Se trata de una de las empresas de ingeniería y construcción más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil y que en las últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en el marco de licitaciones públicas ganadas en varios países.Las coimas de Odebrecht son uno de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobrás denominado Operacion Lava-Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a Petrobrás como a políticos de turno y que fue el punto de partida para el golpe de Estado “institucional” contra la presidenta Dilma Rousseff.
La investigación comenzó en el Estado de Curitiba, pero es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que en diciembre de 2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a Odebrecht, por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr nuevos contratos y mantener contratos anteriores con el sector público de 10 países de la región además de Brasil[1]: Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de una de las multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará aproximadamente con el 15 por ciento del monto total[2].
¿Qué es lo que conduce al Departamento de Justicia estadounidense a dedicarle tiempo y recursos a la lucha contra la corrupción en América Latina? ¿Cómo interviene Estados Unidos en el curso adquirido por el Lava-Jato, que ahora implica a varios gobiernos de América Latina a través de las coimas de Odebrecht? ¿Es Odebrecht la única empresa implicada en la red de corrupción que se devela?Estados Unidos y el asesoramiento judicial: cómo se construye el caso y cómo se publica
El caso Odebrecht incumbe a la justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act).
Esa enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes, actos de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense[3].
La empresa Odebrecht ha realizado obras de infraestructura en Florida, Luisiana y Texas[4]. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo la investigación y la manera en que se publicó en los medios despierta algunas dudas: se ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se exige “colaboración” con la justicia estadounidense para resolver el caso. Como si América Latina estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense.
Lo interesante es que gobiernos como el de Perú o el de Panamá inmediatamente aseguraron que colaborarían con todo lo que sea solicitado desde Estados Unidos.
Pero sin dudas el líder en colaboración es Brasil. Hace varios años que la justicia brasileña viene “trabajando en conjunto” con expertos estadounidenses. Un ejemplo de esto es que el principal juez de la causa Lava Jato es Sergio Moro, participó activamente en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos.
Pero sin dudas el líder en colaboración es Brasil. Hace varios años que la justicia brasileña viene “trabajando en conjunto” con expertos estadounidenses. Un ejemplo de esto es que el principal juez de la causa Lava Jato es Sergio Moro, participó activamente en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos.
Se denominó “Proyecto Puentes: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil” (2009) y consistió en asesoramiento y entrenamiento para la aplicación de leyes y habilidades prácticas contra el terrorismo[5]. A este curso asistieron jueces de los 26 estados brasileños además de 50 policías de todo el país, incluidos participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Según
lo publicado en un documento secreto filtrado por Wikileaks, entre
los objetivos del programa estaban “la investigación y
penalización de casos de lavado de dinero, incluida la cooperación
entre países, confiscación de bienes, métodos para extraer
pruebas, negociación de delaciones…” y una de las conclusiones a
las que se llegó es que “el sector judicial brasileño está muy
interesado en luchar contra el terrorismo, pero necesita herramientas
y entrenamiento para utilizar la fuerza eficazmente (…) los jueces
especializados dirigirán los casos de corrupción más
significativos que impliquen a individuos de jerarquía”[6].
Considerando esto, puede decirse que, por un lado, Sergio Moro fue
uno de los mejores alumnos del Programa y cumplió al pie de la letra
con los objetivos. Por otro lado, este tipo de “colaboraciones”
entre el gobierno estadounidense y los poderes judiciales en América
Latina tiende a propagar una forma y contenido de justicia
particular, con una fuerte tendencia a la judicialización de la
política.
Esta tendencia se materializó en Lava Jato (y el juicio a
Rousseff, quien padeció sospechas nunca confirmadas sobre su
participación en la Operación y a quien se la destituyó por otra
causa) y que ahora se reproduce a nivel regional con el caso
Odebrecht, que tal como se presenta parecería implicar única o
particularmente a los gobiernos progresistas.
Ecuador
Desde
ese lugar se han comprendido las denuncias sobre Odebrecht en
Ecuador, culpando directamente la gestión de Correa.
