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El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de
2018. Está abierto a la firma de los 33 países de América Latina
y el Caribe. Una vez ratificado por 11 Estados, entrará en rigor
para todos aquellos que sean parte.
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Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer
acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el
primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre
defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
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Colombia firmó el acuerdo el 11 de diciembre de 2019 pero aún no
lo ha ratificado en Naciones Unidas, en el congreso existe un grupo
de parlamentarios que lo consideran contraproducente.
Con este tratado se hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país, aumentará la inseguridad jurídica y se multiplicarán los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento. https://t.co/WvtgMo8t0n
El país norteamericano ha sido el undécimo en ratificar el tratado regional. El acuerdo busca la protección de los defensores ambientales. La región se cobra cada año cientos de vidas de activistas medioambientales.
DW-Autor:Judit Alonso.- Por unanimidad, el Senado mexicano aprobó el jueves (05.11.2020) la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. Así, México se convirtió en el undécimo país en ratificarlo, el requisito mínimo para su entrada en vigor. No obstante, el tratado no será una realidad hasta 90 días. El Gobierno de México debe depositar su instrumento de ratificación en las Naciones Unidas.
"En México, como en otros países y la región entera, queda mucho por avanzar para una verdadera protección de personas defensoras, así como para el verdadero acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, de allí la importancia y la necesidad del Acuerdo de Escazú”, dijo a DW Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
"Escazú tiene el potencial de cambiar las reglas del juego, esperamos que nos ayude a volcar la trágica tendencia al alza de asesinatos a defensores y líderes ambientales que ha caracterizado a la región en las últimas décadas”, consideró a DW Carmen Capriles, Coordinadora General de Reacción Climática, organización boliviana participante en las negociaciones del tratado regional.
Muchos
defensores ambientales pertenecen a pueblos originarios.Según Rojas,
el tratado regional "ayuda a desestigmatizarel trabajo de
defensores y defensoras, ya que el gobierno está obligado a informar
sobre su cumplimiento”.
México,
¿un ejemplo a seguir?
Para
Puentes, la ratificación mexicana ”demuestra la voluntad de
implementar acciones al respecto”. Y agregó que "es un paso
positivo que marca un avance en el camino hacia la protección de las
personas defensoras, aunque no es final del proceso”. A su juicio,
ello se debe reflejar en acciones concretas y efectivas de
protección.
"Hace
unas semanas, el mismo Senado aprobó la eliminación del fideicomiso
para el mecanismo de protección a personas defensoras, una decisión
que disminuye significativamente la protección para estas personas,
incluyendo periodistas”, recordó. Dolores Rojas Rubio,
coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll en México,
dijo a DW que "el gobierno deberá contar con otro mecanismo
para cumplir con sus obligaciones”, y recordó que "las
personas defensoras, lo mismo que las y los periodistas, enfrentan un
entorno muy violento, en el que el mismo gobierno está rebasado por
los poderes fácticos que actúan en cada localidad”.
Aunque
Rojas aseguró que el Acuerdo de Escazú "legitima el quehacer
de las personas defensoras del ambiente”, consideró que "no
es una varita mágica”. No obstante, "elimina las barreras
institucionales para el acceso a información, para participar en
decisiones y obliga a los gobiernos a garantizar el derecho a un
medio ambiente sano” recalcó.
"Que
los ataques, incluidos los asesinatos, continúen a pesar de las
cuarentenas habla de los intereses que rodean a los bienes comunes
naturales, que no desaparecen por decreto”, opina Rojas.
¿Y
el resto de ratificaciones?
Perú
tuvo la oportunidad de dar este paso histórico hace un par de
semanas, pero la desinformación jugó en contra. "Solo se
presentaron los puntos que vulnerarían el Acuerdo, como la pérdida
de la soberanía, afirmación desmentida en el mismo texto que
reconoce en el artículo 3 la soberanía de los Estados sobre los
recursos naturales”, dijo a DW Aída Gamboa, del Programa Amazonía
de la organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
(DAR).
