UNICEF-Jeremy Horner - En el centro de Managua, la capital de Nicaragua, una joven desplazada escribe en un cuaderno frente a un edificio anteriormente abandonado donde vive con su familia. |
En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la Oficina
explicó que la mayor parte de los ataques son perpetrados por colonos que
buscan obligar a las comunidades indígenas a abandonar
sus hogares ancestrales para usar sus tierras y realizar
actividades como la tala ilegal y el pastoreo de ganado.
“Según los datos del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos
de la Costa Atlántica de Nicaragua, de 2015 a la fecha han sido asesinados unos
40 indígenas, 47 más han sido heridos, 44 secuestrados y cuatro desaparecidos
en casos relacionados con invasiones de tierras”, dijo Marta Hurtado.
La Oficina de la Alta Comisionada urgió
a las autoridades nicaragüenses a investigar a fondo y de
manera independiente e imparcial todos los atropellos reportados contra las
comunidades indígenas y a procesar judicialmente a los responsables.
“También llamamos a las autoridades a otorgar justicia,
verdad y reparación a las víctimas y a sus familias, y a
asistir a quienes han sido desplazados forzadamente, incluyendo a quienes han
regresado a sus comunidades”, agregó la portavoz.
Subrayó además la importancia de que las autoridades tomen las
medidas necesarias para evitar que haya más violencia y para que proteja
las tierras, territorios y recursos de los pueblos
indígenas.
Amenazas
previas
El incidente más reciente sucedió el 29 de enero pasado, cuando
decenas de hombres armados embistieron la comunidad de Mayangna, localizada en
la reserva de la biosfera de Bosawás, una zona remota protegida en la región
autónoma del norte del Caribe, a unos 300 kilómetros de Managua. En esa
ocasión, cuatro integrantes de la comunidad Alal en el territorio Sauni As fueron
abatidos y dos más resultaron heridos, además de que
fueron incendiadas 16 casas y cientos de personas tuvieron que huir. La policía
llegó al lugar hasta el día siguiente.
Los Mayangna reportaron en noviembre pasado
que habían recibido amenazas de muerte de los colonos, pero no recibieron la
protección adecuada.
Por otra parte, el 4 de enero, el líder indígena de los Miskitu,
Mark Rivas, fue encontrado muerto a tiros en Bilwi, en la misma región.
Rivas había denunciado amenazas de muerte contra él
después de que había acusado al partido en el poder de crear divisiones entre
los pueblos indígenas.
Derechos de
los pueblos indígenas
La Oficina de la Alta Comisionada recordó que la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que esas comunidades tienen
derecho a sus tierras, territorios y recursos y que no deben
ser desalojados por la fuerza.
“El Estado tiene la obligación de garantizar
la protección de los pueblos indígenas y de sus tierras,
aun cuando se trate de terceros actores”, recalcó la Hurtado.
Actualmente el 31% del territorio de Nicaragua es
hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes, y aunque el Estado les ha
dado los derechos legales sobre sus tierras, siguen sufriendo invasión
recurrente por parte de colonos.
Un cálculo conjunto del Gobierno Territorial Mayangna y una ONG danesa indica que de 1999 a 2015 se desforestaron 600 hectáreas anuales de la reserva de la biosfera Bosawás a un ritmo que se duplicó de 2010 a 2015. En la misma zona se elevó al doble también el número de hogares de no indígenas entre 2009 y 2015.
Un cálculo conjunto del Gobierno Territorial Mayangna y una ONG danesa indica que de 1999 a 2015 se desforestaron 600 hectáreas anuales de la reserva de la biosfera Bosawás a un ritmo que se duplicó de 2010 a 2015. En la misma zona se elevó al doble también el número de hogares de no indígenas entre 2009 y 2015.