del grupo terrorista, dijo el Comité en su informe ISIL en África: Principales tendencias y evolución.

En la actualidad, la cuenca del lago Chad y el Sahel central han surgido como epicentros e incubadoras del terrorismo y el extremismo violento, advirtieron las autoridades.

En el trasfondo, el comercio ilícito de armas perpetúa el caos. El informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito mostró que los flujos de armas ilegales procedentes de Libia desde 2019 se han ampliado para incluir rifles de asalto de nueva fabricación.

Como reflejo de esta siniestra tendencia, las incautaciones de armas aumentaron un 105% entre 2017 y 2021, y las operaciones continúan, dijo el representante regional de la Oficina para África Occidental y Central, Amado Philip de Andrès.

©MINUSMA / Harandane Dicko - Un vehículo blindado de Minusma en Aguelhock (Malí)

Socios contra el crimen

Las investigaciones conjuntas y la cooperación transfronteriza son una combinación ganadora, añadió. Una de estas operaciones desbarató en diciembre la ruta de suministro de armas de fuego de una red terrorista, y están floreciendo nuevas asociaciones, como los acuerdos de cooperación militar de Níger con Benín y Burkina Faso.

UNODC/INTERPOL- INTERPOL decomisó armas de fuego, municiones y explosivos en todo el Sahel.

Para luchar contra el terrorismo y el extremismo violento, las naciones implicadas de la región lanzaron en 2017 la Iniciativa de Accra, que despliega operaciones conjuntas, pone en marcha iniciativas de fomento de la confianza en zonas críticas e insta a la puesta en marcha de una fuerza multinacional conjunta compuesta por 10.000 soldados.

Por su parte, la ONU y los países de la región trabajan para reforzar la resistencia de las comunidades fronterizas y facilitar el retorno de los desplazados. También se está impulsando la innovadora iniciativa de la Unión Africana, Silenciar las armas, con un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que apoya un mes anual de amnistía y presta asistencia técnica para el control de las armas pequeñas.

Para aprovechar estos éxitos, la Oficina recomendó a los países del Sahel que redoblaran sus esfuerzos para recopilar datos sobre el tráfico de armas de fuego con el fin de comprender mejor y detener los flujos nacionales y transnacionales.

Foto ONU/Ky Chung- Un casco azul de la ONU con rifles confiscados de milicias.

Sin embargo, el apoyo político y operativo de los socios sigue siendo esencial para estabilizar la región, afirmó la subsecretaria general de la ONU para África, Martha Ama Akyaa Pobee.

"Hay que lograr desesperadamente avances decisivos en la lucha contra el terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia organizada en el Sahel", afirmó. "Sin avances significativos, será cada vez más difícil invertir la trayectoria de la seguridad en el Sahel y la continua expansión de la inseguridad a los países costeros de África Occidental."

Todos somos burkineses

El contragolpe del tráfico ilícito de armas se siente con más fuerza sobre el terreno. En la aldea de Bolle, Burkina Faso, un frágil panorama de seguridad se desmoronó de forma aterradora en 2019, cuando los feroces combates entre grupos fuertemente armados a lo largo de la frontera con Malí empujaron a más de 100.000 personas a la zona en busca de seguridad.

Sahelianos como el jefe Diambendi Madiega han colaborado para acoger a todos los que han podido.

"La preocupación que tenía era cómo cuidar de los desplazados", dijo al recibir en 2021 un premio de la Agencia de la ONU para los Refugiados por acoger a más de 2500 personas.

"La responsabilidad es mía", explicó. "Todo lo que pueda hacer para ayudarles, lo haré. Estoy feliz por lo que ha hecho esta comunidad. Esto demuestra que todos somos burkineses".

