ULAN - EFE. - El Senado de Paraguay aprobó hoy la expropiación de 14.404 hectáreas de tierra de un terrateniente en favor de una comunidad indígena, una medida calificada como “histórica” por sus abogados, con lo que el país avanzó hacia el cumplimiento de una sentencia internacional pendiente desde 2006.
“Sawhoyamaxa nunca se va a olvidar de esto, después de 23 años de haber sido esclavizados, de haber estado en una cárcel, por primera vez en la historia hemos recibido una ayuda. Hemos ganado la primera partida”, dijo con lágrimas en los ojos al conocer el voto Leonardo González, uno de los líderes de esa comunidad indígena.
Los legisladores dieron el visto bueno a la propuesta de forma mayoritaria, con el apoyo de las bancadas tanto de derecha como de izquierda, en una votación a mano alzada, con lo que ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Si esa Cámara ratifica la decisión, será la mayor extensión de tierras que se devolverá a una comunidad indígena en la era democrática en Paraguay, según dijo a Efe Julia Cabello Alonso, coordinadora de la ONG local Tierraviva, que representa legalmente a los nativos.
“Así que también para el resto de los pueblos indígenas y los derechos humanos, hoy es un gran día”, añadió.
En cambio, Modesto Ramón Guggiari, el gerente general del grupo Liebig, la empresa agroganadera del terrateniente, dijo hoy a Efe en el Congreso que la medida “no soluciona nada”.
“Los indígenas seguirán en la indigencia, porque ellos siempre son pobres y aún con tierras siguen viviendo mal”, aseveró.
Guggiari destacó que los indígenas “solo han hecho medio camino” pues resta la votación en la Cámara de Diputados. “El presidente de la República (Horacio Cartes) me aseguró que va a rechazar esto, así que falta mucho todavía”, declaró.
Los Sawhoyamaxa, pertenecientes al pueblo Enxet, fueron expulsados de sus tierras hace 23 años por Heribert Roedel, un terrateniente llegado de Alemania, donde fue condenado por venta fraudulenta de tierras.
Medio millar de personas que hasta entonces había vivido de la recolección, la agricultura y la caza en un vasto terreno de la región del Chaco paraguayo se vieron obligados a subsistir en precarias condiciones al borde de un camino.
“El Estado ha hecho mucho daño a la comunidad, a mi familia, han muertos muchos miembros por el camino en esta lucha. Es un triunfo que la comunidad merece”, aseguró González, abrumado por los periodistas y poco acostumbrado a hablar en castellano, ya que su pueblo se comunica en la lengua Enxet y en guaraní.
Durante el debate en el pleno el senador liberal Luis Alberto Wagner calificó de “delincuente” a Roedel y abogó porque este caso sirva de ejemplo para terminar con la corrupción en el país.
Sixto Pereira, senador del Frente Guasú, llamó al terrateniente “estafador” y dijo que Paraguay “debe dejar de ser un prófugo de la ley internacional”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado paraguayo en 2006 a que devolviera el terreno a los Sawhoyamaxa, y que atendieran sus necesidades, así como las de otras dos comunidades, Yakye Axa y Xamok Kasek.
“Es un paso histórico. Yo no sé si alguna vez escuché un discurso tan progresista en la Cámara de Senadores”, dijo Cabello Alonso.
Recordó el caso de la mujer e hijo de Carlos Mareco, líder de la comunidad, quienes murieron por falta de atención médica tras sufrir accidentes cerca de la carretera al lado de la que vivían.
“Si el Estado hubiera garantizado las condiciones que la Corte exigía, eso no hubiera pasado”, manifestó.
Según Tierraviva, Paraguay es el único país en la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la CorteIDH en materia territorial indígena.
Fuera del edificio del Congreso, dos centenares de personas, entre activistas y miembros de distintos pueblos originarios de diferentes puntos del país, festejaron la decisión de los legisladores junto a una carpa de la ONG Aministía Internacional, que lleva acompañando esta causa desde hace un lustro.
