Irán ejecuta a 853 personas, la cifra más alta en ocho años

Irán ejecuta a 853 personas, la cifra más alta en ocho años, como parte de una represión implacable y una nueva “guerra contra las drogas”

Amnistía Internacional.- Se requieren urgentemente medidas internacionales contundentes para poner fin al escalofriante aumento de las ejecuciones, que en 2023 transformó las prisiones iraníes en centros de muerte masiva, ha manifestado Amnistía Internacional. En un nuevo informe de investigación publicado hoy, la organización destaca que al menos 481 ejecuciones —más de la mitad de las 853 registradas en total en 2023— tuvieron lugar por delitos de drogas.

“No dejemos que nos maten”: la implacable crisis de ejecuciones en Irán desde el levantamiento de 2022  revela el modo en que las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir miedo entre la población y afianzarse en el poder tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” ocurrida entre septiembre y diciembre de 2022. En el informe se da también la voz de alarma sobre el desproporcionado impacto sobre las comunidades pobres y marginadas de las mortíferas políticas antidroga que aplican las autoridades.

La pena de muerte es abominable en toda circunstancia, pero aplicarla a escala masiva por delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un abuso de poder grotesco. Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

El número de ejecuciones en 2023 es el más alto registrado desde 2015, que supone un aumento del 48% respecto a 2022 y del 172% respecto a 2021. La oleada de muertes en Irán prosigue en 2024, con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo. Las cifras de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional son datos mínimos; la organización piensa que el número real es sin duda mayor.

“Las mortíferas políticas antidroga de la República Islámica contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas, en particular la minoría baluchi oprimida de Irán”, ha declarado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El año pasado tuvo lugar también una oleada de ejecuciones que afectó a manifestantes, personas usuarias de las redes sociales y otras personas disidentes o percibidas como tales, por actos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de cargos tales como “insultar al profeta”, “apostasía” y otros ambiguos como “enemistad con Dios” (moharebeh) o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz).

“Entre las ejecuciones se cuentan manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas oprimidas, puesto que las autoridades han instrumentalizado la pena de muerte en un intento de sembrar el miedo entre la población y reprimir la disidencia. En ausencia de una respuesta global contundente, las autoridades iraníes no tendrán inconveniente en ejecutar con total impunidad miles de personas más en los años venideros”, ha declarado Diana Eltahawy.

“Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones. Puesto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU vota esta semana si renueva los mandatos de la Misión de investigación sobre Irán y del relator especial sobre Irán, es esencial señalar a las autoridades iraníes que su deplorable historial en materia de derechos humanos seguirá sujeto al escrutinio internacional y garantizar que siga existiendo un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas que recoja y analice pruebas de los crímenes de derecho internacional”.

Los Tribunales Revolucionarios dictaron 520 (61%) de las sentencias de pena de muerte ejecutadas en 2023. Estos tribunales tienen competencias sobre una amplia gama de actos, incluidos los delitos de drogas, que las autoridades consideran delitos de “seguridad nacional”. Los tribunales carecen de independencia, operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia y, para dictar sentencias condenatorias, utilizan habitualmente “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura en juicios sumarios manifiestamente injustos.

Vertiginoso aumento de las ejecuciones por drogas

El repunte de las ejecuciones en 2023 se debe en gran medida a un alarmante giro mortal en la política antidroga de Irán, tras el ascenso de Ebrahim Raisi a la presidencia y el nombramiento de Gholamhossein Eje’i como presidente de la Magistratura, ambos en 2021.

Amnistía Internacional ha analizado declaraciones oficiales de altas autoridades ejecutivas y judiciales que criticaban públicamente las reformas de 2017 de la Ley Antidroga —que posibilitaron un drástico descenso de las ejecuciones por drogas entre 2018 y 2020— y pedían un mayor uso de la pena de muerte para combatir el narcotráfico.

Estas posturas oficiales han dado paso a una escalofriante curva ascendente desde 2021: en 2023 hubo 481 ejecuciones por drogas, que constituyeron el 56% del total. Esto supone un aumento del 89% desde 2022, año en que fueron ejecutadas por drogas 255 personas, y un incremento del 264% desde 2021, cuando hubo 132 ejecuciones por el mismo motivo.

