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América Latina es la región del mundo con la mayor proporción de indígenas en la pobreza extrema

OIT-R. Lord. – Mujeres indígenas en una calle de La Paz, Bolivia



 En América Latina y el Caribe los pueblos originarios constituyen más del 8,5% de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen a la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento publicado sobre la Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 169 de la OIT afirma que los datos de nueve países latinoamericanos indican que los pueblos indígenas comprenden a cerca del 30% de las personas viven en pobreza extrema. El promedio mundial de poblaciones indígenas en esa situación es de 19%.
Comparativamente, esa cifra significa que los pueblos autóctonos de América Latina son tres veces más proclives a padecer ese flagelo que otros grupos de población.
Las mujeres indígenas padecen más
El estudio señala también que en la región, la pobreza extrema está asociada al género y a la población originaria y que, como resultado, el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de 1,90 dólares diarios ($6.420 Pesos Col). De acuerdo con la OIT, las mujeres indígenas dependen desproporcionadamente de un empleo informal y que más del 85% de ellas sólo consigue trabajo en la economía informal.
Además, los pueblos indígenas tienen pocas oportunidades de conseguir un empleo de calidad y tienen un 31,5% más de probabilidades de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas, lo que supone la mayor brecha de informalidad en todas las regiones.
El documento destaca que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31% por debajo del de otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo.
El informe sostiene que uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es la desigualdad que enfrentan en materia de educación, con casi el 32% de los adultos que trabajan sin ningún tipo de estudios, un número que contrasta con el 13% de adultos no indígenas que no tienen formación alguna.
Pocos avances en 30 años
La OIT deplora que 30 años después de adoptado el Convenio Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, éstos sigan siendo más proclives a la pobreza y a afrontar obstáculos en la esfera laboral, y advierte de la imperiosa necesidad de solucionar el gran flagelo que sufren esos colectivos. Sin embargo aclara que sólo el 15% de esas poblaciones vive en países cubiertos por ese pacto.
“Muy poco se ha avanzado en la mejora de la vida de los pueblos indígenas”, dijo Martin Oelz, especialista de la Organización y coautor del informe. “Sería conveniente lograr más ratificaciones del Convenio número 169, y adoptar medidas de cara a su aplicación efectiva. Para que las políticas públicas atiendan a las necesidades de los pueblos indígenas y reflejen sus aspiraciones, es imprescindible resolver la ausencia generalizada de marcos institucionales y jurídicos que propicien su participación en la adopción de decisiones.”
Contradicciones
La población indígena mundial es de más de 476 millones de personas y, al contrario de lo que sus condiciones harían pensar, el 80% de ellas vive en países de renta media.
El estudio subraya que en la actualidad la subsistencia y actividades económicas de muchos pueblos indígenas se han transformado y que alrededor del 45% de los trabajadores indígenas están fuera del sector agrícola.
Otra conclusión es que, pese a su predominancia entre los pobres, a nivel mundial, los pueblos indígenas tienen una tasa de participación laboral superior a la de sus contrapartes no indígenas (el 63,3%, frente al 59,1%). Sin embargo, estos números muestran diferencias sustanciales en cuanto a la calidad del trabajo. A menudo, los pueblos indígenas sufren malas condiciones de empleo y discriminación.
En comparación con el 66% de los pueblos no indígenas, más del 86% de los pueblos originarios trabaja en la economía informal, lo cual suele asociarse con malas condiciones y falta de protección social.
Para avanzar y revertir esta realidad es fundamental que se ratifique y aplique el Convenio de la OIT 169, sobre todo para establecer y mejorar las instituciones y los marcos jurídicos de manera que favorezcan tanto la celebración de consultas como la participación de los pueblos indígenas, concluye el informe.

Se activa el brexit: desde este 1 de febrero, Reino Unido deja de ser miembro de la UE, ¿qué ocurre a partir de hoy?


 El Reino Unido ha dejado de formar parte de la Unión Europea (UE) desde la medianoche del viernes y ya de forma oficial desde este sábado 1 de febrero, un cambio que altera profundamente el escenario político y económico del país pero que, en la práctica, los ciudadanos y las empresas apenas percibirán hasta 2021.
Londres continuará cumpliendo las regulaciones de la UE y contribuyendo al presupuesto comunitario durante los próximos once meses, un periodo de transición durante el cual debe forjar una nueva relación tanto con el bloque comunitario como con el resto del mundo.
Desde este sábado ya no hay eurodiputados británicos en el Parlamento Europeo ni asiento para el jefe de Gobierno del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, en las reuniones de líderes. Los británicos abandonarán asimismo las agencias técnicas y las magistraturas reservadas para ellos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En clave nacional, Johnson abolirá el Ministerio del Brexit, un gesto con el que quiere recalcar que ha cumplido su objetivo de materializar la salida de la UE, aunque las complejas negociaciones con Bruselas sobre la futura relación bilateral todavía están por comenzar -previsiblemente a principios de marzo-.
De ese diálogo depende el incierto escenario que se abrirá el 1 de enero de 2021, la fecha en la que el Reino Unido comenzará a ejercer realmente como un país independiente de la UE.
Hasta entonces, las cuatro libertades de circulación del mercado único -de mercancías, personas, servicios y capitales- seguirán vigentes en suelo británico.