Los ganadores del 'negocio' de la ayuda humanitaria para Haití (que no son precisamente sus habitantes)

Cinco veces las reservas internacionales de Ecuador. Ese fue el monto de ayuda internacional que se estima que recibió Haití en 2010, luego del devastador terremoto que asoló la isla.Un hombre camina sobre un edificio derrumbado en Saint-Louis-du-Sud, Haití. 16 de agosto de 2021
Matias Delacroix -AP

Pero, ¿cómo es posible que después de haber recibido unos 13.000 millones de dólares, la situación en el país antillano sea comparada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con Sudán del Sur y la República Centroafricana? La respuesta parece residir en el irregular manejo de esos fondos por parte de las ONG's, la corrupción institucional y la línea asistencialista de esas ayudas, que no han permitido el desarrollo del país más pobre de América Latina.

El fin de semana, un nuevo sismo se sintió en Haití, pero no ha sido el único. El país se mantiene bajo los escombros de una interminable crisis política, institucional, social y humanitaria, que se agravó con el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. En ese contexto, cabe preguntarse qué tan eficiente puede ser el nuevo llamado a enviar ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional, en una nación que ha demostrado, hasta la saciedad, el fracaso de esa política ante la catástrofe.

La ayuda que no llegó

Analistas internacionales han acuñado el término "Estado de ayuda" para Haití, tomando en cuenta que el país tiene la mayor cantidad de ONG's por habitante en el mundo. Según algunas estimaciones, se dice que hay unas 10.000 en un país de 11 millones de habitantes.

La cifra, sin embargo, no se ha traducido necesariamente en mayores ayudas. La misma población haitiana tiene más de una década denunciando que la asistencia que reciben de esas organizaciones no contribuye al desarrollo de las comunidades sino que, por el contrario, alimenta el ciclo de la dependencia.

El personal de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas en Haití.  30 de marzo de 2010
Jorge Saenz -AP

El argumento de las ONG's para defender su manejo discrecional de los fondos es que el Gobierno es corrupto, lo cual no deja de ser cierto si se toman en cuenta los índices que miden la corrupción en el país y las protestas que, en su momento, se produjeron en contra del desvío de recursos por parte de las administraciones de Michell Martelly o el asesinado Moïse.

No obstante, la falta de transparencia del Gobierno que denuncian las oenegés es la misma que esas organizaciones aplican para no rendir cuentas de los sustanciosos recursos que han recibido, y que casi igualan el Producto Interno Bruto (PIB) de Haití.

Los ejemplos de cómo esas organizaciones han malversado los recursos a lo largo de una década sobra. Basta nombrar, por ejemplo, el escándalo por los 500 millones de dólares que la Cruz Roja administró para construir casas en Haití, de las cuales solo edificó 6, o el juicio en España contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco por el desvío de 4 millones de euros de fondos públicos para proyectos de oenegés, entre ellos, la construcción de un hospital en el país caribeño.

Las marcas de la invasión

Pero más allá del tema económico, la presencia de las organizaciones internacionales en territorio haitiano también ha tenido consecuencias terribles para la propia población.

Después del sismo de 2010, por ejemplo, un informe reveló que miembros de la misión de los cascos azules abusaron de mujeres y niñas durante su estancia en el país, lo que ocasionó más de 356 nacimientos de niños en situación de mayor vulnerabilidad. Los efectivos implicados en los casos no fueron castigados sino enviados a sus países de origen, sin rendir cuenta alguna ante las autoridades haitianas.

Un documento de la ONU también reconoció que la negligencia de su personal en Haití produjo el primer gran brote de cólera tras el sismo de 2010, que dejó 9.145 muertos y que, años más tarde, produjo otro repunte de casos que ocasionó 18 % más de víctimas fatales.

Los haitianos protestan para exigir a la MINUSTAH que pague
por el brote de cólera. 15 de febrero de 2017
Andrés Martínez Casares - Reuters

Lo más controvertido es que los cascos azules estaban en Haití desde 2004, cuando EE.UU. desplegó una intervención militar en la isla después de propiciar el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide, que había sido electo dos años antes con el 91,69 % de los votos. El argumento de Washington para meter a sus soldados era la supuesta garantía de estabilidad democrática.

Los años siguientes, no obstante, demostraron que la presencia estadounidense tuvo nulo efecto en la estabilidad de Haití.

