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Por qué siguen las protestas en Bolivia a pesar de que el Gobierno aceptó derogar la 'ley madre'

 Sectores opositores tienen nuevas demandas: la restitución de los dos tercios de votación en el Parlamento y la derogación de lo que han denominado "leyes malditas".

Manifestantes en Cochabamba, Bolivia, 10 de noviembre de 2021
Patricia Pinto / Reuters
actualidad.rt.- En Bolivia, continúan las marchas, bloqueos y otras formas de protesta pese a que el Gobierno nacional accedió a derogar la Ley 1386 sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al terrorismo, más conocida como 'ley madre' —aprobada en agosto pasado—, la principal demanda que detonó las movilizaciones que este martes cumplen nueve días.

El pasado sábado, tras seis días del paro organizado por sectores opositores, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció la abrogación de la normativa.

"Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Luis Arce en una reunión en apoyo a los cocaleros en
la región del Chapare, Shinahota, noviembre de 2021
Patricia Pinto / Reuters

Según el Ejecutivo, la legislación original buscaba enfrentar los movimientos ilegales de dinero de los sectores más ricos, sin embargo, sus detractores –principalmente los comités cívicos, a los que sumaron diferentes gremios del país– afirmaban que pretendía fiscalizar a los trabajadores, en un país con mucha informalidad en la economía.

Tras darse a conocer la decisión gubernamental, la mayoría de dirigentes gremiales han decidido retirarse del paro, mientras que desde los comités cívicos llamaron a continuar con las protestas. Así, en Santa Cruz de la Sierra, el Comité pro Santa Cruz, claro opositor político de Arce, mantiene el paro iniciado hace más de una semana; en Potosí siguen los bloqueos y en La Paz acordaron mantener la movilización.

A la espera de la derogación

Uno de los motivos que argumentan los opositores a la ley para permanecer en las calles es que, si bien se hizo el anuncio de la derogación de la normativa, la abrogación aún está siendo debatida en el Senado boliviano.

La sesión del Senado para tratar este tema fue convocada para este martes a las 08:30 de la mañana (hora local). Esta cámara debatirá el asunto, luego de que Diputados aceptara la derogación, en un debate que se extendió hasta la madrugada de este mismo día.

El documento aprobado por los diputados consta de un solo artículo, que contempla la derogación de la Ley 1386; sin embargo, el debate duró más de seis horas, debido a discrepancias sobre la exposición de motivos del texto, donde se señala que hubo intenciones de un nuevo golpe de Estado.

En el documento se menciona que hubo "desinformación generada intencionalmente" y que hay una "clara agenda política de quienes, manipulando la verdad, cuestionaron la ley; agenda que solo pretende desestabilizar al Gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo Boliviano". Esta parte, de hecho, tuvo que retirarse para proceder a su aprobación.

Cámara de Diputados de Bolivia
Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia

El paso siguiente, una vez aprobada la abrogación en el Senado, es la promulgación de la derogación de la normativa por parte del mandatario boliviano.
Gremiales levantan paro

Los gremios de trabajadores anunciaron que sus movilizaciones culminarían "con la abrogación de la Ley 1386", afirmó el dirigente gremial de Cochabamba Carlos Calcina.

"No tenemos ninguna demanda adicional. Eran dos leyes desde un inicio, abrogación de la ley 1386 y el archivo de la Ley 318. La segunda logramos con una huelga", dijo, por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional De Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzales.

El secretario ejecutivo de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre de Santa Cruz, Bismark Daza, también sostuvo que una vez promulgada la ley de abrogación de la polémica norma 1386, no había motivos para continuar con la paralización de actividades.
Opositores continúan

No obstante, los principales sectores opositores políticos a la administración de Arce no están conformes con que solamente se haya derogado la Ley 1386 y, aunque era el principal motivo de las movilizaciones, ahora tienen otras exigencias.

Protesta en BoliviaManuel Claure / Reuters

Asimismo, el lunes se realizó la Asamblea de la Paceñidad en el Palacio Consistorial de la Paz, con representantes de 120 organizaciones sociales. En el encuentro decidieron mantener el "estado de emergencia" y "movilización permanente", así como realizar una marcha este miércoles.

Las exigencias de esa asamblea, así como de los sectores opositores, es la restitución de los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la derogación de un paquete de normas, que han denominado como "leyes malditas".

Restitución de los dos tercios

En conferencia de prensa, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo el lunes que se presentaron ante el Senado y la Cámara de Diputados proyectos resolutivos para la restitución de los dos tercios de votación legislativa.