La minoría baluchi de Irán representó el 29% (138) de las ejecuciones por drogas en 2023, si bien sólo constituye cerca del 5% de la población iraní, lo que pone de manifiesto el efecto discriminatorio de la estrategia antidroga de las autoridades contra las comunidades más marginadas y empobrecidas.

Las ejecuciones por delitos de drogas con frecuencia se llevan a cabo cruelmente y en secreto, sin previo aviso a familiares ni asistencia letrada.

Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, las ejecuciones por delitos de drogas seguirán en aumento, entre los continuos esfuerzos de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo por promulgar una nueva ley antidroga mortífera que, de aprobarse, ampliará el listado de cargos por drogas que conllevan pena de muerte.

Las ejecuciones como herramienta de opresión política

A lo largo de 2023, tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022, las autoridades iraníes también intensificaron la aplicación de la pena de muerte como arma para reprimir la disidencia.

Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones.Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

En 2023, las autoridades ejecutaron a seis hombres en relación con la sublevación de 2022 y a otro más en relación con las protestas nacionales de noviembre de 2019. Al menos otras siete personas han sido condenadas a muerte y están en peligro de ejecución inminente en relación con la sublevación de 2022 y las protestas de noviembre de 2019.

El aumento de las ejecuciones ha llevado a las personas presas en el corredor de la muerte a declararse en huelga de hambre y a pedir públicamente que se intervenga para detener las ejecuciones.

En mayo de 2023, varios días antes de su ejecución tras juicios manifiestamente injustos, los manifestantes Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi enviaron de forma clandestina desde la prisión una súplica de ayuda, en la que rogaban: “No dejen que nos maten”.

El 28 de enero de 2024, otro grupo de personas presas en el corredor escribió una carta abierta en la que anunciaba una huelga de hambre y pedía apoyo para salvar la vida. “Quizás con su ayuda puedan detenerse estas ejecuciones. Del modo que puedan, sean nuestra voz…”.

Ejecuciones de personas detenidas siendo menores de edad

El año pasado también marcó una espeluznante escalada en la aplicación de la pena de muerte a menores delincuentes, al ejecutarse a un joven de 17 años y a cuatro jóvenes condenados por delitos cometidos siendo menores de edad.

Hamidreza Azari fue detenido con sólo 16 años y ejecutado menos de siete meses después, tras un juicio manifiestamente injusto acelerado por la fiscalía. Las autoridades iraníes falsearon deliberadamente su edad —que declararon ser de 18 años— en los medios de comunicación nacionales para eludir responsabilidades por violar el derecho internacional, que prohíbe imponer la pena de muerte a quienes fueran menores de 18 años al cometer un delito.

En los últimos meses, las autoridades han publicitado de forma engañosa una nueva directiva del presidente de la Magistratura como paso hacia “una mayor reducción” de las condenas a muerte contra menores delincuentes. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional revela que la directiva no aborda las prolongadas carencias de la legislación sobre menores y que reafirma la discrecionalidad concedida al poder judicial para condenar a muerte a menores delincuentes tras “evaluaciones de madurez” viciadas.

Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraníes a que modifiquen el artículo 91 del Código Penal Islámico para abolir la pena de muerte por delitos cometidos por menores en todas las circunstancias.

Información complementaria

Las autoridades iraníes se niegan a proporcionar estadísticas públicas de condenas a muerte y ejecuciones. Para registrar el número de ejecuciones llevadas a cabo en 2023, Amnistía Internacional trabajó en estrecha colaboración con el Centro Abdorrahman Boroumand, basándose en fuentes abiertas, incluidos informes de medios de comunicación estatales e independientes y de organizaciones de derechos humanos. La organización también revisó los registros de ejecuciones de Iran Human Rights y Kurdistan Human Rights Network.

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.

Argentina: los peajes aumentan 200% en abril

 A partir del 17 de abril, entrará en vigencia un aumento en los peajes de las rutas nacionales de Argentina, abarcando tramos en varias provincias del país. Este incremento, que se mantendrá hasta el 18 de mayo, afectará a rutas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, incluyendo la Autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.

La medida, anunciada por Vialidad Nacional, responde a la necesidad de ajustar los precios de los peajes debido al significativo aumento en los costos de explotación, conservación, mantenimiento y servicios de apoyo, que influyen en la calidad de los servicios prestados a los usuarios. La última actualización tarifaria se realizó en noviembre de 2023.Además, se informó que, a partir de junio y hasta diciembre de 2024, se aplicará un nuevo lineamiento que contempla una variación mensual en las tarifas, con el objetivo de evitar atrasos que puedan afectar la prestación de servicios en los corredores viales mencionados.

