Connectas.- La nueva filtración de un
millón de documentos del cuestionado bufete panameño Mossack Fonseca, pone al
descubierto el tras bambalinas de lo que sucedió después de las primeras
revelaciones periodísticas en abril de 2016.
Además de las repercusiones
penales y tributarias en 79 países, para atender el volumen de reclamos,
aclaraciones o exigencias de clientes colombianos, la firma tuvo que crear lo
que llamó el “Proyecto Colombia”, entre otras acciones, para recaudar
información que no conocía de sus clientes.
Jesús Paternina, Juan Samy
Merheg, Luz Mary Guerrero, Hernán Maestre. Ilustración: Jonathan Camilo
Bejarano López
El 3 de abril de 2016 se desató una
tormenta en el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) por la
filtración de 11.5 millones de documentos de sus clientes. Obtenidos por el
diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y revisados por
un centenar de medios en el mundo, los archivos dejaron al desnudo secretos
económicos de jefes de Estado, políticos, empresarios, deportistas o artistas.
La firma panameña quedó expuesta como depositaria de esos secretos,
aprovechando las leyes laxas de ese país en asuntos financieros.
Según autoridades de diversas
naciones, también quedaron en evidencia prácticas del buffete para ayudar a
evadir impuestos, y se adelantan procesos judiciales para determinar si además
se facilitaban delitos como lavado de dinero. Los reflectores fiscales y
penales de distintos países buscan determinar si los directivos de Mossfon y
sus empleados conocían las irregularidades. Tras la investigación periodística
y las pesquisas de las autoridades, los abogados emprendieron un plan de
contingencia con largas jornadas de trabajo, para responder solicitudes o hacer
correcciones, buscando decirle al mundo que todo estaba en regla.
Los detalles de ese “tras
bambalinas” empresarial después de la primera filtración de documentos en abril
de 2016, se conocen ahora gracias a una nueva entrega de los Panama Papers.
Esta vez, el diario alemán Süddeutsche Zeitung logró 1.2 millones de
documentos, que igualmente compartió con el ICIJ, y que fueron evaluados por la
alianza periodística entre El Espectador y la plataforma de periodismo
colaborativo CONNECTAS. En el análisis y el procesamiento del segundo capítulo
Colombia participaron los periodistas Pilar Cuartas, Edilma Prada, Sol Lauría, Priscila
Hernández y Carlos Eduardo Huertas.
A través de decenas de correos
electrónicos, muchos de los dueños de sociedades offshore que aparecieron en
los informes de la primera filtración, reclamaron a Mossack Fonseca. Algunos se
quejaron de que, “por falta de cuidado, los habían puesto en una posición
compleja”. Otros admitieron que “accionistas se vieron en la necesidad de dar
explicaciones”. Incluso hubo quienes, más preocupados por las revelaciones,
exigieron certificaciones para quedar bien parados en eventuales citaciones de
autoridades fiscales, y señalaron de “negligencia” a la compañía que les
provocó “problemas mayúsculos”.
Como la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) empezó a indagar a quienes figuraron en la base de
datos, proliferaron las peticiones de información de clientes colombianos a
Mossack Fonseca. “Para atender solicitudes de la DIAN y de los bancos, que como
ustedes saben están originadas en la publicación de los Papeles de Panamá,
deseamos solicitarles que nos permitan una constancia de que estas sociedades
fueron liquidadas”, se lee en uno de los mensajes. Otro cliente reconoció que
ya paga sanciones a la DIAN. Algunos preguntaron si la firma había reportado
sus nombres a la autoridad fiscal.
El tsunami provocado por las
revelaciones de 2016 y la falta de suficiente información sobre los
antecedentes de sus clientes, llevó a la firma Mossfon a abrir una operación
especial denominada “Proyecto Colombia”, para conocerlos al cien por ciento. La
estrategia consistió básicamente en cubrir sus vacíos de información y requerir
documentación sobre la procedencia de los fondos, pruebas de residencia o
copias de pasaportes, entre otros aspectos específicos. Con estas solicitudes
quedó en evidencia que Mossfon no conocía completamente a sus clientes y que
tampoco fue riguroso a la hora de aceptarlos.
El 21 de mayo de 2016, una
comunicación interna del bufete de abogados admitió que, de sus 10.551
sociedades registradas en Panamá, en el 75 por ciento de ellas desconocía
quiénes eran sus beneficiarios. En Islas Vírgenes Británicas, donde Mossfon
también tenía una sede, el desconocimiento de los verdaderos dueños de sus
28.427 sociedades activas llegó al 72 por ciento. Sobre la oficina de Colombia,
cerrada en 2017, tras la lectura de uno de los correos enviados por empleados
de Mossfon, se concluye que existió la costumbre de registrar sociedades con
clientes que nada tenían que ver con ellas.
Uno de los clientes colombianos que
pidió certificación para entregar a la DIAN fue el exalcalde de Sincelejo Jesús
Antonio Paternina Samur. En septiembre de 2016, el político sucreño, que negó
su vínculo con una empresa en Panamá cuando se conocieron las revelaciones,
pidió a Mossfon un certificado de inactividad y ausencia de bienes de su sociedad
Willowmead Holdings. Cuando el bufete recibió esa petición, revisó los
antecedentes de su cliente y pidió explicaciones sobre una información. Según
el portal La Silla Vacía, Paternina enfrentó acciones en la Fiscalía y la
Procuraduría por desbordar los topes de su campaña política en 2007 y mentir al
Consejo Nacional Electoral.
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| Jesús Paternina. Ilustración: Jonathan Camilo Bejarano |
El exalcalde envió una declaración
juramentada para argumentar que esas pesquisas no querían decir que él fuera
culpable. A Mossfon no lo convenció su respuesta y el 13 de marzo de 2017
renunció a ser agente residente de Willowead. “Esa sociedad se creó para
prestar servicios de consultoría y asesoría en temas de administración pública.
Solo se creó en papeles. Jamás se consignó capital ni se abrió cuenta. No tiene
activos ni pasivos. Fue liquidada a raíz del bololó (Panama Papers). La DIAN
nos investigó y por eso pedí la certificación. Esa investigación ya se
archivó”, respondió Paternina a El Espectador y CONNECTAS.
Otra de las solicitudes a Mossfon
después de los Panama Papers la remitió el senador Juan Samy Meregh Marun, un
empresario pereirano que siguió los pasos políticos de su hermano Habib. Este
último ha evadido la justicia tras acumular señalamientos de presuntas relaciones
con paramilitares y narcotraficantes, y de haber sido sindicado de la compra
irregular de baldíos en Vichada. El nombre de Juan Samy Meregh aparece asociado
a las compañías panameñas Ardle International S.A., abierta el 13 de enero de
2015, y Millenio Holding Propert S.A., registrada el 20 de diciembre de 2013,
cuando ya oficiaba como congresista por el Partido Conservador.
El 11 de abril de 2016, el senador
Juan Samy Merehg pidió a Mossfon “cambiar las acciones de las dos sociedades”
para que quedaran a nombre suyo, con fecha de cambio retroactivo a mayo de
2015. Al respecto, una de las empleadas de Mossfon mencionó: “Al cliente hay
que preguntarle el porqué del cambio de acciones con fechas retroactivas (…)
y encontré unos resultados adversos”. ¿Por qué Meregh quería una fecha
retroactiva para los documentos de sus sociedades? La alianza periodística El
Espectador-CONNECTAS se lo preguntó al senador, pero no obtuvo respuesta.
