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Paraguay: juez decreta prisión preventiva contra Santiago Peña

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña.
Imagen: X account of Paraguayan President Santiago Peña 
El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó este sábado (07.11.2026) en prisión preventiva, tras ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y precipitó su destitución, informó a periodistas el juez Humberto Otazu. La fiscalía había solicitado dicha medida cautelar unas horas antes.

"El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva", declaró Otazu a periodistas al término de una audiencia con Peña y su abogado, e informó que cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, tal como lo hizo en la noche del viernes. Ese día Peña fue detenido poco después de haber sido hallado culpable en un juicio político por "mal desempeño de funciones" tras la disolución por problemas de insolvencia de Ueno, un banco con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados, lo que desató masivas protestas de los ahorristas.

Peña fue indagado esta misma jornada en la Fiscalía General en Asunción, en donde permaneció por cerca de tres horas, donde se anunció que se solicitaría su prisión preventiva. Los hechos punibles son "lesión de confianza y administración en provecho propio", refirió en una rueda de prensa la fiscal Nancy Salomón.

Crisis con millones de afectados

El documento de la Fiscalía indica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en Ueno Bank, una entidad con cuyo grupo empresarial Peña "habría mantenido una relación económica y corporativa previa".

Ueno Bank, añade el texto, habría recibido esos recursos públicos "mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico", en las que "fueron identificadas observaciones e irregularidades por parte de los órganos de supervisión del Banco Central".

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía.

En paralelo, el hasta el viernes vicepresidente Pedro Alliana, del Partido Colorado al igual que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

Paraguay: millones sin acceso a sus ahorros, renuncia de Peña queda en suspenso e inicia juicio político (MINUTO A MINUTO)



El escándalo financiero del Ueno Bank ha sacudido el panorama político de Paraguay y llevó al presidente Sentiago Peña a presentar este 5 de noviembre su renuncia, que quedó pendiente de resolución debido a la falta de cuórum en el Congreso, que optó por seguir adelante con el proceso de juicio político.

Pocas horas antes de la sesión parlamentaria de este 6 de noviembre, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, que fue rechazada, y se resolvió que el mandatario debe presentarse o enviar a su abogado en breve. 

Las acusaciones contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses e irregularidades relacionadas con el banco, cuyo colapso afectó a unos tres millones de clientes, y el manejo de fondos previsionales.

  • 6 nov 2026

    • 17:07 GMT

      Durante su comparecencia ante el Senado, en defensa de Santiago Peña, el abogado Ricardo Preda cuestionó el libeloacusatorio presentado para el juicio político contra el presidente. "Si este libelo fuese hecho por un alumno del primer año, tendría una sola nota: aplazado", afirmó.

    • 17:01 GMT

      El abogado de defensa Adolfo Ferreiro argumentó ante el Senado que el juicio político contra Santiago Peña carece de viabilidad jurídica, política e institucional tras su renuncia, y advirtió que, continuar con el proceso, expone a Paraguay a sanciones internacionales.

      "Al negarle al presidente de la República el derecho a salirse del juicio político, es decir, a renunciar al privilegio que tiene, estamos haciéndole un daño al sistema institucional del país y nos estamos exponiendo una vez más a la vergüenza en los foros internacionales", declaró, y advirtió que, de continuar el proceso, Peña se verá "obligado a recurrir" ante instancias internacionales.

    • 16:55 GMT

      Adolfo Ferreiro, abogado de Santiago Peña, declaró ante el Senado que el juicio político no puede continuar tras la renuncia de Peña, argumentando que el procedimiento solo puede desarrollarse mientras el funcionario permanezca en el cargo.

      "Ante la renuncia del funcionario, cesaba el juicio político porque dejaba de tener sentido", afirmó Ferreiro, al tiempo que recordó antecedentes de ministros de la Corte Suprema que renunciaron durante procesos similares y cuyos juicios fueron suspendidos.

      El abogado planteó que, aunque un órgano político lleve el proceso, este debe respetar todas las garantías del derecho a la defensa y que, al renunciar, el enjuiciado deja de ser funcionario y pasa a ser "un ciudadano común a disposición de cualquier procedimiento fiscal o judicial".

    • 16:30 GMT

      El presidente de Paraguay, Santiago Peña, no acudió a la convocatoria del Senado este 6 de noviembre para que se defienda en el juicio político en su contra por el escándalo financiero del Ueno Bank.

      En cambio, envió a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes ya comenzaron su exposición en representación del mandatario.

    • 16:11 GMT

    • La Fiscalía paraguaya incautó un yate atribuido a Miguel Vázquez Villasanti, fundador y vicepresidente primero del Ueno Bank, en la localidad de San Juan del Paraná. El precio de la embarcación, de la marca Azimut, rondaría los 800.000 dólares.

    • 16:10 GMT

      En medio de la grave crisis bancaria y política que sacude a Paraguay, con el presidente Santiago Peña al borde de un juicio político, una superstición ha vuelto a salir a flote para alimentar el mito de una 'maldición' a los mandatarios que no culminan su gestión en el país suramericano. 