De igual manera ya se ha pronunciado el partido Creemos, del opositor de extrema derecha y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Este político fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.

La senadora Centa Rek, de este movimiento, manifestó al respecto: "La lucha de este momento solo puede consolidarse en la medida en que restituyamos los dos tercios al Parlamento".

La legisladora añadió que si el Parlamento sigue sin restituir los dos tercios de votación, ellos no podrían "garantizar ninguna situación a Bolivia" y, por lo tanto, deberían "cerrar el Parlamento".

Protesta en BoliviaManuel Claure / Reuters
En la Asamblea de la Paceñidad señalaron que se deben restituir los dos tercios "como garantía democrática que permita al país leyes de consenso y no arbitrarias imposiciones de un gobierno dictatorial".

Sobre este tema, Gonzales, de la Confederación de Gremiales de Bolivia, dijo que la posición de la organización se definirá en una asamblea. "Tiene que ser firmada por diferentes organizaciones, vamos a salir en unidad", comentó.

A finales de octubre del año pasado, previo a la asunción de Arce, en el Parlamento boliviano se eliminó la votación por dos tercios para la aprobación de algunas cuestiones, como impugnaciones, conformación de comisiones especiales, cambio del orden del día, realización de sesiones por tiempo y materia, la dispensación de trámite, voto de urgencia, la moción de cierre de debate, la entrega de honores públicos, los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, la designación de embajadores y la dispensación de observaciones al reglamento.

Sin embargo, los dos tercios de votación no fueron eliminados del todo, estos se mantienen como estipula la Constitución, y están en los reglamentos del Senado y Diputados para otros asuntos, como la elección de miembros del Órgano Electoral Plurinacional, las interpelaciones a Ministros de Estado y posible censura, la autorización de juicio de responsabilidades a presidente y vicepresidente, la aplicación de sanciones a diputados y senadoras y Senadores, cualquier tipo de reforma parcial de la Constitución, el juzgamiento de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, así como la designación del fiscal general del Estado, contralor y defensor del pueblo.

Derogar "leyes malditas"

Los sectores opositores inconformes con la decisión del Gobierno, también piden la derogación de lo que llaman "leyes malditas".

El expresidente de Bolivia y líder de la Comunidad Ciudadana,
Carlos Mesa, La Paz, 13 de marzo de 2021
David Mercado / Reuters

Estas normativas son la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana, Ley de Estadísticas Oficiales del Estado, Ley de Registro de Comercio, Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción y la Ley 242, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social.

"El pueblo acaba de tener una segunda victoria con el anuncio de la abrogación de la ley 1386 y Comunidad Ciudadana apoyará en el Legislativo que se le dé curso. Sin embargo, queda un paquete de las llamadas leyes malditas en mesa. El Gobierno debe abrir un espacio de discusión y debe ser el escenario parlamentario", dijo Mesa en la rueda de prensa del lunes.

El opositor añadió que su alianza apoyará en el Parlamento esta demanda de abrogación del llamado "paquete de leyes malditas", ya que, en su opinión, refuerzan la idea de "un Estado policíaco".

Sobre estas normativas, en la Asamblea de la Paceñidad señalaron que son leyes que buscan la "persecución política" y "atentar a la propiedad privada de los paceños".

Protesta en BoliviaManuel Claure / Reuters

Gonzales, de la Confederación de Gremiales de Bolivia, fue cauto al hablar del asunto. "Hablan de un paquete de leyes, nos quieren imponer a que salgamos a las calles, no vamos a ser irresponsables, primero es importante conocer, en base a ello nos vamos a pronunciar", expresó el dirigente gremial.
Edgar Romero G.

Pfizer llega a un acuerdo de licencia global para su fármaco antiviral oral contra el covid-19


La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este martes un acuerdo con el Fondo Mundial de Patentes de Medicamentos (MPP, por sus siglas en inglés) para que su fármaco antiviral oral contra el covid-19, que se encuentra en fase experimental, esté disponible a un coste más económico en 95 países de ingresos bajos y medianos que corresponden con cerca del 53 % de la población mundial.

Asimismo, Pfizer, que también produce una vacuna contra el coronavirus con el laboratorio alemán BioNTech, comunicó que si su pastilla pasa los ensayos y la aprobación regulatoria, el acuerdo permitirá otorgar sublicencias a fabricantes de medicamentos genéricos calificados para la producción de sus propias versiones del fármaco, que la propia Pfizer fabricará bajo el nombre de Paxlovid.

