¿Riesgo de intervención militar? La alerta de Brasil sobre EE.UU.

Las fuerzas de seguridad de Brasil toman medidas a gran escala contra el Comando Vermelho (CV). 28 de octubre de 2025.
Fabio Teixeira / Gettyimages.
El canciller de Brasil, Mauro Vieira, admitió por escrito el temor de que EE.UU. recurra a la fuerza militar en el gigante latinoamericano, a raíz de la clasificación del Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas.

La revelación, publicada este lunes por el portal Metrópoles, se basa en una respuesta oficial de Itamaraty a un pedido de información por parte de la Cámara de Diputados.

"Acciones extraterritoriales"

En el texto, firmado por el propio Vieira, el canciller sostiene que la designación unilateral de las dos facciones "podría ser invocada como justificativa para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas, en particular en el ámbito financiero, migratorio y penal". Y añade, sin margen para la ambigüedad: "Hay, además, el riesgo de uso de la fuerza militar de EE.UU. contra el territorio nacional".

Vieira aclara que Washington no comunicó formalmente la decisión al gobierno brasileño. Al tratarse de un "acto unilateral" por parte de la administración de Donald Trump, explica, Brasil no está obligado a pronunciarse oficialmente sobre el asunto.

Bandera brasileña en la entrada del Palacio de Planalto, el
31 de octubre de 2022 en Brasilia, Brasil.
Andressa Anholete / Gettyimages
Sin embargo, el canciller recalca que el país "ha manifestado su oposición" a la medida por otras vías diplomáticas. De hecho, la semana pasada la administración de Luiz Inácio Lula da Silva respondió al informe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), negando que su sistema de pagos PIX favorezca a las empresas brasileñas y penalice a las estadounidenses, un argumento que se esgrime desde Washington para justificar una arremetida comercial y arancelaria.

"Las declaraciones anteriores de Brasil han demostrado que EE.UU. y Brasil mantienen una relación comercial sólida y cada vez más beneficiosa, incluyendo un superávit comercial de bienes entre EE.UU. y Brasil en 2024", sostiene el ministro en la carta a la que ha tenido acceso G1, en la que defiende que "la estructura arancelaria aplicada por Brasil ya es muy favorable a las exportaciones estadounidenses".

"Traidores a la patria": Lula reacciona a la "actitud servil"
de la familia Bolsonaro con EE.UU.

Otros riesgos

Más allá de la posibilidad militar, el documento enviado por Vieira describe impactos "relevantes tanto en el plano económico como en el de la soberanía nacional". Según el canciller, la designación permitiría a las autoridades estadounidenses aplicar medidas administrativas y judiciales de carácter unilateral y extraterritorial contra personas, empresas u organizaciones brasileñas, incluso sin vínculo directo con EE.UU. o con una conexión apenas indirecta o involuntaria con los grupos señalados.
El canciller advierte que esa aplicación podría darse con "amplio grado de discrecionalidad", dada la amplitud de los términos que utiliza la legislación antiterrorista estadounidense. Ese abanico, ambiguo y excesivamente abierto a interpretaciones, abre la puerta a consecuencias financieras, migratorias y penales para ciudadanos brasileños que ni siquiera tengan relación consciente con las facciones.
La tensión entre ambos países se incrementó la semana pasada, tras las sanciones impuestas por EE.UU. contra presuntos operadores financieros vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Ante la situación, el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, afirmó que Brasil continuará cooperando en la lucha contra el crimen organizado, pero exigió que se respete la soberanía del país y sostuvo que las medidas estadounidenses solo producen efectos dentro del territorio de EE.UU.

Hamás anuncia disolución de su gobierno en la Franja de Gaza

Ismail al-Thawabta, jefe de la oficina de prensa del gobierno de Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, el 6 de julio de 2026 (Eyad Baba)
CIUDAD DE GAZA, 6 de julio de 2026 – En un importante giro político, el movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del comité de emergencia gubernamental que ha administrado la Franja de Gaza de forma directa desde 2007. La decisión, que incluye la dimisión oficial de su jefe, Mohamed al Farra, busca facilitar la transición administrativa hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

El NCAG es un organismo tecnocrático conformado por profesionales independientes y respaldado por la Junta de Paz (creada bajo la mediación de Estados Unidos) en el marco de los acuerdos de alto al fuego alcanzados con Israel en octubre de 2025. A través de su oficina de medios y de portavoces como Hazem Qassem, Hamás expresó su "plena disposición" para traspasar las responsabilidades del gobierno civil, argumentando que este paso busca eliminar cualquier pretexto para la continuidad de la agresión militar israelí.

Continuidad de servicios y limitaciones políticas

Un niño camina entre los restos de edificios
en la Franja de Gaza.
Imagen: Eyad Baba
 El portavoz del gobierno gazatí aclaró que, a partir de ahora, solo permanecerá en sus puestos el "personal técnico y profesional" estrictamente necesario para garantizar la continuidad de los servicios básicos a la población y evitar un vacío administrativo. Fuentes periodísticas y analistas locales señalan que esta medida no implica que Hamás renuncie a su papel político o militar en la región, sino que representa una retirada estratégica del control civil directo para destrabar las negociaciones.

Un proceso de paz bloqueado

 A pesar de la disposición de entrega del poder civil por parte de Hamás y de que el jefe del NCAG, Ali Shaath, afirmó que el comité está listo para asumir funciones en cuanto disponga de recursos, la transición en el terreno se encuentra paralizada. Actualmente, la segunda fase del plan de paz está bloqueada: Israel continúa denegando la entrada de los miembros del Comité de Administración a la Franja de Gaza, mientras que Hamás rechaza el desarme en tanto el Ejército israelí no se retire por completo del enclave.

Nickolay Mladenov, alto representante que supervisa la Junta de Paz para Gaza, valoró positivamente el anuncio, calificándolo como "el puente entre las declaraciones y la implementación", e instó a las partes a materializar los puntos restantes de la hoja de ruta.

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