De
este modo, "el rechazo de los congresistas se debe a que
desconocen el acuerdo, el proceso y su historia, hay intereses
políticos y económicos, y además se ha mostrado una alianza con el
sector privado y gremios empresariales que están en desacuerdo con
el acuerdo”, explicó la experta.
No
obstante, aseguró que "la sociedad civil todavía tiene la
oportunidad de seguir realizando incidencia durante la próxima
legislatura del Congreso peruano”, confiando que dicha acción sea
fructífera. En esta línea se manifestó Ezio Costa, Director
Ejecutivo de ONG FIMA, pues "pese a que Chile no ha firmado el
Acuerdo de Escazú, tenemos una gran oportunidad de integrar sus
derechos en la nueva Constitución” que comenzará a ser redactada
en 2021, pues actualmente los defensores ambientales están
"desprotegidos”.
"Los
mapuche, como pueblo originario, históricamente han visto cómo la
imposición de un modelo de desarrollo ha destruido sus territorios y
muchas veces se ven amenazados por su rol como defensores del
medioambiente”, explicó a DW Josefina Correa, directora política
de Greenpeace Chile, quien abogó por que la nueva Constitución
chilena "debe estar llamada a incorporar los pilares del Acuerdo
de Escazú”.
"La próxima entrada
en vigor del Acuerdo sin duda es un argumento clave para reiterarle
al gobierno la necesaria incorporación por parte de Colombia.
Asimismo, la situación crítica de los defensores ambientales en el
país es uno de los principales argumentos para exigir la
ratificación inmediata del Acuerdo”, dijo a DW Vanessa Torres,
subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.
Próximos
pasos
La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se
encargará de supervisar el cumplimiento del Acuerdo, ha convocado la
Segunda Reunión de Países Signatarios del 9 al 10 de diciembre en
Antigua y Barbuda. "De igual manera se espera que pronto se
tenga la fecha de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de
Escazú, donde podrán participar los 33 países de la región”,
dijo Capriles, apuntando que se espera que esta primera conferencia
"sea el primer paso para que los países de la región
incrementen los compromisos ambientales y garanticen los derechos
humanos de los defensores y de las organizaciones involucradas”.
La
sociedad civil deberá vigilar el seguimiento del Acuerdo y exigir
que "los Estados lo implementen”, recalcó Puentes. "Nuestro
mayor indicador debe ser el que los números de ataques, amenazas y
asesinatos comiencen a bajar y los ataques sean investigados y
resarcidos", recalcó. En su opinión, "los asesinatos
siguen aumentando porque se puede, debido a la impunidad, y esto es
lo que debemos resolver de fondo”, concluyó la codirectora de
AIDA.
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1-COLOMBIA: HISTORIAS DE DEFENSORAS PERSEGUIDAS |
“Defendamos
su voz”Con
esta campaña, Oxfam Intermón quiere sensibilizar sobre la realidad
de las mujeres defensoras y activistas por los derechos humanos en
Colombia. “Tras 50 años de conflicto armado, la firma del acuerdo
no ha llevado la paz a los territorios”, denuncian. Las mujeres,
como Magalí, alzan a voz contra la violencia, la agresión sexual,
el desplazamiento forzado, la deforestación y la contaminación
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| 2 - COLOMBIA: HISTORIAS DE DEFENSORAS PERSEGUIDAS |
Fuente
de vida en peligro
En
este lugar solía correr el agua. Hoy, Janeth Pareja y Norka Ortiz se
detienen sobre las piedras en el lecho de arroyo Aguas Blancas.
Cuentan que ésta era la fuente de vida de su comunidad, hasta que el
cauce fue contaminado y desviado hasta quedar seco. Junto al grupo
Fuerza de Mujeres Wayuu luchan por los derechos de su pueblo.
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| COLOMBIA: HISTORIAS DE DEFENSORAS PERSEGUIDAS |
Defensora
y víctima
Maribel (nombre cambiado) es lideresa
comunitaria y vive oculta. Cuando su pareja intentó violar a su
hija, en octubre de 2018, ella salió a defenderla y recibió 18
machetazos. Mientras espera justicia por el ataque que casi le cuesta
la vida, participa en la Plataforma social y política para La Paz y
la incidencia de las mujeres del Caquetá.