La trampa de las 'ayudas'

Sobre Haití hay un punto en común y es que la mayor parte de los recursos que llegan tienen cuatro destinatarios directos: las cúpulas políticas, las élites empresariales, las ONG y las organizaciones internacionales que están asentadas en ese territorio.

El grueso de la población, mientras tanto, sigue sumida en la absoluta pauperización. De hecho, el 80 % de los haitianos es pobre y la mitad de ellos padece "hambre pura", según reconoció recientemente el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches.

La crisis alimentaria se ha agudizado aún más debido a la pandemia de covid-19 y el pronóstico en medio de la inestabilidad política tras el magnicidio de Moïse no es más alentador. Los informes de la Oxfam dan cuenta de lo evidente: que Haití está en una crisis de pobreza, alimentada por la desigualdad.

Según esa organización (cuyos altos cargos en Haití también estuvieron implicados en un escándalo por abusos sexuales a mujeres y violación a menores de edad), "desde la independencia en 1804, el Estado haitiano ha mantenido los privilegios de una pequeña élite a expensas de la mayoría".

Pero el poder económico de las ONG tampoco ayuda. Su presencia y manejo discrecional en el país ha contribuido aún más al debilitamiento institucional de Haití y a ahondar la sensación de un Estado frágil que no es capaz de llevar las riendas de su propio destino, una imagen que ha sido alentada –desde hace más de dos siglos– por las potencias colonialistas contra la primera república negra e independiente de América Latina.

El intervencionismo de EE.UU.

Basta un repaso por los dos siglos de historia de Haití para entender cómo las potencias occidentales han sido directamente responsables de la pobreza, el atraso y las dificultades que aún hoy sufre ese país.

Desde el abusivo monto que Francia le hizo pagar a Haití por haber obtenido su independencia, hasta la forma en que países como EE.UU. y Alemania hicieron préstamos impagables a la nación para que le resultara imposible zafarse de sus acreedores, la presión económica ha sido la espada usada contra una nación que hace más de dos siglos tuvo la 'osadía' de emanciparse.

En la actualidad, el mecanismo persiste aunque con estrategias menos evidentes. En 1995, Washington obligó a Haití a eliminar aranceles a varios productos alimenticios, lo que no solo inundó el mercado haitiano de rubros estadounidenses, sino que llevó a la quiebra a los productores de arroz del país caribeño, que anteriormente abastecían la demanda interna.

La estrategia del arroz tuvo como protagonista a Bill Clinton, el expresidente estadounidense que estuvo también implicado con la administración de fondos para la isla incluso después del terremoto de 2010, cuando se desempeñó como copresidente de la llamada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH).

Bill Clinton y Hillary Clinton posan con los trabajadores
en el Parque Industrial Caracol en Haití. 22 de octubre de 2012
Larry Downing- Reuters

Gracias a la CIRH, Clinton dio el impulso a dos grandes proyectos, que serían ejecutados por empresas estadounidenses: un hotel de lujo, cuyo dueño es cercano al entorno del expresidente, y el parque industrial Caracol, que fue abandonado años más tarde por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras reconocer que la agencia no tenía la experticia para llevar a cabo la construcción, no había factibilidad técnica y tampoco generaría los empleos que se habían prometido. En esa obra fallida se 'perdieron' al menos 70 millones de dólares.

Este tipo de 'negocios' en la reconstrucción de la isla provocaron que más del 80 % de los recursos que se destinaron al país (solo de 2010 a 2012) abultaran las cuentas de organizaciones no haitianas; y apenas 8,5 % cayera en las arcas del Gobierno. De ese monto, menos del 1 % fue administrado por actores haitianos, según datos de la Oficina del Enviado Especial para Haití.

Cifras recientes de la USAID, reveladas por The Guardian, dan cuenta de que la realidad se mantiene: de los 2.300 millones que se tenían previstos para ayudar a Haití hasta 2019, más de la mitad acabó de vuelta en EE.UU. Es más, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) asevera que solo 0,6 % de los fondos se destinaron a organizaciones haitianas y 0,9 % finalmente se entregó al Gobierno.

¿Y ahora qué?