Malvinas: una herida abierta en la memoria de un pueblo que mantiene el reclamo por la soberanía de las islas

por Somos Télam.- En las islas y los mares australes, quedaron 649 argentinos caídos en una contienda que dejó una herida que aún permanece abierta en la memoria de un pueblo y una Nación que aún reclama sus legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Tropas argentinas habían desembarcado el 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas.

 El hundimiento del crucero ARA General Belgrano por parte del submarino nuclear HMS de la Royal Navy alejó toda posibilidad de alcanzar un entendimiento para resolver el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas.

La intransigencia del gobierno conservador de la primera ministra británica Margaret Thatcher y la impericia política de los mandos militares argentinos, encabezados por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, dejaron allanado el camino para el inicio de las hostilidades en el Atlántico Sur.

El hundimiento del crucero

El domingo 2 de mayo el crucero Belgrano, que viajaba hacia el continente, fue atacado por el Conqueror, que se convirtió así en el primer submarino de propulsión nuclear en hundir una embarcación.

Tras confirmar con Londres en tres oportunidades la orden, el comandante del sumergible lanzó a las 16.02 tres torpedos desde una distancia de cinco kilómetros.

Dos proyectiles dieron en el Belgrano y un tercero golpeó el casco del ARA Bouchard, una de las naves que, junto al ARA Piedrabuena, se encontraban escoltando a esta antigua nave botada en Estados Unidos, que había sobrevivido al ataque japonés sobre la base Pearl Harbor en 1941 y como parte de las operaciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial.

El ataque del Conqueror dejó un saldo de 323 argentinos muertos, la mitad de los efectivos que cayeron durante la contienda, y si bien hubo presentaciones para que esa tragedia se investigara como un crimen de guerra, la Armada se encargó de desestimar esa posibilidad, al declarar en los años ’90 que el Belgrano había sido hundido como parte de una acción bélica.

Ante el comienzo de las hostilidades, Estados Unidos dejó de lado su rol mediador y apoyó de forma decidida a Gran Bretaña, y el ataque al Belgrano alejó las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Se frustra la salida diplomática

El 1.º de mayo, el presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, presentó una propuesta de paz basada en el cese de hostilidades, el retiro de tropas de la zona de Malvinas, representantes ajenos a las dos partes para administrar el conflicto, reconocimiento de los dos países de la existencia de un diferendo y contemplar los intereses de los isleños.

El plan otorgaba un plazo de un año para llegar a una solución pacífica. Sin embargo, la salida diplomática no puso prosperar.

El hundimiento del General Belgrano hizo que los mandos de la Armada, encabezados por el almirante Jorge Anaya, presionaran para dejar atrás toda posibilidad de negociación.

Al otro lado del Atlántico, en Londres, el gobierno británico de Thatcher veía en la victoria militar una oportunidad para consolidar su frente interno en una sociedad con una economía en recesión y ajuste.

El 4 de mayo, dos aviones Super Étendard, de fabricación francesa, despegaron de la base aeronaval de Río Grande, en Tierra del Fuego, con el objetivo de golpear a parte de la flota británica que se encontraba al este de la isla Soledad.

Las naves estaban piloteadas por el capitán de corbeta Augusto Bedacarratz y el teniente de navío Armando Mayora, que, tras reabastecerse en vuelo, dispararon dos misiles Exocet sobre el Sheffield, una de las naves más modernas de la Royal Navy. Se trataba de un destructor con capacidad de disparar misiles teledirigidos que se hundió días después, tras un ataque que dejó 21 marinos británicos muertos.

Las acciones aeronavales se sucedieron en medio del fuego naval británico que golpeaba las islas y las acciones de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que hostigaban a la flota.

En Argentina se vivía un clima de triunfalismo, alimentado por una prensa que magnificaba los éxitos militares con una frase que se publicó varias veces en la revista Gente: “Seguimos ganando”.

El desembarco británico

El 21 de mayo, tras un intenso bombardeo naval sobre las posiciones argentinas, infantes de marina británicos lograron desembarcar en el estrecho de San Carlos.

