El Gobierno de Puerto Rico deberá pagar de forma inmediata facturas atrasadas que debe su Departamento de Salud a las empresas encargadas de atender a las personas con discapacidad mental, dictaminó este viernes el juez federal estadounidense Gustavo Gelpi, informa Associated Press.
Según el juez, su sentencia parece ser la única manera de proteger los derechos de una población con necesidades especiales en medio de un panorama de crisis económica que está empeorando. "De lo contrario, el efecto para estas personas serán devastadores e irreparables", apunta Gelpi en la orden judicial.
Asimismo, el magistrado convocó una reunión de emergencia con funcionarios de alto rango del Estado para la semana que viene, advirtiendo que tomará medidas adicionales si no se resuelve la situación.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Salud de la isla, Yaritza Ortiz, aseguró que el lunes y el martes que viene la agencia emitirá cheques a proveedores. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Puerto Rico señaló que no se desembolsará el dinero hasta la semana que viene.
Los organismos públicos, entre los que se incluye el Departamento de Salud, se han visto obligados a decidir cómo gestionar los ingresos cada vez más escasos que reciben, lo que provoca que muchos de los proveedores del Gobierno puertorriqueño hayan dejado de cobrar desde hace meses.
La condena llega en un momento en el que la Administración puertorriqueño se empieza a quedar sin liquidez para hacer frente a una deuda pública que excede los 70.000 millones de dólares.
