La
empresa estadounidense reclama por las nacionalizaciones que
emprendió el entonces presidente Hugo Chávez y que afectaron sus
activos en suelo venezolano.
actualidad.rt.-
El tribunal arbitral del Banco Mundial (BM) anuló la decisión que
ordenaba al gobierno de Venezuela, pagar 1.400 millones de dólares a
la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp, por nacionalizar sus
activos, informó 'Reuters'.
George
Kahale, abogado que representó a Venezuela ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) declaró: "estábamos seguros de que nuestra posición
era correcta y estamos muy contentos de la decisión del comité".
El fallo emitido por el CIADI indica que "partes del laudo"
fueron anulados, aunque no ofrece detalles sobre las cifras.
El
año 2015 este tribunal arbitral congeló los pagos que Venezuela
debía hacerle a la petrolera estadounidense, luego que Caracas
demandara la nulidad de esa decisión.
Exxon no se rinde
La
empresa Exxon Mobil, inició un proceso contra Venezuela por la
nacionalización, que el entonces presidente Hugo
Chávez,
hiciera de los proyectos 'La Ceiba' y 'Cerro Negro', operados por la
estadounidense en territorio del país latinoamericano. Todd Spitler,
un portavoz de Exxon citado por la agencia aseguró que la petrolera
"continuará evaluando sus derechos legales y determinará los
próximos pasos".
En
Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro, emitió un comunicado,
donde que destaca que el CIADI reconoce la legalidad de las
nacionalizaciones adelantadas por el gobierno. "Esta acción del
CIADI reconoce el apego legal de la decisión emanada de las
autoridades venezolanas competentes sobre la naturaleza jurídica de
la participación de la ExxonMobil en el Proyecto Cerro Negro".
Agrega el texto que el Estado venezolano cumplirá "a cabalidad
esta decisión, que representa un triunfo judicial incontrovertible"
en defensa de sus "derechos soberanos e irrenunciables".
Además,
le expresa a la Exxon Mobil "y a las empresas internacionales"
que tienen operaciones en Venezuela, la "disposición a seguir
trabajando juntos (…) en el marco jurídico nacional y del Derecho
Internacional".