Una semana más tarde, el Segundo Batallón de Paracaidistas británicos tomó el istmo de Darwin, en la isla Soledad, tras librar una batalla con 600 efectivos argentinos en la pradera de Ganso Verde.

En el ínterin, aviones A-4B Skyhawk hundieron la fragata Antelope; el 25 de mayo, una escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina mandó a pique al destructor Coventry.

El 30, una acción combinada de pilotos de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina lanzó un ataque contra el portaaviones Invencible.

En tierra, las fuerzas británicas comenzaron a estrechar el cerco sobre Puerto Argentino con superioridad en el alcance de su artillería. Los cañones de los británicos tenían un alcance de 17 kilómetros, mientras que los argentinos no podían hacer blanco a más de 14 kilómetros.

Los mandos de la Task Force intentaron llevar a cabo el 8 de junio un arriesgado plan de desembarco a 16 kilómetros al sur de Puerto Argentino, en una zona conocida como Bahía Agradable.

Ataques contra la flota inglesa

Aviones de la Fuerza Aérea tomaron por sorpresa a la escuadra naval británica; hundieron dos buques de desembarco y dañaron una fragata. Murieron 56 militares británicos y 200 terminaron heridos, en lo que se conoció como “el día más negro de la flota”.

Cuatro días después, un equipo de ingenieros de la Armada logró la proeza técnica de disparar desde tierra un misil Exocet que dejó fuera de combate al destructor Glamorgan.

La noche del 11 de junio se inició el combate más sangriento de la guerra en Monte Longdon, cuando soldados del 3.º batallón de los paracaidistas atacaron las posiciones argentinas cercanas a la capital de las islas.

Argentinos y británicos libraron en esas estribaciones un cruento combate de más de 12 horas, que dejó decenas de muertos de ambos lados.

Balas trazantes que surcaban la noche como un torrente de fuego; el sonido estruendoso de los morteros y combates cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada, en imágenes dignas de la Primera Guerra, formaban parte del tétrico escenario de sangre y fuego que se conformó esa noche en Monte Longdon.

En 1993, el excabo de los paracaidistas Vincent Bramley contó que había presenciado fusilamientos a soldados argentinos que fueron tomados como prisioneros. Bramley denunció que varios de sus excompañeros cometieron crímenes de guerra tras esa durísima batalla.

La rendición

Monte Tumbledown significó la última resistencia argentina en la mañana del 14 de junio, en un enfrentamiento que libraron efectivos del Batallón de Infantería de Marina (BIM5), y dos compañías del Ejército resistieron a la Guardia Escocesa hasta que se ordenó el repliegue a Puerto Argentino.

El general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de Malvinas, se comunicó con Galtieri para informarle que la guarnición ya no podía resistir.

La rendición de Menéndez fue el 14 de junio.

“Llámeme a las 19”, le ordenó el presidente de facto a Menéndez, que le respondió a su interlocutor que “no entendía bien la situación”.

Menéndez convino los términos de la rendición con el comandante de las tropas británicas de tierra, mayor general Jeremy Moore, y el acta se firmó en horas de la noche. En el primer documento redactado, figuraba la palabra “incondicional” junto al término rendición, y Menéndez, bien afeitado y prolijamente vestido, pidió que se retirara.

Moore, vestido de fajina y extenuado tras semanas de campaña, aceptó, sabiendo que nada podía modificar el resultado de aquella contienda.

“Está bien, general, lo quitamos. ¿Cuál es el problema”, le espetó el alto oficial de su Majestad. Se pactó que los argentinos conservarían sus banderas, y los oficiales mantendrían el mando de las tropas y sus armas de mano.

Más de 4000 soldados llegaron a Puerto Madryn el 19 de junio. Ese día, la ciudad salió a recibirlos y se quedó sin pan; todo era para quienes habían combatido en Malvinas. Galtieri dejaría de ser presidente a los pocos días, desplazado por los mandos del Ejército, que decidían que lo mejor era iniciar una transición hacia un régimen constitucional.

