Chile compra 12 blindados con ametralladoras 'para dialogar' con el pueblo mapuche

Cuesta creerlo, pero es verdad.

actualidad.rt - El Gobierno ha gastado 4,5 millones de dólares, unos 3.200 millones de pesos chilenos, en la adquisición de 12 vehículos blindados de última generación que aumentarán la represiva militarización en las tierras mapuche, señala el portal chileno El Ciudadano. Este valor supera al costo estimado del hospital de 6.000 metros cuadrados que se construirá en la localidad de Lonquimay, provincia de Malleco.

¿Por qué el Gobierno invierte en armas represivas en vez de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esa zona? ¿Es parte del diálogo o el trato que el Gobierno promete al pueblo mapuche? Las respuestas tienen que ver con que los políticos están protegiendo los intereses del gran empresariado a vista y paciencia de la ciudadanía. En buen chileno: lo está haciendo 'cara de raja'; es decir, lo que hacen es una desfachatez.

Australia: La Policía descubre una víctima insólita de amenazas de muerte

actualidad.rt - Durante la inspección, el hombre sin aliento que abrió la puerta contó que no tenía ni esposa ni novia y confesó que los gritos "de mujer" eran suyos.

Al parecer el hombre siente pánico por las arañas y sus chillidos y gritos de "te voy a matar" estuvieron provocados y dirigidos a una gran araña descubierta en su apartamento.

Tras una breve risa los agentes se retiraron, según relatan en la cuenta de la Policía en Facebook.

Un mexicano pasa injustamente 16 años en la cárcel en EE.UU. por culpa de un tatuaje

Un tribunal de Los Ángeles (California, EE.UU.) absolvió a Luis Lorenzo Vargas, un mexicano de 46 años residente legal en Estados Unidos, luego de que avanzadas técnicas de análisis de ADN corroboraran que no fue el autor de un delito por el que lo encarcelaron en 1999.

actualidad.rt - El mexicano había sido sentenciado por la violación de tres mujeres y acusado de ser 'el violador de la lágrima', un criminal a quien se le atribuyeron más de 30 agresiones sexuales en la ciudad californiana en la década de los 90, informó 'The Telegraph'.

¿Quién envía secretamente a colombianos a combatir en Yemen?

Unos 1.800 soldados latinoamericanos se encuentran destinados en una base militar de Emiratos Árabes Unidos (Ciudad Militar de Zayed). 450 de ellos -colombianos en su mayoría, aunque también hay panameños, chilenos y salvadoreños– han sido enviados a participar a la guerra civil en Yemen, en la que están involucrados por interposición Irán, EE.UU., Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, informa 'The New York Times'.

actualidad.rt - Inicialmente este ejército privado emiratí empezó a formarse bajo supervisión del estadounidense Erik Prince, exdirector general de la firma militar privada Blackwater. Pero desde el año 2000 el proyecto es dirigido por los militares de los Emiratos Árabes.

Los exempleados de Blackwater confiesen que a la hora de contratar colombianos u otros soldados de cualquier parte del mundo siempre tuvieron que cumplir con una regla estricta: nunca contratar musulmanes. Según la advertencia de Erik Prince, los musulmanes no deben matar a otros musulmanes.

Opinión: Libertad para Gao Yu

La reducción de la sentencia dictada contra la periodista china Gao Yu, de siete a cinco años, no es suficiente.

DW. - Cada minuto que permanece en prisión es excesivo. Gao Yu, quien también ha trabajado para DW, ya ha pasado demasiado tiempo en prisión debido únicamente a su impertérrita labor periodística: 15 meses de cárcel tras el aplastamiento del movimiento democrático en 1989 y otros seis años, entre 1993 y 1999. Desde su última detención, en abril de 2014, lleva ahora otra vez más de un año y medio encarcelada. De acuerdo con su familia, la salud de esta mujer de 71 años se ha resentido.

Se culpa a Gao Yu de haber traicionado “secretos de Estado”. Debido a la laxa definición de ese tipo de secretos, Pekín se vale de tal cargo para acallar a periodistas y disidentes. Además, hay un aspecto que resulta práctico para el régimen: si se realiza un juicio por secretos de Estado, el proceso no debe desarrollarse públicamente.