La delación de
Marcelo Odebrecht ante la justicia norteamericana reveló el pago de
coimas para la contratación de obras en el Ecuador por 33 millones
de dólares. El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, manifestó
que la Justicia está actuando y ha solicitado de manera soberana que
los Estados Unidos entregue toda la información sobre las personas
que recibieron los sobornos.
Por ahora, el único confeso culpable de
corromper es el propio Odebrecht.
Es importante recordar que el
presidente Rafael Correa expulsó en el 2008 a la firma Odebrecht y
le impuso un conjunto de exigencias para contratar en el Ecuador,
tras lo cual sólo regresó en el 2010 firmando un acta de compromiso
para ser contratista[7].
En la actualidad el único contrato vigente de la constructora
brasileña es la segunda fase del metro de Quito, cuyo proceso de
contratación fue realizado de forma pública, donde tuvo
participación el Alcalde de dicha ciudad, opositor al gobierno de
Alianza País[8].
Argentina
En
Argentina, todos los focos se dirigieron inmediatamente hacia los
gobiernos kirchneristas.
Se explora menos el hecho de que con la obra
pública se enriquecieron empresarios que hoy tienen asiento en
sillones presidenciales.
El clan Macri es conocido por estar
vinculado a la línea empresaria que ligo contratos en dictadura y
los siguió teniendo en democracia por su afianzado poder económico.
Es rentable hacer negocios con el Estado. Uno de sus familiares y
dueño de la empresa Iecsa, Ángelo Calcaterra, fue denunciado por
recibir sobornos y ser uno de los principales socios de Odebrecht en
la Argentina, empresa que en el gobierno macrista continúo con el
negocio del soterramiento de la línea del tren Sarmiento con
financiamiento del Banco de la Nación Argentina[9].
La prensa argentina se ha centrado en las informaciones sobre la
adjudicación de contratos a Odebrecht durante los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, sin someter a escrutinio el
papel de los Macri desde hace décadas en la contratación de la obra
pública.
Se espera que en los (pocos) archivos desclasificados de
los Estados Unidos en el 2016 y en los archivos del Bancro Central de
la República Argentina desclasificados en 2015 por el entonces
gerente Alejandro Vanoli se empiecen a conocer las piezas sobre el
patrimonio de las empresas y la obra pública en los nefastos
momentos de la dictadura Argentina[10].
Colombia
El
tratamiento no es igual para casos como el de Colombia, que debería
estar en el “top ten” de la corrupción.
Y decimos esto porque
las coimas de Odebrecht son pequeñas comparadas con los negociados
de Uribe y empresas estadounidenses.
En el mes de diciembre salió a
la luz que altos funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe
(2002-2010) recibieron 6.5 millones de dólares a cambio de la
concesión de millonarios contratos con la firma Odebrecht.
La
noticia se presenta como un escándalo mayúsculo, y sin embargo es
de poco peso si lo comparamos con los casos de corrupción de las
estadounidenses Glencore, CB&I y Foster Wheeler que según el
gobierno de Santos desfalcaron por más de 1 mil millones de dólares
a la estatal petrolera colombiana Ecopetrol en los contratos de
modernización de la refinadora de petróleo de Cartagena-Reficar
entre 2008 y 2014. Según la demanda interpuesta por el propio
gobierno, se trataba de una obra de construcción presupuestada en
3.7 mil millones de dólares, por la cual el país terminó pagando
cerca de 8 mil millones[11].
Sobre esto los amigos anticorrupción del norte nunca advirtieron y
hoy no dicen nada, aunque estamos hablando del desfalco más grande
del siglo en el país.
De
la misma manera, Andrés Felipe Arias exministro de agricultura del
gobierno de Uribe, prófugo de la justicia por desfalcar a la nación
por más de 30 billones de pesos (10 mil millones de dólares) está
como solicitante de asilo en Miami, sin que la justicia
norteamericana se indigne por los hechos de corrupción y lo regrese
al país a cumplir la pena de 20 años de prisión interpuesta por la
Corte Suprema de Justicia.