En las islas y los mares australes, quedaron 649 argentinos caídos en una contienda que dejó una herida que aún permanece abierta en la memoria de un pueblo y una Nación que aún reclama sus legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Por qué los secuestros masivos siguen asolando Nigeria una década después de los secuestros de Chibok

Madres de hijas secuestradas se reúnen después de que las niñas fueron
liberadas en Zamfara, Nigeria [Archivo: Afolabi Sotunde/Reuters]

 Por Pelumi Salako-Aljazeera-Lagos, Nigeria – En la década transcurrida desde que el grupo armado Boko Haram secuestró a casi 300 estudiantes en una escuela para niñas en la ciudad de Chibok, los secuestros se han convertido en un hecho recurrente en Nigeria, especialmente en las inquietas regiones del norte.

Apenas el mes pasado, el 7 de marzo, una banda criminal secuestró a 287 alumnos de la escuela secundaria gubernamental en Kuriga, una ciudad en el estado de Kaduna. Dos días después, otro grupo armado irrumpió en el dormitorio de un internado en Gidan Bakuso, estado de Sokoto, y secuestró a 17 estudiantes.

Las víctimas de Sokoto y más de 130 víctimas de Kaduna han sido liberadas desde entonces, pero aún no hay noticias sobre los secuestrados restantes.

Mientras tanto, de los cientos capturados en Chibok en abril de 2014, más de 90 siguen desaparecidos, según UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia.

"No puedo creer que hayan pasado 10 años y realmente no hayamos hecho nada para [detenerlo]", dijo Aisha Yesufu, co-convocante del movimiento #BringBackOurGirls que presiona por la liberación de los estudiantes secuestrados de Chibok.

Nigeria está plagada de inseguridad. En el noreste, Boko Haram ha librado una violenta insurgencia desde 2009; en la región centro-norte los enfrentamientos entre agricultores y pastores se han intensificado en los últimos años; y los actos de bandidaje cometidos por hombres armados en el noroeste están aterrorizando a los ciudadanos.

En todo el país, los ataques contra poblaciones vulnerables han sido generalizados, incluidos secuestros para pedir rescate o presionar al gobierno para que cumpla con las demandas de los agresores. Los expertos también dicen que el empeoramiento de las condiciones económicas ha provocado un aumento de los secuestros para pedir rescate en los últimos cuatro años.

Pero como la mayor economía de África y un país con una de las fuerzas militares más poderosas del continente, muchos se han preguntado por qué Nigeria no ha podido cortar de raíz la creciente crisis de inseguridad.

Activistas de Traigan de vuelta a nuestras niñas corearon consignas
durante una protesta pidiendo al gobierno que rescate a las niñas
restantes de Chibok secuestradas en 2014
[Archivo: Sunday Alamba/AP]

"Al final del día, todo se reduce al hecho de que no hay voluntad política", dijo Yesufu.

Un Delito en auge

El año pasado, la organización benéfica Save The Children informó que más de 1.680 estudiantes han sido secuestrados en Nigeria desde 2014. Esto ha contribuido significativamente al deterioro de las estadísticas de ausentismo, ya que uno de cada tres niños nigerianos no está en la escuela, según UNICEF.

Pero los estudiantes no son los únicos que soportan el peso de la crisis, ya que los viajeros, los empresarios, los sacerdotes y aquellos a quienes se considera acomodados también suelen ser objetivos. Los secuestros se han convertido en una especie de subeconomía, ya que los secuestradores recaudan millones de naira en pagos de rescate. Las redes sociales también están plagadas de solicitudes públicas de personas que solicitan fondos para comprar la libertad de sus familiares y amigos secuestrados.

Desde 2019, ha habido 735 secuestros masivos en Nigeria, según la consultora de riesgos sociopolíticos SBM Intelligence . Dijo que entre julio de 2022 y junio de 2023, 3.620 personas fueron secuestradas en 582 casos de secuestro y se pagaron alrededor de 5.000 millones de naira (3.878.390 dólares) en rescates .

Sólo este año, SBM Intelligence afirmó que ya se han producido 68 secuestros masivos.

Los secuestros no se limitan al norte, donde prevalecen el bandidaje y los grupos religiosos armados, sino que también se han observado en el sur y el sureste. Ni siquiera Abuja, la capital de Nigeria, se ha salvado, y en Emure Ekiti, en la relativamente pacífica región suroeste, cinco estudiantes, tres profesores y un conductor fueron secuestrados el 29 de enero.

