Globalvoices.- Dos
defensores de la libertad de los medios de comunicación del Comité
para la Protección de Periodistas fueron detenidos e interrogados
por agentes de paisano en Tanzania, mientras visitaban el país como parte de
una misión de investigación.
Angela Quintal y Muthoki Mumo, miembros del personal del CPJ,
fueron obligados a abandonar su hotel y fueron detenidos durante varias horas
por agentes de paisano en una casa privada. Los oficiales también
incautaron e intentaron buscar en sus dispositivos electrónicos.
En un relato escrito de la experiencia de The Daily
Maverick de Sudáfrica, Quintal describió cómo los oficiales la trataron a ella
y a Mumo, que es keniano.
Estábamos solos a merced de una pandilla de hombres, algunos de
los cuales eran muy abusivos y hostiles ... Un agente de inteligencia fue
particularmente abusivo con Muthoki. Incluso la abofeteó y la
empujó. Intenté intervenir y me dijeron que retrocediera. Estaba aterrorizada
de que Muthoki fuera agredida sexualmente y no podría detenerlos.
Quintal y Mumo se reunieron en Tanzania para reunirse con
periodistas y defensores de la libertad de los medios de comunicación que han
visto un aumento en la represión de los trabajadores de los
medios en los últimos años, bajo la administración del presidente John
Magufuli.
Junto con las amenazas extralegales contra los trabajadores de
los medios de comunicación, medidas como la Ley de ciberdelincuencia de
2016 y
el esquema de licencias "impuestos de
bloggers" de 2018 han creado nuevas formas para que las
autoridades apunten a la libre expresión y silencien a sus críticos. La
Ley de delitos informáticos se ha utilizado para arrestar a múltiples personas por opiniones políticas no
violentas expresadas en Facebook y en grupos de WhatsApp. Las autoridades
también lo han usado en su caso contra Maxence Melo, el prominente fundador y
propietario de los foros de Jamii, que ha sido denominadotanto "Tanzanía Reddit"
como "Swahili Wikileaks". Melo fue procesado luego de negarse a revelar
datos de usuarios a las autoridades estatales.