El reciente sismo en Haití, que ya ha dejado más de un millar de muertes, se produce en condiciones aún peores a las de 2010, al menos en términos políticos, sociales y económicos.

"No hay condiciones para las elecciones":
La imparable crisis política y social
que sacude a Haití más allá del terremoto
El magnicidio de Moïse, la pandemia de covid-19, la crisis alimentaria y la casi inexistente economía, que depende cada vez más de importaciones por el escaso desarrollo de las actividades locales (y que tanto prometieron promover las inversiones y ayudas), dejan a la nación en una situación de mayor vulnerabilidad y a la espera de más asistencia.

Esta semana, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha prometido celeridad para atender a la ciudadanía. La comunidad internacional se ha comprometido a enviar más ayuda humanitaria y EE.UU. ha dicho que ofrecerá "una respuesta inmediata" a la situación en Haití. Su estrategia no tiene nada de novedosa, ya que la administración de Joe Biden envió a Samantha Power, administradora de la USAID, como funcionaria para "coordinar los esfuerzos".

"A través de USAID, estamos apoyando los esfuerzos para evaluar los daños y ayudar en la tarea de recuperar a los heridos y los que ahora deben reconstruir. EE.UU. sigue siendo un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití, y estaremos allí después de esta tragedia", concluyó la Casa Blanca en un comunicado.

Hasta ahora, la certeza de que Washington permanecerá en el territorio del país caribeño está asegurada, pero el precedente de una cooperación ineficaz hace dudar de la capacidad de EE.UU. para "reconstruir" la isla. Haití, por su parte, sigue bajo los escombros de una catástrofe aún peor: el expolio.
Nazareth Balbá

Nayib Bukele: "ya no se puede confiar en la OEA"

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este viernes (04.06.2021) que su Gobierno romperá el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).


"Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador", dijo Bukele en una conferencia de prensa. El presidente salvadoreño explicó que esta decisión se debe al anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de tener como asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, procesado penalmente en El Salvador.

Bukele, quien criticó a Almagro, aseguró que "ya no se puede confiar en la OEA" porque, a su juicio, está "promoviendo una agenda política" y había un "otorgamiento de impunidad a un criminal", en referencia a Muyshondt.


Con esta decisión quedan en el limbo las investigaciones administrativas realizadas por la CICIES en momentos en los que se desconoce si el fiscal general, Rodolfo Delgado, dará continuidad a los casos abiertos a raíz de los avisos presentados por la comisión.

La Fiscalía -en noviembre de 2020 y cuando estaba en manos del fiscal Raúl Melara- allanó diversas oficinas del Gobierno por el supuesto manejo irregular de los fondos destinados para la atención de la pandemia. Sin embargo, Bukele afirmó que "yo no conozco avisos de corrupción de la CICIES".

El mandatario, quien criticó duramente a la comunidad internacional por las condenas que su Gobierno ha recibido tras la destitución de magistrados de la Corte Suprema y de Melara, declaró que buscará otra organización para formar una nueva comisión. "Viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones (internacionales) va a ser difícil, pero lo vamos a lograr", concluyó.
Capturan a exalcalde de San Salvador por un segundo caso

Muyshondt, que gobernó San Salvador entre 2018 y 2021 bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y perdió la reelección en febrero pasado, enfrenta un proceso penal acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por supuestamente negociar con pandilleros.


Por este proceso, un juez instructor ordenó que el político guardara arresto domiciliar, pero al finalizar la audiencia fue detenido por la Policía y llevado a las celdas de una de sus sedes. De acuerdo con el cuerpo de Seguridad, el exalcalde fue detenido por el cargo de apropiación indebida de retenciones de personas empleadas por la Alcaldía de San Salvador.

Enviados de Guaidó, opacados por la corrupción: qué revela un reporte periodístico que alertó a Almagro

Una investigación de PanAm Post vincula a Rossana Barrera y Kevin Rojas, encargados del manejo de la estadía de los militares venezolanos en Colombia, con malversación de fondos y fraude.

