Connectas.- La nueva filtración de un
millón de documentos del cuestionado bufete panameño Mossack Fonseca, pone al
descubierto el tras bambalinas de lo que sucedió después de las primeras
revelaciones periodísticas en abril de 2016.
Además de las repercusiones
penales y tributarias en 79 países, para atender el volumen de reclamos,
aclaraciones o exigencias de clientes colombianos, la firma tuvo que crear lo
que llamó el “Proyecto Colombia”, entre otras acciones, para recaudar
información que no conocía de sus clientes.
El 3 de abril de 2016 se desató una
tormenta en el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) por la
filtración de 11.5 millones de documentos de sus clientes. Obtenidos por el
diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y revisados por
un centenar de medios en el mundo, los archivos dejaron al desnudo secretos
económicos de jefes de Estado, políticos, empresarios, deportistas o artistas.
La firma panameña quedó expuesta como depositaria de esos secretos,
aprovechando las leyes laxas de ese país en asuntos financieros.
Según autoridades de diversas
naciones, también quedaron en evidencia prácticas del buffete para ayudar a
evadir impuestos, y se adelantan procesos judiciales para determinar si además
se facilitaban delitos como lavado de dinero. Los reflectores fiscales y
penales de distintos países buscan determinar si los directivos de Mossfon y
sus empleados conocían las irregularidades. Tras la investigación periodística
y las pesquisas de las autoridades, los abogados emprendieron un plan de
contingencia con largas jornadas de trabajo, para responder solicitudes o hacer
correcciones, buscando decirle al mundo que todo estaba en regla.
Los detalles de ese “tras
bambalinas” empresarial después de la primera filtración de documentos en abril
de 2016, se conocen ahora gracias a una nueva entrega de los Panama Papers.
Esta vez, el diario alemán Süddeutsche Zeitung logró 1.2 millones de
documentos, que igualmente compartió con el ICIJ, y que fueron evaluados por la
alianza periodística entre El Espectador y la plataforma de periodismo
colaborativo CONNECTAS. En el análisis y el procesamiento del segundo capítulo
Colombia participaron los periodistas Pilar Cuartas, Edilma Prada, Sol Lauría, Priscila
Hernández y Carlos Eduardo Huertas.
A través de decenas de correos
electrónicos, muchos de los dueños de sociedades offshore que aparecieron en
los informes de la primera filtración, reclamaron a Mossack Fonseca. Algunos se
quejaron de que, “por falta de cuidado, los habían puesto en una posición
compleja”. Otros admitieron que “accionistas se vieron en la necesidad de dar
explicaciones”. Incluso hubo quienes, más preocupados por las revelaciones,
exigieron certificaciones para quedar bien parados en eventuales citaciones de
autoridades fiscales, y señalaron de “negligencia” a la compañía que les
provocó “problemas mayúsculos”.
Como la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) empezó a indagar a quienes figuraron en la base de
datos, proliferaron las peticiones de información de clientes colombianos a
Mossack Fonseca. “Para atender solicitudes de la DIAN y de los bancos, que como
ustedes saben están originadas en la publicación de los Papeles de Panamá,
deseamos solicitarles que nos permitan una constancia de que estas sociedades
fueron liquidadas”, se lee en uno de los mensajes. Otro cliente reconoció que
ya paga sanciones a la DIAN. Algunos preguntaron si la firma había reportado
sus nombres a la autoridad fiscal.
El tsunami provocado por las
revelaciones de 2016 y la falta de suficiente información sobre los
antecedentes de sus clientes, llevó a la firma Mossfon a abrir una operación
especial denominada “Proyecto Colombia”, para conocerlos al cien por ciento. La
estrategia consistió básicamente en cubrir sus vacíos de información y requerir
documentación sobre la procedencia de los fondos, pruebas de residencia o
copias de pasaportes, entre otros aspectos específicos. Con estas solicitudes
quedó en evidencia que Mossfon no conocía completamente a sus clientes y que
tampoco fue riguroso a la hora de aceptarlos.
El 21 de mayo de 2016, una
comunicación interna del bufete de abogados admitió que, de sus 10.551
sociedades registradas en Panamá, en el 75 por ciento de ellas desconocía
quiénes eran sus beneficiarios. En Islas Vírgenes Británicas, donde Mossfon
también tenía una sede, el desconocimiento de los verdaderos dueños de sus
28.427 sociedades activas llegó al 72 por ciento. Sobre la oficina de Colombia,
cerrada en 2017, tras la lectura de uno de los correos enviados por empleados
de Mossfon, se concluye que existió la costumbre de registrar sociedades con
clientes que nada tenían que ver con ellas.
