Dos informes publicados recientemente sitúan a tres países
latinoamericanos entre los más letales para los activistas. Además de la
muerte, deben enfrentar amenazas, intimidaciones y campañas de difamación.
Miembros de pueblos indígenas han sido víctimas de
criminalización y hostigamiento al posicionarse en contra del proyecto
hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit
(México), un caso seguido por AIDA.
DW-
Judit Alonso.- El próximo mes de marzo de 2018 se cumplirán dos años del
asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Mientras aún
se espera que se haga justicia, el número de asesinatos contra defensores
medioambientales y de derechos humanos no ha dejado de crecer. Según el informe
anual de la organización internacional Global Witness, durante el año 2017
197 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas en el
mundo, con América Latina a la cabeza.
América
Latina: desigualdad, débil estado de derecho e impunidad
Otro
reporte elaborado por la organización internacional Front Line Defenders eleva
la cifra a 312 defensores de derechos humanos asesinados, 212 de los cuales se
localizan en América. De estos, 156 en Brasil y Colombia. A pesar de que
el informe registró crímenes en 27 países, el 80 por ciento de estos se
concentraron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.
El análisis
subraya que el 67 por ciento del número total de activistas asesinados,
defendían derechos sobre la tierra, al medioambiente y de los pueblos
indígenas, casi siempre en el marco de actividades de industrias extractivas,
megaproyectos y grandes empresas. Para Astrid Puentes Riaño, Codirectora
Ejecutiva de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente), se trata de una situación “multifactor y de alta complejidad”.
“América Latina es la región más desigual del planeta, esto implica que hay
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social
extrema”, apunta, recordando que se trata de una “de las regiones con mayores
índices de impunidad y débil estado de derecho donde la aplicación de las
normas también es discriminada”.
Billy
Kyte, jefe de campañas de Global Witness, agregó que la corrupción y la gran
riqueza de recursos naturales que alberga la región facilita que proyectos
vinculados a hidroeléctricas, minería y agroindustrias puedan conseguir
licencias. “Hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han
sido marginalizadas, las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus
recursos”, asegura. No obstante, las manifestaciones que llevan a cabo para
denunciar los abusos que sufren, aumenta su visibilidad y, por eso “están
expuestos a ser asesinados”.
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| América Latina sigue siendo la región más letal para los activistas. |
A la
caza de la riqueza natural de la Amazonía
Precisamente,
en Brasil, la mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de la
tierra y los derechos de los pueblos indígenas, según el informe de Front Line
Defenders. “Hay una crisis económica y política y el Gobierno necesita desesperadamente
soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el desarrollo de grandes
extensiones de tierra para la agricultura de monocultivo y la explotación
despiadada de los recursos naturales”, analiza Jim Loughran, Jefe del
Proyecto Memorial de los defensores de derechos humanos de esta organización.
“Dos iniciativas clave del Gobierno han tenido como objetivo restringir la
demarcación de tierras indígenas y abolir las agencias que trabajan para
protegerlas”, agrega.