 Juan Guaidó en Caracas, 14 de mayo de 2019.- Ivan  Alvarado - Reuters
Este viernes 14 de junio el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la ayuda humanitaria por parte de los representantes del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, en Colombia.
Almagro solicitó que se determinen las responsabilidades y se exija la rendición de cuentas. "No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción", escribió en su cuenta de Twitter.
El reporte en cuestión es el artículo del editor en jefe y columnista del PanAm Post, Orlando Avendaño, titulado 'Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia', en el que denuncia que los representantes del líder opositor en Colombia, Rossana Barrera y Kevin Rojas, encargados de la atención a los venezolanos que ingresan en territorio del país vecino en busca de ayuda y refugio, se rodearon de lujos malversando los fondos que estaban a su disposición e inflando las cifras de los militares desertores.
Avendaño detalla que ambos son militantes del partido Voluntad Popular, pero Barrena encima es la cuñada del diputado Sergio Vergara de dicho partido, quien es considerado la mano derecha de Guaidó después de la detención de Roberto Marrero por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
 Estadía de militares venezolanos en hoteles colombianos
Después del intento de ingresar ayuda humanitaria al territorio venezolano el pasado 23 de febrero y los posteriores violentos enfrentamientos en la frontera, los militares que se pusieron de lado de Guaidó fueron alojados en siete hoteles de Cúcuta, dos de los cuales ―el Ácora y el Vasconia― tenían que ser pagados por la oposición de Venezuela representada por Guaidó, descubrió Avendaño, mientras del pago de otros hoteles estaba encargado el Gobierno de Colombia y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que abonó por el Hampton Inn y el Villa Antigua, entre otros.

Haití, violentas protestas con al menos nueve muertos y un país paralizado

Manifestantes haitianos queman una bandera de EE.UU. y piden ayuda a Rusia y China
 La nación antillana ha entrado en la segunda semana de violentas protestas contra la pésima situación económica y las políticas de las autoridades locales.
Hector Retamal - AFP
Este viernes, durante las protestas en la capital haitiana, Puerto Príncipe, un grupo de manifestantes antigubernamentales quemó una bandera nacional estadounidense y pidió ayuda a Rusia y China para resolver la crisis que ha paralizado al país antillano.
En la congregación las personas aseguran que el expresidente Michel Martelly y el actual jefe de Estado, Jovenel Moïse, fueron puestos en el poder por EE.UU.
"Queremos decir que nos divorciamos completamente de los estadounidenses: ya hemos tenido demasiada ocupación de manos de EE.UU., no podemos más", explicó, citado por la agencia AFP, Bronson, representante del grupo de manifestantes que prendió fuego a la bandera de país norteamericano.
Ivan Alvarado - Reuters
"Le pedimos a Rusia, a Venezuela, a la gran China... que echen un vistazo a la miseria que vivimos aquí", continuó Bronson.

"Condenamos el acto deshonesto del ciudadano que ha vejado la bandera de un país amigo como EE.UU.", respondió a la acción el primer ministro haitiano, Jean-Henry Céant.

Protestas en Haití

Esta semana, el Departamento de Estado de EE.UU. ha recomendado a sus ciudadanos "aplazar todos los viajes no esenciales a Haití" debido al clima de violencia que reina en ese país. Este comunicado se suma a la medida de retirar de su embajada en Puerto Príncipe a todo el personal diplomático que no sea esencial. 
La crisis social y económica que atraviesa Haití, sumada a un escándalo de corrupción que implica a varios miembros de la clase política, incluido el presidente, ha desatado violentas manifestaciones. 
Enfrentamientos con la policía y caos en las calles: ¿Qué está pasando en Haití?
Desde la semana pasada, en las calles de la capital se pueden ver automóviles incendiados, y se han producido saqueos a comercios y violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía que han dejado varios muertos, decenas de heridos y han causado daños materiales significativos.

El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal.


Entre 50 y 152 mil millones de dólares movió el 2016 este negocio ilícito, más que el 2014. 


  Este reportaje transnacional en el que participaron siete medios latinoamericanos revela cómo opera el tráfico de madera de la Amazonía hacia el mercado mundial.