Uno de los clientes colombianos que
pidió certificación para entregar a la DIAN fue el exalcalde de Sincelejo Jesús
Antonio Paternina Samur. En septiembre de 2016, el político sucreño, que negó
su vínculo con una empresa en Panamá cuando se conocieron las revelaciones,
pidió a Mossfon un certificado de inactividad y ausencia de bienes de su sociedad
Willowmead Holdings. Cuando el bufete recibió esa petición, revisó los
antecedentes de su cliente y pidió explicaciones sobre una información. Según
el portal La Silla Vacía, Paternina enfrentó acciones en la Fiscalía y la
Procuraduría por desbordar los topes de su campaña política en 2007 y mentir al
Consejo Nacional Electoral.
 |
| Jesús Paternina. Ilustración: Jonathan Camilo Bejarano |
El exalcalde envió una declaración
juramentada para argumentar que esas pesquisas no querían decir que él fuera
culpable. A Mossfon no lo convenció su respuesta y el 13 de marzo de 2017
renunció a ser agente residente de Willowead. “Esa sociedad se creó para
prestar servicios de consultoría y asesoría en temas de administración pública.
Solo se creó en papeles. Jamás se consignó capital ni se abrió cuenta. No tiene
activos ni pasivos. Fue liquidada a raíz del bololó (Panama Papers). La DIAN
nos investigó y por eso pedí la certificación. Esa investigación ya se
archivó”, respondió Paternina a El Espectador y CONNECTAS.
Otra de las solicitudes a Mossfon
después de los Panama Papers la remitió el senador Juan Samy Meregh Marun, un
empresario pereirano que siguió los pasos políticos de su hermano Habib. Este
último ha evadido la justicia tras acumular señalamientos de presuntas relaciones
con paramilitares y narcotraficantes, y de haber sido sindicado de la compra
irregular de baldíos en Vichada. El nombre de Juan Samy Meregh aparece asociado
a las compañías panameñas Ardle International S.A., abierta el 13 de enero de
2015, y Millenio Holding Propert S.A., registrada el 20 de diciembre de 2013,
cuando ya oficiaba como congresista por el Partido Conservador.
El 11 de abril de 2016, el senador
Juan Samy Merehg pidió a Mossfon “cambiar las acciones de las dos sociedades”
para que quedaran a nombre suyo, con fecha de cambio retroactivo a mayo de
2015. Al respecto, una de las empleadas de Mossfon mencionó: “Al cliente hay
que preguntarle el porqué del cambio de acciones con fechas retroactivas (…)
y encontré unos resultados adversos”. ¿Por qué Meregh quería una fecha
retroactiva para los documentos de sus sociedades? La alianza periodística El
Espectador-CONNECTAS se lo preguntó al senador, pero no obtuvo respuesta.
 |
| Juan Samy Merheg. Ilustración: Jonathan Camilo Bejarano |
Hace dos años, tras la primera
publicación de Panama Papers, Meregh aseguró que Ardle International S.A. se
creó para “identificar y adelantar oportunidades de negocios en el exterior”,
pero insistió en que “nunca ha desarrollado actividades, no ha realizado ningún
tipo de inversión, ni ha aperturado cuentas bancarias en instituciones del
exterior”. Es decir, en palabras del propio Meregh, “dicha sociedad no ha sido
utilizada para ningún propósito, ni comercial ni familiar”. Sin embargo, sus
respuestas dejan dudas porque únicamente se refirió a Ardle International S.A.
y nada agregó sobre Millenio Holding Propert S.A.
Hernán Maestre Castro es otro
personaje poderoso en los liderazgos regiones de la costa Caribe y reapareció
en los documentos filtrados para esta segunda versión de Panama Papers.
Actualmente es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de
Barranquilla y fue gerente de la campaña de reelección del presidente Juan
Manuel Santos en 2014. Aunque en la primera filtración de los papeles de
Mossfon, en abril de 2016, Hernán Maestre negó tener empresas en Panamá, en
junio de 2016 pidió reactivar la sociedad Mikron Equities, donde aparecía como
accionista. Luego se arrepintió de hacerlo.
