DW.- Miles de empleados públicos se lanzaron a las calles de San José para protestar contra una reforma tributaria que se tramita en el Congreso y que consideran que llegaría a empobrecer a la clase media y baja.
La huelga afectó el servicio de trenes, numerosos hospitales y centros de salud, de enseñanza y decenas de oficinas públicas.
La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el Bloque Unitario Social y Sindical costarricense (BUUSCO), que aglutinan a decenas de organizaciones gremiales de Costa Rica.
"Exigimos un diálogo en torno al paquete de impuestos que, como está concebido, golpeará los bolsillos de los trabajadores y no tocará al gran capital", dijo tras la realización de una marcha por el centro de la capital el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
"No al paquetazo fiscal", "rechazamos más impuestos para la clase trabajadora", se leía en algunos pancartas que portaban participantes en la manifestación, que transcurrió en orden y en forma pacífica.
Recambio presidencial
Los sindicatos, algunos de los cuales tuvieron cercanía con el actual Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, un centrista, convocaron a la huelga a escasas dos semanas de que asuma el poder el presidente electo en la segunda ronda el 1 de abril, Carlos Alvarado, quien fue apoyado por el oficialista Partido Acción Ciudadana.
El proyecto de ley tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
La iniciativa también contiene una regla fiscal para controlar el gasto y reducciones en pluses salariales en el sector público como las anualidades y modificaciones en otros que se otorgan por rendimiento el trabajador.
"Esto apenas empieza, vendrán acciones más fuertes, incluso podría ser hasta una huelga general indefinida", advirtió Albino Vargas. "No es justo que se cargue al pueblo y se le responsabilice de un déficit fiscal del que no tiene la culpa", añadió.
"Esto apenas empieza, vendrán acciones más fuertes, incluso podría ser hasta una huelga general indefinida", advirtió Albino Vargas. "No es justo que se cargue al pueblo y se le responsabilice de un déficit fiscal del que no tiene la culpa", añadió.
El Gobierno argumenta que el "combo fiscal" es urgente para paliar un déficit en las finanzas públicas, que en 2018 superó un 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que según el Banco Central podría llegar hasta un 8 por ciento en 2019 si no se adoptan medidas de contención.
Actualmente una cuarta parte de los costarricenses es afectada por la pobreza y un nueve por ciento por el desempleo, según datos oficiales.
DG (efe, dpa)