Las raíces de la toma de rehenes en Nigeria se remontan a la década de 1990 en el delta del Níger, de donde el país obtiene la mayor parte de su petróleo; En ese momento, los grupos armados comenzaron a secuestrar a ejecutivos petroleros extranjeros como una forma de presionar al gobierno para que abordara sus preocupaciones sobre la contaminación petrolera en sus comunidades.

Pero en los últimos tiempos, la toma de rehenes se ha convertido en una industria en auge, dijo Olajumoke (Jumo) Ayandele, asesor principal de Nigeria en el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED). Los perpetradores ahora apuntan principalmente a grupos vulnerables socialmente clasificados, como niños y mujeres, dijo, para provocar la ira pública y presionar sus demandas de pagos de rescate o la liberación de los pandilleros arrestados.

Cuando se exige un rescate, se espera que el pago lo realicen los familiares de las víctimas o, en algunos casos, el gobierno , y los retrasos o la falta de pago a veces pueden ser mortales. Una de las cinco hermanas secuestradas en Abuja en enero fue brutalmente asesinada después de que venciera el plazo para el rescate, lo que provocó una protesta nacional.

"Los grupos que han utilizado esta estrategia pueden ganar atención local e internacional para mostrar realmente su fuerza y ​​amplificar lo que quieren ante las autoridades estatales", dijo Ayandele a Al Jazeera.

Aunque el gobierno nigeriano ha dicho que no negocia con terroristas para hacer frente a la creciente crisis de seguridad, los expertos dicen que esto puede no ser cierto.

"Hemos oído y hemos visto a algunos gobiernos estatales negociar con algunos de estos grupos y algunos de estos bandidos", dijo Ayandele. En muchos casos, esto sólo ha envalentonado a los delincuentes.

Un miembro de las fuerzas de seguridad sostiene un arma mientras
la gente espera la llegada de las escolares rescatadas que fueron
secuestradas en Jangebe, Zamfara [Archivo: Afolabi Sotunde/Reuters]

¿Por qué Nigeria no puede detener el secuestro de alumnos?

Los expertos dicen que cuestiones complejas y de múltiples niveles están en el centro del empeoramiento de la crisis de inseguridad. Estos incluyen factores socioeconómicos, corrupción y falta de cohesión en la estructura de seguridad, donde no hay una respuesta rápida a los ataques y una colaboración ineficaz entre la policía y el ejército.

Durante la última década, la situación económica de Nigeria prácticamente ha caído en picada mientras el país lidia con una alta inflación, un creciente desempleo juvenil y la pérdida de valoración de la moneda. La suerte de los ciudadanos apenas ha mejorado y el 63 por ciento de las personas se encuentran en pobreza multidimensional . Los expertos dicen que esto ha empujado a muchos a la criminalidad.

“Las dificultades económicas durante este período no han hecho más que aumentar y las diferentes políticas impulsan diferentes dimensiones. Como resultado, esto ha llevado a que el secuestro sea visto como una actividad viable y rentable”, dijo Afolabi Adekaiyaoja, analista de investigación del Centro para la Democracia y el Desarrollo, con sede en Abuja.

La arquitectura de seguridad en Nigeria también está centralizada, con la autoridad concentrada en manos del gobierno federal y sin una policía estatal o regional independiente de éste. Los expertos dicen que esto ha dificultado la facilidad con la que pueden operar los agentes de seguridad. También ha dado lugar a llamados a la vigilancia estatal, especialmente en medio de críticas de que las agencias de seguridad no colaboran de manera efectiva.

A nivel del ejército, los soldados se han quejado de bajas remuneraciones y armas de mala calidad. El ejército nigeriano ha sido perseguido con acusaciones de corrupción, sabotaje, connivencia y brutalidad en el pasado, y esto ha fracturado las relaciones con las comunidades y las posibles fuentes de inteligencia.

"Esta incapacidad no se debe únicamente al ejército: hay una falla en la respuesta de seguridad de todo el gobierno", dijo Adekaiyaoja a Al Jazeera.

“Es necesario que haya una sinergia más fuerte en la aceptación comunitaria para asegurar las instalaciones y también aumentar la inteligencia necesaria... Debería haber un enfoque renovado en la reforma policial necesaria y francamente atrasada y una sinergia más fuerte entre las agencias de inteligencia y de seguridad”.