Cambios para los europeos en el Reino Unido

Los cerca de 3,8 millones de europeos que residen en el Reino Unido, así como aquellos que lleguen al país durante este año, pueden solicitar el estatus de "asentado" o "preasentado", que protegerá tras el brexit sus derechos adquiridos.
A partir de 2021, cuando termine la libre circulación de personas entre el Reino Unido y la UE, los comunitarios que quieran viajar o residir en el país deberán cumplir las normas migratorias que establezca el Gobierno británico.
El Gobierno aún no ha hecho públicos los detalles de su futura ley de inmigración, aunque el informe de un comité asesor en materia migratoria ofrece pistas sobre sus posibles planes.
Ese documento prevé dos vías para solicitar el permiso de residencia en el Reino Unido. Aquellos que lleguen con una oferta de trabajo deberían tener asegurado un salario mínimo -actualmente los extracomunitarios necesitan cobrar más de 30.000 libras anuales (35.400 euros) para obtener el visado-.
Quienes tengan intención de viajar al Reino Unido para buscar trabajo, en cambio, deberían someterse a un sistema de puntos similar al de Australia, la legislación que sirve de referencia a Johnson.
Bajo ese régimen, los inmigrantes deben superar un umbral determinado de puntos, que se otorgan en función de criterios como nivel educativo, nivel de renta, dominio del idioma, edad y otros factores.

Cambios para los británicos en la UE

Los cerca de 1,3 británicos que viven en otros países de la UE tampoco percibirán grandes cambios hasta el próximo diciembre.
Una de las pocas transformaciones tangibles para ellos será que el Gobierno recuperará este año el color azul de los pasaportes británicos, en lugar del burdeos de la UE, una medida meramente simbólica, pero muy celebrada por los partidarios del brexit.
Los 27 socios de la Unión se han comprometido a mantener los derechos adquiridos de los británicos que ya viven en esos países tras el brexit, si bien cada Estado debe regular de forma independiente su nuevo estatus legal.
Esos arreglos nacionales complicarán que los británicos residentes en un país comunitario puedan cambiar su residencia de forma automática a otro, por ejemplo entre Francia y Alemania.
Los jubilados británicos que ya están retirados en países de la UE tienen asegurada una pensión actualizada de por vida. Sin embargo, la retribución de aquellos que lleguen a su país de destino después de diciembre de 2020 dependerá de los arreglos a los que llegue el Reino Unido con los respectivos Estados.

Cambios para las empresas

Las importaciones y exportaciones de mercancías a través del canal de la Mancha, así como el acceso recíproco de las firmas de servicios, continuarán sin fricciones al menos durante los próximos once meses.
Londres quiere pactar con Bruselas un acuerdo de libre comercio que asegure los intercambios sin aranceles a partir del 1 de enero de 2021, pero al mismo tiempo mantiene su intención de divergir paulatinamente de las regulaciones de la UE, lo que puede envenenar las negociaciones.
La UE ha advertido de que es "imposible" alcanzar un acuerdo comercial completo en el plazo previsto, pero el primer ministro británico ha recalcado que no tiene intención de solicitar una prórroga.
El objetivo de Johnson de comerciar con cero tarifas pero divergiendo de la normativa comunitaria implica que podrían establecerse nuevos trámites y controles en las aduanas, lo que podría perjudicar especialmente a las empresas que mantienen cadenas de producción a ambos lados del canal de la Mancha.
En el sector financiero, Bruselas debe estudiar si acepta un régimen de equivalencia para que los bancos, las aseguradoras y el resto de firmas de la City de Londres puedan continuar accediendo a sus clientes continentales.
En la negociación con la UE, el Reino Unido tratará de hacer valer el preciado acceso a sus aguas pesqueras y a su mercado laboral como palanca para favorecer sus intereses.

El mensaje de los sirios a la ONU: “Tenemos miedo. Por favor, ayúdennos”

Niños que huyen de la violencia en Idlib, Siria, se refugian en un campamento para desplazados en Atmeh, cerca de la frontera con Turquía. (mayo 2019)    
©UNICEF/Watad