Los últimos árboles de la Amazonía

30 de setiembre del 2018
EXCLUSIVO. Un equipo de periodistas de cinco países de Latinoamérica investigó el mecanismo que utiliza el tráfico global para saquear y lavar la madera amazónica. Los tablones de origen ilegal de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia son incorporados en el mercado internacional con documentos oficiales que casi nunca son verificados. Las mafias ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas.
Por: Nelly Luna Amancio
“Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 600 años habrá quedado reducido a un tocón el último árbol del planeta”.
Hope Jahren. “La memoria secreta de las hojas”.
Alertados por el ingreso de extraños que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio, en agosto de este año, los miembros de la comunidad indígena Shawi, en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de taladores que estaba utilizando la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano, Balsapuerto. Los traficantes usaban la trocha para sacar en enormes camiones los troncos de los árboles cortados, y a su paso, las enormes llantas y pesado cargamento destruía la vía. Los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera. Lo que siguió fue una historia violenta de amenazas contra sus principales dirigentes.
No fue la primera vez que traficantes amenazaban a líderes indígenas. En setiembre del 2014 una de estas amenazas se cumplió. Un grupo de taladores ilegales asesinó a Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Saweto, ubicada en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil. Chota era presidente de la comunidad y hacía más de doce años que venía denunciando el tráfico de madera en sus territorios, sin que las autoridades iniciaran una investigación seria. A cuatro años de este crimen, la justicia de Perú no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados, ni reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.
Los cálculos del Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 mil millones de dólares y pueden representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo. #MaderaSucia, es una investigación -liderada por Ojo-Publico.com y Mongabay Latam, en alianza con un equipo de reporteros y medios de Colombia (Semana, El Espectador), Bolivia (El Deber), México (Connectas) e Infoamazonía (Brasil)- que analiza la situación actual del mercado de la madera amazónica y los mecanismos que utilizan las mafias para lavar los productos de origen ilegal con el fin de incorporarlos a la cadena de comercio global.

LOS PAPELES FALSOS DE LA SELVA

El sistema que permite la “legalización” de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada se repite en todos los países amazónicos. Los documentos oficiales -que no cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país- están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana. Los destinos más frecuentes de esta madera son Estados Unidos y China.
En todos los casos reportados y entrevistas realizadas para esta serie investigativa las autoridades confirman que el método que más usan las mafias madereras es la declaración de información falsa en documentos oficiales. Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizada, cuando en realidad fueron extraídas de áreas naturales protegidas o tierras indígenas.
Los ejemplos más recurrentes se encuentran en Perú, país que después de Brasil, exporta más madera al mundo. Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. Otros, declaran tener árboles en los cauces del río o en coordenadas equivocadas.
Las autoridades de Bolivia reconocen una situación similar: los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales de Origen (CFO) para incorporar cargamentos ilegales y comercializarlos.
La historia se repite, aunque en menor escala, en Colombia. Como señalan los reportajes de Semana y El Espectador, el 47% de la madera que se vende en este país es ilegal, según los cálculos del Ministerio del Ambiente. La investigación revela que el negocio de la madera de origen ilegal puede movilizar 750 millones de dólares al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico.
“El negocio de la madera ilegal moviliza US$750 millones al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico”
En Brasil, una investigación de Greenpeace detalla cómo se inventa información en los papeles que certifican el origen de la cotizada madera Ipe. El sistema es el mismo. Los madereros las declaran en sus inventarios, pero en realidad no existen en el campo. Según esta organización, Estados Unidos es el país que más madera de tipo Ipe ha importado con documentos oficiales que tienen evidencias de haber “inflado” o mentido sobre el origen real de los árboles talados.
Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, Osinfor identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5 mil camiones.
Parte de la madera que durante los últimos años se extrajo de la Amazonía peruana, fue exportada hacia México, desde allí se envía a EEUU. En el reportaje desarrollado por Connectas, se identifica a las 10 empresas que compraron la madera de origen ilegal de uno de los operativos más exitosos contra el tráfico impulsado por la Interpol y la fiscalía peruana. El análisis de la documentación revela que el 81% del total de madera que se comercializó había sido extraído de áreas prohibidas.
TERRITORIO. En lo que va del 2018, Osinfor ha identificado cerca de 4 mil metros cúbicos de shihuahuaco de origen ilegal proveniente de la Amazonía.
Foto- Leslie Moreno.

