20MINUTOS- Era una red fraudulenta
de casas de acogida para niños supuestamente maltratados por sus padres
biológicos. El alcalde de Bibbiano (Italia) ha sido detenido junto a
educadores, asistentes sociales, psicólogos y políticos.
Decenas de niños han sido separados de sus
padres durante la última década en el pueblo italiano de Bibbiano, víctimas de
una red fraudulenta cuyo objetivo era ingresar dinero con consultas privadas,
cursos de formación y casas de acogida.
Este grupo, conformado por médicos,
educadores, asistentes sociales y con la complicidad de algunos políticos, falsificaba
los dibujos de los niños que acudían a terapia añadiéndoles detalles de
carácter sexual con el fin de determinar delante de un juez que los menores
sufrían abusos por parte de sus familias biológicas.
La investigación que se dirige desde unos
juzgados Reggio Emilia y de la que se ha hecho eco el diario 'LaStampa', ha
recibido el nombre de 'Ángeles y Demonios'. En ella se detalla el "lavado
de cerebro" que sufrían los niños durante horas interminables de
psicoterapia, sesiones en las que los menores eran sugestionados recurriendo
incluso a descargas eléctricas, a través de la llamada "maquinita de los
recuerdos", un sistema que habría "alterado el estado de la memoria
de los infantes de cara a las entrevistas judiciales".
En la orquesta de este dramático teatro
participaba el alcalde de Bibbiano, Andrea Carletti, que fue detenido este
jueves 27 de junio, en el marco de una operación policial en la que se han
puesto en marcha 18 medidas cautelares y por la que seis personas se encuentran
en arresto domiciliario, entre ellas asistentes, educadores, psicólogos y
coordinadores de servicios sociales. A otras ocho personas se les ha prohibido
temporalmente el ejercicio de sus actividades profesionales. Además, una pareja
de acogida, acusada de maltrato, no podrá acercarse a un menor que se les fue
entregado.
En el transcurso de las pesquisas, la policía
italiana ha encontrado numerosos regalos y cartas llenas de mensajes de cariño
que los padres naturales, durante muchos años, habían escrito a sus niños a los
que no podían ver ni con los que se podían comunicar por teléfono. Este
material nunca llegó a los pequeños, ya que permanecía escondido en un almacén
por el personal de los servicios sociales. Estas maniobras, según los
investigadores, se traducían en un "negocio ilegal de varios de cientos de
miles de euros de los cuales se beneficiaban algunos de los sospechosos,
mientras que otros se beneficiaban de diferentes formas de las actividades
derivadas de la gestión de los menores a través de la financiación
regional". Gracias a estos fondos se organizaban numerosos cursos de
formación y contenidos alrededor de una organización sin ánimo de lucro (Onlus)
según las disposiciones de la Autoridad Nacional Anticorrupción.
Los presuntos delitos van desde el
fraude procesal hasta la mala dirección, el abuso de oficio, el maltrato
infantil, falsificación de la escritura pública, la violencia privada y el
intento de extorsión, entre otros.
Hasta el día de hoy, algunos de ellos, hoy
adolescentes, se muestran afectados por este caso y se encuentran en
tratamiento por drogas y episodios de depresión.
Las indagaciones comenzaron hace un año
"después de la anómala escalada de denuncias al juez de parte de los
servicios sociales envueltos en la red, por presuntos abusos sexuales,
violencia y daños a menores por parte de sus padres naturales".
Miles de documentos falsificados han salido a la luz.
En algunos de ellos se alegaba que los niños "sufrían una patología
postraumática específica, condición por la cual los servicios sociales tenían
la responsabilidad de asumir su papel y garantizar la seguridad de los
niños".
