Al sancionar a funcionarios de las cortes internacionales se busca presionar a la justicia para que no interfiera con ciertos intereses.(Imagen de archivo 15.07.2025)
Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas por Estados Unidos presentaron una demanda este miércoles (24.06.2026) contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno, alegando que las medidas en su contra "no tienen precedentes".
En una corte de Nueva York, las juezas Kimberly Prost de Canadá, Solomy Balungi Bossa de Uganda y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou de Benín aseguraron que las sanciones buscan "ejercer presión extrajudicial". Demandan que se levanten las sanciones en su contra.
"La imposición de tales sanciones draconianas contra jueces internacionales no tiene precedentes", dice el documento judicial de 66 páginas.
La administración Trump ha impuesto sanciones a por lo menos 11 funcionarios de la CPI, incluido su fiscal jefe, que consisten en prohibiciones para viajar y congelación de activos.
Muchas de las sanciones han sido en represalia por investigaciones de la CPI contra Israel, aliado clave de Estados Unidos. En 2024, la corte emitió una orden de captura contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra.
La demanda del miércoles asegura que las sanciones contra las juezas buscan "castigarlas por decisiones judiciales previas y obligarlas a dar prioridad a sus intereses privados por encima de decidir los casos sobre la base de la ley y los hechos".
La demanda incluye a otros altos cargos
Agrega que las medidas son "equivalentes a la pena de muerte financiera". Las juristas no pueden utilizar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios ni usar plataformas como Amazon y Google.
Junto con Trump, la demanda incluye a Marco Rubio (secretario de Estado), Scott Bessent (secretario del Tesoro), Todd Blanche (fiscal general encargado) y Bradley Smith (director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Estados Unidos, Israel y Rusia están entre los países que no reconocen a la CPI, respaldada por casi todas las democracias occidentales.
La corte fue instaurada en 2002 como una instancia de último recurso cuando los países no cuentan con sistemas legales adecuados para asegurar la responsabilidad.
Durante el primer periodo presidencial de Trump, Estados Unidos también llevó a cabo acciones contra el fiscal jefe de la CPI para bloquear, con éxito, una investigación sobre posibles crímenes durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán.
La administración del expresidente Joe Biden levantó esas sanciones.