      Según refiere la prensa local, se trata del tradicional Chevrolet Caprice blanco descapotable, el mismo que usaba el dictador Alfredo Stroessner y que se emplea en los actos de asunción presidencial desde 1989. Sin embargo, en la era democrática, tres presidentes electos se saltaron ese protocolo y no terminaron el período para el que fueron elegidos.

    • 16:03 GMT

      El equipo jurídico de Santiago Peña se dirige al Congreso para presentar la defensa del mandatario en el marco del juicio político tras el rechazo de la solicitud de prórroga, comunicó el abogado Ricardo Preda.

    • 15:53 GMT

      El jefe de Gabinete del Gobierno de Paraguay, Javier Giménez, y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto 'Ilo' Moreno, renunciaron este 6 de noviembre a sus cargos, tras la dimisión presentada un día antes por el propio mandatario, Santiago Peña, en medio del escándalo que se desató en el país por la crisis bancaria que provocó la insolvencia de Ueno Bank.

      Sus dimisiones se suman a la del ministro del Interior, Enrique Riera, recoge Última Hora. Con ello, el entorno más cercano de Peña empieza a retirarse del Gobierno, cuando avanza en el Congreso el juicio político contra el gobernante.

    • 15:49 GMT

      El empresario y senador nacional Walter Kobylanski cuestianó la prórroga solicitada por el presidente de la nación, Santiago Peña, para preparar su defensa en el juicio político por el caso Ueno Bank, y calificó el debate como un "triste espectáculo".

      Kobylanski pidió no extender el plazo solicitado por el mandatario. "Considero que no se le puede dar ni un minuto más de plazo. Absolutamente ni un minuto. Cuanto antes terminemos todo esto mejor", afirmó. 

      Finalmente, el legislador celebró que, según lo estimado, la mayor parte de los afectados quedaría cubierto por el fondo de garantía, mientras que quienes más dinero pusieron en la entidad enfrentarían las mayores pérdidas. "Por suerte van a estar cubiertos la gran mayoría", sostuvo, y agregó: "A los grandes que han metido plata ahí, ¡bien hecho, no reciban nada!".

Brasil: Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción

El hijo de Jair Bolsonaro está involucrado en una de los mayores casos de corrupción de Brasil.
Imagen: Raul Spinassé
El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en torno a la producción de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación contra el primogénito del líder ultraderechista fue abierta en julio pasado, pero solo trascendió este viernes (11.09.2026), luego de que el magistrado André Mendonça, instructor del proceso en la Corte Suprema, levantara el sigilo del sumario sobre todo el proceso relacionado con el millonario fraude del Banco Master.

Lavado de dinero y evasión de divisas

El senador es investigado por los posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por supuestamente haber intermediado en la financiación ilegal de 'Dark Horse', un filme que aún no se ha estrenado sobre la vida de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Según mensajes descubiertos en el teléfono móvil del banquero Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master y actualmente encarcelado como responsable por el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, Flávio Bolsonaro le pidió donaciones para financiar la película y lo urgió a agilizar los pagos para saldar una serie de deudas de los productores del filme.

Según el portal Intercept Brasil, que tuvo acceso a esos mensajes, Vorcaro habría desembolsado al menos 61 millones de reales (12 millones de dólares) en 2025 para financiar la película, pero los recursos fueron depositados en cuentas en Estados Unidos de personas próximas a la familia Bolsonaro, por lo que se investiga el destino real de las transferencias.

Flávio Bolsonaro aparece en las encuestas de intención de voto como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, de cara a las presidenciales de octubre. En los últimos sondeos, ambos están técnicamente empatados con miras a una eventual segunda vuelta.

La inclusión del aspirante por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en el proceso como investigado fue autorizada por Mendonça tras una petición hecha por la Policía Federal y el aval de la Fiscalía. La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro recibió parte del dinero donado por Vorcaro para la película.

China: cadena perpetua para fundador del gigante Evergrande

Xu Jiayin (archivo).Imagen: Bei Piao/HPIC/picture alliance/dpa
Un tribunal chino condenó este jueves (20.08.2026) al fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin, a cadena perpetua por una serie de delitos que incluyen "fraude financiero" y multó al grupo con más de 2.000 millones de dólares.
Antes la principal empresa de bienes raíces del país asiático, Evergrande se ha convertido en símbolo de la crisis inmobiliaria que sigue afectando a la economía china, luego de décadas de rápida urbanización y el aumento de las condiciones de vida.

Su acceso al crédito se redujo drásticamente cuando el gobierno introdujo restricciones al endeudamiento excesivo y a la especulación. Finalmente, se declaró en quiebra en 2021 después de años de lucha por hacer frente a una enorme deuda.

Este jueves, un tribunal de la ciudad sureña de Shenzhen impuso al Grupo Evergrande y a su división inmobiliaria sanciones por un total de 15.820 millones de yuanes (unos 2.400 millones de dólares).

