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| El VS Promise amarrado en el puerto de Tierra del Fuego. Foto El Parlamentario |
Un buque petrolero de bandera británica amarró en las últimas horas en el puerto de Ushuaia, después de haber operado en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. Se trata del VS Promise, dedicado al transporte de crudo, cuya presencia generó el rechazo del Gobierno provincial.
No es un ingreso portuario cualquiera. La legislación establece restricciones para el ingreso, permanencia, amarre y abastecimiento de embarcaciones de bandera británica, en el marco del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. El Gobierno de Tierra del Fuego reclamó que Nación informe bajo qué criterios se autorizó la operación.
El episodio ocurre, además, mientras el puerto de Ushuaia permanece intervenido por el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La provincia viene cuestionando judicialmente esa medida y reclamando recuperar la administración de una terminal que considera estratégica para el Atlántico Sur.
Ahora, bajo administración nacional, un buque de la bandera de la potencia que ocupa las Malvinas pudo amarrar en el puerto de la capital fueguina.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, calificó la situación como inédita y señaló que el VS Promise habría llegado luego de cargar petróleo en Río Cullen. La provincia intenta establecer además qué empresa contrató al buque y cuál será su destino final.
La cuestión Malvinas no es ajena a este entramado. Las islas continúan bajo dominio británico, mientras el Reino Unido explota recursos del Atlántico Sur y sostiene allí una presencia militar y estratégica. La zona tiene además una importancia creciente por sus recursos naturales y por su proyección hacia la Antártida.
En ese contexto, la política del Gobierno de Milei resulta cada vez más difícil de separar de los intereses de las potencias.
Hace pocos meses quedó expuesta otra escena que permite leer este episodio. En la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, el Gobierno nacional prohibió que los hinchas argentinos ingresaran al estadio de Atlanta con banderas, remeras o carteles vinculados al reclamo por Malvinas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó la decisión señalando que “las Malvinas son argentinas” constituía un mensaje político. La bandera argentina y la inglesa, en cambio, sí estaban permitidas.
Para el Gobierno, la consigna “Las Malvinas son argentinas” era demasiado política para un partido contra Inglaterra. Unos meses después, un buque de bandera británica puede amarrar en Ushuaia.
No hay que olvidar que Milei hizo de su alineamiento con Estados Unidos uno de los ejes de su política exterior. En 2024 recibió en Ushuaia a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en una demostración del vínculo estratégico con Washington. Tampoco es menor que el Presidente haya reivindicado públicamente a Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de Malvinas.
No se trata, entonces, de un episodio aislado ni de una discusión sobre la bandera de un barco. Hay una política de fondo: mientras el Gobierno profundiza su alineamiento con las potencias, los recursos estratégicos del Atlántico Sur aparecen cada vez más integrados a los intereses de grandes empresas internacionales.
La propia intervención del puerto de Ushuaia termina ofreciendo una postal difícil de disimular: Nación concentra el control de una terminal estratégica y, bajo esa administración, se habilita la operación de una embarcación británica.
La pelea por Malvinas está inseparablemente ligada a la pelea contra el colonialismo y contra quienes, desde la Argentina, garantizan sus negocios. Petróleo, pesca, puertos y territorio no pueden quedar sometidos a los intereses de las grandes empresas ni de las potencias que disputan el control del Atlántico Sur.