La inseguridad de Nigeria afecta a las seis zonas geopolíticas del país, y cada una enfrenta uno o más de los siguientes: combatientes armados, enfrentamientos entre agricultores y pastores, bandidos o pistoleros desconocidos, separatistas del Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), abastecimiento de petróleo y piratería. Esto ha mantenido ocupadas a las fuerzas armadas.

Los estudiantes y el personal nigerianos que fueron secuestrados en
marzo llegan a Kaduna después de ser liberados
[Archivo: Abdullahi Alhassan/Reuters]

“Nuestras fuerzas de seguridad están dispersas. Tenemos seis zonas geopolíticas en Nigeria y siempre está sucediendo algo”, dijo Ayandele de ACLED.

¿Cuál es el precio de la crisis?

Las víctimas de secuestros que han sido liberadas han informado de condiciones desgarradoras mientras estaban en cautiverio. A menudo se les amenaza de muerte y apenas se les alimenta, ya que soportan condiciones de vida antihigiénicas y desagradables, como dormir al aire libre y recorrer largas distancias hasta los bosques donde se les mantiene.

Las niñas son especialmente vulnerables a la violación e incluso a los matrimonios forzados. Los testimonios de los adultos afirman que son golpeados y torturados de forma rutinaria hasta que se cumplen las demandas de los captores.

Los expertos dicen que las experiencias dejan a las víctimas con graves heridas psicológicas y traumas.

El temor a que sus hijos sean secuestrados ha llevado a muchos padres en zonas calientes del noreste y noroeste a sacar a sus hijos de la escuela por completo para evitar el riesgo. Esto a pesar de la introducción por parte del gobierno de educación básica gratuita y obligatoria en las escuelas.

Según UNICEF, el 66 por ciento de todos los niños no escolarizados en Nigeria provienen del noreste y noroeste, que también representan las regiones más pobres del país.

“Ningún padre debería verse en una situación en la que tenga que elegir entre la vida de sus hijos y educarlos”, dijo Yesufu del movimiento #BringBackOurGirls, añadiendo que la educación está bajo ataque en Nigeria.

Como resultado, dijo, el analfabetismo es utilizado como arma por la clase política, que utiliza la falta de información y conocimiento de la gente para manipular a los votantes durante las elecciones.

Pero para algunas niñas, las consecuencias pueden ser incluso más nefastas que simplemente perder la educación, dijo Yesufu, ya que algunos padres deciden casar a sus hijas temprano para evitar que sean secuestradas o algo peor. Más de la mitad de las niñas de Nigeria no asisten actualmente a la escuela de nivel básico, y el 48 por ciento de esa cifra proviene del noreste y noroeste.

La educación es crucial para el crecimiento y el desarrollo nacional. Pero la continua crisis de secuestros en Nigeria plantea serios desafíos a la escolarización en las regiones más afectadas del noreste y noroeste, y los expertos temen que pueda tener implicaciones más amplias para el país en el futuro cercano.

"Esto es simplemente una bomba de tiempo porque cuando no hay una población educada, pueden radicalizarse fácilmente o ser reclutados por estos grupos armados no estatales", dijo Ayandele.

"No sabemos qué puede pasar en los próximos 20 años si no abordamos este problema educativo lo antes posible".

Al menos nueve muertos y cientos de heridos tras el fuerte terremoto de Taiwán

 El momento del colapso de un edificio residencial de varios pisos en la ciudad turística de Hualien durante el poderoso sismo que sacudió Taiwán este miércoles ha quedado captado en video.

En la grabación se puede ver que el inmueble se cae en cuestión de segundos y levanta una gran nube de polvo anaranjado. Cuando la construcción empieza a derrumbarse, las personas que transitan por la zona se apresuran a abandonar el lugar.

El terremoto

Un fuerte terremoto sacudió Taiwán este miércoles. Su magnitud, según diferentes estimaciones, fue de entre 7,2 y 7,5 y es el temblor más fuerte que ha azotado la isla en los últimos 25 años. El movimiento telúrico fue seguido por más de 50 replicas.

El Departamento de Bomberos taiwanés comunicó que nueve personas fallecieron y al menos 821 resultaron heridas. El sismo provocó una alerta de tsunami para el sur de Japón y Filipinas que luego fue levantada.

Medios locales estiman que se trata del terremoto más fuerte que azota la isla desde 1999, cuando un temblor de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas y destruyó o dañó 50.000 edificios en uno de los peores sismos registrados en Taiwán.