Sentencian a muerte a dos exministros chinos de Defensa

Chip Somodevilla / Britta Pedersen / Gettyimages
Dos exministros chinos de Defensa, Wei Fenghe y Li Shangfu, han sido condenados a muerte por cargos de corrupción y sobornos, con una suspensión de la ejecución de dos años, informó este jueves Xinhua.

Tras cumplirse este período de suspensión de la pena capital, la condena será conmutada por cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena ni libertad condicional.

Además, ambos exministros fueron sentenciados a privación de por vida de sus derechos políticos y a la confiscación de todos sus bienes personales.

En junio de 2024, se decidió expulsar a Wei Fenghe del Partido Comunista, poner fin a su condición de delegado y transferir sus presuntos delitos a la Fiscalía militar para su revisión y enjuiciamiento.

Se determinó que el exministro "violó gravemente la disciplina política, no cumplió con su responsabilidad política en la aplicación de una estricta gobernanza integral del Partido y se opuso a la investigación organizativa". Asimismo, "violó gravemente la disciplina organizativa al favorecer ilícitamente los intereses de personal de otras personas" y "la disciplina de integridad al aceptar ilegalmente regalos y dinero". Finalmente, se estableció que el exfuncionario "ayudó a otros a obtener beneficios" y "recibió grandes sumas de dinero", aprovechándose de su cargo.

Por su parte, Li Shangfu, destituido en 2023, fue expulsado del Partido Comunista por "violación de la disciplina y de la ley que causaron enormes daños a la causa del partido".

La medida fue aplicada tras completarse una investigación en su contra. "Buscó beneficios indebidos en acuerdos de personal para sí mismo y para otros, se aprovechó de sus cargos para buscar beneficios para otros y recibió a cambio una enorme cantidad de dinero y objetos de valor", detalló el Buró Político del partido.
- Xi Jinping ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de sus pilares fundamentales del Gobierno, lanzando una campaña implacable que ha sacudido las estructuras del Partido Comunista y el Ejército.

- A principios de 2024, durante una reunión clave del Politburó, insistió en la necesidad urgente de mejorar las leyes anticorrupción y limpiar la "ecología política" del país, declarando con firmeza que tiene la intención de perseguir "moscas y hormigas" en el marco de una campaña cada vez más intensa que abarca los sectores económico, energético y de infraestructuras.

Cómo los ataques de EE.UU. en el Caribe están cambiando las rutas del narcotráfico en la región

Norberto Paredes-BBC News Mundo.- Los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe empiezan a tener un efecto visible, pero no necesariamente el deseado.

Aunque pareciera que está saliendo menos droga directamente desde Venezuela, expertos advierten que el negocio no se está reduciendo: simplemente está ocurriendo a través otras rutas y métodos más difíciles de detectar.

Durante décadas, Venezuela ha sido uno de los principales puntos de salida de cocaína en Sudamérica, debido a su posición geográfica estratégica, y a su cercanía tanto a países productores como Colombia y Perú, como a grandes mercados de consumo en EE.UU. y Europa.

Sin embargo, la reciente intensificación de las operaciones de EE.UU. en el Caribe, con interceptaciones e incluso ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, ha elevado significativamente el riesgo de operar desde sus costas.

Este cambio está empujando el tráfico hacia otros países de la región, según expertos.

En septiembre de 2025, Washington reforzó su presencia naval en el Caribe, bajo el pretexto de lanzar una nueva campaña contra el narcotráfico liderada por el Comando Sur de EE.UU.

Desde entonces, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques contra embarcaciones sospechosas tanto en el Caribe como en el Pacífico, con alrededor de 45 operaciones registradas hasta marzo de 2026 que han dejado más de 150 muertos.

Aunque los funcionarios estadounidenses presentan estas acciones como parte de la lucha antidrogas, algunos analistas señalan que también tenían un objetivo político.

Las operaciones militares coincidieron con una escalada de tensiones con el gobierno de Venezuela que culminó en la captura en enero de 2026 del depuesto presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Expertos legales y organismos internacionales han cuestionado la legalidad de estas operaciones, señalando que podrían violar normas del derecho internacional y constituir un uso extrajudicial de la fuerza.

Pese a la agresiva campaña, Adam Isacson, director del programa de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina, afirma que el flujo de drogas hacia EE.UU. no se ha detenido.

De hecho, asegura que los datos suministrados por las autoridades fronterizas de EE.UU. muestran que en los siete meses desde que comenzaron los ataques a lanchas, se ha detectado ligeramente más cocaína que en los siete meses anteriores.

"Eso quiere decir que la cocaína está llegando a Estados Unidos independientemente de esos ataques", le dice a BBC Mundo.

"El hecho de que el Comando Sur haya destruido varias embarcaciones en los últimos meses parece indicar que siguen viendo casi el mismo nivel de tráfico por esa vía que antes", añade.

"No estamos viendo una disminución real, sino probablemente menos visibilidad debido a cambios en las tácticas".

Otras rutas

Alex Papadovassilakis, investigador y periodista de InSight Crime, asegura que, por ahora, no hay evidencia de que el flujo de cocaína en el Caribe haya disminuido.

