Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Amazon y Yahoo prevén presentar varias mociones para expresar su respaldo a Apple, en un gesto que se espera cree un frente unido en Silicon Valley en el debate abierto sobre privacidad y seguridad con el Gobierno estadounidense.
Los tambores de guerra sonarán también con fuerza en Washington, sobre todo el martes, cuando está prevista una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para debatir cómo encontrar un necesario equilibrio entre seguridad y privacidad.
Entre los que se espera testifiquen en la audiencia está el principal asesor legal de Apple, Bruce Sewell, así como el director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, y el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance.
Ninguno de los dos bandos da señales de flaqueza en la pelea que involucra un teléfono iPhone utilizado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad californiana de San Bernardino, en el que murieron 14 personas y 22 resultaron heridas, en un caso que se investiga como terrorismo.
La petición del FBI
En concreto, el FBI busca que Apple diseñe un software que le permita eliminar el sistema de seguridad instalado en el teléfono y que está programado para borrar todo el contenido del dispositivo después de diez intentos de contraseñas fallidas.
Eso permitiría a la agencia federal usar el método conocido como "fuerza bruta", que utiliza un ordenador para probar un gran número de combinaciones de contraseñas hasta dar con la adecuada.
La jueza federal Sheri Pym ordenó la semana pasada a Apple ayudar a los agentes del FBI, a lo que el gigante tecnológico con sede en la localidad californiana de Cupertino (Estados Unidos) se niega.
Uno de los principales abogados de Apple en el caso, Theodore Olson, alertó el viernes de que el ceder a la presión del Gobierno conduciría a un "estado policial". "Uno puede imaginarse a diferentes agentes del orden diciéndole a Apple que quieren un nuevo producto para acceder a algo", dijo Olson el viernes en declaraciones a la cadena de televisión CNN.
"Incluso un juez estatal podría pedirle a Apple que diseñe algo. No habría punto final. Conduciría a un estado policial", afirmó el abogado.
"Es muy fácil decir que hay un caso de terrorismo y que, por lo tanto, uno tiene que hacer todo lo que diga el Gobierno, pero uno no quiere violar las libertades civiles que todos celebramos simplemente porque usen la palabra terrorismo", insistió Olson.
Apple adujo en su respuesta formal a la jueza Pym el jueves que la "orden sin precedentes" del Gobierno para que Apple le ayude a acceder a los datos en uno de sus iPhones "no encuentra apoyo en la ley y violaría la Constitución".
El gigante de Cupertino cree que el asunto debería dirimirse en el Congreso, opinión que comparten algunos de sus rivales tecnológicos como Microsoft, que sostiene que la ley del siglo XVIII en la que se apoya el caso legal del Gobierno contra Apple está desfasada.
"No creemos que los tribunales deban de intentar solucionar asuntos de la tecnología del siglo XXI con leyes que se escribieron en la era de la máquina de sumar", dijo el jueves en una audiencia en el Congreso el principal asesor legal de Microsoft, Brad Smith.
Apple, mientras tanto, dice estar dispuesta a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo.
