viernes, enero 08, 2016

Identificarnos ante los agentes del orden: ¿abuso de poder o condición necesaria para la seguridad?

actualidad.rt - Algunos ciudadanos han relacionado esta medida con los controles que se vivían durante la dictadura de Pinochet y muestran su disconformidad con tener que presentar sus documentos a los carabineros.


¿Cuáles son los pros y contras de la iniciativa?
Esta medida ha sido aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja (enmarcada en la reforma de una Ley Corta de Seguridad). La norma se erige como garante de la seguridad ciudadana pero ha conllevado una crítica social al relacionarlo con la caduca “detención por sospecha” (propia de la dictadura pinochetista).

En estos controles el funcionario policial debe exhibir su placa de identificación y si alguien se niega a dar su documento o no dispone de él en ese momento los carabineros le trasladarían a las dependencias policiales más cercana para verificar su identidad en un plazo máximo de cuatro horas.

Desde las autoridades se desmarcan de esta postura y alegan que se pretende crear un clima de prevención y disuasión y que la norma no pretende aplicar el carácter reactivo, cuya finalidad sería la persecución penal.

La administración afirma que también se perseguirá a los delincuentes de cuello y corbata y que hay que tener en cuenta que la norma contempla una rendición de cuentas al Ministerio del Interior cada dos meses para saber a quién, cuándo y dónde se le ha aplicado dicho control.

La tasa de casos por cada 100.000 habitantes indica que en el período acumulado de enero a octubre de 2014, la media nacional de delitos fue de 2.441, mientras que en el mismo lapso en el 2015 disminuyó a 2.334. En balance serían 107 casos menos (un 4,4%).

Pese a que Chile es junto a Panamá uno de los países más seguros de la región de América Latina, por delante de Argentina, Brasil o Ecuador los ciudadanos quieren seguir en esa tendencia y erradicar problemas como el narcotráfico, pero no convertirse en una especie de estado policial a costa del menoscabo de sus libertades y derechos.

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