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| Logotipos de Meta y Google (al fondo) Imagen: Dado Ruvic/REUTERS |
El Gobierno australiano anunció este martes un nuevo plan para obligar a gigantes tecnológicos como Google, Meta o TikTok a pagar por contenidos informativos, mediante un gravamen del 2,25 % sobre sus ingresos locales si no alcanzan acuerdos con medios de comunicación.
La medida, anunciada hoy por el Ejecutivo de Anthony Albanese, forma parte del borrador legislativo del denominado Incentivo de Negociación con los Medios de Noticias (NBI, por sus siglas en inglés), abierto a consulta pública hasta el 18 de mayo, y busca reemplazar el actual sistema de negociación con plataformas digitales, considerado insuficiente por el Gobierno.
Según el esquema propuesto, las grandes plataformas podrán evitar el impuesto si firman acuerdos comerciales con editores de noticias, con incentivos adicionales para pactos con medios más pequeños.
El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector periodístico.
El plan responde a la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y motores de búsqueda, donde, según el Ejecutivo, las plataformas se benefician del contenido periodístico sin compensar adecuadamente a sus creadores.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió en una rueda de prensa que "es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo".
Posible fondo acumulado
El nuevo modelo se aplicaría a empresas con ingresos anuales superiores a 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) y una amplia base de usuarios en el país, lo que actualmente incluye a las principales tecnológicas globales.
En caso de que las plataformas opten por no firmar acuerdos, los fondos recaudados mediante el gravamen serían redistribuidos entre los medios, en función de criterios como el empleo de periodistas.
El Gobierno sostiene que la iniciativa es clave para garantizar la viabilidad del periodismo y preservar un ecosistema informativo diverso, considerado esencial para el funcionamiento democrático del país.