"No hemos visto ninguna prueba de una disminución sostenida de la cocaína que se mueve a través de la región en general", le dice a BBC Mundo.

Su equipo en InSight Crime consultó fuentes en países clave de tránsito como Venezuela, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y varias islas del Caribe, para analizar el impacto de las operaciones estadounidenses.

Según expertos, el uso de semisumergibles no tripulados
ha ido en aumento en los últimos años.
A partir de ese trabajo, iniciado tras el primer ataque estadounidense a principios de septiembre, concluyeron que el impacto existe, pero es limitado y muy localizado.

Los ataques se han centrado principalmente en lanchas rápidas que operan en el corredor marítimo entre Venezuela y las islas cercanas, y la posibilidad de un ataque letal representa sin duda un nuevo factor disuasorio para los traficantes, elevando el riesgo de usar ese método en esa ruta específica.

Pero Papadovassilakis advierte que el narcotráfico no depende de una sola vía y asegura que hay indicios que apuntan más a un desplazamiento que a una interrupción del tráfico.

"Una de las cosas que hemos visto desde que comenzaron los ataques es que ha habido un aumento de vuelos no registrados que se dirigen hacia el este a través del espacio aéreo de Guyana", señala.

"Esto podría indicar un incremento de vuelos con droga que salen de Venezuela y se dirigen hacia Guyana, Surinam o Brasil, que es una ruta de salida común para los cargamentos de cocaína con destino a Europa", añade.

Papadovassilakis señala que otro foco donde se ha observado un aumento del tráfico es la Amazonía entre Colombia y Venezuela. Se trata de una región con una extensa red de ríos y una densa vegetación selvática, lo que la convierte en un corredor ideal para mover droga de forma discreta.

"Si solo se ataca una forma de transporte en una ruta específica, se puede cerrar una puerta", afirma. "Pero quedan muchas otras abiertas que las redes criminales pueden explotar simplemente desviando los envíos por otros caminos".

El investigador también subraya que, incluso antes de que comenzaran los ataques de EE.UU. en el Caribe, la mayor parte de la droga que llegaba a ese país ya transitaba por el Pacífico, no por el Caribe, y gran parte de ese tráfico se mueve en contenedores dentro de buques comerciales, un método que no ha sido afectado por las operaciones estadounidenses.

Diversificación de tácticas

Pero el cambio no es sólo geográfico. Las tácticas también han tenido que ser diversificadas.

Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina, afirma que posiblemente los narcotraficantes estén usando un mayor número de pequeñas embarcaciones haciendo paradas a lo largo de la costa en países centroamericanos como Costa Rica.

Expertos afirman que los grupos criminales están
experimentando con cada vez más métodos y camuflando
cocaína en cargamentos legales.

"También podrían haber recurrido a un mayor uso de contenedores de carga, como los que utilizan para transportar droga hacia Europa, así como a rutas terrestres. Podrían estar empleando más narcosubmarinos semisumergibles, torpedos operados por drones y hasta aeronaves", añade.

Los narcosubmarinos son vehículos semisumergibles que apenas sobresalen del agua y que permiten transportar toneladas de droga a largas distancias con menor riesgo de ser interceptados.

Este tipo de embarcaciones suelen ser utilizadas para intentar transportar cocaína a través del Atlántico desde Sudamérica, consolidándose como una alternativa a las lanchas rápidas.

Sin embargo, aclara que el método más común sigue siendo el conocido como rip-on/rip-off , en el que la cocaína se monta en los contenedores después de haber pasado los controles de seguridad en los puertos y se saca poco antes de que llegue al destino.

Esto permite que las redes criminales eviten que se detecte la droga sin tener que recurrir a técnicas más complejas.

Aun así, añade, los grupos criminales están experimentando cada vez más con métodos químicos avanzados, como cocaína camuflada en cargamentos legales, disuelta en líquidos o mezclada con cemento o metales, que son más difíciles de detectar.

Geoff Ramsey, analista del Atlantic Council, afirma que uno de los principales problemas para evaluar el impacto de las operaciones de EE.UU. en el Caribe es la falta de datos sólidos, pero coincide en que el grueso del narcotráfico sigue moviéndose a través de cargamentos más grandes y menos visibles.


"Es difícil tener una imagen completa del impacto de estas operaciones sin entender cuánto de la cocaína se está moviendo fuera de estas pequeñas embarcaciones, especialmente en el comercio marítimo tradicional".

"Aplica fricción, pero no es la solución"

Los expertos coinciden en que las operaciones en el Caribe no están golpeando el núcleo del narcotráfico.

"En última instancia, se trata más de enviar un mensaje que de detener por completo el flujo de drogas", señala Ramsey.

Isacson va más allá y las describe como "una molestia menor" para las redes criminales, que cuentan con márgenes suficientes para adaptarse, asumir mayores costos y redirigir sus envíos.

El analista Geoff Ramsey afirma que el narcotráfico prospera
gracias a la "complicidad no investigada ni castigada entre
funcionarios y redes criminales".


