alainet.org. - Silvina Romano, Javier Calderón.- A fines de diciembre de 2016 adquiere visibilidad uno de los casos “más escandalosos” de corrupción en América Latina, que vincula a la empresa brasileña Odebrecht con diferentes gobiernos de la región.
Se trata de una de las empresas de ingeniería y construcción más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil y que en las últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en el marco de licitaciones públicas ganadas en varios países.
Las coimas de Odebrecht son uno de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobrás denominado Operacion Lava-Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a Petrobrás como a políticos de turno y que fue el punto de partida para el golpe de Estado “institucional” contra la presidenta Dilma Rousseff.
La investigación comenzó en el Estado de Curitiba, pero es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que en diciembre de 2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a Odebrecht, por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr nuevos contratos y mantener contratos anteriores con el sector público de 10 países de la región además de Brasil
[1]: Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de una de las multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará aproximadamente con el 15 por ciento del monto total
[2].
¿Qué es lo que conduce al Departamento de Justicia estadounidense a dedicarle tiempo y recursos a la lucha contra la corrupción en América Latina? ¿Cómo interviene Estados Unidos en el curso adquirido por el Lava-Jato, que ahora implica a varios gobiernos de América Latina a través de las coimas de Odebrecht? ¿Es Odebrecht la única empresa implicada en la red de corrupción que se devela?
Estados Unidos y el asesoramiento judicial: cómo se construye el caso y cómo se publica
El caso Odebrecht incumbe a la justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act).
Esa enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes, actos de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense
[3].
La empresa Odebrecht ha realizado obras de infraestructura en Florida, Luisiana y Texas
[4]. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo la investigación y la manera en que se publicó en los medios despierta algunas dudas: se ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se exige “colaboración” con la justicia estadounidense para resolver el caso. Como si América Latina estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense.
Lo interesante es que gobiernos como el de Perú o el de Panamá inmediatamente aseguraron que colaborarían con todo lo que sea solicitado desde Estados Unidos.
Pero sin dudas el líder en colaboración es Brasil. Hace varios años que la justicia brasileña viene “trabajando en conjunto” con expertos estadounidenses. Un ejemplo de esto es que el principal juez de la causa Lava Jato es Sergio Moro, participó activamente en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos.
