Los dirigentes del
Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y Mitchell Doens
reclaman 30 y 20 millones de dólares en compensaciones, respectivamente,
mientras el periodista del diario La Prensa Ruben Polanco solicitó cinco
millones, todas incluidas en la petición del magistrado fiscal actuante.
PL. - ANSUR. - Son
parte de los 13 que presentaron demandas contra el expresidente, que en su
calidad de diputado centroamericano, debe ser investigado y juzgado por la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La primera acusación
contra Martinelli, de las 12 causas en manos de la CSJ, incluye una petición de
21 años de cárcel y apertura de juicio por los supuestos delitos de
inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad en el caso de las escuchas
telefónicas a opositores, a través del Consejo de Seguridad Nacional.
La defensa del
exmandatario intentó deshacer el auto acusatorio alegando procedimientos
violados, y al no proceder, tratan de inhabilitar a Díaz bajo el supuesto de
una enemistad con el jefe del equipo de abogados, Rogelio Cruz.
El pleno de la CSJ
rechazó la petición y señaló deslealtad en el defensor que no presentó poder de
representación, e intenta por esa vía promover la nulidad del expediente con
una nueva solicitud contra el magistrado fiscal de la causa, con alegatos de violación
de los derechos y garantías constitucionales de su defendido.
Los artilugios legales
para retrasar procesos o intentar deslegitimar a fiscales y jueces es la
estrategia que sigue el "ejército" de 14 abogados nombrados por
Martinelli, quienes constantemente se presentan en medios de difusión con
acusaciones de violación del "debido proceso", y "persecución
política".
El expresidente es
señalado en varias investigaciones por corrupción, y la de mayores pruebas
documentales está relacionada con lavado de dinero y uso de información
privilegiada para compra de acciones a través de la casa de valores Financial
Pacific.
Esta semana la
Fiscalía inició de oficio otra investigación, tras denuncias del diario La
Prensa sobre la participación de Martinelli y sus hijos Ricardo y Luis Enrique
en el negocio hidroeléctrico, mediante supuestas irregularidades y empleo de
dinero ilegal
