Periodista y
divulgadora especializada en temas ambientales. Cronista en Fundación Avina y
colaboradora en Sobre La Tierra (revista de divulgación científica de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires). Rosarina y vegana
Análisis de casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay y Perú.
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| Foto- David Arango |
América
Latina es una región de una gran diversidad natural y cultural. Sin embargo,
dentro de esa diversidad, la región comparte muchos patrones que se manifiestan
de diversas maneras en cada país: una naturaleza exuberante, dos lenguas
dominantes que esconden a más de cuatrocientas originarias, un pasado común de
conquista, una matriz productiva basada en los productos primarios y un
horizonte que todavía no refleja con claridad cómo va a resolver las grandes
desigualdades y carencias que enfrentan sus pueblos. Y, dentro de este
panorama, América Latina también comparte otra característica: es una región
altamente vulnerable al calentamiento global.
Con
el propósito de reunir miradas y reflexiones sobre este tema, un grupo de 20
periodistas de toda la región se reunió en octubre en el Centro de Convenciones
de Ciudad del Saber, en Panamá, para hacer parte del Laboratorio de Producción
Periodística: la ruta del
dinero para el cambio climático en América Latina.
En
la jornada de cinco días participaron periodistas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
México y Honduras, quienes recibieron conocimientos sobre asuntos medio
ambientales y herramientas para el seguimiento de los recursos asignados a las
políticas para hacer frente al cambio climático
El
laboratorio de Producción Periodística fue organizado por CONNECTAS, en alianza
con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung – Kas – y Climate Tracker. Como
producto final los periodistas realizaron un análisis sobre la situación de
cambio climático en sus paises y la estrategias adoptadas en cada uno para
hacer frente a este fenómeno.
Desde
la adopción del Acuerdo de París a la fecha, los 33 estados latinoamericanos
han firmado el acuerdo y 32 han presentado sus Contribuciones Nacionales
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés). Las NDC establecen los compromisos
de los países, tanto de reducción de emisiones como de la vulnerabilidad de los
territorios ante los impactos del cambio climático. El cumplimiento de estos
objetivos depende, en buena medida, de contar con recursos financieros. Y este
es uno de los puntos más álgidos del Acuerdo de París: quién tiene que poner
esos recursos, en qué medida y quién los tiene que recibir.
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| Gráfico 1: Principales fuentes de cooperación internacional para América Latina y el Caribe. Fuente: climatefundsupdate.org |
Donde está el dinero están las
prioridades
Entre
las muchas características que comparte la región, el destino del
financiamiento climático es una constante que se repite entre las diversas
naciones. En efecto, en 7 de los 10 países analizados, el sector energético
está entre los principales destinos de los recursos financieros asignados a
cambio climático. Otros grandes destinatarios de estos recursos son la
agricultura y la conservación de bosques nativos. En especial, esos sectores
son prioritarios para aquellos países con gran extensión territorial, como
Brasil, Argentina, Colombia y México.
En
una observación más detallada, estos mismos sectores son, a su vez, las
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es el
reflejo de una problemática, que si bien tiene diferentes manifestaciones en
cada país, es común a toda la región: las altas tasas de deforestación y
pérdida de bosque nativo y los cambios en el uso del suelo. Esto, combinado con
la presencia casi irrestricta de las industrias extractivas, resulta en un
cóctel explosivo que pronto terminará por evidenciar su insostenibilidad.
Desentrañando las finanzas del
cambio climático
El
financiamiento climático es una demanda central para América Latina, ya que es
una de las principales necesidades que enfrenta a la hora de implementar sus
metas climáticas. Pero, a pesar de tener una importancia central a la hora de
asegurar el cumplimiento de las metas nacionales, tan solo Chile, Colombia y
México cuentan con estrategias de financiamiento climático como políticas de
estado. Pero, además, una mirada más minuciosa a las estrategias de
financiamiento da cuenta de que, en muchas ocasiones, el problema no es tanto
la falta de recursos sino de voluntad política.
Dentro
del mapa global de emisiones de gases de efecto invernadero, América
Latina contribuye con apenas el 5 por
ciento de las emisiones mundiales. Sin embargo, es una región
altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y que requiere de
recursos para lograr los objetivos establecidos en las NDC de cada país. A
pesar de estos dos hechos, tan solo 5 países latinoamericanos se encuentran
entre los principales 20 destinatarios de fondos provenientes de la cooperación
internacional.