“Al momento de la constitución de
Mikron Equities S.A., los accionistas eran personas que nunca usaron esa
sociedad y la devolvieron a Mossfon. Así quedó libre y con mis hermanos la
adquirimos. Sin embargo, su proceso de activación nunca se completó, pues
Mossfon solicitó información sobre mí que no se suministró. En junio de 2016
quisimos liquidarla, pero para hacerla había que reactivarla. Desistimos
de hacerlo y continuamos sin pagar anualidades de mantenimiento para que las
autoridades registrales la dieran de baja. En síntesis, esa sociedad siempre
estuvo inactiva, nunca fue utilizada”, afirmó Hernán Maestre a esta alianza.
 |
| Hernán Maestre. Foto: Jonathan Camilo Bejarano |
A la par de las solicitudes de los
clientes a Mossfon tras las revelaciones de Panama Papers, la DIAN incrementó
sus averiguaciones y detectó cuatro grupos de empresas vinculadas con Mossfon.
Las que establecieron sociedades en el exterior sin irregularidades; las que
crearon empresas de papel, pero no evadieron impuestos; las que giraron dinero
al exterior con facturas y contratos válidos y, finalmente, aquellas que usaron
documentos falsos y facturas ficticias. Estas últimas comprenden un capítulo
aparte que pasaron a ser investigadas por la Fiscalía.
Esta pesquisa concluyó que Mossfon
ofrecía un entramado financiero y societario que vendía facturas falsas a empresas
nacionales a través de sociedades en el exterior. Esas compañías registraban
gastos en su contabilidad por servicios no prestados. Por este “modus operandi”
fueron capturados en octubre de 2017 Juan Esteban Arellano, ex representante de
Mossfon en Colombia, y Luz Mary Guerrero, una de las dueñas de Servientrega.
Cuando fue capturada Guerrero, Mossfon renunció a ser agente residente de sus
nueve sociedades offshore. Según las pesquisas, a través de ellas se habrían
sacado del país 14.000 millones de pesos. Por casos similares al de
Servientrega, el capítulo Colombia ya suma 44 personas imputadas. La mayoría
revisores fiscales, representantes legales o contadores.
Mossfon también ofreció su
cuestionado servicio de refacturación a sociedades del empresario Carlos
Gutiérrez Robayo. Gutiérrez creó 15 compañías en Islas Vírgenes Británicas. El
28 de enero de 2014, una empleada de Mossfon escribió en un correo electrónico
que se reunió con una abogada de la firma Trenaco, que tenía como socio a
Gutiérrez. “Le mencionamos nuevamente el tema de refacturación para que se lo
proponga al gerente y puedan sacar los excedentes de dinero de la compañía.
Quedó muy interesada y me dijo que me contaba la respuesta de su jefe”, se lee
en el correo. En respuesta a un cuestionario, Gutiérrez dijo que Trenaco
en Colombia no usó ese servicio de refacturación y que sus 15 sociedades
offshore están liquidadas. Por el cese del pago de sus deudas, la
Superintendencia de Sociedades decretó el 19 de septiembre de 2016 el inicio de
la liquidación judicial de Trenaco, transportadora del sector petrolero. Al
cierre del primer semestre, la compañía reportó activos por 41.242 millones de
pesos, pasivos por 109.276 millones y patrimonio negativo del orden de los
68.034 millones. Desde septiembre de 2014, Mossfon renunció a ser agente
residente de las compañías de Gutiérrez tras artículos de prensa sobre su
posible injerencia en negocios del Distrito. Sin embargo, un año después,
Mossfon aceptó como cliente a Jairo Gutiérrez Robayo, hermano de Carlos
Gutiérrez. Los documentos prueban que fue beneficiario de la sociedad “Utari
sociedad anónima”, registrada el 2 de octubre de 2015 en Costa Rica. “Se tuvo
la intención de que fuese utilizada como vehículo para el manejo y
administración de un proyecto en etapa de estructuración. No obstante, no se
materializó y, por tanto, no podría ser beneficiario de la misma. La revisión a
la sociedad para su legalización conllevó más tiempo del inicialmente previsto,
lo que generó el desistimiento”, comentó Jairo Gutiérrez
Mossfon también renunció a ser el
agente residente de polémicos clientes como Leo Eisenband Gottlieb, dueño de la
empresa Fedco, procesado por supuestas irregularidades en la compra del centro
comercial Villa Country en Barranquilla; y del empresario Juan Gonzalo Ángel,
exdueño de CableNoticias, hermano de Guillermo “Guillo” Ángel, reconocido
narcotraficante de los años 80 que hizo parte del grupo de los llamados 12 del
patíbulo, quienes negociaron con la Fiscalía sus cuentas judiciales a cambio de
aportar información clave para desmantelar la estructura criminal del capo
Pablo Escobar Gaviria.