La cadena de corrupción de Odebrecht: los casos más destacados en América Latina

 La mayor trama de corrupción en la región ha golpeado a personas públicas y privadas, sindicadas, acusadas o condenadas por sobornos. Un golpe al bolsillo de los ciudadanos, y a la democracia. Los casos más destacados:




Sede de Odebrecht en Sao Paulo, Brasil
DW - José Ospina Valencia.- Todo empezó con el inmigrante alemán Emil Odebrecht, que aún siendo estudiante en la Universidad de Greifswald emigró en 1856 a la colonia germana de Blumenau, estado de Santa Catarina, al sur de São Paulo. Este ingeniero y cartógrafo sentó las bases, sobre las que un nieto suyo fundó la empresa constructora que más tarde se convertiría en foco de la corrupción continental.
Odebrecht es un conglomerado de empresas dedicadas a construcciones, infraestructura, inmobiliarias, petroquímicas y transporte, entre otros.
Cifras
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.
De acuerdo a los cálculos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos 140 mil millones de dólares por corrupción, un 3% del PIB de la región”.
Brasil: petróleo, política y pagos ilegales
Todo comenzó como una investigación en Brasil, denominada Operación Autolavado (Operação Lava Jato). Entre tanto, Odebrecht ha admitido haber sobornado desde 2001 a políticos, funcionarios y partidos de tres continentes, especialmente en América Latina, para ganar contratos públicos. El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, alias "El Príncipe”, está cumpliendo una sentencia de 19 años de prisión, tras su condena por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de la estatal brasileña Petrobras.
La Operación Lava jato ha desenterrado pagos de unos 349 millones de dólares en sobornos. Un escándalo que generó una grave crisis política, que le abonó el camino al derechista Jair Bolsonaro, hoy presidente electo del Brasil
Argentina: sobornos "admitidos”
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., en 2016, Marcelo Odebrecht admitió haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para manipular diversos contratos de obras públicas. El juez Federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó este año (2018) a indagatoria a 49 personas, entre ellas exfuncionarios públicos, representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, por presunto soborno y sobreprecios.
Entre los 49 citados se encuentran Ricardo Jaime, exministro de Transporte; José López, exsecretario de Obras Públicas, Marcelo OdebrechtÁngelo Calcaterra, expresidente de la empresa IECSA. Y también Julio De Vido, exministro de Planificación.
Colombia: vía, auditoría y cianuro
Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresario colombiano
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sindicado de "encubrimiento”, al no denunciar delitos de los que supuestamente tuvo conocimiento antes de asumir el cargo. Un escándalo reavivado tras dos extrañas muertes. Jorge Enrique Pizano, auditor de la obra Ruta del Sol II, considerado testigo clave en el escándalo de Odebrecht, falleció de un infarto el 8 de noviembre. Tres días más tarde, su hijo Alejandro Pizano murió envenenado con cianuro.
Pizano había entregado grabaciones a varios medios diciendo, entre otras cosas, que el hoy fiscal Martínez, como asesor del consorcio bancario Grupo Aval, conocía la trama de corrupción desde 2015, incluyendo "irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II”.
Martínez niega que haya conocido algún delito cuando era asesor del Grupo Aval y dice haber entregado a Carlos Sarmiento Angulo, presidente de dicho consorcio, toda la información que recibió de Pizano. El Portal de análisis La Silla Vacía dice que "eso tiene sentido, pues el Grupo Aval había puesto a Pizano en la concesionaria de la Ruta del Sol II justamente para vigilar a Odebrecht”.
El periodista Gonzalo Guillén interpuso una denuncia penal contra Martínez en EE.UU., en donde se lleva un proceso matriz contra Odebrecht. Una condena por corrupción tendría graves consecuencias para la persona y el consorcio que preside Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.
Ecuador: estrepitosa caída

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Importante.

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