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Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico son injustificables

ONU Ginebra -
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos. (Archivo)

Los ataques aéreos que lleva a cabo Estados Unidos desde principios de septiembre contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico y que han matado a al menos 60 personas violan las leyes internacionales de los derechos humanos, declaró este viernes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, dijo Volker Türk, aludiendo al argumento estadounidense de que las naves bombardeadas transportaban drogas hacia su territorio.

Pese a las decenas de muertos -de nacionalidad venezolana, colombiana y trinitaria-, Washington no ha presentado pruebas que sostengan sus acusaciones.

Türk insistió en que los asaltos a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico “no tienen justificación alguna en el derecho internacional”.

La lucha contra el narcotráfico debe respetar la ley

Según el gobierno de Estados Unidos, esas acciones forman parte de operaciones necesarias contra el narcotráfico y el terrorismo, y se ajustan al derecho internacional humanitario.

El Alto Comisionado refutó esa aseveración, recordando que el combate al tráfico ilícito de drogas a través de las fronteras internacionales es una cuestión de aplicación de la ley.

Esa lucha debe regirse por las estrictas limitaciones al uso de la fuerza letal establecidas en las leyes internacionales de derechos humanos, que solo permiten esas acciones como “último recurso contra personas que representan una amenaza inminente para la vida”, añadió.

“Ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otros ni justificar de otro modo el uso de la fuerza letal contra ellas según el derecho internacional”, recalcó Türk.

Estados Unidos es parte de los tratados antinarcóticos

Si bien el combate al narcotráfico es complejo, Estados Unidos debe respetar el derecho internacional y apegarse a las estipulaciones de los tratados antinarcóticos aplicables de los que es parte ese país.

El Alto Comisionado instó al gobierno estadounidense a mantener el uso de métodos policiales bien establecidos para responder al presunto tráfico ilícito, incluyendo la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos conforme a las normas penales aplicables.

Volker Türk también pidió la investigación pronta, transparente e independiente de todos los ataques con el fin de enjuiciar y castigar a las personas acusadas de delitos graves de acuerdo con los principios fundamentales del estado de derecho, como el debido proceso y un juicio justo, que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo.

Israel vuelve a bombardear Gaza: “La guerra no ha terminado

Imágenes del bombardeo del 28 de octubre en Gaza.
Imagen: Hashem Zimmo/TheNews2/IMAGO

Las Fuerzas de Defensa de Israel volvieron a atacar este sábado (01.11.2025) la Franja de Gaza, de acuerdo con fuentes de seguridad de ese enclave palestino, donde se escucharon disparos del ejército israelí y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del territorio. Desde el 10 de octubre rige un precario alto al fuego en la región gracias a un acuerdo de tregua.

"Anoche escuché varias veces disparos procedentes de las fuerzas de ocupación. No tenemos comida ni agua para beber o lavarnos. La situación es crítica. La tregua ha comenzado, pero la guerra no ha terminado", denunció a la agencia de noticias AFP Hisham al Bardai, un padre de familia de 37 años. Desde el inicio del acuerdo, Israel ha lanzado dos bombardeos masivos contra Gaza, el 19 de octubre y 28 del mismo mes.

"La vida no tiene sentido", dijo Sumaya Dalul, de 27 años, tras los últimos ataques israelíes. "No tenemos dinero, ni trabajo, ni comida, ni agua, ni electricidad ni internet", añadió esta mujer que vive en Gaza con sus padres. Tras la entrada en vigor de la tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes supervivientes que seguían cautivos, e inició el proceso de devolución de los cadáveres de los rehenes fallecidos.

Cinco muertos desde el jueves

Sin embargo, los retrasos en la entrega de los cuerpos, o incluso la entrega de restos que no pertenecen a los rehenes, provocó el enojo del gobierno de Israel, que acusó a Hamás de haber violado el acuerdo. Hasta la fecha, el movimiento ha devuelto los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que aceptó entregar.

En tanto, el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas, informó que las fuerzas israelíes han matado a cinco personas y dejado nueve heridas desde el jueves, a pesar del alto al fuego. Estos datos no incluyen a las eventuales víctimas de esta jornada. Con ellos, aumentó a 226 el total de muertos desde el inicio de la tregua, a los que se suman cerca de 600 heridos.

Megaoperativo Policial en Río de Janeiro Deja Cifra Récord de 132 Muertos

La gente está de pie junto a los cuerpos con un cartel que dice "Claudio Castro
(gobernador de Río de Janeiro) asesino y terrorista". 29 de octubre de 2025
Silvia Izquierdo / AP

Una operación policial lanzada el martes (28.10.2025) en Río de Janeiro, Brasil, se ha convertido en la más letal de la historia de la ciudad, dejando un saldo de 132 fallecidos, entre ellos cuatro agentes, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional. La nueva cifra fue divulgada después de que habitantes de barrios afectados, como la favela de la Penha, se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y reunieran decenas de cuerpos en una plaza, una escena calificada de "brutal y violenta a un nivel desconocido" por activistas.

La Defensoría Pública, que ofrece asistencia legal gratuita, acompaña las búsquedas y está presente en los institutos forenses para la identificación de los cadáveres, recabando también testimonios para "contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista".

Discrepancia de Cifras y Denuncias de Violencia

La cifra de la Defensoría Pública contrasta fuertemente con los reportes oficiales iniciales. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reconoció públicamente solo 58 muertos hasta el momento, aunque admitió que la cifra "seguro" cambiará. El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, había reportado 121 muertos, superando el reporte inicial de 64. La exposición de los cuerpos sin identificar por parte de los vecinos en la Plaza de San Lucas, todos hombres sin ropa ni zapatos, convirtió la desconfianza en certeza sobre el verdadero alcance de la masacre.

La gente acompaña los cuerpos desperdigados en una favela de
Río de Janeiro, tras un operativo policial. 29 de octubre de 2025
Wagner Meier / Gettyimages.

La operación, que contó con el apoyo de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil, en los complejos de favelas de la Penha y del Alemão. El Gobierno regional defendió la acción como "necesaria" tras la "reacción" de los sospechosos, reportando la detención de 81 individuos y la incautación de 93 fusiles y media tonelada de drogas. La acción provocó el cierre de escuelas y centros de salud, además de interrupciones en el transporte.

Reacción a Nivel Federal

La cuestionada acción policial fue calificada por el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, como "extremadamente cruenta" y "especialmente violenta". Lewandowski indicó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó "aterrado" por la cantidad de muertos y "sorprendido" por no haber sido notificado de la operación por las autoridades regionales. El ministro anunció una investigación para verificar si la acción "es compatible con el Estado democrático de derecho" y evalúa el apoyo del Gobierno Federal a la seguridad en el estado, así como a la población duramente impactada.

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