La reducción
de la sentencia dictada contra la periodista china Gao Yu, de siete a
cinco años, no es suficiente.
DW. - Cada minuto que permanece en prisión es excesivo. Gao Yu, quien también ha trabajado para DW, ya ha pasado demasiado tiempo en prisión debido únicamente a su impertérrita labor periodística: 15 meses de cárcel tras el aplastamiento del movimiento democrático en 1989 y otros seis años, entre 1993 y 1999. Desde su última detención, en abril de 2014, lleva ahora otra vez más de un año y medio encarcelada. De acuerdo con su familia, la salud de esta mujer de 71 años se ha resentido.
Se culpa a Gao Yu de haber traicionado “secretos de Estado”. Debido a la laxa definición de ese tipo de secretos, Pekín se vale de tal cargo para acallar a periodistas y disidentes. Además, hay un aspecto que resulta práctico para el régimen: si se realiza un juicio por secretos de Estado, el proceso no debe desarrollarse públicamente.
Confesión forzada
Cuando comenzó el martes el juicio en segunda instancia contra Gao Yu, a puertas cerradas, tuvo lugar también el XIII diálogo de derechos humanos entre los gobiernos de China y Alemania. La parte germana expuso también el caso de Gao Yu y cosechó gélidas reacciones de sus interlocutores. Señalaron que Alemania debe respetar la independencia de la Justicia china y que, además, no se entregan informaciones hasta que no acabe el juicio.
Esta réplica no toma en cuenta que en el último tiempo varios acusados en casos políticamente delicados fueron forzados a admitir culpas ante las cámaras. La televisión estatal también transmitió el 8 de mayo de 2014 una “confesión” de Gao Yu. Posteriormente ella se retractó y afirmó que había sido extorsionada con presiones sobre su hijo.
Esa independencia de la Justicia, tan recalcada por los chinos, es precisamente uno de los puntos de los que advierte el documento de Partido Comunista que supuestamente filtró la periodista. La traición que se le achaca a Gao Yu se refiere justamente a la entrega a terceros del así llamado “Documento Nr. 9”, en el cual altos funcionarios del PC advirtieron en 2013 en forma explícita de siete temas peligrosos para el régimen. Aparte de la independencia judicial, la lista incluye: valores universales, sociedad civil, derechos cívicos, libertad de prensa, errores cometidos por el partido en el pasado y privilegios de los altos funcionarios. Se indica que ni los medios de comunicación ni las universidades deben ocuparse de los citados temas.
Ola de represión
Pero la Justicia se ha ocupado de ellos. En una ola de detenciones sin precedente en la última década, fueron arrestados periodistas y blogueros. Aparte de Gao Yu, hay actualmente más de 100 en prisión. En una persecución igualmente sin precedentes, desde este verano han sido detenidos o puestos bajo arresto domiciliario cerca de 300 abogados, empleados de sus bufetes, activistas de derechos humanos o familiares suyos. Se estima que todavía quedan unas 30 personas encarceladas. No se puede hablar de seguridad jurídica. Una seguridad jurídica en la que están muy interesados también los inversionistas y socios comerciales extranjeros. El imperio del derecho excluiría atribuir responsabilidad colectiva a los familiares de los acusados, lo que sigue siendo común en China. Así lo demuestra la presión ejercida contra la familia de Gao Yu o los años de arresto de la esposa del encarcelado Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo.
En los últimos años, el presidente Xi Jinping ha acumulado más poder que todos sus antecesores desde Deng Xiaoping. Cualquier esperanza de que usara ese cúmulo de poder para realizar reformas políticas, se ha visto desbaratada. El partido comunista chino se presenta en cambio como un coloso con pies de barro, porque a todas luces se siente amenazado por una mujer septuagenaria. Mientras el partido no soporte discusiones abiertas, el “sueño chino”, del que tanto habla Xi Jinping, se transforma en pesadilla.