El énfasis en el Caribe podría también estar ignorando rutas más relevantes. Antes incluso del inicio de la campaña, solo alrededor del 20% de la cocaína con destino a EE.UU. transitaba por esta región, mientras que la mayor parte lo hacía por el Pacífico.

"Esto aplica fricción, pero no es la solución", resume Isacson, citando a autoridades militares estadounidenses.

A largo plazo, ambos coinciden en que el problema es estructural y requiere otro tipo de respuesta.

Ramsey apunta a la necesidad de reforzar los controles sobre el comercio marítimo y la cooperación internacional, mientras que Isacson sitúa el foco en la corrupción.

"El narcotráfico prospera gracias a la complicidad no investigada ni castigada entre funcionarios y redes criminales", asegura.

Precisa que en países como Venezuela existen puntos clave, como carreteras, ríos y zonas de tránsito, que podrían ser controlados, pero donde la conspiración entre funcionarios y redes criminales facilita el paso de la droga.

Sin abordar esos factores, concluyen, las rutas podrán cambiar, pero el flujo difícilmente se detendrá.

Por obrar 'con ilegalidad y mala fe' empresa petrolera debe pagar a Ecuador millones de dólares.

Ecuador recibió más de seis millones de dólares de la empresa estadounidense WorleyParsons, tras ganar la demanda que interpuso la compañía y que pretendía que el país andino le pagase 198 millones de dólares por un conflicto petrolero.

 En concreto, la compañía estadounidense tuvo que pagar 6.048.471,01 dólares. "Este es el monto que el tribunal arbitral ordenó a la compañía reembolsar a Ecuador por los honorarios y costos causados en el arbitraje internacional seguido por Worley Parsons al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador", explicó en un comunicado la Procuraduría General del Estado de Ecuador.

Asimismo, detalló que los fondos serán acreditados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
WorleyParsons demandó en 2019 a Ecuador por supuestos montos impagados relacionados con contratos suscritos por esta empresa con la estatal petrolera Petroecuador y con la compañía Refinería del Pacífico para cuatro proyectos: rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto y la planta de gas licuado de Petróleo de Monteverde.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Internacional emitió su laudo final y resolvió desestimar las pretensiones de Worley, entre otras cosas, por la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión.

El Tribunal señaló que los reclamos de Worley Parsons no tenían cabida por "la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe", aceptó los argumentos de Ecuador y desestimó en su totalidad las pretensiones de WorleyParsons.

Tráfico en el Sahel: amordazar el comercio ilícito de armas





UNREC.- El Gobierno de Togo y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC) destruyeron 2000 armas incautadas y obsoletas y 10.000 cartuchos de munición para conmemorar el Día Internacional de la Paz.

En el Sahel*, donde viven 300 millones de personas, hay un mercado de compradores de armas. La insurgencia y el bandidaje asolan la región, arraigados, entre otras cosas, en tensiones intercomunales endémicas, enfrentamientos entre agricultores y pastores, una propagación del extremismo religioso violento y la competencia por recursos tan escasos como el agua y las tierras cultivables en medio de perturbaciones climáticas extremas.

"Los grupos no estatales luchan entre sí por la supremacía, empujando a los Estados al margen y causando una miseria indecible a millones de personas que han tenido que huir de sus comunidades en busca de seguridad", declaró el oficial encargado de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel, Giovanie Biha, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al presentar el informe del Secretario General sobre la región.

Compramos más fusiles

Detrás del caos y la miseria se esconde un próspero comercio ilícito de armas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muchos centros de tráfico de armas en el Sahel bordean fronteras o rutas de transporte donde tienen lugar múltiples actividades delictivas. Los mercados ilegales, a menudo ocultos a plena vista en ciudades y pueblos situados a lo largo de corredores estratégicos, no se ven obstaculizados por la presencia de las autoridades.

Todos los grupos implicados en los enfrentamientos trafican ahora con armas y munición, según un reciente informe de la Oficina sobre el tráfico de armas de fuego. A medida que se multiplica el número de miembros de los grupos, también lo hacen las oportunidades de negocio para los traficantes.

El informe hace un seguimiento de los casos con vistas a comprender mejor el fenómeno y sus impulsores. Cuando las autoridades nigerianas preguntaron a un sospechoso en qué había gastado su grupo los 100.000 dólares pagados por el rescate de las escolares secuestradas, respondió: "compramos más fusiles".

ONU Foto/Eskinder Debebe.- Huyendo de su aldea en el norte de Camerún después de que los insurgentes armados tomaran el control, Mamma Hamidou (centro) recibió financiación generadora de ingresos del PNUD y, con sus ganancias, construyó una pequeña casa y envía a sus hijos a la escuela. (Febrero de 2019).

Cascada de consecuencias

Una cascada de consecuencias se extendió por la región durante la pasada década, desestabilizando naciones y extendiendo una marea de armas traficadas a pueblos, aldeas y ciudades. En Nigeria, Boko Haram amplió su zona de control y se extendió a Camerún, Chad y Níger.

