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Faltan pocas horas para que culmine el plazo dado por un tribunal estadounidense al Gobierno de Donald Trump para que justifique legalmente el operativo militar y bombardeos contra pequeñas embarcaciones que comenzó en septiembre de 2025 en las aguas del Caribe y del Pacífico.
El pasado 30 de septiembre, el juez federal Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fijó un lapso de 14 días para que la Administración de Trump explique las razones del uso de la fuerza letal en sus operaciones en la región latinoamericana.
Así, la Justicia estadounidense exige que el propio Gobierno analice la autoridad del presidente para ordenar acciones militares de este tipo.
Bombas sin pruebas
El pasado 2 de septiembre de 2025 comenzaron las operaciones contra embarcaciones artesanales, catalogadas de 'narcolanchas' por las autoridades estadounidenses. Washington defiende estos ataques como parte de su lucha contra el "terrorismo" y narcotráfico, aunque, hasta el momento, no ha presentado pruebas fehacientes que respalden ese tipo de actuaciones que han causado la muerte de más de 200 personas.
Ante la ausencia de evidencia legal sobre las supuestas actividades ilícitas de las víctimas, los familiares acusan a la Casa Blanca de matar a personas inocentes. Además, sus muertes han sido calificadas como violación de los derechos humanos por organismos internacionales como Naciones Unidas.
Del mismo modo, otras voces de peso internacional, como el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, han tachado estos ataques de "ejecuciones extrajudiciales" contra personas de origen humilde sin que hubiera el debido proceso conforme al derecho internacional, los acuerdos entre países y las leyes locales. Asimismo, mostraron su rechazo Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de México y Brasil.
Los hechos más polémicos
Entre los sucesos más polémicos se encuentra la desaparición de, por lo menos, ocho pescadores mexicanos en febrero de 2026. Mientras que las fuerzas estadounidenses afirmaron haber neutralizado 11 supuestos narcoterroristas, familiares y organizaciones locales denunciaron que las víctimas eran trabajadores civiles.
En medio de estas acciones militares hostiles, en enero de 2026, dos familias de Trinidad y Tobago demandaron a EE.UU. por la muerte de dos personas el pasado 14 de octubre de 2025
Meses antes, los allegados de un pescador colombiano asesinado en otro bombardeo también decidieron presentar una denuncia formal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el bombardeo de la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina, desaparecido desde el 15 de septiembre de 2025.
Al respecto, el abogado defensor de este caso, Dan Kovalik, afirmó: "Yo lo describiría como un asesinato a sangre fría. Es decir, en un momento dado, Pete Hegseth [secretario de Guerra] incluso admitió que no conocían la identidad de las personas a las que estaban asesinando".
Por otra parte, EE.UU. tampoco ha dado su versión tras el ataque al menos a tres embarcaciones de Ecuador. Los supervivientes denunciaron tortura y secuestro por parte de hombres armados estadounidenses.
Posteriormente, Alexandra Bravo, la fiscal que investigaba las voladuras de las lanchas, fue asesinada a tiros en Manta a manos de un sicario.
