DW-
Judit Alonso.- El próximo mes de marzo de 2018 se cumplirán dos años del
asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Mientras aún
se espera que se haga justicia, el número de asesinatos contra defensores
medioambientales y de derechos humanos no ha dejado de crecer. Según el informe
anual de la organización internacional Global Witness, durante el año 2017
197 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas en el
mundo, con América Latina a la cabeza.
América
Latina: desigualdad, débil estado de derecho e impunidad
Otro
reporte elaborado por la organización internacional Front Line Defenders eleva
la cifra a 312 defensores de derechos humanos asesinados, 212 de los cuales se
localizan en América. De estos, 156 en Brasil y Colombia. A pesar de que
el informe registró crímenes en 27 países, el 80 por ciento de estos se
concentraron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.
El análisis
subraya que el 67 por ciento del número total de activistas asesinados,
defendían derechos sobre la tierra, al medioambiente y de los pueblos
indígenas, casi siempre en el marco de actividades de industrias extractivas,
megaproyectos y grandes empresas. Para Astrid Puentes Riaño, Codirectora
Ejecutiva de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente), se trata de una situación “multifactor y de alta complejidad”.
“América Latina es la región más desigual del planeta, esto implica que hay
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social
extrema”, apunta, recordando que se trata de una “de las regiones con mayores
índices de impunidad y débil estado de derecho donde la aplicación de las
normas también es discriminada”.
Billy
Kyte, jefe de campañas de Global Witness, agregó que la corrupción y la gran
riqueza de recursos naturales que alberga la región facilita que proyectos
vinculados a hidroeléctricas, minería y agroindustrias puedan conseguir
licencias. “Hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han
sido marginalizadas, las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus
recursos”, asegura. No obstante, las manifestaciones que llevan a cabo para
denunciar los abusos que sufren, aumenta su visibilidad y, por eso “están
expuestos a ser asesinados”.
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| América Latina sigue siendo la región más letal para los activistas. |
Precisamente,
en Brasil, la mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de la
tierra y los derechos de los pueblos indígenas, según el informe de Front Line
Defenders. “Hay una crisis económica y política y el Gobierno necesita desesperadamente
soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el desarrollo de grandes
extensiones de tierra para la agricultura de monocultivo y la explotación
despiadada de los recursos naturales”, analiza Jim Loughran, Jefe del
Proyecto Memorial de los defensores de derechos humanos de esta organización.
“Dos iniciativas clave del Gobierno han tenido como objetivo restringir la
demarcación de tierras indígenas y abolir las agencias que trabajan para
protegerlas”, agrega.
“Las
reformas de las leyes están disminuyendo la protección de los bosques y las
reservas de los pueblos indígenas, facilitando la entrada de las industrias”,
explica Kyte, señalando a los estados de Ondonia, Pará, Maranhao, “una frontera
agrícola donde hay poca presencia del Estado”.
Colombia:
violencia después de la paz
La
tierra también es letal en Colombia. A pesar de los acuerdos de paz, la
violencia no ha cesado en el país. “Miles de colombianos con títulos legales
sobre sus tierras han sido desplazados. Mientras trabajan para reclamar sus
tierras, se convierten en objetivos para los acaparadores que pueden
haberse apoderado ilegalmente de sus terrenos, así como para la nueva
generación de paramilitares después de las FARC que quieren tomar el control.
Los defensores de los derechos a la tierra se encuentran en peligro crítico
", dice Loughran.
El
jefe de campañas de Global Witness, culpa a la agroindustria, y en
particular a la dedicada al cultivo del aceite de palma, de la situación
colombiana, recordando que dicha actividad “ha sobrepasado a la minería como el
negocio más vinculado al asesinato de activistas”.
México, escalada de violencia
El
año negro contra los activistas empezó con el asesinato del mexicano Isidro
Balenegro López, contrario a la tala ilegal que amenazaba los antiguos
bosques de la Sierra Madre. La escalada de la violencia en el país ha llevado a
Global Witness a situarlo en el cuarto lugar de mortalidad. “Los Gobiernos
federales y estatales no apoyan como deberían la labor de las personas
defensoras y en ocasiones incluso se unen a los señalamientos contra su labor”,
criticó Puentes Riaño recordando la “impunidad existente” en el país.
El
mexicano fue ganador del Premio Goldman del medio ambiente en 2005, un arma de
doble filo, ya que “los premios también pueden aumentar la visibiliad de las
personas y, por ende, incrementar el nivel de riesgo”, considera la
Codirectora Ejecutiva de AIDA.
Dicho
galardón es el mismo que recibió Cáceres una década más tarde. Aunque según
Global Witness el número de defensores medioambientales asesinados se ha
reducido en Honduras, la sociedad civil está sufriendo otro tipo de abusos.
El legado de Berta Cáceres
Recetas contra la impunidad
El
caso de la activista hondureña no es el único pendiente de resolución, pues
solo el 12 por ciento de todos los casos de asesinatos terminaron con el
arresto de sospechosos, según Front Line Defenders. Por este motivo, además de
abogar por el fin de la impunidad, “hay algunas medidas que deben implementarse
con urgencia. Eso incluye investigaciones adecuadas e identificación
de los responsables de los asesinatos y ataques a personas defensoras, así como
autores materiales e intelectuales y justicia en dichos casos”, propone Puentes
Riaño.
Por
su parte, el jefe de campañas de Global Witness, insta a la actuación de
los propios Estados en la defensa de los defensores, el fin de la entrega de
fondos a este tipo de proyectos por parte de inversores extranjeros y la
eliminación de “las causas de raíz”, entre las que se encuentra la falta de
consulta previa con las comunidades indígenas.
Además
de la muerte, los activistas deben enfrentarse a” amenazas, intimidación y
campañas de difamación que pretenden erosionar sus redes locales de apoyo”,
relata el Jefe del Proyecto Memorial de los defensores de derechos humanos
de Front Line Defenders. Esta organización, destaca que “el 84 por
ciento de los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte
personal antes de ser asesinados”.
Autora:
Judit Alonso (MS)