En el primero de los reportajes sobre Trata en el Sahel, describimos la intervención de la OTAN en Libia en 2011 como un momento crucial. Los soldados tuareg que servían en el ejército libio saquearon armas y regresaron a Malí, donde una serie de rebeliones crearon un peligroso y caótico vacío de seguridad.

MINUSMA/Marco Dormino.- Munición de armas ligeras en la fosa de artefactos explosivos
sin detonar del campamento del ejército maliense en Tombuctú (Malí).

Los grupos extremistas capturaron bases militares y policiales malienses, añadiendo nuevos depósitos de armas a sus arsenales en expansión. La zona transfronteriza Liptako-Gourma se convirtió en campo de batalla y de trueque para un floreciente comercio ilegal de armas.

La violencia crónica ha matado a miles de personas y desplazado a más de dos millones de sahelianos hasta diciembre de 2022.

© PMA/Mariama Ali Souley.- La huerta de Satara, en la región de Tillaberi (Níger), donde se registran algunos de los niveles más altos de inseguridad alimentaria crónica de Níger.

Terrorismo a la africana

Con este telón de fondo se sitúa la amenaza siempre presente del terrorismo, según la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un intento por atraer a las audiencias locales, los afiliados del Estado Islámico han intentado, desde 2017, "africanizar" las referencias y los idiomas, utilizando la literatura africana para justificar los puntos de vista del grupo terrorista, dijo el Comité en su informe ISIL en África: Principales tendencias y evolución.

En la actualidad, la cuenca del lago Chad y el Sahel central han surgido como epicentros e incubadoras del terrorismo y el extremismo violento, advirtieron las autoridades.

En el trasfondo, el comercio ilícito de armas perpetúa el caos. El informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito mostró que los flujos de armas ilegales procedentes de Libia desde 2019 se han ampliado para incluir rifles de asalto de nueva fabricación.

Como reflejo de esta siniestra tendencia, las incautaciones de armas aumentaron un 105% entre 2017 y 2021, y las operaciones continúan, dijo el representante regional de la Oficina para África Occidental y Central, Amado Philip de Andrès.

©MINUSMA / Harandane Dicko - Un vehículo blindado de Minusma en Aguelhock (Malí)

Socios contra el crimen

Las investigaciones conjuntas y la cooperación transfronteriza son una combinación ganadora, añadió. Una de estas operaciones desbarató en diciembre la ruta de suministro de armas de fuego de una red terrorista, y están floreciendo nuevas asociaciones, como los acuerdos de cooperación militar de Níger con Benín y Burkina Faso.

UNODC/INTERPOL- INTERPOL decomisó armas de fuego, municiones y explosivos en todo el Sahel.

Para luchar contra el terrorismo y el extremismo violento, las naciones implicadas de la región lanzaron en 2017 la Iniciativa de Accra, que despliega operaciones conjuntas, pone en marcha iniciativas de fomento de la confianza en zonas críticas e insta a la puesta en marcha de una fuerza multinacional conjunta compuesta por 10.000 soldados.

Por su parte, la ONU y los países de la región trabajan para reforzar la resistencia de las comunidades fronterizas y facilitar el retorno de los desplazados. También se está impulsando la innovadora iniciativa de la Unión Africana, Silenciar las armas, con un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que apoya un mes anual de amnistía y presta asistencia técnica para el control de las armas pequeñas.

Para aprovechar estos éxitos, la Oficina recomendó a los países del Sahel que redoblaran sus esfuerzos para recopilar datos sobre el tráfico de armas de fuego con el fin de comprender mejor y detener los flujos nacionales y transnacionales.

Foto ONU/Ky Chung- Un casco azul de la ONU con rifles confiscados de milicias.

Sin embargo, el apoyo político y operativo de los socios sigue siendo esencial para estabilizar la región, afirmó la subsecretaria general de la ONU para África, Martha Ama Akyaa Pobee.

"Hay que lograr desesperadamente avances decisivos en la lucha contra el terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia organizada en el Sahel", afirmó. "Sin avances significativos, será cada vez más difícil invertir la trayectoria de la seguridad en el Sahel y la continua expansión de la inseguridad a los países costeros de África Occidental."

Todos somos burkineses

El contragolpe del tráfico ilícito de armas se siente con más fuerza sobre el terreno. En la aldea de Bolle, Burkina Faso, un frágil panorama de seguridad se desmoronó de forma aterradora en 2019, cuando los feroces combates entre grupos fuertemente armados a lo largo de la frontera con Malí empujaron a más de 100.000 personas a la zona en busca de seguridad.

Sahelianos como el jefe Diambendi Madiega han colaborado para acoger a todos los que han podido.

"La preocupación que tenía era cómo cuidar de los desplazados", dijo al recibir en 2021 un premio de la Agencia de la ONU para los Refugiados por acoger a más de 2500 personas.

"La responsabilidad es mía", explicó. "Todo lo que pueda hacer para ayudarles, lo haré. Estoy feliz por lo que ha hecho esta comunidad. Esto demuestra que todos somos burkineses".

