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| ONU-Manuel Elias -Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. |
Bachelet
inició su intervención sobre Colombia instando al Gobierno a aplicar de manera
integral la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), tras
cumplirse dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las
FARC-EP.
Respecto a la
decisión del presidente de colombiano, Iván Duque, de impugnar seis artículos
de la ley que regula la JEP, alentó tanto al poder ejecutivo como al
legislativo a “debatir y examinar esos artículos de manera rápida y minuciosa”,
ya que de establecerse una pronta resolución “permitirá funcionar a la JEP de
manera más independiente, al tiempo que reforzará la seguridad jurídica de las
víctimas”.
Del mismo
modo, mostró su preocupación por los asesinatos de defensores de los derechos
humanos. Su Oficina documentó 110 asesinatos durante el año pasado, una cuarta
parte de ellos indígenas o afrocolombianos. Asimismo, señaló haber recibió
informes de 27 asesinatos adicionales durante el año 2019.
“Muchos defensores
de los derechos humanos son atacados por apoyar aspectos del Acuerdo de Paz,
como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de
sustitución de cultivos ilícitos. A menudo se desconoce a los autores
intelectuales de estos asesinatos y, en consecuencia, se benefician de la
impunidad”.
Al mismo
tiempo, aplaudió la reanudación de las reuniones de la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad y dijo que su Oficina continuará “prestando asistencia
al Estado para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos
y otras personas, y para impulsar la rendición de cuentas”.
Guatemala: Retirada del Acuerdo de la CICIG
En Guatemala,
pese a destacar algunos avances importantes en el ámbito judicial por las
graves violaciones a las garantías fundamentales ocurridas durante las más de
tres décadas de conflicto interno, expresó su inquietud por las “crecientes
amenazas” a la independencia del poder judicial y la protección de sus
miembros, “como los jueces que presiden juicios cruciales por corrupción y
justicia transicional” y los del Tribunal Constitucional”.
Igualmente,
manifestó su preocupación por la decisión del ejecutivo guatemalteco de
retirarse del acuerdo por el cual se estableció la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que la medida podría significar
“un retroceso muy significativo en la lucha por erradicar tanto la corrupción
como la impunidad en el país”.
O por la
posibilidad de que acabe aprobándose el proyecto de ley que tiene por objetivo
modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, vigente desde la
firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y que dio lugar a la finalización de
36 años de conflicto armado interno, que prevé una amnistía general y
conllevaría la liberación inmediata de todas las personas detenidas por delitos
cometidos durante el conflicto.
Honduras
En relación
con Honduras, lamentó que el diálogo nacional concluyera el pasado mes de
diciembre sin acuerdos. “No obstante, fue un momento importante para el país, ya
que permitió que se escucharan muchas voces y que se celebraran importantes
debates”.
A su vez,
indicó que se deberían adoptar nuevas medidas con el objetivo de desmilitarizar
el orden público y establecer un cuerpo de policía civil profesional y responsable
debidamente supervisado y capacitado.
Encomió los
esfuerzos por establecer un Fiscal Especial para la Protección de los
Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas y las Personas Responsables de
la Administración de Justicia, pese a observar un patrón de criminalización de
los defensores de los derechos humanos.
En último
lugar consideró “esencial” establecer políticas basadas en los derechos humanos
que aborden las causas de la emigración del país.