En síntesis, como lo refiere la
Fiscalía, con colaboración de la DIAN y las autoridades de Panamá, hasta ahora
son 14 las sociedades colombianas rastreadas por la transferencia irregular de
recursos al exterior o falsificación de contabilidad, lo cual se traduce en
imputaciones a 44 personas naturales vinculadas al escándalo Panama Papers. De
estas causas la que ha sido más visible es la captura de Luz Mary Guerrero,
accionista y representante de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A., y
dos de sus asesores: Sara Guavita Moreno, ex representante legal suplente de
Servientrega; y Jorge Humberto Sánchez Amado, ex revisor fiscal de Efectivo
Ltda y Circulante S.A.
 |
| Luz Mary Guerrero. Foto: Jonathan Camilo Bejarano |
Según la Fiscalía, por diversos
cargos, han tenido que comparecer ante la justicia, de la firma Inversiones
Zambrano Pinzón Asociados S.A.S., su representante legal, Pedro Julio Zambrano;
el contador Juan Víctor Rozo; y la revisora fiscal Ángela Rocío Rincón. Con
funciones similares, también han sido vinculados a procesos penales directivos
o empleados de las sociedades Artextil S.A., El Heraldo S.A., Rymel Ingeniería
Eléctrica S.A.S., Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S., Broquel S.A.S.,
Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumos S.A.,
MAS S.A.S., Moreno Restrepo S.A. y FAACA S.A.S.
De igual manera, la publicación de
los Panama Papers en abril de 2016 ha permitido abrir investigaciones en 79
países, donde se evalúan casos de evasión fiscal o lavado de dinero. Según el
ICIJ, al menos 500 bancos y sus filiales registraron empresas fantasmas a
través de Mossfon. El escándalo ha repercutido en los cinco continentes, con capítulos
incidentes como la caída del primer ministro de Islandia, Sigmundur
Gunnlaugsson, quien renunció luego de demostrarse que él y su esposa tenían una
compañía en Islas Vírgenes Británicas, no declarada antes de entrar al
parlamento.
A nivel de América Latina, los
Panama Papers han tenido repercusión en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Venezuela, Colombia y, por supuesto, Panamá. En este último
país, el escándalo se centró en la debacle de Mossfon que llegó a tener
45 oficinas en el mundo, y la captura de sus socios fundadores Jürguen Mossack
y Ramón Fonseca. Ambos fueron arrestados a comienzos de 2017, pero por sus
nexos con el proceso de origen brasilero Lava Jato, relacionado con la apertura
de cuentas bancarias en paraísos fiscales para que Odebrecht canalizara los
pagos de sus sobornos.
Desde Panamá, Guillermina McDonald,
abogada de Mossfon para los temas penales reconoció que ha sido un duro golpe
para la firma panameña, pero que “todo no se puede cerrar como quien apaga una
luz”. La abogada McDonald explicó que la mayoría de los trabajadores tenía
entre 20 y 30 años de trabajo con Mossfon, y para ellos el impacto ha sido tan
difícil como para sus promotores, que ya son abuelos. “El licenciado Mossack se
siente muy mal porque lo tienen estigmatizado como un delincuente, y él sabe
que no lo es, y los que trabajaron con él tampoco”, afirmó la abogada.
“En Panamá la firma Mossack Fonseca no
es la única que se dedica al derecho corporativo”, insistió Guillermina
McDonald en defensa de su cliente, y aseguró que el ataque viene de quienes
pretenden que Mossfon sea recaudador de impuestos, pues otros utilizaron sus
estructuras para ocultar bienes y no pagar tributos. La abogada se quejó de que
la denuncia interpuesta por el bufete por hackeo de su base de datos, no
prosperó en la justicia. “Además, lo absurdo es que las fiscalías
panameñas repitan cosas que dice Brasil en el tema Lava Jato, cuando en Panamá
eso es legal, lo mismo que en Nevada (EE.UU.), o en otras jurisdicciones”.
“La justicia panameña tiene que hacer
algo para satisfacer al mundo, pero todo lo que se hizo está bajo el amparo de
las leyes y las diferentes jurisdicciones que se usan para hacer sociedades”,
concluyó Guillermina McDonald. Lo cierto es que, tras el escándalo Panama
Papers, cientos de sociedades pidieron cambiar de agente residente y
abandonaron a Mossfon. La firma anunció en marzo de este año su cierre, “por el
daño irreparable, el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco
financiero y las actuaciones irregulares de las autoridades panameñas”. La
pregunta que todos se hacen ahora es: ¿Y a qué firma se mudaron sus
clientes?