Los ganadores del 'negocio' de la ayuda humanitaria para Haití (que no son precisamente sus habitantes)

Cinco veces las reservas internacionales de Ecuador. Ese fue el monto de ayuda internacional que se estima que recibió Haití en 2010, luego del devastador terremoto que asoló la isla.Un hombre camina sobre un edificio derrumbado en Saint-Louis-du-Sud, Haití. 16 de agosto de 2021
Matias Delacroix -AP

Pero, ¿cómo es posible que después de haber recibido unos 13.000 millones de dólares, la situación en el país antillano sea comparada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con Sudán del Sur y la República Centroafricana? La respuesta parece residir en el irregular manejo de esos fondos por parte de las ONG's, la corrupción institucional y la línea asistencialista de esas ayudas, que no han permitido el desarrollo del país más pobre de América Latina.

El fin de semana, un nuevo sismo se sintió en Haití, pero no ha sido el único. El país se mantiene bajo los escombros de una interminable crisis política, institucional, social y humanitaria, que se agravó con el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. En ese contexto, cabe preguntarse qué tan eficiente puede ser el nuevo llamado a enviar ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional, en una nación que ha demostrado, hasta la saciedad, el fracaso de esa política ante la catástrofe.

La ayuda que no llegó

Analistas internacionales han acuñado el término "Estado de ayuda" para Haití, tomando en cuenta que el país tiene la mayor cantidad de ONG's por habitante en el mundo. Según algunas estimaciones, se dice que hay unas 10.000 en un país de 11 millones de habitantes.

La cifra, sin embargo, no se ha traducido necesariamente en mayores ayudas. La misma población haitiana tiene más de una década denunciando que la asistencia que reciben de esas organizaciones no contribuye al desarrollo de las comunidades sino que, por el contrario, alimenta el ciclo de la dependencia.

El personal de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas en Haití.  30 de marzo de 2010
Jorge Saenz -AP

El argumento de las ONG's para defender su manejo discrecional de los fondos es que el Gobierno es corrupto, lo cual no deja de ser cierto si se toman en cuenta los índices que miden la corrupción en el país y las protestas que, en su momento, se produjeron en contra del desvío de recursos por parte de las administraciones de Michell Martelly o el asesinado Moïse.

No obstante, la falta de transparencia del Gobierno que denuncian las oenegés es la misma que esas organizaciones aplican para no rendir cuentas de los sustanciosos recursos que han recibido, y que casi igualan el Producto Interno Bruto (PIB) de Haití.

Los ejemplos de cómo esas organizaciones han malversado los recursos a lo largo de una década sobra. Basta nombrar, por ejemplo, el escándalo por los 500 millones de dólares que la Cruz Roja administró para construir casas en Haití, de las cuales solo edificó 6, o el juicio en España contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco por el desvío de 4 millones de euros de fondos públicos para proyectos de oenegés, entre ellos, la construcción de un hospital en el país caribeño.

Las marcas de la invasión

Pero más allá del tema económico, la presencia de las organizaciones internacionales en territorio haitiano también ha tenido consecuencias terribles para la propia población.

Después del sismo de 2010, por ejemplo, un informe reveló que miembros de la misión de los cascos azules abusaron de mujeres y niñas durante su estancia en el país, lo que ocasionó más de 356 nacimientos de niños en situación de mayor vulnerabilidad. Los efectivos implicados en los casos no fueron castigados sino enviados a sus países de origen, sin rendir cuenta alguna ante las autoridades haitianas.

Un documento de la ONU también reconoció que la negligencia de su personal en Haití produjo el primer gran brote de cólera tras el sismo de 2010, que dejó 9.145 muertos y que, años más tarde, produjo otro repunte de casos que ocasionó 18 % más de víctimas fatales.

Los haitianos protestan para exigir a la MINUSTAH que pague
por el brote de cólera. 15 de febrero de 2017
Andrés Martínez Casares - Reuters

Lo más controvertido es que los cascos azules estaban en Haití desde 2004, cuando EE.UU. desplegó una intervención militar en la isla después de propiciar el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide, que había sido electo dos años antes con el 91,69 % de los votos. El argumento de Washington para meter a sus soldados era la supuesta garantía de estabilidad democrática.

Los años siguientes, no obstante, demostraron que la presencia estadounidense tuvo nulo efecto en la estabilidad de Haití.

La trampa de las 'ayudas'

Sobre Haití hay un punto en común y es que la mayor parte de los recursos que llegan tienen cuatro destinatarios directos: las cúpulas políticas, las élites empresariales, las ONG y las organizaciones internacionales que están asentadas en ese territorio.

El grueso de la población, mientras tanto, sigue sumida en la absoluta pauperización. De hecho, el 80 % de los haitianos es pobre y la mitad de ellos padece "hambre pura", según reconoció recientemente el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches.

La crisis alimentaria se ha agudizado aún más debido a la pandemia de covid-19 y el pronóstico en medio de la inestabilidad política tras el magnicidio de Moïse no es más alentador. Los informes de la Oxfam dan cuenta de lo evidente: que Haití está en una crisis de pobreza, alimentada por la desigualdad.

