La desigualdad social no es una ley de la naturaleza. Cinco medidas podrían reducir la brecha entre ricos y pobres.
DW-
Helle Jeppesen.- La buena noticia es que la desigualdad entre los países del Sur y los del Norte está disminuyendo a medida que aumenta el producto interno bruto, especialmente en los países emergentes. La mala noticia es que en los países de todo el mundo, la brecha entre los ricos y los pobres se está ampliando. Pero la desigualdad no es una ley de la naturaleza. Existen medidas tanto políticas como económicas para combatir la desigualdad.
Progresividad
y evasión tributaria
La progresividad
tributaria grava los altos ingresos a un mayor porcentaje que los bajos.
El principio de la progresividad es la medida más eficaz para la redistribución
de ingresos dentro de una sociedad. En muchos países, sin embargo, los ingresos
del trabajo se gravan a una tasa más alta que los ingresos provenientes de
activos como las participaciones accionarias. La reforma fiscal del presidente
Donald Trump va en esa línea. Eso produce una redistribución desde abajo hacia
arriba en lugar de a la inversa.
La evasión de
impuestos también es un gran problema. La Comisión de la Unión Europea estima
que los estados miembros pierden entre 50 y 70 mil millones de euros cada año
debido a trucos legales por parte de los acaudalados y las grandes
empresas. Un regreso al principio de la progresividad y un sistema en el que
los ricos pagan más que los pobres podría financiar inversiones gubernamentales
en educación y salud, por ejemplo.
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| Prosperidad y pobreza, lado a lado. |
El que daña
debería pagar
Hoy en día la
economía trabaja a nivel global. Las materias primas se compran donde menos
cuestan, luego se fabrica el producto en países con salarios bajos y se vende
en todo el mundo. Las ganancias se gravan luego donde sea más favorable: en los
llamados paraísos fiscales. Sin embargo, los costos de estas cadenas de
producción globalizadas son pagados por los ciudadanos y el medio ambiente.
Una
obligación de pagar impuestos en los lugares de producción y un registro
mundial para impedir la evasión fiscal y el lavado de dinero podrían asegurar
los recursos para inversiones públicas. La responsabilidad directa de las
empresas por daños ambientales sería un incentivo para la producción de
productos más respetuosos con el medio ambiente.
