Declaración
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
GINEBRA
(7 de marzo de 2017) – Hoy
honramos la lucha en pro de los derechos humanos de millones de
mujeres que han exigido el respeto de sus derechos y los de los
demás.
El movimiento feminista ha generado enormes transformaciones,
pero debemos reconocer también que su avance ha sido lento y
sumamente desigual.
Asimismo,
el progreso ha traído consigo sus propios desafíos. En demasiados
países asistimos ahora a un contraataque contra los derechos de la
mujer, una reacción que nos perjudica a todos. Debemos permanecer en
alerta –el avance de los últimos decenios es frágil y en modo
alguno debería darse por sentado.
Resulta en extremo
desconcertante comprobar los retrocesos recientes en las principales
leyes de muchas regiones del mundo, basadas en una renovada obsesión
de controlar y limitar las decisiones de la mujer sobre su cuerpo y
su vida, y en la idea de que su función social debería limitarse
fundamentalmente a la reproducción y la familia. Un programa de este
tipo pone en peligro los progresos alcanzados anteriormente. Aunque
las acometidas suelen llevarse a cabo en nombre de la tradición, a
menudo son una reacción a los esfuerzos que amplios sectores de la
misma sociedad realizan con miras a promover cambios.
En
Burundi,
existe una ley sobre la violencia contra las mujeres que, en muchos
aspectos, es progresiva, en el sentido de que penaliza la violación
en el matrimonio y prohíbe las prácticas nocivas. Pero, al mismo
tiempo, culpabiliza a la mujer que padece la violencia de género por
su “atuendo indecente” o su “conducta inmoral”.
Una
ley
sobre el matrimonio precoz que se aprobó la semana pasada en
Bangladesh
es, al parecer, más laxa que la normativa a la que sustituye, ya que
contiene una cláusula que permite que las muchachas menores de 18
años contraigan matrimonio en “circunstancias especiales” que no
aparecen definidas en el texto de la propia ley.
En
la Federación de Rusia,
los activistas no lograron detener la despenalización de
determinadas modalidades de violencia doméstica.
Los
esfuerzos de dirigentes políticos y de la sociedad civil encaminados
a permitir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos bajo
determinadas circunstancias en
El Salvador, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua
se enfrentan a una enérgica resistencia y han generado
contrapropuestas legislativas y políticas.