En Chile inicia sesión del Senado que decidirá sobre la destitución de Piñera

A cinco días de las elecciones se prevé un debate maratónico en el que los 43 legisladores argumentarán su voto a favor o en contra de la acusación.

El Senado de Chile comenzó este martes una sesión crucial en la que votará si destituye o no al presidente Sebastián Piñera a sólo cinco días de que se realicen las elecciones presidenciales, a cuatro meses de que termine su periodo de Gobierno, y después de que la investigación internacional conocida como los Papeles de Pandora lo vinculara con la millonaria venta de una empresa minera a través de operaciones en guaridas fiscales.

Este será el debate definitivo que sellará el destino del mandatario después de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara la acusación en su contra en una larga y polémica sesión y justo con los 78 votos que se necesitaban para que el proceso avanzara y llegara al Senado, órgano que tendrá la última palabra.

Desde el Gobierno confían en que la votación final será favorable para Piñera, ya que se requieren por lo menos 29 votos para destituirlo y la oposición solo suma en conjunto 26 bancas en el Senado.

Más allá del resultado, será una sesión histórica porque es la primera vez, desde que Chile recuperó la democracia en 1990, que un presidente es sometido a una Acusación Constitucional.


La jornada comenzó a las 09:30 con la lectura de los fundamentos de la acusación y la defensa.

Luego, la diputada Gael Yeomans fue la primera representante de la parte acusadora en hacer uso de la palabra.

"Este parlamento es capaz de poner fin a los abusos y a la impunidad con la que ha actuado Sebastin Piñera. Demuestra un entramado de sociedades, utilidades y amistades personales. El conflicto de intereses y si actuar sin ética no sólo ha afectado a la imagen del país, sino a la democracia. Ha provocado un daño inconmensurable", denunció.

También consideró que la actuación del presidente ha sido "inmoral, antipatriótica e inconstitucional, hablamos de que los intereses económicos del presidente pueden pasar por encima de todo el país, de lo que se trata es de subir el estándar y la vara de cómo medimos a nuestros gobernantes... estamos hablando de corrupción".

Más tarde hablarán los diputados Leonardo Soto y Gabriel Silber, los otros dos miembros de la parte acusadora, y después será el turno de Jorge Gálvez, abogado de Piñera.

Los diputados tendrán la oportunidad de replicar la argumentación de la defensa, y Gálvez, a su vez, podrá responderles por segunda y última vez.

Concluidas estas exposiciones, habrá un receso. La sesión se reanudará a las 15:00 horas y, a partir de ese momento, los 43 legisladores que conforman el Senado contarán con un máximo de 15 minutos para manifestar sus posiciones a favor o en contra de la acusación.

Cuando terminen, se procederá a la votación, lo que se prevé ocurrirá al final del día.

La denuncia

Los Papeles de Pandora, la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló a principios de octubre que Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo de Piñera, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones. El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de una guarida fiscal, las Islas Vírgenes Británicas.

La última cuota dependía de que el Gobierno que encabezaba Piñera ese año, en su primer periodo presidencial, no aplicara cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, lo que efectivamente cumplió. Esta medida implicaría, por lo menos, un grave conflicto de intereses, ya que permitió que los inversionistas, incluyendo a la familia del mandatario, obtuvieran ganancias millonarias en poco tiempo.

Desde el principio el presidente desestimó las acusaciones, pero no logró impedir que la Cámara de Diputados avanzara en una Acusación Constitucional que prosperó la semana pasada en medio de una controversia, ya que el diputado opositor Jaime Naranjo habló durante 15 horas seguidas para hacer tiempo y permitir que su colega, Giorgio Jackson, llegara al recinto tras cumplir su aislamiento por Covid.

Así, la sesión comenzó el lunes y terminó el martes con el aval a la acusación contra el presidente.

La denuncia que llega al Senado consta de 99 páginas y dos capítulos. El primero señala que Piñera vulneró "el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación", ya que autorizó la operación de una mina a pesar de los riesgos enunciados por organizaciones ambientalistas. El segundo asegura que "ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República".

En una respuesta anticipada, el Gobierno comenzó a difundir el lunes un documento titulado 'Mitos y Falsedades de la Acusación Constitucional que han quedado desacreditados', con argumentos que pretenden rebatir las acusaciones y que se prevé serán retomados por los senadores oficialistas.

El escrito rechaza que Piñera haya cometido alguna ilegalidad e incluso desliga a su familia del negocio que se llevó a cabo a través de una guarida fiscal, lo que suele convocar sospechas de evasión de impuestos y lavado de dinero.
Cecilia González

Agencia Digital...

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