La superintendencia de Precios Justos investiga otras nueve
sucursales de la empresa privada Herrera C.A, donde este lunes decomisaron
miles de productos de la cesta básica que posiblemente serían traficados a
Colombia.
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, encabezó la
incautación este lunes más de mil toneladas de alimentos de primera necesidad
en una zona industrial del municipio San Francisco, estado Zulia (noroeste).
En compañía de otros altos funcionarios mostró a los
venezolanos parte de los alimentos incautados en los galpones de la empresa
privada Herrera C.A.
“Aquí hay harina precocida amarilla, 2.mil kilos, arroz 40
mil 200 kilos, pañales Pampers, 1 millón 576 mil. (en total fueron incautadas
360 toneladas de distintas marcas), detergente más de 370 mil kilos (...) miles
de unidades de máquinas de afeitar, leche, jabón de baño, suavizante entre
otros”, indicó Arreaza.
“Hay que tomar las sanciones que haya que tomar porque esto
es boicot contra el pueblo y la economía (...) y a los dirigentes de oposición
les hemos dicho que se sumen al combate contra el acaparamiento (...) ya hemos
sido lo suficientemente pacientes llamando al diálogo para que vengan a
hostigar al país”, enfatizó Arreaza.
EL DATO
En agosto de 2014, la Superintendencia de Precios Justos
multó con 5 mil unidades tributaria a Herrera C.A. por incumplir el artículo 49 de la Ley
Orgánica de Precios Justos.
Arreaza agregó por otro lado, que investigarán a los
distribuidores de la empresa privada “Protect&Gamble”, puesto que se
incautaron toneladas de productos que fabrican en Venezuela. "Hay que
hablar también con la compañía Protect&Gamble porque si ellos están
vendiendo estos productos a este tipo de acaparadores debe haber una
razón", dijo.
La Guardia Nacional Bolivariana pudo dar con este flanco de
acaparamiento gracias a las denuncias que ha hecho la ciudadanía sobre las
acciones de esta empresa, que tiene abierta investigaciones en nueve de sus
sucursales.
En este sentido, el Superintendente de Precios Justos,
Méndez, dijo que este tipo de empresas
“quieren generar la sensacion de que no hay productos. Aquí están. En nueve
estados del país hay galpones de esta empresa. Desde hoy queda ocupada y se
distribuirá al pueblo la mercancía. De 10 a 12 años de cárcel y el decomiso de
la mercancía está establecido en la ley. Los otros nueve galpones de esta
empresa están siendo ocupados”.
En Contexto:
El pasado 25 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro juramentó a
los miembros del Sistema Superior de
Protección de la Paz (SP3), un organismo complejo creado y aprobado vía ley
habilitante, que articula los instrumentos para garantizar la paz y coordinar
con la Misión a Toda Vida u otros organismos comprometidos como la economía.
Días antes, Maduro firmó 28 nuevas leyes vía Habilitante para
combatir la guerra económica que emprenden algunos sectores contra el pueblo
venezolano mediante la especulación, usura, campañas mediáticas y otros
flagelos.
Por: teleSUR/och-JR
