A mediados del año 2012, abogados del Departamento de
Justicia estadounidense redactaron dos memorandos secretos en los que permitían
a la agencia de espionaje NSA comenzar "la caza" de pruebas de
piratería informática maliciosa, sin orden judicial y en suelo norteamericano,
para aquellos datos vinculados a las intrusiones informáticas procedentes del
extranjero, informa 'The New York Times'.
Debido a que la NSA debía de tener evidencias firmes de que
determinados 'hackers' estaban trabajando para una potencia extranjera antes de
poder realizar sus labores de espionaje, la agencia se quejó ya que ello
suponía "una enorme brecha en cuanto a la recopilación [de datos] contra
las ciberamenazas a la nación". Los documentos describen la expansión de
las capacidades de vigilancia masiva de la organización como una de las
"prioridades" de su director Keith Alexander.
Las revelaciones, basadas en documentos proporcionados por
el excontratista de la NSA y la CIA Edward Snowden, llegan en un momento de
ciberataques sin precedentes sobre instituciones financieras, empresas y
agencias de Gobierno de EE.UU., así como de gran escrutinio de las
justificaciones legales secretas de la vigilancia del Gobierno en general.
Las actividades de la NSA "son una bofetada a los
terrenos de la aplicación de la ley", afirma Jonathan Mayer, erudito de la
seguridad cibernética de la Escuela de Derecho de Stanford que ha revisado
varios de los documentos. "Esta es una decisión política importante sobre
cómo estructurar la ciberseguridad en EE.UU. y no una conversación que se haya
mantenido en público", sostiene.