¿Cómo,
entonces, América Latina financia su acción climática? Los países
principalmente la financian con fondos provenientes de sus presupuestos
nacionales, y ese monto define los compromisos no negociables. En sus NDC, los
países en vías de desarrollo, que son los receptores de fondos internacionales,
establecen dos tipos de metas: las metas incondicionales y las condicionales.
La diferencia entre ambas está, básicamente, en el financiamiento: las
incondicionales se financian con fondos nacionales y las condicionales dependen
de la recepción de fondos de cooperación internacional. |
| Gráfico 2: Principales receptores de financiamiento climático en el mundo. Fuente: climatefundsupdate.org |
Mal de muchos
Los
puntos de coincidencia entre los distintos países de América Latina no se
agotan en lo vinculado a los recursos naturales. Los problemas que enfrenta a
la hora de financiar e implementar acciones climáticas también se parecen
mucho.
Un
gran problema de la región, que muchas veces brilla por su ausencia en las
discusiones sobre financiamiento climático, es todo lo relacionado con los
recursos destinados a financiar las acciones que generan el problema. Se trata,
por ejemplo, de subsidios a las energías fósiles, a la agricultura extensiva, a
las industrias extractivas y a los sectores más contaminantes.
América
Latina, lejos de encarar una transición hacia un modelo de desarrollo basado en
energías renovables y una economía circular, todavía destina grandes cantidades
de recursos a los sectores más problemáticos. Y, además, todos los países
muestran una clara falta de voluntad política para frenar las causas del
problema. Los grandes biomas de la región están bajo amenaza, las tasas de
deforestación crecen cada año a niveles alarmantes, enormes extensiones de
bosques nativos se encuentran hoy degradadas. Y la degradación continúa.
Por
otro lado, la falta de mecanismos de transparencia, la opacidad y la
discrecionalidad en la asignación de fondos públicos es otro de los problemas
comunes a la región, aunque a este respecto hay que mencionar que todos los
países de este análisis cuentan con una Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Un factor importante es que la institucionalidad, con
frecuencia, termina en letra muerta. Las incipientes democracias
latinoamericanas están, en mayor o menor medida, atravesadas por la impunidad y
la corrupción hasta un punto crítico. Los cimientos, la credibilidad del propio
sistema democrático está en crisis. Y el cambio climático no es ajeno a esa
crisis.
Existen
también otros problemas que se observan en las distintas latitudes de la región
y que obstaculizan la implementación de las acciones climáticas. La burocracia
y la falta de sistemas ágiles y modernos en la administración pública. La falta
de articulación entre las distintas instituciones que manejan fondos destinados
a cambio climático. La falta de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
Y, finalmente, en muchos casos se observa la falta de una visión a largo plazo
que trascienda a los gobiernos de turno y que convierta las políticas para el
cambio climático en verdaderas políticas de estado.
Y entonces, ¿hacia dónde vamos?
América
Latina es una región atravesada por los contrastes y, muchas veces, las
contradicciones. En las últimas décadas, ha habido un enorme progreso en
materia institucional para integrar el problema del cambio climático en las
agendas nacionales. Todos los países han firmado el Acuerdo de París. Todos
tienen compromisos climáticos asumidos con estatus de leyes. Todos están
incorporando estrategias nacionales, en mayor o menor medida, para enfrentar la
crisis que ya está instalada y para prevenir la amenaza que se cierne sobre el
mundo. Pero, a la vez, todos esos esfuerzos corren el riesgo de licuarse por
las acciones que van en el sentido contrario y que hoy día dirigen el rumbo del
modelo de desarrollo actual.
La
cuestión del financiamiento es central, porque los recursos son indispensables
para implementar acciones climáticas. Pero, además, el financiamiento climático
y ambiental es un termómetro que mide las prioridades de los países y el nivel
de su compromiso más allá de la institucionalidad. El cambio climático, en este
sentido, es una oportunidad para reformular, no solo el modelo de desarrollo,
sino también la institucionalidad. En efecto, la sociedad civil informada y
empoderada será la mejor guardiana de los recursos financieros. Y será a partir
de las grandes demandas sociales que se podrán implementar las acciones
climáticas que, en definitiva, son acciones que a la corta y a la larga
garantizarán el bienestar y la seguridad de los pueblos.