 El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios indicó este miércoles que durante los últimos días se han intensificado las hostilidades en la zona de Idleb, especialmente alrededor de Ma'arat alNuman, Saraqib y el oeste de Alepo.
"Los combates en estas zonas parecen ser más intensos que nada que hayamos visto en el último año", explicaba Mark Lowcock en su informe al Consejo de Seguridad sobre la situación humanitaria en el país árabe.
Lowcock, al igual que hizo la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los civiles siguen siendo objeto de intensos bombardeos y enumeró los casos de más de 100 civiles fallecidos durante el mes de enero, principalmente a consecuencia de ataques aéreos y terrestres.
A esa cifra, hay que añadirle las más de 1500 muertes documentadas por la Oficina de la Alta Comisionada desde el inicio de la escalada de violencia a finales de abril.
Cientos de ataques en Idlib
Sin embargo, especificó que las informaciones "más alarmantes" proceden del sur de Idlib, donde se concentraron cientos de ataques aéreos del Gobierno de Siria y sus aliados.
Al mismo tiempo, añadió que "los grupos armados no estatales continúan bombardeando la ciudad de Alepo, matando o hiriendo a decenas de civiles".
Otro punto conflictivo es la ciudad de Saraqib. Las rutas al norte y al oeste de esta localidad están obstruidas por vehículos de gente que trata de huir de los bombardeos. Lowcock destacó que cientos de miles de civiles deciden huir ya que sus vidas se encuentran en peligro.
"La mayoría de las personas afectadas -más del 99% - se han estado desplazando desde el sur de Idlib a otros lugares en zonas no controladas por el Gobierno. Estimamos que al menos 20.000 personas se han desplazado en los últimos dos días. Unas 115.000 se han marchado en la última semana. Casi 390.000 han huido en los últimos dos meses", detalló.
Parar la matanza
Tras indicar de nuevo que es "imperativo que todas las partes acuerden un cese inmediato de las hostilidades en y alrededor de la zona de distensión de Idlib",  destacó que durante las últimas semanas las organizaciones humanitarias han proporcionado asistencia alimentaria a más de 1,4 millones de civiles y suministros sanitarios para tratar a casi 200.000 personas.
Al mismo tiempo, recordó que las operaciones humanitarias transfronterizas son la única manera de ayudar a los más de 2,8 millones de personas necesitadas y que "han evitado una catástrofe humanitaria masiva en el noroeste".
Pese a ello, resaltó que, en las condiciones actuales, el personal de respuesta humanitaria no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades con las que se encuentran.
Lowcock explicó que la semana pasada pudo hablar con sirios en Idlib y le contaron la dramática situación que sufren.
"La gente se siente cada vez más asediada a medida que los bombardeos los persiguen de un lugar a otro. Están traumatizados y se sienten totalmente abandonados por el mundo. No entienden por qué este Consejo es incapaz de detener la carnicería entre la población civil atrapada en una zona de guerra. Su mensaje es esencialmente el mismo que les transmití cuando les informé el 30 de julio: "Tenemos miedo. Por favor, ayúdennos. Hagan que se detenga"".
UNICEF - Un hospital materno-infantil en Idlib, Siria, gravemente dañado por los ataques aéreos que se produjeron en las primeras horas de la mañana.

El noreste también sangra
En relación con la situación humanitaria en el noreste señaló que 70.000 personas siguen desplazadas tras las operaciones militares del pasado mes de octubre, y que otras 90.000 personas viven en campamentos de desplazados, incluyendo a más de 66.000 en el campamento de Al Hol.
"Una media de 850.000 de personas necesitadas en el interior de Siria recibieron asistencia mensualmente en 2019, y ese número aumentó considerablemente durante el transcurso del año".
A pesar de este dato y con la eliminación del cruce de Al Yarubiyah, la Organización Mundial de la Salud prevé una reducción de los servicios médicos disponibles y un creciente déficit de suministros médicos.
"Unos 400.000 artículos médicos cuya entrega está prevista están atascados en camiones en Iraq y no pueden cruzar. El Secretario General ha pedido a los miembros de este Consejo su apoyo para lograr un acuerdo sobre la posibilidad de llevar estos artículos", resaltó.
La economía, por los suelos
Finalmente, Lowcock señaló que la libra siria continuó depreciándose durante el mes de enero en el mercado informal.
"Los sirios que salen a comprar alimentos encuentran menos artículos en sus mercados, incluso los que buscan productos básicos como arroz, aceite y azúcar. La mayoría de los artículos disponibles cuestan más que nunca. El precio del pan, por ejemplo, ha aumentado más del 50% en algunas zonas en los últimos meses", detalló.
El Comité Constitucional, de vuelta
Por su parte, la enviada especial adjunta para Siria, Khawla Matar, indicó horas más tarde que el enviado especial, Geir O. Pedersen, se encuentra en estos momentos en Damasco tratando de distender la situación en el noroeste.
Matar señaló que Pedersen espera poder convocar de nuevo y en breve al Comité Constitucional y que sus sesiones continúen a un ritmo constante durante los próximos meses. Para ello, apuntó que es necesario crear un clima "de confianza y seguridad, lo que puede contribuir a abrir la puerta a un proceso político más amplio".
Asimismo, anunció que el grupo de trabajo sobre la liberación de detenidos-secuestrados, la devolución de cuerpos y la identificación de personas desaparecidas que incluye a Irán, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas se reunirá en Ginebra a finales de febrero, como parte de una rotación continua.

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