Parece claro que el gobierno estadounidense asila a algunos corruptos mientras denuncia a otros.
Los
límites de la lucha anti-corrupción: los intereses de las otras
empresas
En
los hechos, la corrupción no es una problemática nueva para
Latinoamérica y no es exclusiva del Estado o “la cosa pública”,
sino que existe porque hay empresas como Odebrecht que se prestan
para acciones ilegales.
Se trata de una pesada herencia labrada por
los partidos políticos en las democracias liberales como uno de los
tantos medios para mantener su dominación, la utilización de los
recursos públicos estatales a través de mecanismos ampliamente
conocidos como el clientelismo o la recepción de coimas/propinas,
especialmente provenientes en los rubros de contratación estatal.
De
modo que es poco verosímil comprender la corrupción como el acto de
una empresa en vínculo con algunos gobiernos.
Habría que estar
atento más bien a la red de clientelismo y coimas que involucra
también a otras transnacionales.
Un
dato que ha pasado desapercibido es que si tenemos en cuenta las
empresas que a nivel global tienen contratos billonarios con el
sector público, Odebrecht se sitúa en el puesto número 13, por
encima de las estadounidenses Betchel y Fluor.
Desde este lugar,
podría pensarse que la multa billonaria a Odebretch es una manera de
quitarla del juego para permitir un mayor protagonismo a empresas
estadounidenses.
Un
ejemplo de este tipo de estrategia, son los datos que emergieron de
Lava Jato, pero que no se tuvieron en cuenta, como las declaraciones
que implicaban a varias empresas extranjeras involucradas en el
Cártel de Petrobrás, como la sueca Skanska y la francesa
Technip[12].
Esto no resultó un dato relevante, a pesar de que el número de
transnacionales implicadas en el esquema de corrupción es fenomenal:
Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce,
Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui,
Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore,
OceanRig, Pirelli y Sevan[13].
A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas pueden seguir
postulándose para licitaciones de obras públicas, además de seguir
operando con normalidad no solo en Brasil sino en los países
latinoamericanos que están cortando el vínculo con la empresa
brasileña. Así, el operativo anti-corrupción guiado por Estados
Unidos es selectivo, en tanto focaliza en una sola empresa y puede
pensarse que en este escenario de caída de Odebrecht se beneficien
empresas estadounidenses y europeas.
El
caso Odebrecht podría ser la oportunidad para abrir la caja de
pandora y buscar estas conexiones entre los negocios transnacionales
y las políticas neoliberales. Pero de eso no se ocupará el
Departamento de Justicia estadounidense. La histórica e íntima
relación entre los intereses del Estado y empresas en ese país no
parece el contexto propicio para un proceso de justicia contra la red
de empresas y empresarios implicados en corrupción que extiende sus
tentáculos mucho más allá de Odebrecht.
En efecto, y tal como ya
ha sido notado, las sanciones a esa empresa pueden ser interpretadas
como un “reordenamiento” para que la mayoría de los empresarios
y millonarios involucrados sigan con su buena vida luego de haber
pagado el tributo imperial[14].
Silvina
Romano y Javier Calderón /
Investigadores
CELAG
@silvinamceleste
@javiercc21
Notas
[1] http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oito-paises-latinos-investigam-a-odebrecht,10000096325
[2] http://www.esquerdadiario.com.br/FBI-diz-corrupcao-da-Odebrecht-e-a-maior-do-mundo-Conheca-5-fatos-escondidos-no-episodio
[8] http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-alcalde-de-quito-defiende-el-proceso-de-contratacion-de-la-fase-ii-del-metro
[10] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/23/depues-de-39-anos-investigaran-rol-entre-dictadura-militar-y-sector-economico-argentino-4949.html
[12] http://www.esquerdadiario.com.br/FBI-diz-corrupcao-da-Odebrecht-e-a-maior-do-mundo-Conheca-5-fatos-escondidos-no-episodio
[13] http://jornalggn.com.br/noticia/contra-corrupcao-quebra-se-a-odebrecht-mas-se-protege-as-estrangeiras
