La comunidad indígena de Guatemala está bajo presión del Gobierno por su oposición a los proyectos que las multinacionales quieren llevar a cabo en los asentamientos de la población autóctona.
"Nos han dicho que nosotros somos personas terroristas, que nosotros somos personas que estamos en contra del desarrollo, estamos en contra del sistema", dijo Isabel Turuy Patzan, un hombre indígena. La construcción de una mina cementera o de una planta hidroeléctrica es tan solo una parte de los planes del Gobierno guatemalteco a los que se opone el 90% de la población local encuestada por los defensores de los derechos humanos.
Estos proyectos llevan a desalojos por parte de las autoridades de los asentamientos indígenas y, según la comunidad, se deben a unos supuestos contratos multimillonarios con transnacionales. Estas acciones podrían dejar en el olvido los logros de convivencia de las últimas décadas, plasmados en los acuerdos de paz de 1996.
"Mil seiscientos agentes de la Policía nacional civil llegaron con armamento, con carros muy preparados como si vieran una guerra", contó a RT Glenda Leticia Xitop, víctima de un desalojo forzoso, al recordar un operativo que dejó tres compañeros suyos muertos.
Estar en contra de las fuerzas multinacionales que "llegan a saquear la riqueza del país" puede convertir en víctima de una agresión. Estudios de organizaciones de protección de derechos humanos indican que en menos de un año, desde del 2013, la cantidad de este tipo de casos se ha duplicado en Guatemala.
Los activistas denuncian un nuevo genocidio de la población indígena de Guatemala. La comunidad atribuye estos ataques a la Policía, de cuyos agentes afirman recibir amenazas los periodistas que cubren estos sucesos. Los activistas aseguran que la falta de información es uno de los factores que permiten a las autoridades criminalizar las protestas, impedir consultas y acallar las voces de todo un pueblo.
