ONU - Rick Bajornas - "Estamos particularmente preocupados a la
luz de los informes recientes de altos funcionarios de Corte que renuncian a
sus cargos como consecuencia de estas amenazas", dijeron.
En un discurso el 10 de septiembre de 2018,
John Bolton advirtió que los jueces, los fiscales y el personal de la Corte,
con sede en La Haya, se enfrentarían a una serie de medidas si continuaban
investigando los presuntos crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos,
Israel u otros aliados de los Estados Unidos.
Declaró que esas acciones incluirían "todos
los medios necesarios", como la prohibición de que
los jueces y fiscales de la Corte ingresen a los Estados Unidos; congelar sus
activos financieros en ese país e incluso llegar a procesarlos penalmente.
Añadió que se tomarían las mismas medidas contra las empresas o los Estados que
colaboren en cualquier investigación de este tribunal sobre ciudadanos
estadounidenses.
En marzo de 2019, el Secretario de Estado, Mike
Pompeo, aseguró que Estados Unidos revocará o denegará visados a los miembros
de la Corte que participen en investigaciones contra las tropas
de Estados Unidos en Afganistán o cualquier otra parte del
mundo y amenazó con sanciones económicas.
"Estas amenazas constituyen una injerencia
indebida en la independencia de la CPI y podrían
obstaculizar la capacidad de los jueces, fiscales y personal de la Corte para
llevar a cabo sus tareas profesionales", dijeron los expertos de la ONU.
Para que el acceso a la justicia sea efectivo e
igualitario y para que pueda haber juicios justos, el sistema judicial y los
jueces deben ser “independientes y libres de cualquier interferencia impropia”,
añaden. La intimidación puede desanimar a “los defensores de los derechos
humanos, organizaciones de la sociedad civil, representante de víctimas y otros
que colaboran con la Corte”.
Estados Unidos no es parte de la CPI
Estados Unidos no ratificó el Estatuto
de Roma que creó la Corte Penal Internacional en
2002. El tribunal, cuya misión es llevar ante la justicia a los autores de
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, tiene 123
Estados firmantes.
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| Fatou Bensouda - ONU - Rick Bajornas |
El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de este
tribunal, Fatou Bensouda, solicitó autorización para iniciar una investigación sobre
presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto
armado en Afganistán. Algunos de los presuntos responsables de esos
crímenes son soldados estadounidenses. Además, la fiscal quiere
investigar las actividades de la CIA en Afganistán, Polonia,
Rumanía y Lituania; en los tres últimos países se habrían
instalado cárceles secretas.
Estados Unidos no es parte del tribunal y por
tanto está fuera de su jurisdicción. Sin embargo, en este caso, como Afganistán
es un Estado parte, “la corte puede ejercer su jurisdicción sobre todo los
supuestos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con
independencia de la nacionalidad del acusado”, según se lee en la petición
de autorización de la fiscal. Polonia, Rumanía y
Lituania también son Estados firmantes.
Filipinas abandona de la Corte
Penal Internacional
Filipinas, por su parte, abandonó esta semana
la Corte Penal Internacional, un año después de que el presidente Rodrigo
Duterte anunciara la decisión.
La decisión se produce después de que la
fiscalía del tribunal empezara a analizar de forma preliminar los supuestos
delitos cometidos “en el marco de la guerra contra las drogas” desde
julio de 2016, uno de los asuntos que el presidente filipino considera como una
prioridad. Duterte estima que la investigación viola la soberanía nacional de
su país.
El presidente de la asamblea de los Estados
parte de la corte, O-Gon Kwon, dijo que “lamenta” la retirada,
pero espera que sea “solo temporal”.
“La Corte Penal Internacional se basa en el
apoyo continuado de la comunidad internacional para asegurar su efectividad en
la lucha contra la impunidad”.
* Mr. Michel Forst es el
relator especial sobre la situación
de los defensores de los derechos humanos y Diego
García-Sayán es el relator
especial sobre la independencia de jueces y anogados.
Los Relatores Especiales son parte de lo que se
conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo
de Derechos Humanos. Procedimientos
especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de
derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y supervisión del Consejo que abordan
situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del
mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria;
no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes
de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