Según esa organización (cuyos altos cargos en Haití también estuvieron implicados en un escándalo por abusos sexuales a mujeres y violación a menores de edad), "desde la independencia en 1804, el Estado haitiano ha mantenido los privilegios de una pequeña élite a expensas de la mayoría".

Pero el poder económico de las ONG tampoco ayuda. Su presencia y manejo discrecional en el país ha contribuido aún más al debilitamiento institucional de Haití y a ahondar la sensación de un Estado frágil que no es capaz de llevar las riendas de su propio destino, una imagen que ha sido alentada –desde hace más de dos siglos– por las potencias colonialistas contra la primera república negra e independiente de América Latina.

El intervencionismo de EE.UU.

Basta un repaso por los dos siglos de historia de Haití para entender cómo las potencias occidentales han sido directamente responsables de la pobreza, el atraso y las dificultades que aún hoy sufre ese país.

Desde el abusivo monto que Francia le hizo pagar a Haití por haber obtenido su independencia, hasta la forma en que países como EE.UU. y Alemania hicieron préstamos impagables a la nación para que le resultara imposible zafarse de sus acreedores, la presión económica ha sido la espada usada contra una nación que hace más de dos siglos tuvo la 'osadía' de emanciparse.

En la actualidad, el mecanismo persiste aunque con estrategias menos evidentes. En 1995, Washington obligó a Haití a eliminar aranceles a varios productos alimenticios, lo que no solo inundó el mercado haitiano de rubros estadounidenses, sino que llevó a la quiebra a los productores de arroz del país caribeño, que anteriormente abastecían la demanda interna.

La estrategia del arroz tuvo como protagonista a Bill Clinton, el expresidente estadounidense que estuvo también implicado con la administración de fondos para la isla incluso después del terremoto de 2010, cuando se desempeñó como copresidente de la llamada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH).

Bill Clinton y Hillary Clinton posan con los trabajadores
en el Parque Industrial Caracol en Haití. 22 de octubre de 2012
Larry Downing- Reuters

Gracias a la CIRH, Clinton dio el impulso a dos grandes proyectos, que serían ejecutados por empresas estadounidenses: un hotel de lujo, cuyo dueño es cercano al entorno del expresidente, y el parque industrial Caracol, que fue abandonado años más tarde por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras reconocer que la agencia no tenía la experticia para llevar a cabo la construcción, no había factibilidad técnica y tampoco generaría los empleos que se habían prometido. En esa obra fallida se 'perdieron' al menos 70 millones de dólares.

Este tipo de 'negocios' en la reconstrucción de la isla provocaron que más del 80 % de los recursos que se destinaron al país (solo de 2010 a 2012) abultaran las cuentas de organizaciones no haitianas; y apenas 8,5 % cayera en las arcas del Gobierno. De ese monto, menos del 1 % fue administrado por actores haitianos, según datos de la Oficina del Enviado Especial para Haití.

Cifras recientes de la USAID, reveladas por The Guardian, dan cuenta de que la realidad se mantiene: de los 2.300 millones que se tenían previstos para ayudar a Haití hasta 2019, más de la mitad acabó de vuelta en EE.UU. Es más, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) asevera que solo 0,6 % de los fondos se destinaron a organizaciones haitianas y 0,9 % finalmente se entregó al Gobierno.

¿Y ahora qué?

El reciente sismo en Haití, que ya ha dejado más de un millar de muertes, se produce en condiciones aún peores a las de 2010, al menos en términos políticos, sociales y económicos.

"No hay condiciones para las elecciones":
La imparable crisis política y social
que sacude a Haití más allá del terremoto
El magnicidio de Moïse, la pandemia de covid-19, la crisis alimentaria y la casi inexistente economía, que depende cada vez más de importaciones por el escaso desarrollo de las actividades locales (y que tanto prometieron promover las inversiones y ayudas), dejan a la nación en una situación de mayor vulnerabilidad y a la espera de más asistencia.

Esta semana, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha prometido celeridad para atender a la ciudadanía. La comunidad internacional se ha comprometido a enviar más ayuda humanitaria y EE.UU. ha dicho que ofrecerá "una respuesta inmediata" a la situación en Haití. Su estrategia no tiene nada de novedosa, ya que la administración de Joe Biden envió a Samantha Power, administradora de la USAID, como funcionaria para "coordinar los esfuerzos".

"A través de USAID, estamos apoyando los esfuerzos para evaluar los daños y ayudar en la tarea de recuperar a los heridos y los que ahora deben reconstruir. EE.UU. sigue siendo un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití, y estaremos allí después de esta tragedia", concluyó la Casa Blanca en un comunicado.

Hasta ahora, la certeza de que Washington permanecerá en el territorio del país caribeño está asegurada, pero el precedente de una cooperación ineficaz hace dudar de la capacidad de EE.UU. para "reconstruir" la isla. Haití, por su parte, sigue bajo los escombros de una catástrofe aún peor: el expolio.
Nazareth Balbá

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